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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA: declaración ante la sentencia del juicio por “encubrimiento”

11 Mar,2019

por APEMIA

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“Señoras, Señores…. El juicio terminó”.  Con la solemnidad de estas palabras, el presidente del Tribunal Oral dio por finalizado el segundo juicio vinculado al atentado a la AMIA. En realidad, lo que terminó es mucho más que un juicio. Es el final de un ciclo.

Como reflejo de la presión social por lograr condenas en esta causa por irregularidades y delitos varios, hubo más condenas de las que esperábamos aunque con penas muy bajas dada la magnitud de los delitos cometidos.

Este proceso se inició hace veinte años y desde que se elevó a juicio no se incorporaron nuevas pruebas. Ya finalizó y las pruebas que podrían explicar no sólo el encubrimiento sino el papel criminal del Estado en el atentado, siguen ocultas al conocimiento de jueces y partes en los archivos secretos del Estado.

Las condenas resultaron insuficientes, y sólo se explican por el esfuerzo de los jueces para hacer equilibrio entre la demanda social de justicia en la causa AMIA y las presiones del gobierno y AMIA/DAIA por las posibles consecuencias posteriores que veremos en poco tiempo más.

Después de la sentencia, distintos observadores reconocieron que el papel de los familiares de las víctimas fue determinante para alcanzar este resultado. Aún así, la sensación de que no se hizo justicia fue generalizada. Nadie quedó satisfecho.

Pero, por pequeño que fuera este paso, las condenas son un logro indiscutible de la lucha de los familiares y amigos de las víctimas por Verdad y Justicia, prácticamente en solitario.

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Fueron condenados el ex titular de la SIDE y su segundo hombre, el ex juez y los dos ex fiscales que fingieron una investigación y el responsable de la Policía Federal a cargo de colaborar con Galeano. Las condenas de las principales figuras políticas del Estado fueron logradas quebrando veinte años de resistencia de los distintos gobiernos, de AMIA y DAIA y hasta de la injerencia de gobiernos extranjeros. La absolución de Menem sólo se explica por este esfuerzo de equilibrismo jurídico y político: el ex presidente no podía desconocer lo que sucedía.

Pese a que los fundamentos aún no se conocen, no hay nada para festejar.

A 25 años del atentado, ya pasamos 7 años enfrentando debates en juicios orales… y la investigación del crimen todavía no comenzó.

La sentencia no terminó con la impunidad como algunos medios de prensa interpretaron. La impunidad que se preserva es la de los autores del atentado. Y aquí apenas se condenó por hechos “menores”, cometidos por altos funcionarios del Estado en la instrucción de la causa AMIA.

El Tribunal se negó a extraer testimonios contra la SIDE y el juez Santa Marina tal como lo solicitamos. Este juez, todavía a cargo del juzgado federal de Lomas de Zamora, se dedicó a armar con la SIDE causas paralelas a la de Galeano.

Los jueces se negaron a impulsar una investigación judicial contra ellos. Tampoco reconocieron la envergadura de las acciones delictivas denunciadas contra la SIDE, a pesar de los testimonios que dieron cuenta de que el atentado fue una operación controlada por el servicio de inteligencia. Sólo lo limitaron al pago a Telleldín y a su participación necesaria en el encubrimiento de la pista Kanoore Edul.

Con su negativa a dar impulso a las denuncias que escucharon en las audiencias, obligan a las víctimas, otra vez, a ponerse al hombro denuncias y sostener futuros juicios, mientras la Unidad Fiscal de Investigaciones AMIA se encuentra en vías de disolución.

De esta manera, los jueces limitaron los alcances de la lucha contra la impunidad al desestimar la denuncia de que estos hechos fueron mucho más que delitos cometidos de manera individual: fueron parte de una “maniobra global”, reconocida hasta por los fiscales en su propio alegato.

A pesar de las condenas, y aunque parezca contradictorio, los jueces del juicio “contra el encubrimiento” quedaron por detrás de lo resuelto hace 15 años en el juicio anterior, cuando aquel Tribunal denunció la existencia de un “complot” que aquí quedó reducido a meros delitos individuales.

Los jueces, evidentemente, no vincularon esas “graves violaciones” con la “maniobra global” denunciada. Lo hicieron así para no acusar al Estado Nacional ni sacar conclusiones que lo comprometieran en un verdadero plan de impunidad.

En este marco, resulta puramente formal el haber reconocido que los delitos cometidos por  los principales funcionarios del Estado fueron “graves violaciones a los Derechos Humanos”. Es una declamación. No dictaron ninguna condena ejemplificadora a la altura de ello y sólo lo hicieron para evitar la vergüenza que hubiera significado la eventual prescripción de los delitos cometidos.

En definitiva, se trata de una sentencia contradictoria, ya que las penas resultan insuficientes para un delito de la jerarquía que tienen las “graves violaciones a los Derechos Humanos”. No condenaron a la cabeza del Poder Ejecutivo, pero sí a  sus principales funcionarios en el área de Inteligencia y Seguridad. Tampoco ordenaron investigar al Poder Judicial.

Aún cuando condenar a algún acusado era inevitable, la sentencia revela que los jueces no tuvieron la íntima convicción de terminar con la impunidad ni de impulsar nuevas investigaciones para poner fin a la “maniobra global”.

Con la primera línea política del Estado argentino condenada, la primera consecuencia jurídico/política debiera ser dar por superada la campaña del Estado, de la dirección judía y los medios de prensa por responsabilizar exclusivamente a Irán o Siria por la comisión del atentado.

La reacción de las direcciones de AMIA y DAIA fue inmediata. El mismo día de la sentencia, AMIA y DAIA - que entraron a este juicio como querellantes- se pasaron con armas y bagajes a las filas de la defensa de Galeano, Anzorreguy y los Fiscales ante la Casación.

El resultado de este juicio es el final de un ciclo. El Poder Judicial y la Procuración renuncian a impulsar una investigación como declamaron hacerlo hasta ahora y descargan cualquier continuidad en las espaldas de las víctimas, mientras están desarmando a la Unidad Fiscal y niegan su propia responsabilidad por la falta de investigación.

Aún con las cabezas del Estado condenadas y mientras los archivos secretos permanecen cerrados, hay una enorme dificultad general para pensar la hipótesis de la responsabilidad del Estado argentino en la comisión del crimen, y no sólo en el plan de encubrimiento.

Esta dificultad persiste, aún cuando en breve veremos cómo se van a caer las innumerables versiones de la participación internacional. Los opinólogos oficiales y oficiosos contribuyeron a generar la impresión de que el Estado nacional tuvo una responsabilidad menor en la comisión del atentado terrorista. Y al pueblo argentino le cuesta aún creer que, en un régimen democrático, el Estado nacional fue el responsable del atentado terrorista y su encubrimiento posterior.

El crimen de la AMIA es un crimen político, un crimen cometido y encubierto por el Estado y, 25 años después, su investigación todavía no comenzó. El final de ciclo es el cierre de una etapa donde todos los gobiernos prometían una investigación judicial como solución política.

Y esto se terminó. Ahora ni siquiera hay promesas.

Necesitamos otro rumbo… Alentamos una verdadera respuesta política para conocer la Verdad e impulsar Justicia.

Para superar 25 años de impunidad y encubrimiento, la única investigación posible es aquella que impulsen las víctimas superando los obstáculos de una institucionalidad que nos llevó de frustración en frustración. Proponemos constituir una Comisión Investigadora Independiente con acceso irrestricto a los archivos del Estado.

Invitamos a todas las organizaciones populares, de derechos humanos, partidos políticos y a los familiares de las víctimas a debatir estas ideas e impulsar una Comisión Investigadora como la propuesta.

 

Buenos Aires, 3 de Marzo de 2019

 

A . P . E . M . I . A .

Agrupación por el Esclarecimiento de

la Masacre Impune de la AMIA

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