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Archivo 2018: cada 21 horas el Estado asesina a una persona

18 Mar,2019

por | Correpi

Archivo 2018: Cada 21 horas el estado asesina a una persona. Recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado 1983/2018  En el siguiente link podés descargar el informe completo del Archivo 2018 de Casos de Personas Asesinadas por el estado: En este link

¿Por qué hacemos el Archivo?

En el mes de abril de 1996, el presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. En los meses siguientes, la tesis fue reforzada por el jefe de la Policía Federal, comisario Adrián Pelacchi, y por el ministro del Interior y responsable de las fuerzas de seguridad federales, Carlos Vladimiro Corach, que agregó una frase en la que resonó la voz de Videla respondiendo sobre los desaparecidos: “¿Dónde están los nombres?”. Era necesario que CORREPI diera una respuesta contundente, pero no se nos ocurría cómo, hasta que Delia Garcilazo, mamá de Rodolfo “Fito” Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros en noviembre de 1992, propuso en una reunión: “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura, y llevemos ese archivo a Plaza de Mayo”. Promediaba el año, no teníamos acceso a internet ni correo electrónico, y sólo dos militantes de CORREPI tenían computadora. Delia organizó un equipo de tres compañeras, que, armadas con una birome y un cuaderno de espiral, se dedicaron a reunir los datos. Empezaron con los casos de los familiares organizados en CORREPI y siguieron con los contactos del interior del país. Recorrieron redacciones de diarios y hemerotecas y consultaron periodistas que, como Enrique Sdrech Carlos Rodríguez, pusieron a nuestra disposición sus propios archivos de “casos policiales” para rastrear fusilamientos por gatillo fácil, muertes en cárceles y comisarías y desapariciones desde fin de 1983. Cerca de fin de año, presentamos el Archivo de Pers onas Asesinadas por el Aparato Represivo Estatal, con datos de 262 casos, en Plaza de Mayo. Mientras transcurría la radio abierta, una delegación de los familiares cruzó la calle Balcarce y entregó una copia en la mesa de entradas del ministerio del Interior, indicando que le traían al ministro Corach la lista de los nombres que había pedido. La repercusión que tuvo la humilde actividad, y la enorme utilidad que pronto advertimos que tendría contar con una herramienta que nos permitiera mostrar, en nuestra militancia cotidiana, lo más invisibilizado y naturalizado de la represión, nos motivó a sostener sistemáticamente la actualización del Archivo, y a reiterar cada año la presencia en Plaza de Mayo. Volvimos a la plaza cada año. El Archivo siguió creciendo, fuimos perfeccionando las técnicas de búsqueda y las herramientas de análisis de los datos, y la actividad evolucionó hacia el Informe Anual de la Situación Represiva, incorporando a su contenido todas las formas de represión, no sólo las que transcurren en los barrios sobre los sectores no organizados de la clase trabajadora. Más de veinte años después, aquella lista a mano en el cuadernito de Delia es una base de datos con miles de registros, al que aportan sistemáticamente organizaciones compañeras y contactos desde distintos lugares del país. El acto de su presentación anual se convirtió en una instancia de síntesis de las luchas antirrepresivas en todo el país, que convoca la presencia de organizaciones y compañeros y compañeras de todos los sectores, y permite, más allá de los vaivenes del “interés” de la prensa hegemónica, según los vientos que corran, visibilizar masivamente lo más silenciado e invisibilizado de la política represiva de los sucesivos gobiernos. Quizás la prueba más contundente del valor que tiene esta herramienta para las luchas populares sean los esfuerzos sistemáticos del gobierno de Cambiemos por desacreditarla, principalmente por boca de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de sus virulentas acusaciones, sintetizadas en que el Archivo es una mentira, nunca pudieron desmentir un solo caso. Este Archivo no es un pulido y perfecto trabajo estadístico por muchos motivos. El fundamental es que, a pesar de que perfeccionamos cada año los mecanismos de búsqueda y procesamiento de datos, la creciente invisibilización de los episodios represivos, especialmente los que afectan a los sectores sociales más vulnerables, hace que no lleguemos a conocer infinidad de casos. Hay provincias enteras de las que sólo contamos, como fuente, con lo poco que trasciende en los medios de comunicación a nuestro alcance. Se percibe, así, la diferente calidad de información de que disponemos en las regiones donde hay activa militancia antirrepresiva. Por eso, convocamos a todo el que lea el Archivo a revisar los datos, completarlos, corregirlos y aportarnos la información que falta. Es imposible calcular la “cifra negra” del gatillo fácil y de las muertes en cárceles y comisarías o por la tortura. Solo podemos afirmar que permanentemente incorporamos, además de los casos ocurridos en el año en curso, otros de años anteriores, comprobando, en la práctica, que muchos homicidios perpetrados desde el estado no trascienden siquiera en esta humilde base de datos. En particular, resulta difícil acceder a los datos de las personas que mueren en cárceles, de las que, salvo cuando trascienden por la lucha de sus familiares, solo conocemos informes oficiales como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación, para el sistema federal, o los de la Comisión Provincial por la Memoria, para la provincia de Buenos Aires. Esas muertes, que totalizan centenares al año, solo son conocidas en esos pocos distritos, y al año siguiente de producidas, lo que demora su incorporación al Archivo. En segundo lugar, este no es un trabajo destinado solamente a cruzar datos y obtener gráficos, aunque contar con esos elementos demostrativos del alcance de la represión estatal sea sumamente útil y permita acceder a una realidad que padecemos a diario pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Con la confección del Archivo, CORREPI se propone generar una herramienta que sirva a la organización y la lucha antirrepresiva, poniendo a disposición de la militancia un reflejo aproximado de lo que es el día a día represivo en nuestro país. El objetivo de este Archivo, de su permanente actualización y de su presentación pública cada año, es aportar al análisis de la situación que vive nuestro país, contribuyendo a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado. Porque, adopte la forma que adopte, la represión es siempre de clase, y tiene la finalidad de perpetuar y profundizar la explotación.

¿Cómo hacemos el Archivo?

Las pautas que utilizamos para la construcción del Archivo son las siguientes:
  1. Incluimos todo caso que implique la aplicación de una política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal, cuyo resultado sea la muerte de la víctima.
  2. Respecto de los victimarios, incluimos todo caso en que los responsables sean miembros de las agencias represivas del estado: policía federal, policías provinciales, policía de la Ciudad, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad privada, grupos de choque tercerizados y fuerzas armadas.
  3. Incluimos todas las modalidades represivas que utilizan los gobiernos, y solo lo que responde a la aplicación de esas políticas estatales. El Archivo no es un conteo de “civiles muertos” en enfrentamientos con fuerzas de seguridad o de “lamentables accidentes”, sino de personas que murieron como consecuencia directa o indirecta de la necesidad intrínseca de los gobiernos de reprimir.
  4. A los fines estadísticos, desagregamos las modalidades en: gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (que en buena medida corresponden a la aplicación de tormentos, e incluyen, también, algunos casos de desapariciones); fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (es decir, los asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social); muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, los recursos represivos que le provee el estado); causas fraguadas, o consecuencia de otros delitos y otras circunstancias (que incluye la mayoría de las desapariciones). También desagregamos, sin perjuicio de la modalidad de la muerte, el total de desapariciones y de femicidios.
  5. Tradicionalmente cerrábamos la búsqueda de datos entre fines de octubre y principios de noviembre, de modo que buena parte de noviembre y todo diciembre se incluían en el Archivo del año siguiente. En 2018, la enorme cantidad de datos a procesar y la coyuntura, que nos tuvo en las calles casi a diario, forzó a postergar la presentación a principios de año, por lo que pudimos completar la inclusión de datos disponibles hasta diciembre, e incluso los primeros de 2019.
  6. Recurrimos a toda fuente disponible, aunque las básicas son el contacto directo con los familiares o amigos de las víctimas; el chequeo sistemático de diarios nacionales y provinciales; el aporte que recibimos de los compañeros que, desde sus provincias, sistematizan y nos remiten información ya chequeada y los informes de otras organizaciones y de organismos oficiales que registran datos de interés.

3. Las conclusiones

Los datos registrados, con una acumulación de más de dos décadas, permiten extrapolar tendencias y sacar algunas conclusiones. Las que nosotros sistematizamos y exponemos se basan estrictamente en la información recogida, que nunca ha podido ser desmentida ni puesta en duda por ninguno de los sucesivos gobiernos a los que señalamos como ejecutores de la represión estatal en su respectiva etapa. Pero debe quedar claro que el trabajo de compilar el Archivo y las conclusiones que sacamos de estos fríos números son parte de la lucha organizada contra la represión que nos determina como militantes. Por ello, no esperen encontrar un trabajo aséptico, desligado de las convicciones y los principios. La contundencia de los datos sólo confirma, año a año, la necesidad de profundizar, en todo el país, la aplicación práctica de nuestra consigna fundacional: ¡Contra la represión, organización y lucha!

Tres años de gobierno de Cambiemos: El gobierno más represor desde 1983

  A tres años cumplidos de gestión de Cambiemos, hoy el Archivo refleja el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde fin de 1983, y ya ha comenzado a superar los propios. A fin de 2017, decíamos que, por primera vez en los 35 años transcurridos desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica, el actual gobierno había superado la barrera de un muerto por día a manos de su aparato represivo. Señalábamos que, frente al promedio de un muerto cada 30 horas del conjunto de los 12 años de gobierno kirchnerista, e incluso frente al pico de uno cada 28 horas de 2015, el macrismo había incrementado la frecuencia exponencialmente, con un caso cada 25 horas para fin de 2016 y uno cada 23 al año siguiente. Tres años después, el promedio de muertes bajo el gobierno del PRO y sus aliados es de un caso cada 21 horas. Para comprender la gravedad del dato, que es mucho más que un número, basta comparar el ritmo del crecimiento: Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia. En el curso de este año incorporamos 1.102 casos al Archivo, totalizando 6.536 hasta diciembre de 2018, y 6.564 si incluimos 28 casos ya chequeados de 2019, ocurridos en enero y primeros días de febrero, contra 5.462 que teníamos registrados hace un año. Un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal durante la gestión de Cambiemos, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. Esa impresionante cifra, que representa el 20% del total desde diciembre de 1983 en poco más de tres años, se desglosa de la siguiente manera: Es necesario aclarar que el perfeccionamiento de las herramientas de búsqueda y el acceso a nuevos recursos y bases de datos nos ha permitido ubicar casos que debieron estar incluidos hace años, como uno de 1985, 20 de 1989 y 8 entre 2000 y 2010. También hemos logrado identificar una gran cantidad de casos de personas muertas en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires entre 2012 y 2015, lo que incrementó entre 100 y 150 los datos de esos años. Esto confirma la permanente provisionalidad de la información del Archivo, siempre sujeta a crecer a partir de nuevos hallazgos, y nos da también la certeza de que, a los casos actualmente registrados de 2018, tendremos que sumar más de un centenar que recién conoceremos cuando se publiquen, en el curso de 2019, los informes oficiales de muertes en cárceles y comisarías a nivel federal (Procuración Penitenciaria de la Nación) y provinciales (Comisión por la Memoria).

G R Á F I C O N ° 1: Casos por año 1983/2018

La tabla y gráfico muestran la cantidad de casos registrados en esta actualización para cada año. Además de advertir que la información disponible de los años 80 es poca e incompleta (los registros “sin datos” son todos anteriores a 1990), se destacan picos en los años de crisis (1989, 2000/2001, 2010, 2013). Se evidencia un gran incremento a partir de fin de 2015, sostenido en 2017 y 2018, a pesar de los datos que nos faltan aún de ese último año.

G R Á F I C O N ° 2: Casos acumulados por Archivo

Este gráfico y la tabla muestran la cantidad de casos totales que fuimos conociendo a la hora de cerrar cada actualización anual, desde la primera presentación en 1996, hasta esta vigésimo tercera, en 2018.

G R Á F I C O N ° 3: Casos por Gobierno

Esta tabla y este gráfico muestran el total de casos de cada gobierno, y el porcentaje sobre el total de casos registrados: En sus tres primeros años de gobierno, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados es responsable del 20% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983.

G R Á F I C O N ° 4: Muertes por día

Más impactante aún es el resultado si obtenemos el promedio diario, en función del tiempo de gobierno, que supera más de un muerto por día:

G R Á F I C O N ° 5: Casos por fuerza

Desde el 1º de enero de 2017 comenzó a operar en CABA la Policía de la Ciudad, fruto de la fusión de la Policía Metropolitana, creada por el mismo Mauricio Macri en 2008 durante su gestión como Jefe de Gobierno porteño, con la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Así, quedó constituida una mega fuerza de 27.000 efectivos para un territorio que tiene menos de tres millones de habitantes, es decir, un policía cada 107 habitantes. O más de 800 policías por cada 100.000 habitantes, casi el triple de los 300 por 100.000 que recomienda la ONU como óptimo. Y todo esto sin retirar, sino incrementar, la cantidad de gendarmes y prefectos que suman todavía más poder de fuego estatal en los barrios, más los efectivos de la Policía Federal “residual”, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y los vigiladores privados, muchos también policías o de otras fuerzas. Ya el año pasado veíamos cómo este cambio se reflejaba en el Archivo. Opacando los 22 casos de la Policía Metropolitana entre 2011 y 2017, ya registramos 43 de la Policía de la Ciudad desde enero de 2017. Asimismo, disminuyó la incidencia de la Policía Federal, porque la fuerza quedó reducida a unas pocas dependencias en la Ciudad de Buenos Aires y las delegaciones en las provincias. Por ejemplo, en 2016, antes del traspaso de la mayor parte de la PFA a la PC, la fuerza federal registró un total de 25 casos, contra 19 de 2018. Pero lejos de tratarse de un descenso de su poder letal, como en 2018 hay 21 casos de responsabilidad de la Policía de la Ciudad, y dos tercios de sus miembros eran hasta el año anterior federales, la cuenta real asciende a 40. En sus dos años de existencia, además, la Policía de la Ciudad logró el récord de duplicar la cantidad de casos registrados por la Metropolitana en cuatro veces más tiempo (PC, 43 casos en 26 meses, PM, 22 en 8 años). La Policía de la Ciudad mató 43 personas en 26 meses. Más de dos personas por mes. Otro gran éxito de Cambiemos.

G R Á F I C O N ° 6: Porcentaje por fuerza

En este gráfico se advierte que la mayoría de las muertes (49%) corresponden al conjunto de las policías provinciales, y que le siguen de cerca los servicios penitenciarios de todo el país (36%). Si se vincula este cuadro con el de las distintas modalidades, se advierte la gran incidencia de muertes en cárceles y comisarías con exclusión de niñxs y adolescentes (el personal de los “institutos de menores” se encuentra listados en “Otras fuerzas”, pues dependen de la SENAF u organismos semejantes, sin grado penitenciario ni policial). Indudablemente la decisión política del gobierno de Cambiemos de intensificar al máximo la intercepción de personas para identificar y requisar, que en muchísimos casos derivan en detenciones arbitrarias para averiguar antecedentes o imputaciones de contravenciones y delitos como la siempre dúctil “resistencia a la autoridad”, ha incrementado la circulación de personas en comisarías, y por eso la cantidad total de muertes con intervención de las policías en general resulta bastante superior a los casos estrictamente de gatillo fácil en la vía pública, que aumentaron también, pero en menor proporción. Gendarmería y prefectura, que irrumpieron en el ámbito del gatillo fácil, la tortura y las muertes en movilizaciones y manifestaciones a mediados de los 90, y hoy comparten el control territorial con las policías, ven incrementada también su participación, después del protagonismo excluyente que tuvieron, en 2017, en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Las muertes causadas por miembros de empresas privadas de seguridad siguen en franco ascenso, así como la categoría “otras fuerzas”, donde además de personal de las fuerzas armadas, se clasifican las patotas y otros grupos de choque paraoficiales, en la modalidad que llamamos “tercerización de la represión”, y, como ya se señalara, el personal de lugares de detención de niñxs y adolescentes.

G R Á F I C O N ° 7: Modalidades represivas

En este gráfico se ponen de manifiesto las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (46,8%) y los fusilamientos de gatillo fácil (38,3%). Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio. Las recurrentes y ampliadas campañas de “ley y orden”, al amparo del discurso oficial de la “inseguridad”, invisibilizan los homicidios de gatillo fácil contra jóvenes y pobres, que sólo trascienden en circunstancias muy particulares, o cuando son seguidos de una fuerte reacción popular que atraviesa el muro mediático. En estos tres años se da una paradoja significativa, al ritmo de la época: mientras los fusilamientos de personas desarmadas, en particular varones jóvenes, como se verá más adelante, crecen a un ritmo nunca antes visto, es cada vez menor el reflejo de esos hechos en los medios del sistema. Excluyendo los casos de contacto directo con la familia o amigos, son los medios de comunicación popular y las redes sociales los que nos permiten enterarnos la mayoría de las veces. A la vez, se desató como nunca antes una campaña de legitimación de estos fusilamientos, protagonizada por los funcionarios de primera línea del gobierno y amplificada hasta el paroxismo por los medios hegemónicos. El abrazo del presidente Mauricio Macri al policía de gatillo fácil Luis Chocobar y el de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la policía fusiladora Carla Céspedes son las dos fotos que ilustran uno de los rasgos distintivos de la gestión Cambiemos: la explícita y frontal reivindicación pública del gatillo fácil como política de estado, que se complementa con medidas normativas, como la Resolución 956/18 y el Programa Restituir. En la categoría de muerte de personas privadas de su libertad, que incluyen cárceles, comisarías y todo otro lugar de detención (incluso patrulleros) confluyen los clásicos “suicidios”, que encubren, en una enorme proporción, la muerte por aplicación de tormentos, e incendios que se inician como medida de protesta o pedido de ayuda y que, invariablemente, no reciben auxilio o lo reciben tardíamente. En 2018, resulta inevitable destacar el caso de la comisaría de Transradio, Esteban Echeverría, que estaba inhabilitada para tener personas detenidas por la falta de condiciones mínimas para el alojamiento. De 27 personas hacinadas en un calabozo con capacidad para mucho menos que la mitad, 10 murieron como consecuencia de un incendio. Por otra parte, las muertes violentas por heridas de arma blanca son, en muchos casos, ejecuciones por encargo de los servicios penitenciarios, que usan para ello los llamados “coches-bomba” (sicarios). También se registran de manera creciente fallecimientos por enfermedades que nunca causarían la muerte con una mínima atención médica (apendicitis, hepatitis, tuberculosis, etc.). En los pocos casos en los que podemos acceder a datos oficiales, como los de la Procuración Penitenciaria de la Nación respecto de las cárceles federales, o los de la Comisión Provincial por la Memoria bonaerense, constatamos que también en este “rubro” el gobierno de Cambiemos muestra su eficacia represiva, con un promedio cercano a las 150 muertes al año solo en unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Es indudable que el aumento espectacular de la población carcelaria condiciona el incremento de las muertes intramuros. En las cárceles federales, con una capacidad para 12.235 personas, se hacinan hoy 13.529, mientras que las unidades bonaerenses, con capacidad para 29.000 personas, hay 38.000, sin contar las más de 4.000 amontonadas en comisarías de la provincia, con espacio para menos de 1.000 y sólo por períodos breves.
La casi totalidad de las muertes en comisaría corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones. En esos casos resulta aún más incomprensible el argumento de la “crisis depresiva”, como dicen los partes policiales, pues son personas que en horas recuperarán la libertad. Rodolfo Walsh lo explicaba mejor que nosotros: “Como todo el mundo sabe, la melancolía que inspiran las altas paredes de una celda fomenta negras ideas en los jóvenes débiles de espíritu, los ebrios, los chilenos carteristas y, en general, la gente sin familia que pueda reclamar por ella. Otro factor deprimente que acaso contribuya a la ola de suicidios en tales calabozos son las inscripciones que dejan los torturados”. Las casi 200 desapariciones registradas no están desagregadas como modalidad aparte, pues pueden concurrir tanto con fusilamientos de gatillo fácil como con muertes bajo custodia y hasta con asesinatos intrafamiliares u otras modalidades. Así, los casos en los que la víctima fue vista en una comisaría, o cuando la detenían, están listados bajo la categoría muertes en lugares de detención; los casos en que la víctima fue fusilada y luego desaparecida están bajo la modalidad gatillo fácil, y Santiago Maldonado, se sumó, junto a Rafael Nahuel, al listado de asesinados en la represión a la protesta y el conflicto social. En los casos que no se conoce lo sucedido, o no se trata de ninguna de las modalidades principales, se incluyen en la categoría “otras”. Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y los hechos resultantes de otros delitos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, reconfirman la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, trata de personas, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas, potenciadas por la coexistencia de más de una fuerza en los territorios. Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman 91 desde 1995. El gobierno de Cambiemos inauguró en 2017 su cuenta, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, y el fusilamiento de Rafael Nahuel, por mano de GNA y PNA respectivamente, y sumó, en 2018, los asesinatos de Ismael Ramírez (13) en la represión a un piquete de desocupados en Sáenz Peña, Chaco, y de Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, en la represión a un conflicto por tierra y vivienda en La Matanza.

G R Á F I C O N ° 8: Mayor/menor de 25 años

El 44,5% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos. Dado que hay un 14,3% del total sin datos suficientes, resulta que más de la mitad de los casos en los que se conoce la edad exacta o aproximada de la víctima es de la franja menor de 25 años. El dato confirma que la selectividad de la represión apunta a la edad, además de la clase. Así como son excepcionales los fusilamientos callejeros de jóvenes de sectores medios o altos, y los pocos que hay responden, por lo general, a que eran pibes o pibas con la pinta, la actitud o en el lugar “equivocado”, es también poco frecuente que sean personas mayores las destinatarias de las políticas represivas que sirven para implementar el control social. Los rangos de edad que muestra el gráfico anterior, con absoluta preeminencia de las víctimas jóvenes, son un claro indicador de ese contenido de control social de la represión: el 42,1% corresponde al segmento de 15 a 25 años, y llega a casi el 70% si se suman los menores de 15 y los de 25 a 35 años. En cambio, las personas de 36 a 45 años, y los mayores de 45, apenas ocupan el 6,2% y el 5,2%.

G R Á F I C O N ° 9: Edades

Es necesario destacar que el 20,5% sin datos precisos de edad corresponde abrumadoramente a las muertes en prisión, de los que es muy difícil conseguir información. La Procuración Penitenciaria Nacional publica la cantidad y causa de las muertes en cárceles federales, pero no suele proporcionar la edad y nombre de las víctimas. A la inversa, la Comisión Provincial por la Memoria publica listado de nombres, sin indicar en qué unidad murieron, ni su edad o fecha de la muerte. A veces logramos identificar alguno o alguna por noticias periodísticas, por contacto con familiares o amigos, por denuncias en redes sociales. En algunas oportunidades, cuando se conoce la unidad carcelaria, es posible determinar un rango posible de edad, como en el caso de los que llaman “menores adultos”. Teniendo en cuenta la composición etaria de la población carcelaria, es altamente probable que la mayoría de esos casos sin edad conocida correspondan a la franja hasta 25 años. La misma dificultad aparece con la causa y circunstancias de la muerte, a veces oficialmente listada como “accidente en el marco de una medida de fuerza”, que traducido del eufemismo oficial al castellano puede significar, por ejemplo, que murió asfixiado/a porque no le abrieron la reja durante una protesta o reclamo con quema de colchones, como en la comisaría de Pergamino o la de Transradio. No tenemos dudas de que las muertes en cárceles es uno de los segmentos más sub-registrados en este Archivo, ya que no contamos con fuentes oficiales del resto del país.

G R Á F I C O N ° 1 0: Casos por provincias

De Ushuaia a La Quiaca Si limitamos la mirada a la cantidad de casos registrados de cada provincia, queda clara la hegemonía absoluta de la provincia de Buenos Aires, con el 51,49% del total, seguida de lejos por Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, como lo muestran este gráfico y la tabla con los valores parciales. Pero, mientras la provincia de Buenos Aires tiene más de 15 millones y medio de habitantes, Mendoza apenas supera 1.700.000. Por lo tanto, no es posible sacar conclusiones comparando los 2.550 casos de una con los 277 de la otra, si no contemplamos, a la vez, esa enorme diferencia poblacional.

G R Á F I C O N ° 1 1: Índice por provincias

Para tener una imagen más clara que permita comparar distritos con tanta desproporción poblacional, debemos calcular la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes: Al obtener un índice por millón de habitantes conforme los datos del Censo 2010, vemos que la represión se descarga de manera muy uniforme en todo el territorio nacional, con mínimas diferencias entre los distritos, que responden en muchos casos a la falta de suficiente información confiable, como es el caso de San Juan, donde no contamos con ninguna fuente excepto medios de comunicación. La provincia de Buenos Aires continúa primera, con muy poca diferencia con las que la siguen, Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. En un segundo pelotón también muy parejo siguen La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba. Es de notar que los distritos que encabezan la lista son aquellos en los que de manera más brutal se viene aplicando el ajuste, y donde más ataques han sufrido las y los trabajadores con cierres de fábricas, congelamiento de salarios, paritarias a la baja y creciente desocupación.

G R Á F I C O N ° 1 2: Femicidios de uniforme

Desde que empezamos a elaborar el Archivo, advertimos que la enorme mayoría de los asesinatos de gatillo fácil, con su fuerte componente de control social, correspondía a varones, especialmente adolescentes, con muy pocos y excepcionales casos de mujeres y niñas. El número de mujeres muertas en lugares de detención es sensiblemente menor que el de varones, lo que se explica por la diferencia cuantitativa de la población carcelaria y de comisarías en relación al género. Sin embargo, también advertimos que, en un porcentaje importante, los casos registrados de víctimas mujeres se relacionaban con situaciones de violencia machista y patriarcal. La cantidad de mujeres asesinadas por integrantes del aparato represivo estatal por razones de género nos llevó a empezar a sistematizar esas situaciones, sin perjuicio de que, simultáneamente, encuadraran en otras modalidades según la forma de la muerte. Los dos primeros casos registrados como femicidios se remontan a 1992. Desde entonces el índice ha sido creciente, hasta llegar hoy a 349 casos sobre un total de 596 de víctimas mujeres, travestis y mujeres trans, lo que convierte los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal. Este gráfico compara la proporción de femicidios en cada una de las modalidades registradas. Se advierte que casi la totalidad de los casos de muertes en contexto intrafuerza o intrafamiliar son a la vez femicidios de uniforme (299 de 312), mientras que es mucho menor la incidencia de la violencia de género como factor determinante en las demás modalidades: También registramos 38 femicidios relacionados, entendiendo por tales los casos en los que, además, o en lugar de la mujer, el violento mata a otros familiares (hijos e hijas, madres, padres, hermanos), nuevas parejas o a quienes intentan defender a la víctima original. Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. En algunos casos, que han crecido en estos últimos dos años, es la mujer, perteneciente a una fuerza de seguridad, la que mata a su pareja, hombre o mujer, o a sus familiares, incluso hijos e hijas. El notable el incremento de los casos de femicidio y femicidio relacionado cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, especialmente en los últimos años, nos llevó a comparar nuestros datos con las estadísticas generales de femicidios. Estimamos, tomando como base los registros existentes a nivel nacional que, hasta fin de 2018, una de cada cinco mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es a la vez víctima de la violencia estatal, encarnada generalmente en el arma reglamentaria. Pero en 2019 ese 20% creció a casi el 30%, ya que de los primeros 15 femicidios del mes de enero, cuatro fueron cometidos por integrantes del aparato represivo estatal. Ello da cuenta de cómo se potencian, cuando se cruzan, la violencia represiva estatal con la violencia machista y patriarcal.

G R Á F I C O N ° 1 3: Muertxs por luchar

Las muertes en la represión a la protesta Desde 1983, se registran 91 muertes en la represión a manifestaciones, movilizaciones y reclamos por trabajo, tierra y vivienda. En este rubro, sigue llevando la delantera el gobierno de la Alianza radical-peronista, entre diciembre de 1999 y diciembre de 2001, con un total de 42 asesinadxs, de lxs cuales 39 cayeron el 19 y el 20 de diciembre o murieron posteriormente por las heridas recibidas. Lo escolta el gobierno de Cristina Fernández, con 20, y Alfonsín, con 16 en los saqueos de mayo de 1989. En el interregno de Puerta, Rodríguez Saá y Duhalde fueron 5 las muertes en esta modalidad (Darío y Maxi bajo la gestión de Duhalde). Menem y Néstor Kirchner empatan con dos casos cada uno, ya superados Mauricio Macri, que, en 2018, sumó a la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio, el fusilamiento del niño Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco, en la represión a un piquete de desocupados, y a Rodolfo “Ronald” Orellana, militante de la CTEP, en el ataque a una toma de tierras para vivienda en La Matanza.
Nombre Fecha Lugar Gestión responsable
MAZZI, Juana Amelia 29/05/1989 Santa Fe Alfonsín
LAROSA, José 29/05/1989 Santa Fe Alfonsín
N.N. Masculino 29/05/1989 Santa Fe Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Buenos Aires Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Buenos Aires Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Buenos Aires Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Buenos Aires Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Santa Fe Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Santa Fe Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Santa Fe Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Tucumán Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Tucumán Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Tucumán Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Tucumán Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Buenos Aires Alfonsín
N.N. Masculino 30/05/1989 Buenos Aires Alfonsín
CHOQUE, Víctor 12/04/1995 Tierra Del Fuego Menem
RODRÍGUEZ, Teresa 12/04/1997 Neuquén Menem
OJEDA, Mauro César 17/12/1999 Corrientes De la Rúa
ESCOBAR, Francisco 17/12/1999 Corrientes De la Rúa
VERÓN, Aníbal 10/11/2000 Salta De la Rúa
MOLINA, Ramón 23/11/2000 Chaco De la Rúa
CARRANZA, Félix Fernando 26/12/2000 Córdoba De la Rúa
BARRIOS, José Oscar 16/06/2001 Salta De la Rúa
SANTILLÁN, Carlos 16/06/2001 Salta De la Rúa
RAMÍREZ, Damián Vicente 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
PEREYRA, Rubén 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
PEDERNERA, Sergio 19/12/2001 Córdoba De la Rúa
PACINI, Miguel 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
DELGADO, Juan 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
GRAMAJO, Roberto Agustín 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
GARCÍA, Yanina 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
LEPRATTI, Claudio “Pocho” 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
SPINELLI, Carlos Manuel 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
SALAS, Ariel Maximiliano 19/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
ACOSTA, Graciela 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
VILLALBA, Ricardo 19/12/2001 Santa Fe De la Rúa
LAMAGNA, Diego 20/12/2001 Ciudad De Buenos Aires De la Rúa
ALMIRÓN, Carlos “Petete” 20/12/2001 Ciudad De Buenos Aires De la Rúa
PANIAGUA, Rosa Eloísa 20/12/2001 Entre Ríos De la Rúa
ÁLVAREZ Villalba, Ricardo 20/12/2001 Santa Fe De la Rúa
ARAPI, Ramón Alberto 20/12/2001 Corrientes De la Rúa
AREDES, Rubén 20/12/2001 Ciudad De Buenos Aires De la Rúa
MORENO, David Ernesto 20/12/2001 Córdoba De la Rúa
AVACA, Elvira 20/12/2001 Rio Negro De la Rúa
MÁRQUEZ, Alberto 20/12/2001 Ciudad De Buenos Aires De la Rúa
LEGEMBRE, Cristian E. 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
BENEDETTO, Gustavo Ariel 20/12/2001 Ciudad De Buenos Aires De la Rúa
ITURAIN, Romina 20/12/2001 Entre Ríos De la Rúa
GUÍAS, Pablo Marcelo 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
FLORES, Julio Hernán 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
FERNÁNDEZ, Luis Alberto 20/12/2001 Tucumán De la Rúa
ÁVILA, Diego 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
ENRIQUEZ, Víctor Ariel 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
RÍOS, Sandra 20/12/2001 Santa Fe De la Rúa
VEGA, José 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
RODRÍGUEZ, José Daniel 20/12/2001 Entre Ríos De la Rúa
ROSALES, Mariela 20/12/2001 Buenos Aires De la Rúa
TORRES, Juan Alberto 20/12/2001 Corrientes De la Rúa
RIVA, Gastón Marcelo 20/12/2001 Ciudad De Buenos Aires De la Rúa
CAMPOS, Walter 21/12/2001 Santa Fe Puerta/R. Saá/Duhalde
SANTILLÁN, Darío 26/06/2002 Buenos Aires Puerta/R. Saá/Duhalde
KOSTEKI, Maximiliano 26/06/2002 Buenos Aires Puerta/R. Saá/Duhalde
CÁRDENAS, Jorge 02/08/2002 Ciudad De Buenos Aires Puerta/R. Saá/Duhalde
FERREIRA, Sergio Miguel* 26/12/2002 Córdoba Puerta/R. Saá/Duhalde
CUÉLLAR, Luis Marcelo 10/10/2003 Jujuy N. Kirchner
FUENTEALBA, Carlos 04/04/2007 Neuquén N. Kirchner
ERAZO, Juan Carlos 05/04/2008 Mendoza C. F. de Kirchner
VARGAS, Facundo 16/01/2010 Buenos Aires C. F. de Kirchner
CÁRDENAS, Sergio* 17/06/2010 Rio Negro C. F. de Kirchner
CARRASCO, Nicolás 17/06/2010 Rio Negro C. F. de Kirchner
FERREYRA, Mariano 20/10/2010 Ciudad De Buenos Aires C. F. de Kirchner
LÓPEZ, Roberto 23/11/2010 Formosa C. F. de Kirchner
LÓPEZ, Mario 25/11/2010 Formosa C. F. de Kirchner
SALGUEIRO, Bernardo 07/12/2010 Ciudad De Buenos Aires C. F. de Kirchner
CHURAPUÑA, Rosemary 07/12/2010 Ciudad De Buenos Aires C. F. de Kirchner
CANAVIRI Álvarez, Emilio 09/12/2010 Ciudad De Buenos Aires C. F. de Kirchner
VELÁZQUEZ, Juan José 28/07/2011 Jujuy C. F. de Kirchner
MÉNDEZ, Esteban 28/07/2011 Jujuy C. F. de Kirchner
FARFÁN, Ariel 28/07/2011 Jujuy C. F. de Kirchner
REYES, Félix 28/07/2011 Jujuy C. F. de Kirchner
SOLANO, Daniel Francisco 05/11/2011 Rio Negro C. F. de Kirchner
FERREYRA, Cristian 16/11/2011 Santiago Del Estero C. F. de Kirchner
GALVÁN, Miguel 10/10/2012 Santiago Del Estero C. F. de Kirchner
TERCERO, Gerardo Gabriel 18/05/2013 Salta C. F. de Kirchner
DÍAZ, Florentín 22/05/2013 Chaco C. F. de Kirchner
VERÓN, Ángel 18/10/2015 Chaco C. F. de Kirchner
LÓPEZ, Roberto 01/08/2017 Chubut Macri
MALDONADO, Santiago 25/11/2017 Rio Negro Macri
NAHUEL, Rafael 03/09/2018 Chaco Macri
RAMÍREZ, Ismael 22/11/2018 Buenos Aires Macri
* Cárdenas y Ferreira fueron baleados, respectivamente, el 19 y 20 de diciembre, pero fallecieron un año después por las secuelas de las heridas.   Fuente: http://www.correpi.org/2019/archivo-2018-cada-21-horas-el-estado-asesina-a-una-persona/  

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