Medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y su impacto en los derechos humanos

INFORME ESPECIAL

Caracas, 2018

Sures es una asociación civil venezolana, dedicada al estudio, promoción, educación y defensa de los derechos humanos, desde visiones críticas, emancipadoras y alternativas. Es una organización no gubernamental sin fines de lucro, independiente, no partidista y no confesional.

El mandato de Sures se extiende a todos los derechos humanos ambientales, civiles, culturales, económicos, sociales y políticos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Prioriza en su acción a aquellos grupos y colectivos de personas en situación de mayor exclusión, pobreza y discriminación.

Equipo Responsable:

María Lucrecia Hernández

Ana Salazar Maldonado

PRESENTACIÓN

A partir del año 2014 la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de una serie de

sanciones impuestas unilateralmente por varios países de Norte América y Europa que ha

generado un impacto especialmente grave sobre el disfrute y ejercicio de los derechos

humanos de su población. En este Informe Especial se presenta un estudio sobre estas medidas

coercitivas y sus efectos. Para ello, se detalla de forma cronológica las sanciones impuestas,

su base jurídica, alcance y su relación con el Derecho Internacional Público y el Derecho de los

Derechos Humanos.

Es fundamental destacar que todas las actuaciones de los Estados que han impuesto estas

sanciones giran en torno a la aprobación de una Ley Pública en el Congreso de los Estados

Unidos de Norte América en diciembre de 2014, durante la administración del señor Barack

Hussein Obama: la Ley 113-278 titulada “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y

la Sociedad Civil”. La importancia de este instrumento jurídico es que dicta la línea de acción

para la política del gobierno de los Estados Unidos de Norte América hacia Venezuela, que

también ha marcado la hoja de ruta para que otros Estados, bajo su influencia y dominación,

hayan adoptado en los últimos años una serie de medidas coercitivas unilaterales en su contra.

La Ley 113-278 incluye un conjunto de sanciones dirigidas al bloqueo económico, financiero y

comercial de Venezuela, pero adicionalmente prevé expresamente “trabajar” con los Estados

miembros de la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, para asegurar la

injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es, se trata

de una ley que de forma explícita y expresa reconoce que contraviene los principios

fundamentales del Derecho Internacional Público, de la Carta de la Organización de Naciones

Unidas y de la Carta de la Organización de Estados Americanos.

1. MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES CONTRA VENEZUELA

Hasta la fecha de elaboración de este informe especial, se han dictado veintidós (22)

instrumentos que aplican medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de

Venezuela, desde el mes de diciembre del año 2014 hasta el mes de mayo del 2018. Los países

y comunidades que han aplicado estas medidas son los siguientes: EE.UU., Canadá, la Unión

Europea, Suiza y Panamá. Es importante destacar que estas sanciones se dictan siempre

precedidas o paralelamente con declaraciones públicas oficiales de diferentes voceras y

voceros de estos Estados sobre la situación y los asuntos internos de Venezuela, algunas de las

cuales se reseñan en el presente estudio.

Como se puede observar en el gráfico 1, del total de las medidas coercitivas unilaterales

impuestas contra Venezuela, el sesenta y cuatro por ciento (64%) de las sanciones han sido

impuestas por el gobierno de Estados Unidos; totalizando 14 sanciones desde el año 2014.

En segundo lugar, la Unión Europea ha aplicado 3 sanciones, lo que representa el catorce por

ciento (14%). Panamá y Canadá con nueve por ciento (9%); esto es, 2 sanciones cada una; y

Suiza con 1 sanción, lo que se traduce en el cuatro por ciento (4%).

Las sanciones contra Venezuela provienen fundamentalmente de países del Norte, que

históricamente han sostenido relaciones de dominación, coloniaje y explotación sobre los

países del Sur. Por ello, su actuación necesariamente debe analizarse desde la perspectiva y

contextos de los conflictos Norte-Sur, así como de las luchas de los pueblos por su

emancipación y liberación frente a todas las formas de imperialismo. En este sentido, debe

resaltarse que, salvo la excepción de Panamá, ningún otro país de la región americana o de

otros continentes ha implementado medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela.

Inclusive otros Estados cuyos gobiernos mantienen posturas particularmente críticas ante el

Gobierno de Venezuela, han preferido abordar sus diferencias en espacios multilaterales,

apostar por actuaciones dentro del marco del Derecho Internacional Público, antes que adoptar

sanciones unilaterales.

 

1.1. MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE

AMÉRICA CONTRA VENEZUELA

Como se ha indicado, el hito normativo que marca el comienzo de la aplicación de medidas

coercitivas unilaterales contra Venezuela es la Ley Pública 113-278, publicada el 18 de

diciembre de 2014 por el Congreso de Estados Unidos de Norte América (1). Esta Ley pretende

justificar las sanciones unilaterales que establece con base en el juicio de valor que hace este

parlamento acerca de la situación económica venezolana (particularmente el acceso a

alimentos y productos básicos) y de los derechos humanos.

Paradójicamente, para abordar estas situaciones y pretender solventarlas, prohíbe

taxativamente a las ciudadanas y ciudadanos norteamericanos y demás personas en territorio

estadounidenses (empresas privadas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de

beneficencia, entre otras) realizar cualquier tipo de transacción o negocio con alguna persona

o entidad del Estado venezolano, al tiempo que prevé amplias sanciones a quien así lo hiciere.

Esto es, establece expresamente un bloqueo económico, financiero y comercial contra

Venezuela, muy parecido al que ha impuesto sobre el Pueblo cubano durante décadas.

Particularmente, la Ley 113-278 es muy similar a las previsiones de la Ley Helms-Burton. Así,

impone un conjunto de medidas coercitivas análogas a las aplicadas a la República de Cuba,

que han sido ampliamente rechazadas por la Asamblea Nacional de la Organización de las

Naciones Unidas, entre otras, por las graves violaciones a los derechos humanos que estas

producen (2).

Adicionalmente, la Ley 113-278 establece expresamente sanciones a:

  • El Banco Central de Venezuela, máxima autoridad en materia de política monetaria del

Estado.

  • A Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), principal empresa del Estado que tiene el

monopolio de la explotación de todos los hidrocarburos de la Nación y genera más del

90% de los ingresos en moneda extranjera del país.

  • A otros entes del Estado con competencia en materia de políticas monetarias,

financieras y control cambiario.

Finalmente, para consolidar el bloqueo contra Venezuela, la Ley 113-278 contempla la

posibilidad de aplicar sanciones unilaterales de bloqueo y congelamiento a activos, fondos,

bienes y propiedades venezolanas; la suspensión de ingreso, revocación de la visa u otra  documentación a funcionarias y funcionarios que ejerzan cargos públicos, oficiales militares y

representantes diplomáticos. Se trata de medidas complementarias dirigidas a implementar y

fortalecer el embargo económico, financiero y comercial sobre Venezuela, así como a dificultar

la participación de las y los representantes del Estado en las relaciones internacionales.

Como se describirá a continuación, sobre estos supuestos de la Ley 113-278 se fundamentaron

las demás acciones y medidas coercitivas que se dictaron durante las administraciones de

Barack Hussein Obama y, más recientemente, de Donald Trump.

Pocos meses después de aprobarse la Ley 113-278, el 8 de marzo de 2015 el expresidente de

Estados Unidos, Barack Hussein Obama, en consulta con el secretario de Estado y el secretario

del Departamento del Tesoro de EE.UU., declara a Venezuela, mediante una orden ejecutiva,

como “una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de

los Estados Unidos”, sentando las bases para una eventual agresión militar contra nuestro país

y advirtiendo al mundo entero que se encuentra dispuesto a ejercer su poderío bélico para

defender sus intereses. Esta orden ejecutiva incluye adicionalmente la prohibición de ingreso y

permanencia en territorio norteamericano de un conjunto de personas que ejercían o ejercen

funciones públicas de alto nivel en el Estado venezolano, inclusive imponiendo medidas en

contra de los principios más elementales y las normas vigentes en materia de Derecho

Internacional Público (3).

El año 2016 transcurre sin ningún tipo de sanción expresa en contra de la República Bolivariana

de Venezuela por parte de EE.UU. Se trata de un período en el cual sus acciones estuvieron

dirigidas fundamentalmente a aplicar la Ley 113-278, al tiempo que se aumentaba el tono de

las declaraciones públicas de los representantes del gobierno norteamericano contra nuestro

país.

Sin embargo, en el año 2017 se produce una intensificación de los actos de injerencia en los

asuntos internos de Venezuela. Solo durante ese año, la Oficina de Control de Activos

Extranjeros del Departamento de Estado de Estados Unidos, emite seis (6) sanciones desde

febrero hasta noviembre del 2017. Adicionalmente, en el mes de agosto del 2017, el

presidente Donald Trump decreta una nueva orden ejecutiva, en la cual se vuelve a amenazar

militarmente a Venezuela al declararla “una inusual y extraordinaria amenaza para la

seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. Estas sanciones, sumadas a otras

medidas impuestas por el Departamento del Tesoro, se encontraban dirigidas explícitamente

a rechazar, desconocer e impedir la elección, instalación y funcionamiento de la Asamblea

Nacional Constituyente (4). Posteriormente, durante los meses de noviembre del 2017, en enero

y marzo del 2018 se continuaron imponiendo sanciones a Venezuela.

Una de las sanciones más significativas, son las decretadas por el presidente Donald Trump, el

19 de marzo del 2018, mediante la cual se prohíbe cualquier transacción mediante el uso de

la criptomoneda digital “Petro”, creada por el Estado venezolano para superar la crisis

económica derivada de la disminución del precio de los hidrocarburos, así como el bloqueo

económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos de Norte América y sus aliados

durante los años 2016, 2017 y 20185. En el mes de mayo se imponen nuevamente dos nuevas

medidas coercitivas unilaterales, la primera el 18 de mayo, mediante la cual la Oficina de

Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América

sanciona a funcionarios del Estado y entidades privadas, como también las transacciones de

ciudadanos norteamericanos con personas o entidades mencionadas en el texto de la misma.

La segunda medida es la Orden Ejecutiva del 21 de mayo de 20186: en la cual se prohíbe lo

siguiente: 

  • Las transacciones de financiamiento y otros negocios en relación con la compra de cualquier

deuda con el gobierno venezolano.

  • La venta, transferencia, cesión o declaración como garantía por parte del Gobierno de

Venezuela, incluyendo a Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), y el Banco Central de Venezuela,

en cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela

tenga una participación accionaria del 50 por ciento o superior.

En el gráfico 2 se puede observar la cantidad de medidas unilaterales clasificadas por tipo, a

saber, si son leyes, decretos o sanciones de algún ente o institución del gobierno

estadounidense. Cabe destacar que la mayoría de las sanciones se han dictado a través de la

Oficina de Control de Activos Extranjeros, la cual depende del Departamento del Tesoro, y

recaen sobre las transacciones Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), el Banco Central de

Venezuela y el criptoactivo “Petro”. Esto es, se focalizan en aplicar un bloqueo económico,

financiero y comercial a la principal empresa del Estado que genera más del 90% de los

ingresos en moneda extranjera del país, así como en la máxima autoridad en políticas

monetarias del Estado, responsable entre otros, de las reservas de oro y divisas de la Nación.

Asimismo, se debe destacar que las más recientes sanciones impuestas, tanto por el

Departamento del Tesoro como por el Presidente de los EE.UU., prohíben cualquier tipo de

transacción sobre la deuda del Estado venezolano.

Deseamos llamar la atención respecto a que las sanciones impuestas en los últimos meses por

el gobierno de EE.UU. tienen como objetivo desconocer y vulnerar la convocatoria, elección,

instalación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, como también las

elecciones presidenciales del 2018, en abierta violación del derecho del Pueblo venezolano a

su libre determinación. Así, observamos que a partir del primero de mayo del 2017, con la

convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, durante la campaña para la elección de

las y los constituyentes en el mes de julio, hasta su instalación y puesta en funcionamiento, se

emite una mayor cantidad de medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela, muchas de

ellas con menciones explícitas en contra de este proceso de participación ciudadana.

Igualmente, desde la convocatoria a las elecciones presidenciales hasta su ejecución se

impusieron 5 medidas coercitivas contra Venezuela.

 

 

1.2. MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES DE OTROS PAÍSES DEL NORTE

El gobierno de Canadá también ha segundado al gobierno de EE.UU. en la aplicación de

medidas unilaterales coercitivas en contra de Venezuela, así como en los actos de injerencia

en sus asuntos internos. Hasta la fecha ha dictado y aplicado dos sanciones de carácter general.

En primer lugar, un Reglamento de Medidas Económicas Especiales, en el cual se establece un

conjunto de medidas económicas contra la República y las personas a quienes el gobierno

canadiense considere de forma absolutamente discrecional y subjetiva como “responsables”

de la situación de nuestro país. Este Reglamento es la expresión concreta de la alianza entre

Canadá y Estados Unidos contra Venezuela, el 5 de septiembre de 2017. Se trata, a grandes

rasgos, de una norma jurídica que replica en mayor o menor medida las que habían sido

previamente dictadas por EE.UU., que incluye otras prohibiciones y restricciones en materia de

transacciones y servicios financieros. La segunda medida, también de septiembre del 2017,

fue una Ley Especial de Medidas Económicas, donde se dictan las medidas especiales contra

cuarenta (40) personas que desempeñan altos cargos en el Gobierno venezolano, incluyendo

muchos de elección popular. Se trata de medidas que pretenden generar simultáneamente el

bloqueo económico y dificultar las relaciones internacionales de nuestro país.

En el marco de la mencionada asociación entre EE.UU. y Canadá, se ha producido una serie de

declaraciones en apoyo a las sanciones del gobierno norteamericano y contra el gobierno de

Venezuela, por parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland.

Estas declaraciones se han tratado, en su mayoría, sobre la situación en Venezuela y la

denuncia de las acciones del Estado venezolano, entre las que se encuentran la convocatoria a

la Asamblea Nacional Constituyente y su posterior instalación en el mes de agosto del 2017.

En los últimos meses, se han producido una serie de declaraciones con relación al llamado a

elecciones presidenciales, el cual fue un resultado del Acuerdo de Convivencia Política entre

los partidos políticos de oposición y el gobierno venezolano en Santo Domingo. Esta situación

puede considerarse como una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y, lo que

resulta especialmente grave, contra el derecho de nuestro Pueblo a su independencia,

soberanía y libre determinación.

Por otra parte, la Unión Europea también ha adoptado una serie de sanciones a partir del mes

de noviembre del 2017, en perfecta articulación y siguiendo las orientaciones del gobierno de

EE.UU. Así, el 13 de noviembre del 2017, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea

adopta una decisión acerca de la situación en Venezuela y establece restricciones de

exportación, venta, suministro, transferencia a nuestro país de todo tipo de armamento y

material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo

paramilitar y piezas de repuesto. Al mismo tiempo, se ordena la prohibición de ingresar a

territorio europeo a los supuestos responsables de la situación de nuestro país. Además, el

mismo organismo emite el reglamento 2017/2063, para la aplicación de las sanciones por

parte de los Estados miembros de la Unión Europea. Se trata de una decisión destinada

explícitamente a disminuir las capacidades defensivas de la Fuerza Armada Nacional

Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana, evidentemente relacionada y subordinada a

los decretos ejecutivos dictados por Barack Hussein Obama y Donal Trump que declaran a

Venezuela como “una inusual y extraordinaria amenaza para la seguridad nacional y la política

exterior de Estados Unidos”, esto es, como un objetivo militar.

Cabe destacar que el gobierno del Reino Unido adopta, el 15 de noviembre del 2017, las

mismas sanciones impuestas por la Unión Europea sobre el embargo de armas a Venezuela y

el reglamento 2017/2063 para la aplicación de las sanciones a entes, empresas y funcionarios

venezolanos. Posteriormente, en enero del 2018, la Unión Europea sanciona a las máximas

autoridades de una serie de órganos y entes del Estado venezolano, incluyendo muchos de

elección popular, entre otros, del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia,

la Fiscalía General de la República, así como de los cuerpos de seguridad ciudadana y el

ministerio del Poder Popular con competencia en materia de Interior y Justicia.

La medida unilateral coercitiva impuesta por la Confederación Suiza en marzo de 2018 es la

más reciente acción por parte de un país europeo contra Venezuela. Esta sanción emula la

primera sanción de la Unión Europea, en cuanto a cualquier transacción que involucre la

adquisición o comercio de armamento militar y equipos tecnológicos destinados para la

vigilancia de las telecomunicaciones y el internet, por parte la República Bolivariana de

Venezuela. Además, incluye el congelamiento de bienes y recursos económicos, se prohíbe el

ingreso, tránsito y permanencia al territorio de la Suiza a siete -7- funcionarios del gobierno.

En este gráfico se muestra que este grupo de países de América del Norte y la Unión Europa

han impuesto un total de ocho -8- instrumentos normativos que dictan medidas unilaterales

de diversa índole contra la República Bolivariana de Venezuela. La Unión Europea es la

organización con mayor número de sanciones, con tres desde noviembre del 2017. Canadá y

el Reino Unido han impuesto dos respectivamente; y la Confederación Suiza con una medida,

estipulando un embargo de armas y sanciones a funcionarios venezolanos. Como resulta

evidente, se trata de un conflicto Norte-Sur por la hegemonía política y económica mundial.

 

 

1.3. MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES DE PAÍSES DE AMÉRICA LATINA

Hasta el mes de abril del 2018, Panamá es el único país latinoamericano que ha impuesto

medidas unilaterales coercitivas contra Venezuela. El 27 de marzo del 2018, la Comisión

Nacional Contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la

República de Panamá, dicta una resolución en la cual se congelan activos y se prohíben

transacciones con empresas venezolanas. Además, incluye una lista de integrantes del

Gobierno venezolano, algunos de elección popular, considerados como de alto riesgo por

motivos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (7). Se trata de sanciones que son

análogas y siguen las orientaciones de la política de EE.UU. contra Venezuela y que persiguen

contribuir al bloqueo económico, financiero y comercial contra el Pueblo de nuestro país.

 

2. IMPACTO DE LAS MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES SOBRE LOS

DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE VENEZUELA

La Comunidad Internacional reconoce que las medidas coercitivas unilaterales son acciones

económicas y políticas (aunque no se limitan a ellas), impuestas por un Estado o grupos de

Estados para coaccionar a otro Estado a fin de obtener de este la subordinación del ejercicio

de sus derechos soberanos y provocar algún cambio concreto en su política (8). Así, también

reconoce que las medidas coercitivas unilaterales, más allá de obstaculizar las funciones

públicas de representantes del Estado, privan a la población de los productos básicos que son

importados al país, entre estos, alimentos y medicamentos de primera necesidad. Por tanto,

en la Comunidad Internacional se estima prima facie que todas las medidas coercitivas

unilaterales aplicadas contra un Estado amenazan y/o vulneran los derechos humanos de

quienes habitan en su territorio.

En una publicación realizada por el señor Alfred de Zayas, actual relator independiente de la

Organización de las Naciones Unidas para la Promoción de un Orden Internacional Democrático

y Equitativo, explica que la Organización de las Naciones Unidas condenó en el año 2000 la

imposición de medidas coercitivas unilaterales. Por este motivo, se creó el mandato del experto

independiente para las sanciones unilaterales, quien en numerosos informes de Organización

de las Naciones Unidas ha podido comprobar las consecuencias directas de estas sobre la

vulneración de los derechos humanos y garantías de las personas y de los pueblos (9). Asimismo,

desde los organismos multilaterales de protección de los derechos humanos se ha realizado

seguimiento y denuncia sobre los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales

establecidas por algunos países, en lo que respecta al disfrute de los derechos humanos de las

poblaciones sobre las cuales recaen.

Desde esta misma perspectiva, en el Informe de la Organización de las Naciones Unidades,

presentado por el señor Idriss Jazairy, relator especial sobre las Medidas Coercitivas

Unilaterales del Consejo de Derechos Humanos, se concluye que:

… la ilegalidad intrínseca de las medidas nacionales, incluidas las

sanciones, que se intenta aplicar con alcance extraterritorial, en

ausencia de un vínculo jurisdiccional válido reconocido por el derecho

internacional. Son particularmente condenables las leyes o medidas

nacionales que pretenden extender sus efectos a los nacionales o

entidades de terceros países, con el propósito de disuadirles de

mantener relaciones comerciales (u otras) lícitas con el país objeto de

sanciones. (p. 24) (10)

En sintonía con estos criterios, en la Resolución aprobada por la Asamblea General de la

Organización de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre del 2016, con ocasión a esta materia,

se insta expresamente a todos los Estados a que cesen de adoptar o aplicar medidas

unilaterales, en particular las de carácter coercitivo que crean obstáculos a las relaciones

comerciales, por su impacto negativos sobre el disfrute y garantía de los derechos humanos.

Esta resolución es congruente con las resoluciones adoptadas de forma reiterada contra el

bloqueo económico impuesto por EE.UU. contra Cuba, aprobada por la gran mayoría de Estados

que integran la Asamblea General de esta organización internacional. En el pasado mes de

noviembre del 2017, se aprobó con 191 votos a favor y dos en contra (EE.UU. e Israel), una

nueva resolución contra el bloqueo a Cuba, en la cual se reitera que la condena a la

promulgación y aplicación de leyes y disposiciones reglamentarias de EE.UU., como la

promulgada el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-Burton”, cuyos efectos

extraterritoriales afectan la soberanía de otros Estados, a los intereses legítimos de entidades

o personas bajo su jurisdicción 11. Conviene recordar que, tal y como hemos señalado

previamente, esta Ley objeto de condena internacional es muy similar en su contenido y efectos

a la Ley 113-278 aprobada por el Congreso norteamericano contra Venezuela. Esto es, a

nuestro país, EE.UU. ha aplicado medidas análogas al bloqueo contra el Pueblo cubano en

detrimento de los derechos humanos de quienes habitan en Venezuela y agudizando la crisis

económica y social impulsada por sectores nacionales e internacionales.

Ahora bien, para el año 2015, de acuerdo a la información publicada por uno de los centros

universitarios de educación e investigación privada más reconocidos en EE.UU., los principales

países de los cuales Venezuela importa bienes y servicios son: Estados Unidos de Norte América

($8,07 miles de millones); China ($5,31 miles de millones); Brasil ($2,99 Miles de millones);

Argentina ($1,37 Miles de millones); México ($1,22 Miles de millones); Canadá ($496 millones);

Alemania ($534 millones); Italia ($472 millones); España ($381 millones); Reino Unido ($318

millones); Francia ($305 millones) y, Suiza ($264 millones) (12). Entre los principales productos y

bienes importados por Venezuela desde EE.UU., se encuentran: medicamentos, instrumentos

médicos, aparatos ortopédicos; maíz, trigo, harina de soya, productos refinados del petróleo,

productos químicos, entre otros (13). En este sentido, se detalla lo siguiente:

Para el año 2015, el monto de las importaciones de medicamentos empaquetados

provenientes de EE.UU. fue de $77 millones; $54.5 millones por concepto de instrumentos

médicos y/o quirúrgicos; también es importante recalcar que se importa desde EE.UU. material

e insumos para equipos de rayos x ($25 millones aproximadamente). En cuanto a los alimentos,

maíz ($93.5 millones); trigo ($90.7 millones); arroz ($56.4 millones); harina de soya ($224

millones). Para el mismo año, el 72% de los productos importados de Canadá es de trigo, lo

que representaba $356 millones. El 50% de lo importado desde Suiza son medicamentos

envasados, lo que representa $133 millones; 9.6% correspondiente a sangre humana o animal

($25.2 millones); así como medicamentos no envasados, antibióticos y reactivos de laboratorio:

1.8%, 1.3% y 1.2% respectivamente, totalizando aproximadamente $11 millones (14).

Es importante resaltar que Venezuela importa la mayoría de los medicamentos que requiere

para garantizar la vida y salud de sus habitantes. El 34% se compra a EE.UU., 7% a España y

5% a Italia. Solo de estos países que han aplicado medidas coercitivas unilaterales a Venezuela

se importaba un total del 46% de las medicinas que necesita el Pueblo venezolano. Lo mismo

ocurre con los alimentos, el 33% de las importaciones proviene de EE.UU. y 12% de Canadá.

Esto es, el 45% de las importaciones de alimentos tenía como origen Estados que han

mantenido una política de mayor confrontación y han aplicado la mayor cantidad de sanciones

económicas contra Venezuela (15)

Como resulta evidente, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EE.UU.

contra Venezuela genera un impacto de grandes dimensiones en la economía de nuestro país,

en su desarrollo social y, sobre todo, en posibilidad del Estado de importar bienes de primera

necesidad para el Pueblo venezolano, entre ellos, alimentos, medicinas e insumos para los

servicios de salud. Recordemos, además, que EE.UU. domina las rutas comerciales de las

principales navieras, lo que le ha permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para

nuestra población, no solo aquellos que provienen de EE.UU., sino de cualquier otro país

proveedor bajo su esfera de influencia. Si a ello se suma la prohibición para importar bienes y

servicios directamente necesarios para las actividades económicas del país, entre ellos

insumos industriales y servicios financieros, es indudable que las sanciones impuestas por

EE.UU. tienen un impacto negativo directo sobre el disfrute y ejercicio pleno de los derechos

humanos y, más aún, limitan sustancialmente la capacidad del Estado venezolano para cumplir

con la obligación de garantizarlos y protegerlos.

El relator independiente de la Organización de las Naciones Unidas para la Promoción de un

Orden Internacional Democrático y Equitativo, el señor Alfred de Zayas, después de una visita

in loco a Venezuela expresó que se deberían analizar las causas que generan los problemas

económicos y sociales del país, particularmente expresó que:

Las sanciones impuestas han agravado la crisis de Venezuela. La mano

visible del mercado y la guerra económica están impactando la calidad

de vida de la gente (16).

En el mismo orden de ideas, este relator especial presentó un informe luego de su visita a

Venezuela que detallaba los hechos y causas de la situación en nuestro país, después de

haberse reunido con representantes del Gobierno, de las organizaciones no gubernamentales

de derechos humanos, de organizaciones de la sociedad civil, de las empresas privadas, de los

medios de comunicación públicos y privados, entre otros, en el cual concluye que:

Entre los obstáculos para el disfrute de los derechos humanos, pregunté

acerca de las medidas económicas adversas adoptadas por muchos

Estados, dirigidas a afectar directamente e indirectamente el buen

funcionamiento del Estado pertinente o limitando su espacio regulatorio.

Desde hace décadas, las Naciones Unidas han condenado las medidas

coercitivas unilaterales, en especial desde el importante estudio de la

Subcomisión sobre Promoción y Protección de los Derechos Humanos

en el año 2000 (…) Existe una preocupante campaña para forzar a los

observadores a ver un punto de vista preconcebido, ejemplo: que hay

“crisis humanitaria” en Venezuela. Debemos ser precavidos ante la

hipérbole y la exageración, teniendo en cuenta que una “crisis

humanitaria” es un terminus technicus y podría ser mal utilizado como

pretexto para una intervención militar y cambio de régimen.

Evidentemente que debería haber libre circulación de alimentos y

medicinas en Venezuela a fin de paliar la escasez de dichos ítems; sin

embargo, la ayuda debe ser realmente humanitaria y no tener fines

políticos ocultos (17)

Adicionalmente, el relator especial destaca en su informe que:

…las sanciones no son la respuesta a la crisis progresiva en Venezuela,

y que la comunidad internacional no debería imponerlas, pues

empeoraría la situación del Pueblo venezolano, que ya sufre de tasas de

inflación agobiantes y de la falta de acceso a alimentos y medicamentos

adecuados. Las medidas que dañen la economía de Venezuela también

tendrían un efecto perturbador sobre las instituciones del Estado, y

probablemente solo conducirían a violaciones de los derechos de la

gente común. (p. 13) (18)

Ahora bien, desde Sures también hemos podido registrar casos concretos del impacto de las

medidas coercitivas unilaterales que han sido impuestas sobre Venezuela que generan

vulneraciones graves a los derechos humanos a la vida, salud y al nivel de vida adecuado

(particularmente sobre la alimentación). Así, se han constatado casos en los cuales empresas

privadas y estatales extranjeras, en cumplimiento o ante la amenaza de la aplicación de

sanciones del gobierno de EE.UU., han negado, impedido o retrasado transacciones financieras

y el pago a proveedores de alimentos, medicinas o insumos para los servicios de salud, así

como también se han negado a entregar o enviar bienes que habían sido oportunamente

pagados.

Una de las primeras sanciones financieras dirigidas a consolidar el bloqueo económico contra

Venezuela fue en julio de 2017, cuando Citibank, una empresa financiera privada

norteamericana decidió intempestivamente, sin notificación previa y de forma arbitraria, cerrar

las cuentas bancarias del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela. Esto es, se

negó a continuar prestando sus servicios a dos de los entes más importantes del país, el

primero, la máxima autoridad en políticas monetarias del Estado, y el segundo, la empresa

financiera más grande del Estado. Con ello se imposibilitó temporalmente al Estado a pagar

importaciones y otros compromisos patrimoniales, pero además dificultó y ha hecho más

oneroso realizar estas operaciones comerciales.

En el marco de la Ley 113-278 del Congreso norteamericano, el Citibank durante el mes de

noviembre del 2017 también se negó a recibir la transferencia de fondos del Estado venezolano

dirigida a pagar a una empresa privada extranjera con cuentas bancarias en esa institución

financiera, la importación de un cargamento con más de 300.000 dosis de insulina,

medicamento que debe ser importado por Venezuela para garantizar la vida y salud de las

personas que viven con diabetes. Esto trajo como consecuencia que dicho cargamento fue

congelado en un puerto internacional y no pudo arribar a nuestro país, tal y como fue reconocido

públicamente por el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de

Venezuela, el señor Larry Devoe (19). Es decir, no pudo realizarse el pago de esta importación de

medicinas a pesar de que existían los recursos para adquirir el medicamento, se efectuó el

pago oportuno y se habían cumplido todos los trámites y requisitos que exigía normalmente

esta institución financiera. Cabe destacar que la misma situación ha sido denunciada por la

Viceministra Salud Integral, Indhriana Parada, en la 11° Reunión Ministerial del Movimiento de

Países No Alineados (Mnoal), a propósito de la 71° Asamblea Mundial de la Salud (20).

También en noviembre del 2017, en clara atención a la Ley 113-278 y probablemente

constreñida ante las sanciones que pudiera recibir, la Euroclear retuvo 1.650.000.000 de

dólares que el Gobierno venezolano había cancelado para la compra de alimentos y

medicinas (21). Sin embargo, lo que parece más grave es que durante este mismo mes también

se amplió el bloqueo financiero, no solo para las importaciones, sino para recibir el pago de

servicios y productos generados por el Estado venezolano. Es decir, se impide a Venezuela

obtener las ganancias por sus actividades económicas prestadas a otros Estados o empresas

extranjeras. Así, el Banco Wells Fargo, una empresa financiera privada, retuvo y anuló el pago

de 7.500.000 dólares realizado por Brasil a nuestro país por venta de energía eléctrica, lo que

imposibilitó la concreción de esta operación económica (22). Esto mismo ocurre con la empresa

petrolera del Estado venezolano CITGO, domiciliada en EE.UU. y que desarrolla sus actividades

económicas en ese país. Desde la aplicación de las sanciones económicas no ha podido

transferir sus ganancias fuera de Estados Unidos de Norteamérica, impidiendo que Venezuela

pueda disponer de miles de millones de dólares para garantizar los derechos humanos y las

necesidades de quienes habitan en nuestro país.

De hecho, el embargo financiero ha llegado a tal extremo que Bitfinex, la mayor plataforma

privada de intercambio digital de Bitcoin y cuya sede queda en Hong Kong, anunció

públicamente que no comerciará con el criptoactivo del Estado venezolano “Petro” para no

exponerse a sanciones del gobierno norteamericano. Esta empresa recalcó que debido a las

sanciones de EE.UU., los contratistas y personal “estén donde estén”, tienen prohibido realizar

transacciones con esta moneda (23). En otras palabras, esta empresa privada domiciliada fuera

de la jurisdicción del gobierno norteamericano, se ve obligada a cumplir con las sanciones

decretadas por el presidente Donald Trump sobre el “Petro”, del 19 de marzo de 2018.

Los temores de Bitfinex y otras empresas privadas dentro y fuera del territorio de EE.UU., ante

la aplicación de sanciones, no son infundados. De hecho, la aplicación de las sanciones penales

derivadas del incumplimiento de la Ley 113-278 del Congreso norteamericano han empezado

a concretarse en la realidad. Recientemente, en marzo del 2018, el Departamento de Justicia

del gobierno norteamericano informó que un empresario privado fue detenido en territorio de

EE.UU. y procesado penalmente por “evadir” el cumplimiento de esta Ley, al realizar

operaciones comerciales con el Estado venezolano a través del sistema financiero

norteamericano (24).

El último caso concreto registrado por Sures de violaciones graves al derecho humano a la salud

del Pueblo venezolano producto directo de las sanciones unilaterales impuestas por EE.UU., se

verificó en mayo de 2018, cuando el propio Ministro del Poder Popular para la Salud informó

públicamente a través de los medios de comunicación que fue “bloqueada” una transacción

financiera por un monto de 7.000.000 dólares destinado a la compra de los tratamiento de

diálisis para las y los pacientes que requieren este tratamiento, incluyendo niños, niñas y

adolescentes. La imposibilidad adquirir oportunamente estas medicinas e insumos debido al

bloqueo comercial y financiero implica una amenaza inminente a la vida y salud de estas

personas, situación que es atribuible a los Estados que han aplicado y contribuido a la

aplicación de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. (25) 

 

CONCLUSIONES

  1. Desde el año 2014 la República Bolivariana de Venezuela ha sido objeto de una serie de

medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá,

la Unión Europea, la Confederación Helvética y Panamá. Estas sanciones extraterritoriales

generan, desde el punto de vista jurídico y por sus efectos concretos, un bloqueo

económico, financiero y comercial contra Venezuela. Las sanciones y el bloqueo económico

se han venido incrementando, ampliando e intensificando desde el año 2017,

particularmente desde la convocatoria, elección e instalación de la Asamblea Nacional

Constituyente y de la celebración de los procesos electorales para escoger representantes

al Poder Público de las entidades federales (gobernadoras y gobernadores de los estados)

y de los municipios (alcaldesas y alcaldes).

  1. Las sanciones económicas y el bloqueo económico, financiero y comercial contra la

República Bolivariana de Venezuela han dificultado e impedido al Estado, desde el año

2014, realizar una serie de importaciones de bienes y el pago de servicios que requiere

debido a que no son producidos o prestados en nuestro país, a los cuales históricamente

había podido acceder sin limitaciones o restricciones algunas, entre ellos, aquellas

dirigidas a obtener alimentos, medicinas e insumos para los servicios de salud, transporte

y comunicación. Estas medidas también han obstaculizado e imposibilitado que el Estado

venezolano reciba oportunamente el pago por sus exportaciones y la prestación de

servicios a Estados y empresas extranjeras, así como las ganancias que generan sus

empresas de hidrocarburos domiciliadas en territorio estadounidense.

  1. Las sanciones económicas y el bloqueo económico, financiero y comercial contra la

República Bolivariana de Venezuela vulneran directamente los derechos humanos de las

personas que habitan en su territorio, entre otras, porque obstaculizan e impiden al Estado

garantizarlos y protegerlos, al tiempo que afectan negativamente el desarrollo económico

y social de nuestro país. Particularmente, tienen un impacto especialmente grave contra los

derechos a la vida, integridad personal y alimentación del Pueblo venezolano. Por ello, constituyen

actualmente uno de los factores determinantes que impiden a las personas disfrutar de forma

plena y efectiva sus derechos humanos. Por tanto, es necesario concluir que las sanciones y el

bloqueo económico contravienen, entre otras: el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y

Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre Derechos

del Niño de la Organización de las Naciones Unidas; y, la Convención Americana de Derechos

Humanos de la Organización de Estados Americanos.

  1. Las sanciones económicas y el bloqueo económico, financiero y comercial contra la

República Bolivariana de Venezuela ejecutadas por Estados Unidos de Norteamérica,

Canadá, la Unión Europea, la Confederación Helvética y Panamá, violan abiertamente los

principios fundamentales del Derecho Internacional Público, pues tienen como finalidad

explícita coaccionar al Estado y al Pueblo venezolano para imponer sus intereses y

posiciones sobre el ejercicio de sus derechos soberanos y provocar un cambio concreto en

su política nacional. Cuestión que queda evidenciada en las sanciones personales

aplicadas contra las altas autoridades del Estado venezolano, incluyendo muy

especialmente a quienes han sido democráticamente elegidos para representar al Pueblo

de Venezuela, independientemente de los pretextos, argumentos o justificaciones que

pretendan esgrimirse. Se trata de acciones que vulneran el derecho de los pueblos a su

libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos internos, a la igualdad entre los

Estado y a un orden internacional democrático y equitativo, contemplados, entre otros, en

la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los

Estados Americanos.

  1. Los Estados que han ejecutado medidas coercitivas unilaterales y un bloqueo económico,

financiero y comercial contra la República Bolivariana de Venezuela, así como las

funcionarias y funcionarios de estos Estados que adoptan dichas decisiones, deben estar

sujetos a responsabilidad internacional por la amenaza y violación de los derechos

humanos de las personas que habitan en nuestro país, así como por la contravención de

los valores, principios y normas fundamentales del Derecho Internacional Público. Por ello,

los órganos competentes de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de

Estados Americanos deberían iniciar de oficio procedimientos dirigidos a proteger los

derechos humanos de quienes habitan en Venezuela, establecer las responsabilidades a

que hubiere lugar y garantizar la reparación integral de las violaciones a los derechos

humanos.

 

ANEXOS

  1. FICHAS TÉCNICAS DE MEDIDAS UNILATERALES COERCITIVAS DEL GOBIERNO

DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Ley 113-278, Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014.

Fecha: 18/12/2014

Institución: Congreso de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Ley Pública Alcance:

  • Esta ley establece un marco de acción para el gobierno de Estados Unidos de Norte América para ejecutar políticas de Estado hacia el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Establece las sanciones (bloqueo de activos, prohibición de entrada y revocación de visa de funcionarios públicos); y la prohibición de importación de bienes.
  • Se establece toda una sección de un reporte, asesoramiento y recomendaciones sobre medidas acerca de la comunicación, información y los distribuidores de información y de medios electrónicos, que comprende asesoramiento sobre financiamiento, programación y contenido.

Orden Ejecutiva 13692

Fecha: 8/3/2015

Institución: Presidencia de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Decreto Alcance:

  • La orden ejecutiva califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
  • Establece las sanciones (bloqueo de activos, prohibición de entrada y revocación de visa de funcionarios públicos) a siete ciudadanos venezolanos en funciones públicas: Ministerio Público, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de cuerpos de seguridad del Estado.

 

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 13/2/2017

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América

Estado: EE.UU.

Tipo: Sanciones al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América sanciona al Vicepresidente Ejecutivo de la República.
  • Establece las sanciones (bloqueo de activos, prohibición de entrada y revocación de visa de funcionarias públicas y funcionarios públicos); al Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela.

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 18/5/2017

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América

Estado: EE.UU.

Tipo: Sanciones a miembros del Tribunal Supremo de Justicia Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América sanciona a ocho (8) integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, entre los cuales se encuentra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y a siete (7) Magistradas y Magistrados de la Sala Constitucional.

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 26/7/2017

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América sanciona a trece (13) altas funcionarias y altos funcionarios del gobierno de Venezuela.
  • Establece las sanciones (bloqueo de activos, prohibición de entrada y revocación de visa de funcionarios públicos) a funcionarios de órganos y entes del Estado con relación a la Asamblea Nacional Constituyente e instituciones con competencia en materia de seguridad, Interior y Justicia, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
  • Se establecen sanciones a funcionarios de Petróleos de Venezuela S.A, (PDVSA) y la institución encargada del control cambiario, Centro Nacional de Comercio Exterior, (CENCOEX).

 

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 31/7/2017

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América

Estado: EE.UU.

Tipo: Sanciones al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América sanciona al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 9/8/2017

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América sanciona a ocho (8) altos funcionarios del gobierno de Venezuela.
  • Establece las sanciones (bloqueo de activos, prohibición de entrada y revocación de visa de funcionarios públicos) a funcionarios de órganos y entes del Estado con relación a la Asamblea Nacional Constituyente.

Orden Ejecutiva 13808

Fecha: 24/8/2017

Institución: Presidencia de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Decreto Alcance:

  • La orden ejecutiva impuesta por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone nuevas sanciones donde se prohíben las transacciones de financiamiento y otros negocios de ciudadanos norteamericanos o en el territorio de Estados Unidos en relación con nuevas deudas con PDVSA o el gobierno de Venezuela, tenencia de bonos, pago o distribución de ganancias de cualquier entidad perteneciente o controlada, directa o indirectamente, por el gobierno de Venezuela (incluyendo el BCV, PDVSA y cualquier persona que actúe en nombre del Estado venezolano).

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 9/11/2017

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro del de Estados Unidos de América sanciona a diez (10) integrantes de órganos y entes del Estado venezolano, entre los cuales se encuentran las máximas autoridades del Consejo Nacional Electoral, constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente y Ministros.

 

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 5/1/2018

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América

Estado: EE.UU.

Tipo: Sanciones a funcionarios y oficiales militares Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América sanciona a cuatro (4) integrantes del alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 19/3/2018

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América sanciona a cuatro (4) integrantes del Estado que ejercen altos cargos en instituciones con competencia en derechos socioeconómicos, financiamiento de vivienda y hábitat, seguridad social y la Contraloría General de la República.

Orden Ejecutiva 13827

Fecha: 19/3/2018

Institución: Presidencia de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Decreto Alcance:

  • La orden ejecutiva impuesta por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone nuevas sanciones donde se prohíben las transacciones de financiamiento y otros negocios de ciudadanos norteamericanos o en el territorio de Estados Unidos en relación con la nueva moneda digital, “Petro”, emitida por el gobierno de Venezuela, a partir del 9 de enero del 2018, incluyendo el Banco Central de Venezuela, PDVSA y cualquier persona que actúe en nombre del Estado venezolano.

Sanciones del Departamento del Tesoro

Fecha: 18/5/2018

Institución: Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América sanciona a tres (3) funcionarios del Estado, una (1) persona natural, y tres (3) entidades privadas.
  • Las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros generalmente prohíben cualquier tipo de transacción de ciudadanos norteamericanos o aquellas que se encuentren en territorio estadounidense con las personas designadas en las listas de sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.

 

Orden Ejecutiva

Fecha: 21/5/2018

Institución: Presidencia de Estados Unidos de Norte América Estado: EE.UU. Tipo: Decreto Alcance:

  • La orden ejecutiva impuesta por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone nuevas sanciones donde se prohíben las transacciones de financiamiento y otros negocios de ciudadanos norteamericanos o en el territorio de Estados Unidos en relación con la compra de cualquier deuda con el gobierno venezolano, incluidas las cuentas por cobrar; aquellas declaradas como garantías después de la fecha de vigencia del decreto.
  • Asimismo, se prohíbe la venta, transferencia, cesión o declaración como garantía por parte del Gobierno de Venezuela, incluyendo a PDVSA y el Banco Central de Venezuela, en cualquier participación accionaria en cualquier entidad en la que el Gobierno de Venezuela tenga una participación accionaria del 50 por ciento o superior.

 

2. FICHAS TÉCNICAS DE MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES DE PAÍSES DEL

NORTE

Reglamento de Medidas Económicas Especiales Gobierno de Canadá Fecha: 5-22/9/2017 Institución: Gobierno de Canadá Estado: CANADÁ Tipo: Reglamento en materia económica Alcance:

  • Se impone una congelación de activos y prohibición de negocios a las personas referidas en las respectivas regulaciones, así como la prohibición de que cualquier persona en Canadá y cualquier canadiense fuera de Canadá, puedan facilitar transacciones y proporcionar servicios financieros.

Sanciones del Gobierno de Canadá Fecha: 22/9/2017 Institución: Gobierno de Canadá Estado: CANADÁ Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Canadá impuso sanciones a 40 personas, incluyendo al Presidente de la República de Venezuela, Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, altas funcionarias y altos funcionarios del Estado, representantes diplomáticos y altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Decisión PESC 2017/2074 de la Unión Europea

Fecha: 13/11/2017

Institución: Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Estado: UNIÓN EUROPEA Tipo: Sanciones/Embargo de armas Alcance:

  • Se establecen restricciones de la exportación, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto.
  • Se establece la prohibición de entrada a responsables de la crisis en el país.
  • El gobierno del Reino Unido adopta el 15 de noviembre del 2017, las sanciones impuestas por la Unión Europea sobre el embargo de armas a Venezuela.

Reglamento 2017/2063 de la Unión Europea

Fecha: 13/11/2017

Institución: Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea Estado: UNIÓN EUROPEA Tipo: Reglamento Alcance:

  • El Consejo de la Unión Europea adopta el Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela.

 

Sanciones de la Unión Europea Fecha: 22/1/2018 Institución: Consejo de la Unión Europea Estado: UNIÓN EUROPEA Tipo: Sanciones a funcionarios Alcance:

  • Se imponen sanciones a altos oficiales de órganos y entes del Estado venezolano; entre los cuales se encuentra el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República, así como cuerpos de seguridad y ministerio con competencia en materia de Interior y Justicia.
  • El gobierno del Reino Unido adopta en esta fecha las sanciones impuestas por la Unión Europea a los funcionarios venezolanos objeto de esta resolución.

Sanciones del Consejo Federal Suizo

Fecha: 28/3/2018 Institución: Consejo Federal Suiza Estado: CONFEDERACIÓN SUIZA Tipo: Sanciones Alcance:

  • Se establecen restricciones de la exportación de la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar. Se establece la prohibición de entrada a siete (7 altos funcionarios del gobierno.
  • Las sanciones emulan las impuestas por la Unión Europea a finales del 2017, que trata de un embargo de armas.

 

3. FICHAS TÉCNICAS DE MEDIDAS COERCITIVAS UNILATERALES DE PANAMA

Decreto Ejecutivo N°473 Fecha: 22/8/2017 Institución: Presidencia de Panamá Estado: PANAMÁ Tipo: Decreto Alcance:

  • El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anuncia que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Migración, implementarían a partir del 1o de octubre un nuevo sistema de visas a los venezolanos que viajen a Panamá.
  • La medida fue implementada por considerar a Venezuela como una amenaza a la seguridad, la economía y los empleos en Panamá.

Sanciones del Ministerio de Economía y Finanzas Fecha: 22/8/2017 Institución: Presidencia de Panamá

Estado: PANAMÁ

Tipo: Sanciones a personas naturales y jurídicas Alcance:

  • El Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, anuncia que el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Nacional de Migración, implementarían a partir del 1o de octubre un nuevo sistema de visas a los venezolanos que viajen a Panamá.
  • La medida fue implementada por considerar a Venezuela como una amenaza a la seguridad, la economía y los empleos en Panamá.

 

 

 

 

 

NOTAS:

  1. Ley Pública 113-278. Fecha de consulta: 3-4-2018. https://www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Program-s/Documents/venezuela_publ_113_278.pdf
  2. A/RES/72/4. Resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba. Recuperable: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/72/4
  3. Decreto 13692. Fecha de consulta: 3-4-2018. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press- office/2015/03/09/statement-press-secretary-venezuela
  4.  Decreto 13808. Fecha de consulta: 3-4-2018. https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions- /Programs/Documents/13808.pdf  https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/- Documents/venezuela_eo_20180521.pdf
  5.  Decreto 13827. Fecha de consulta: 3-4-2018 https://www.treasury.gov/resource-center- /sanctions/Programs/Documents/13827.pdf
  6.  Decreto. Fecha de consulta: 22-5-2018
  7.  Sanciones impuestas por Panamá en marzo de 2018. Fecha de consulta: 5-4-2018 https://lta.reuters.com/- article/domesticNews/idLTAKBN1H61QI-OUSLD
  8. Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/27/21. (2014). 9 Alfred de Zayas para Zeit-Fragen. http://www.zeit-fragen.ch/fr/editions/2017/no-19-7-aout-2017/lapplication- extraterritoriale-de-lois-americaines-est-incontestablement-une-violation-du-droit-international.html
  9. Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/27/21. (2014). 9 Alfred de Zayas para Zeit-Fragen. http://www.zeit-fragen.ch/fr/editions/2017/no-19-7-aout-2017/lapplication- extraterritoriale-de-lois-americaines-est-incontestablement-une-violation-du-droit-international.html
  10. A/RES/72/370 Informe del Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Recuperable: https://undocs.org/es/A/72/370
  11. A/RES/72/4 Resolución aprobada por la Asamblea General el 1 de noviembre de 2017, Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/72/4
  12. The Observatory of Economic Complexity. Recuperable: https://atlas.media.mit.edu/es/visualize- /tree_map/hs92/-import/ven/usa/show/2015/
  13. The Observatory of Economic Complexity. Recuperable : https://atlas.media.mit.edu/es/visualize/tree_map/hs92/import/ven/usa/show/2015/
  14. The Observatory of Economic Complexity. Recuperable: https://atlas.media.mit.edu/es/visualize- /tree_map/hs92/-import/ven/usa/show/2015/  
  15. Trabajo de investigación publicado en el diario Últimas Noticias, el 1 de abril de 2018. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/opinion/sanciones/
  16. Alfred de Zayas. Recuperable: http://mppre.gob.ve/2018/03/09/alfred-de-zayas-expertos-y-relatores-de-la-onu- no-pueden-comportarse-como-jueces-y-verdugos-de-los-paises/
  17. Declaración final de misión. Visita del Experto Independiente a Venezuela y Ecuador del 26 de noviembre al 9 de diciembre 2017. http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-ges/DisplayNews.aspx?NewsID-=22530&LangID=S
  18. Declaración final de misión. Visita del Experto Independiente a Venezuela y Ecuador del 26 de noviembre al 9 de diciembre 2017. http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pa-ges/DisplayNews.aspx?NewsID-=22530&LangID=S
  19. American Post. ONU pide el cese del bloqueo financiero a Venezuela. http://www.americanpost.online/2018/02/28/onu-pide-el-cese-de-la-persecucion-financiera-a-venezuela/
  20. Ciudad Caracas. http://ciudadccs.info/venezuela-denuncio-efectos-ataques-financieros-la-salud/
  21. ¿Qué es Euroclear y por qué tienen secuestrado dinero venezolano? Publicado: 25/11/2017, Recuperable: http://minci.gob.ve/2017/11/que-es-euroclear-y-por-que-tienen-secuestrado-dinero-venezolano/
  22. Analítica. Motta Domínguez dice que Wells Fargo retuvo un pago a Corpoelec por $7,4 millones. Publicado: 4/12/2017. Recuperable: https://www.analitica.com/economia/motta-dominguez-dice-que-wells-fargo-retuvo-un- pago-a-corpoelec-por-74-millones/
  23. http://elestimulo.com/elinteres/plataforma-china-de-intercambio-de-bitcoin-no-transara-petros/

  24. https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/iranian-national-arrested-scheme-evade-us-economic-sanctions-illicitly- sending-more-115 https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-crime/u-s-arrests-iranian-over-alleged-115-million-sanctions-evasion- scheme-idUSKBN1GW32E http://radiomundial.com.ve/article/banquero-iran%C3%AD-es-arrestado-por-transferir-dinero-venezolano-eeuu

  25. Bloqueo internacional impide la compra de tratamientos para pacientes con diálisis. http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/bloqueo-internacional-impide-compra-de-tratamientos- para-pacientes-con-dialisis/

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