20 fragmentos sobre la desaparición forzada en democracia, a partir de Santiago Maldonado

Aparición con vida de Santiago Maldonado, juicio y castigo a los responsables

  1. La desaparición forzada de Santiago Maldonado reúne una dimensión inconmensurable, en el sentido de que vale por sí misma a la hora de marcar su gravedad y su carácter disruptivo respecto de la vida democrática, y una dimensión que la inscribe en series posibles: desde ese punto de vista “se mide” con desapariciones anteriores sin dejarse absorber en enunciados del tipo “es una desaparición más”. El problema pasa por establecer los criterios de su singularidad y de la/s serie/s que convocaría.2. En principio, constatamos que el Estado puede desaparecer a una persona en condiciones de la democracia que nos toca. Cabe plantear una diferencia entre democracia institucional (legítima por la existencia de elecciones y división relativa de poderes, libertad relativa de prensa, de circulación, de reunión, de manifestación política, etc.) y “vida democrática”, en tanto involucra la libertad irreductible de expresar conflictividades constitutivas de la vida en común y el control civil y democrático de las siempre peligrosas fuerzas de seguridad, así como la posibilidad de imaginar y practicar diversas formas de vida.

    3. Es por todos conocida la actitud de las actuales autoridades reforzando de distintas maneras esa tradición macabra de la desaparición forzada de personas por parte del Estado: desde el Ministerio de Seguridad se ordenó la represión, la Gendarmería ejecutó la orden implacablemente, la propia ministra de seguridad, entre otros funcionarios del gobierno, salieron a proteger a la Gendarmería, protegiéndose de ese modo a sí mismos como fuente de la orden represiva; el poder judicial actúa con lentitud y acomete irregularidades como haber permitido al principal sospechoso, la Gendarmería, acceder al expediente y tener dominio sobre el lugar del hecho con tiempo suficiente como para borrar pruebas y desviar elementos que podrían esclarecer lo sucedido; algunos funcionarios jugaron a revictimizar a la víctima, asociando la figura de Santiago Maldonado a “grupos violentos” e incluso a una agrupación mapuche que, a su vez, sin pruebas y de manera desvergonzada intentaron vincular a las Farc.

    4. De más está decir que los medios de comunicación adictos a la actual gestión de gobierno juegan un rol muy importante a la hora de reforzar el encubrimiento y de estigmatizar a los que se manifiestan y luchan. Pero no está de más aclarar que, antes que lavar cerebros, se montan sobre un proceso de repolitización por derecha por abajo de sectores amplios de la población agitando fuerzas de normalización fascistoide muy visibles en las ciudades blancas, pero también tristemente presentes en sectores trabajadores y populares. Reorientan esos deseos, esas fuerzas, esas energías y los reinscriben en un formato de legitimación mediática.

    5. Frente a semejante cuadro de situación, no se trata de librar una contienda moral, ni de indignarse en las redes sociales que nos ponen a hablar de nosotros mismos en términos individuales aun cuando expresamos nuestras mejores intenciones (“Estoy haciendo algo cool… ¿dónde está Santiago Maldonado?”). Tampoco se trata de caracterizar como ‘facho’ o reaccionario a todo aquel que no se sienta aun llamado a preguntarse políticamente por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Insistimos en la necesidad de establecer simultáneamente la singularidad e importancia capital de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y su historicidad e inscripción en series posibles. En ese sentido, las series que se arman podrían contribuir a un tipo de inteligibilidad que dé cuenta de la complejidad y de la urgencia al mismo tiempo.

    6. Serie dictadura-democracia: producción sistemática del desaparecido por parte del Estado (en dictadura)/ conjura de los insumisos bajo un discurso y un accionar propio de un Estado nación que funciona como aparato ideológico y represivo/ permanencia en democracia del terror en el cuerpo y de la justificación de las desapariciones (una primavera brava)/ batalla y tensión permanente entre la actividad de los organismos de Derechos Humanos y los gobiernos Alfonsín-Menem-De La Rúa-Duhalde/ dispositivo de escraches (Hijos), condena social pública y callejera a los represores y genocidas (2001, desafío a la autoridad)/ conquista de una posición Estatal de reparación y reconocimiento del genocidio (contando la derogación de las leyes de impunidad), y de avance en los juicios durante los gobiernos Néstor Kirchner-Cristina Fernández/ demonización mediática de la lucha por los Derechos Humanos-contradicciones internas del gobierno Cristina Fernández: Proyecto X, Ley Antiterrorista, asunción de Milani/ Imposibilidad hasta el momento por parte del sistema democrático de afirmarse plenamente como vida democrática: las fuerzas de seguridad, independientemente de quien gobierne, acometen actos de tortura y muerte, y desaparecen personas.

    7. Serie desaparecidos en democracia: hay más de 200 casos de desapariciones en democracia asociadas a las fuerzas de seguridad, a juicios de lesa humanidad o a la trama policía-crimen organizado, sin contar los casos de pueblos indígenas como el Mapuche, que presentan un registro alternativo con más desapariciones y asesinatos/ es imprescindible describir cada caso para comprender el rol del Estado, de las fuerzas de seguridad y el tipo de actor desaparecido/ es igualmente imprescindible sostener que dar cuenta de la especificidad de una y otra desaparición no incide en la igual importancia de una y otra en lo que tienen de inconmensurables (desestimamos toda enunciación que pretenda discriminar entre desaparecidos mejores o peores, más y menos importantes)/ Solo una operación voluntaria o involuntariamente canalla utiliza una desaparición pasada para restar gravedad a la desaparición presente de Santiago Maldonado: las desapariciones se caracterizan por seguir abiertas como herida, es decir, no son pasadas sino que siguen pasando, y mucho menos se anulan entre sí, más bien se acumulan. Justamente por ello, es necesario determinar sus características, para que la acumulación no abone una percepción nihilista del tipo: “todo es lo mismo”, “siempre pasó”, etc. No tiene sentido la acumulación boba que vuelve todo equivalente; más bien el desafío pasa por establecer continuidades y discontinuidades que permitan comprender la ubicación en la serie y contribuyan a una apuesta por la desarticulación de los dispositivos de desaparición y legitimación de las desapariciones. Entramos en un campo estratégico.

    8. El elemento “estratégico” recorre la constelación de situaciones, prácticas, discursos, sedimentos históricos, dispositivos contemporáneos. ¿Cómo acercarse a la complejidad de la trama? No hay una sola estrategia de un interesado (el principal interesado), sino un campo de cruces entre deseos, intereses, formas del discurso y regímenes de apropiación de enunciados, razonamientos, hechos de la vida doméstica, etc. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que se componen favoreciendo la opacidad, el goce, el usufructo y las derivas más atroces de la desaparición forzada? ¿Cómo nos ubicamos en términos prácticos, enunciativos y analíticos? Es decir, ¿qué de nuestras prácticas, formas de decir y razonar, deseos e intereses conecta con la posibilidad de una apuesta por la desarticulación de los dispositivos de desaparición y castigo por parte del Estado, y de complicidad empresarial, civil y mediática? Nuevamente, suspendiendo por un momento el elemento ideológico como único eje organizador de los términos en cuestión, se trata de pensar funcionamientos, conveniencias parciales, formas de inscribir nombres, situaciones y objetos (o disciplinas) en un conglomerado de discursos, imágenes, medidas de gobierno, procedimientos judiciales. Cuando observamos estos términos, reparamos en el hecho de que nada hay de “oculto” en su forma de desplegarse, es decir, que no tenemos un problema de desciframiento o desocultamiento, sino de mapas de relaciones entre elementos que pueden resultar heterogéneos entre sí y corresponderse con líneas históricas diversas, pero que superpuestos y recortados en un tiempos y espacio precisos generan efectos que no se deben a la suma de sus componentes. ¿Qué sistemas de preferencias, deseos, ilusiones alojan la posibilidad de la desaparición forzada, en tanto circula por los medios de comunicación, pasa por la acción callejera y se desplaza hacia una encuesta? Si no alcanza con el hilo de coser ideológico (y mucho menos con las perspectivas moralistas), ¿qué estilos biográficos, expectativas, conocimientos, formas de relación con la información determinan la metaestabilidad del estado de cosas actual? Finalmente, desde qué enlaces, afectos y ánimos colectivos pueden surgir las fuerzas capaces de interrogar este presente tan condensado y, al mismo tiempo, abrir un nuevo juego democrático, tan resistente al imperativo mortuorio propio del gesto normalizador, como imaginativo a la hora de pasar a otra cosa.

    9. Secuencia coyuntural: la orden de represión ejecutada por la Gendarmería que provoca la desaparición forzada de Santiago Maldonado tiene como antecedentes más o menos inmediatos la gestación de un protocolo de seguridad que ubica a los protagonistas de una manifestación política como sospechosos y contrapone derechos de “ciudadanía en general” a derechos de manifestantes[1], actuaciones abusivas por parte de las fuerzas de seguridad (la Gendarmería reprimiendo a una murga en la villa 1-11-14, la policía ingresa a un comedor en Lanús, la Gendarmería e Infantería reprimen a trabajadores despedidos de Pepsico, etc.), la represión en enero de este año a la comunidad Mapuche Pu Lof en Cushamen, la razia en Córdoba, con un fiscal involucrado en la detención arbitraria de militantes políticos y culturales en sus propios locales y la sustracción de pertenencias, la detención arbitraria de las manifestantes de Ni Una Menos, una vez disipada la manifestación, entre los casos más resonantes. La represión a los manifestantes que volvían de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado y la detención arbitraria que incluye trabajadores de prensa y personas que pasaban por el lugar confirma una conducta del gobierno y redobla la apuesta.

    10. Serie económica-política: En el fondo de la desaparición de Santiago Maldonado hay un hecho político y económico, por lo que insistir en “no politizar” la situación equivale a desconocerla o directamente encubrirla bajo formas generalizadoras. El “hecho” se compone de una historia de luchas por la tierra, de una historia de la actuación de las fuerzas de seguridad favorable a los empresarios usurpadores, de formas de legalización de la usurpación, amedrentamiento, violencia física y comportamiento asesino por parte de los usurpadores con recurso a patotas, sicarios y grupos parapoliciales, de cobertura política y mediática. Los “grupos violentos” resultan ser un puñado de grandes empresas y empresarios, los actos “terroristas” bajan directamente del Estado y se justifican desde los mismos periodistas y medios de comunicación que pretenden acusar a comunidades empobrecidas e históricamente despojadas, así como estigmatizar a quienes ofrecen resistencia. Benetton se inscribe en esa tradición de usurpación, influencia sobre el poder político y contubernio con el poder judicial; no casualmente la familia lanera se convirtió en el grupo terrateniente más importante (por superficie) del país. Este dato contribuye a explicar la militarización de la zona.

    11. Despolitización: la atmósfera del momento hace posible o mueve a una parte importante de la población a desear y apoyar una suerte de normalización sin política que curiosamente se vuelve fanatismo normalizador. Así, las expresiones clasistas, racistas y denigratorias en varios niveles no se hacen esperar y van de la cloaca virtual al periodismo más encumbrado. Pero esta vez no reivindican como contrapartida una forma de vida “nacional”, sino una vida normal, tranquila y sin conflictos que identifica lo político a la degradación moral y asume como propio el punto de vista de los grandes propietarios. Es decir, indefectiblemente, toma partido, se enchastra en la política del capitalismo usurpador y delincuencial. Su supuesta honestidad moral es correlativa de una deshonestidad política que convalida el avasallamiento, por parte de grupos de privilegio económico y político, por sobre formas de vida territoriales, cosmogonías ancestrales y elementos de una vida democrática del presente.

    12. La zona en conflicto resulta especialmente sensible en términos geoeconómicos. Si en otro tiempo –por ejemplo, cuando Osvaldo Bayer denunció desde La Chispa los despojos del Cushamen– la avanzada terrateniente sintonizaba con la apuesta a una economía primaria controlada por unos pocos propietarios locales (incluyendo funcionarios), en los últimos años las mismas tierras y otras tantas se convierten en el botín más preciado del capital extractivista. Son los flujos de capital que apuntan la valorización financiera de las tierras al mismo tiempo que su importancia en términos de extracción a gran escala de recursos naturales –con las gravosas consecuencias que se miden en contaminación, desalojos de poblaciones y precarización laboral– el principal agente de la violencia ejercida contra habitantes, formas de vida, sensibilidades y posibilidades democráticas.

    13. El gobierno ordenó una encuesta para medir el costo político de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Es un cruce extraño de campos discursivos. ¡Imaginemos a los militares promoviendo una encuesta! Un real irreductible, refractario a la opinión, es sometido a la capacidad disolvente de la encuesta. Un crimen de Estado, la inconmensurable desaparición forzada de Santiago Maldonado es sometida al cálculo electoral. Del hecho político al flujo de datos, al menos dos registros: por un lado, la confirmación en el plano electoral de la violencia institucionalizada que vuelve prescindible una vida, por otro, el entrecruzamiento de dos campos heterogéneos, como la desaparición forzada y su trama (Derechos Humanos, criminalidad, fuerzas de seguridad, poder judicial, lucha por la tierra, etc.), y la encuestología (preguntas orientadas al cálculo electoral, opinión, información sesgada, etc.). La preocupación en torno a la decisión de CETERA de tratar la desaparición forzada de Santiago Maldonado en las escuelas es correlativa de esta otra forma de hacer hablar sobre el tema, controlada por el gobierno y orientada según sus intereses: la encuesta.

    14. Nos preguntamos: ¿Esta avanzada contra las manifestaciones y luchas, con represión y desaparición forzada, busca su punto más alto de legitimación para instalarse como estado de cosas? ¿De qué depende su éxito? ¿Con qué resistencias efectivas se encontraron quienes hoy gobiernan? La Junta militar, en el ’76, se encontró con una trama de organización obrera como nunca había existido en el país, con una variedad consolidada de espacios de militancia política clasista, de tendencia revolucionaria y reformista, de la izquierda a sectores peronistas y con una economía industrial importante aun en un contexto que mostraba ya la fase de financierización. El gobierno de Macri contó desde el inicio con un proceso comunicacional de demonización del gobierno anterior, con organismos de Derechos Humanos fragmentados, con militancias recostadas en el Estado, con una izquierda minoritaria, con una muy desarrollada subjetividad consumidora y mediática, con una economía dependiente, para la generación de divisas, de las actividades extractivistas y de la agilidad de flujos financieros, y con un mapa de luchas territoriales que coincide con el mapa extractivista y de desarrollo inmobiliario.

    15. Contamos con una tradición de luchas y de ocupación callejera, con memorias de resistencias y con una frágil red de organización que incluye contrapoderes locales y formas de contestación a mayor escala. ¿Es suficiente? Se pone a prueba nuestra imaginación política.

    16. Las tecnologías de gobierno tienen una historia y las tecnologías represivas tienen su lugar en el marco de esas tecnologías de gobierno. De ahí la desaparición forzada: hace falta el secuestro del cuerpo y el efecto del miedo como multiplicador del disciplinamiento. Desde el punto de vista institucional la complicidad se sella entre poder ejecutivo, poder judicial y fuerzas de seguridad; desde el punto de vista político, se juega la cuestión de la relación entre consenso favorable y costo presente y futuro. Parece que el gobierno prueba provocar temor social sin mayor costo para su legitimidad política. Pero con un nudo problemático importante: ¿cómo logran asegurar la legitimidad propia de un gobierno democrático echando mano a la tecnología represiva que llamamos desaparición forzada? No es necesario identificar al gobierno con una dictadura para dar cuenta de esa tecnología represiva. Nuevamente, constatamos que el Estado puede proceder a la desaparición forzada sin la necesidad de un plan sistemático a la usanza de la dictadura.

    17. Discontinuidad dictadura-democracia: Durante la dictadura de la desaparición de personas se dispuso de un gobierno de facto, censura previa, un poder judicial intervenido, un fuerte discurso nacionalista con el que se estigmatizó la llamada “subversión”, inteligencia militar y policial orientada al secuestro, asesinato y desaparición de militantes políticos y disidentes al régimen, centros clandestinos de detención y exterminio (grupos de tareas, al menos uno por cada centro clandestino de detención, robo de bebés, sustracción de bienes, interrogatorio y tortura). El sistema Esma. La desaparición en democracia es distinta. Por lo que observamos a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, surgen las siguientes pistas: el choque entre, por un lado, modos de vida asociados a la tierra y, por otro, flujos de capital que avanzan sobre la tierra asociándola a la valorización financiera.; el Estado (poder ejecutivo, poder judicial, fuerzas de seguridad) procediendo ad hoc, haciendo resonar formas históricas de criminalización de la protesta y estigmatización de los indóciles, pero en el marco de un discurso negador de la desaparición forzada antes que su afirmación y justificación; cierta variación en las posiciones de gobierno, con funcionarios más duros, otros más contemplativos y con cambios en los ejes interpretativos. Una suerte de ensayo y error del terror.

    18. La desaparición forzada como tecnología represiva se compone, no solo del hecho brutal de la desaparición, sino también del andamiaje institucional y del raid mediático que, lejos de la censura de otros tiempos, mantiene un rol proactivo, presto a confundir la escena, negar los hechos o tildar de terroristas a quienes que ejercen su derecho democrático a la protesta y la resistencia ante el despojo y el avasallamiento. El complejo discursivo mediático-gubernamental no está precedido por la evidencia nacionalista, sino que procede mediante efectos de autoevidencia. El monopolio de la violencia se compone con el monopolio de la evidencia, la producción de esa unidad sensible llamada “evidencia” requiere de múltiples recursos y técnicas. Gestión ad hoc del conflicto por parte del gobierno, producción ad hoc de consenso por parte de los medios adictos.

    19. ¿Hay grupos más violentos que los conglomerados económicos, los grandes propietarios y empresarios que usurpan tierras, despojando, maltratando e incluso asesinando a sus habitantes? ¿Hay mayor terrorismo que el desplegado por un Estado que, en condiciones de democracia institucional, es capaz de desaparecer personas como parte de una estrategia represiva (que no necesita sistematicidad para ser llamada “estrategia”)? ¿Hay mayor instigación al odio y el tipo de violencia que destila que el bombardeo periodístico y mediático sesgado, interesado, filtrado por servicios y agente de operaciones de todo tipo? (de Morales Solá a Fantino, de Lanata a “Intratables”, de Longobardi a Pamela David… diarios, portales, canales de televisión de gran llegada, canales de cable, radios… los ejemplos son abundantes, las intensidades diversas y los efectos igualmente lapidarios). ¿Hay mayor fanatismo que el expresado en los enunciados racistas y clasistas, la voluntad delatora, la estigmatización que ataca a un integrante de una comunidad indígena o a un trabajador de la educación? Los fanáticos de la normalidad pretenden dominar el humor social, las fuerzas que concitan bajo la forma del honesto vecino que paga sus impuestos, del inocente ciudadano que no quiere saber nada con la política, del emprendedor que sueña con su posicionamiento en el mapa de los exitosos, del que se rompe el orto rezongando internamente y sin chistar para afuera, se plantan y apuestan a un consenso asociado a la gobernabilidad conservadora sostenida por el gobierno y sus alianzas empresariales, sindicales y partidarias.

    20. Aparición con vida de Santiago Maldonado, juicio y castigo a los responsables, renuncia de los responsables políticos.

    [1]En el trabajo “Protocolo de seguridad: génesis y actualidad de la obsesión conservadora” (Ariel Pennisi y Bruno Napoli, en Macri lo hizo, Ari Lijalad comp., ed. Continente-Peña Lillo, Bs. As., 2016) se plantea: El considerando del Protocolo actual contrapone los derechos de quienes se manifiestan a los de quienes no se manifiestan, en ningún momento da cuenta de un cuerpo común afectado por una problemática o tensionado internamente por grados de conflictividad, sino que se ubica en el lugar de una autoridad desafectada que aplica el principio de un derecho limitado y limitante asumido con naturalidad. Esta concepción agregativa de lo social que omite toda problematización sobre el “nosotros” impreciso y puesto en juego en sucesivas encrucijadas históricas, se sustenta en el mito del individuo[1], la imagen de un ciudadano neutral y otras formas de despolitización de lo social como la figura del “vecino” con que se pretende capturar las relaciones de proximidad y estratificarlas según fronteras territoriales, raciales o de clase. Así, durante una manifestación o protesta, se trataría para el Estado de “garantizar que ante tal situación, los derechos de la ciudadanía en general, del personal de las FFSS y de los manifestantes, se encuentren protegidos por el Estado, preservando la libertad, la vida, integridad física, y bienes de las personas, así como el patrimonio público y privado que pueda verse afectado con motivo u ocasión de la manifestación.” Como si un conflicto salarial, habitacional, de salud pública, de disputa por la tierra, etc., no configuraran formas de conflictividad que conciernen a “la ciudadanía en general”. La igualación de una instancia política, como puede caracterizarse a buena parte de las manifestaciones o protestas en sus diversas variantes, con otra desprovista, en principio, de politicidad, como la de transitar por la calle o, más policialmente hablando, “circular”, tiende a negar el lazo social como condición irreductible de la vida democrática y al conflicto como dinámica insoslayable.

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