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Amplían denuncia contra empresas transgénicas y el Estado nacional tras el segundo fallo contra Monsanto en EE.UU

28 Mar,2019

por lavaca.org

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Un grupo de abogados argentinos demandó a las mayores corporaciones transgénicas, junto al Estado nacional y tres provincias, en una acción de clase que involucra a toda la población argentina por daños ambientales y cuya resolución la Corte Suprema de Justicia lleva demorada hace dos años. Ahora ampliaron la denuncia después de la segunda sentencia contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos, donde un jurado probó que el herbicida Roundup (glifosato) contribuyó a que un granjero contraiga cáncer, y que motivó que las acciones de la corporación se derrumbaran en un 12 por ciento en las bolsas del mundo. Qué significa esta denuncia y cómo impactan las condenas mundiales en la Argentina.

Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, Dupont, Nidera, Bioceres y otras siete corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes de agrotóxicos fueron denunciadas en una inédita demanda colectiva en 2012 por daños ambientales y morales –entre otros- de OGM (organismos genéticamente modificados, o transgénicos), en una causa donde también se encuentran el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero. Ahora, tras las dos sentencias que en Estados Unidos probaron que el herbicida Roundup (glifosato, de Bayer-Monsanto) contribuyó a que dos productores se enfermen con cáncer (ya hay en espera otros 11.200 juicios), el equipo de abogados argentino amplió las demandas de la medida cautelar que, desde hace dos años, espera urgente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto de la ampliación de la denuncia apunta: “Conforme lo acreditan los distintos y más importantes portales de noticias de internet a nivel nacional e internacional que como anexo con el presente escrito se acompañan, una vez más una Corte Judicial de los Estados Unidos de Norteamérica ha ratificado el carácter cancerígeno de Roundup y/o glifosato, -tal como previera mucho antes la OMS- y condenado a la empresa Bayer que recientemente adquiriera a Monsanto, -ambas demandadas en estos autos hace seis años vista- a resarcir económicamente a dos ciudadanos norteamericanos por sumas millonarias en dólares, circunstancia que acredita la verosimilitud del derecho de la medida que se solicita”.

La demanda también se hace eco de un hecho objetivo: tras la segunda sentencia contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos, las acciones de la mega corporación se derrumbaron un 12 por ciento en las bolsas del mundo. “Mientras las acciones de la empresa caen en 28 mil millones de euros y los tribunales exigen resarcir económicamente a dos personas, aquí estamos hace dos años a la espera de la resolución de la Corte Suprema”, subraya a lavaca Daniel Salaberry, uno de los abogados que impulsa esta causa que representa a toda la ciudadanía argentina a través de la llamada “acción de clase”, una figura que habilita juicios masivos.

La ampliación de la denuncia, a su vez, deja una pregunta inquietante:

“Si el sólo hecho de que dos demandas individuales por resarcimiento del daño a la salud fueron acogidas favorablemente por los Tribunales americanos y su posibilidad de replicarse hicieron que impactaran en la economía de las empresa demandada derrumbando el valor de sus acciones en un 12% de un día para el otro, que cabe esperar cuando VVEE tenga que resolver “la acción de clase” en trámite por ante el Juzgado Federal Contencioso Administrativo n° 3, donde “la clase” está conformada por millones de argentinos, donde además del resarcimiento del daño a la salud se solicita el resarcimiento del daño ambiental y moral colectivo”.

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La clase argentina

La demanda se inició ante la Corte Suprema de Justicia, que la derivó al Jugado Nacional Nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, encabezado por la jueza Rodríguez Vidal. Los abogados solicitaron una medida cautelar para que se suspendan las fumigaciones en todo el país, lo cual fue rechazado por la jueza. Pero en diciembre de 2016, el fiscal federal Fabián Canda apeló y ratificó el pedido de la demanda: suspensión total de las fumigaciones. Y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano.

Los demandados son:

El Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo). Provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y el COFEMA. (Consejo Federal del Medio Ambiente).

Todas las empresas biotecnológicas, semilleras y compañías químicas productoras y comercializadoras de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), según una lista que abarca a once corporaciones instaladas en el país: Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera, CibaGeigy, NovartisAgrosem, Agrevo, SyngentaSeeds, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y Bayer.

Y todos los que sean considerados “responsables por acción u omisión, conforme resulte la prueba por producir”.

El abogado Sallaberry explica a lavaca: “Cuando iniciamos la demanda, el objeto era un resarcimiento económico contra todas las empresas. Y, respecto al Estado nacional, la reglamentación del uso del suelo, el etiquetado, una ley de presupuestos mínimos. Eso consiguió una medida cautelar que, en principio, tenía dos partes: el etiquetado, por un lado, y la suspensión de fumigaciones, por otro, porque todas las semillas llevan el paquete químico atado al uso”.

-¿Qué es lo que motiva esta ampliación?

-Pasó el tiempo y hace dos años la medida cautelar está en la Corte, que no la resuelve. Pero en Estados Unidos salieron estos fallos en los que ya condenaron a Bayer al pago de un resarcimiento. Es decir, estos dos ciudadanos lograron que bajaran las acciones en un 12 por ciento. Nosotros entonces vimos que las medidas cautelares quedaron desactualizadas. Acá hicimos una demanda que nadie conoce, que es de clase: acá hablamos de dos casos puntuales, pero esta causa representa a los 42 millones de argentinos. ¿Qué pasaría con estas empresas? ¿Cómo nos aseguramos un posible fallo favorable por resarcimiento en materia ambiental y daño a la salud pública?

-¿Hay antecedentes de una demanda de estas características?

-La única que conozco de importancia, en cuanto a la cantidad de actores o demandantes, es una que se hizo en Estados Unidos por el asbesto, que estaba en el cemento, y comprendía a 12 millones de personas. Aquí la “clase” está compuesta por toda la población argentina, lo cual la convierte en una de las más importantes en cuanto al número. Lo terrible es que esto no se conoce. Si te digo que sos parte de una acción así, descubrís que está invisibilizado totalmente.

-¿Qué ocurre con la medida cautelar en la Corte?

-Hay que preguntarle directamente a los jueces por qué están demorando desde hace dos años la resolución. En ese mismo plazo, los norteamericanos desarrollaron todo el juicio que llevó a dos condenas millonarias, y a la espera de 11.000 más. Acá están pensando si van a hacer de 5 km o 1 km el perímetro de fumigación, cuando una cautelar requiere una urgencia específica. Mientras tanto, las empresas buscan instalar que sigamos discutiendo una ley de semillas.

Fuente: Lavaca.org

 

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