Argentina: avanza el plan oficial para restringir prestaciones del servicio de salud pública

El ministro de Salud, Jorge Lemus, entregará este martes (N.deR. martes 3 de octubre) en Mendoza 120 mil credenciales de la Cobertura Universal de Salud (CUS) que propone una “canasta básica” de atención. 

FOTO: Ignacio Sánchez

FOTO: Ignacio Sánchez

El sistema de salud público gratuito y universal, ideado por Ramón Carrillo y ejecutado por el peronismo a partir de 1946, sufrirá cambios sustanciales. El gobierno de Cambiemos apuesta a dar un giro copernicano en el abordaje de la salud pública a través de una reforma que proyecta reconvertirla (y restringirla) en una canasta básica de prestaciones médicas.

El próximo martes, la Casa Rosada dará un paso decisivo en esa dirección. En la ciudad mendocina de Guaymallén, el ministro de Salud, Jorge Lemus, pondrá en marcha formalmente la prueba piloto del programa de Cobertura Universal de Salud (CUS) con la entrega de 120 mil credenciales a personas que, por trabajar en la informalidad o ser desocupadas, no tienen acceso a obras sociales sindicales o a la medicina prepaga.

El CUS es impulsado por Cambiemos desde el inicio del mandato de Mauricio Macri. Los médicos sanitarios y los trabajadores de los hospitales públicos rechazan la iniciativa y aseguran que tras esa sigla se esconde un ajuste que determinará restricciones severas en el acceso al sistema público de salud y profundizará la inequidad. Sucede que, a partir de la implementación del nuevo sistema de salud pública, las prestaciones que brindarán los hospitales, en principio, sólo se ceñirán al Programa Médico Obligatorio (PMO): cualquier afección que requiera un tratamiento por fuera de esa cobertura básica tendrá que ser autorizado especialmente o se deberá pagar.

Fuentes de la cartera de Salud que pidieron reserva de identidad le confirmaron a Tiempo que “la puesta en marcha del CUS es un maquillaje del sistema de salud que terminará en la privatización de muchos servicios de los hospitales provinciales que no podrán financiar su funcionamiento”.

El cambio de paradigma impulsado por el macrismo cierra con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET). El organismo –deberá ser creado por ley- está especialmente en la mira del sindicalismo ya que decidirá qué medicamentos y tratamientos serán parte del PMO y definirá la cobertura de los tratamientos de alta complejidad y costo.

El nuevo modelo de salud está lejos de ser un invento argentino. El programa es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, según los profesionales de la salud que observan con preocupación su puesta en marcha, afectará a los usuarios de los hospitales públicos, pero también a los afiliados de las obras sociales y las prepagas ya que, según pudo saber Tiempo, se sacarán prestaciones del PMO. De esta manera, tratamientos que hasta hoy financiaban las entidades de salud sindicales o privadas deberán ser abonadas por los usuarios.

El primer capítulo del programa es el CUS Remedios que ya está en funcionamiento y reemplaza al Plan Remediar. El reemplazo no significó sólo un cambio de denominación, sino también la cantidad de medicamentos para entregar de forma gratuita que disminuyó de 71 a 45.

Apoyo cegetista

La implementación del CUS había sido anunciada hace 14 meses por Macri, pero tomó nuevamente vigor tras la reconstrucción de los puentes de diálogo con la CGT. Es que la central obrera aportará para la puesta en marcha del programa 8000 millones de pesos que saldrán de la deuda que el Estado mantiene con las Obras Sociales por tratamientos de alta complejidad.

La CGT tiene decisión tomada a favor del acompañamiento. Así lo explico José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias y uno de los hombres de la central obrera que se reunió el último lunes con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y con Lemus para abordar el tema. “Esto se trata de darle acceso a 15 millones de personas que no tienen nada. Criticar es fácil, pero cuando no tenés nada y alguien te da una aspirina te ponés contento”, explicó en diálogo con Tiempo.

El experimentado sindicalista y hombre clave en la relación con el gobierno agregó: “Lo que está mal es el nombre. Acá la salud es universal desde Ramón Carrillo, lo que se busca con esto es darle acceso a la gente que no lo tiene”.

En este punto, Lingeri coincide en pleno con el formato oficial de presentación del CUS. “A partir del programa de Cobertura Universal de la Salud 15 millones de personas accederán a una credencial y se podrán atender en el sistema de salud público”, señaló Lemus hace ya casi un año cuando presentó el plan en el Senado. Idéntico discurso utilizará pasado mañana en Mendoza.

A partir de la implementación del plan, 15 millones de personas –desempleados o trabajadores informales– serán afiliadas de manera compulsiva, contarán con una credencial y una historia clínica digitalizada que se podrá consultar desde cualquier hospital del país. Sin embargo, todo ese universo ya contaba con la posibilidad de utilizar el actual sistema de salud.

La cúpula del Ministerio de Salud se excusó de evaluar el nuevo plan ante este diario. Lemus se excusó a través de secretario de Prensa por encontrarse fuera del país. El resto de los funcionarios no dio razones para la negativa.

Profesionales en guardia

Federico Corsiglio, presidente de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), fue lapidario en la evaluación del plan: “Hay una falacia en decir que hay 15 millones de personas que no tienen cobertura. Lo que hay son 15 millones de personas que no tienen prepaga u obra social”. Y agregó: “Lo que hay que hacer es dotar de mejores recursos a la capacidad instalada. Acá se hace al revés, se vacía de recursos y se deja abierta la puerta a las privatizaciones”.

El dirigente de los médicos bonaerenses aseveró que el CUS “es un programa que busca segmentar a la población por capacidad de pago”. “Según la plata con la cuentes son los servicios a los que vas a poder acceder. En ese marco el que no tenga plata encontrará en los hospitales respuestas mucho peores que la que encuentra hoy”, argumentó.

En el mismo sentido se expresó Daniel Gollán, médico sanitarista y ex ministro de Salud de la Nación. “A la gente que se atiende en hospital público lo único que le va a cambiar es que va a tener una credencial porque al otro día va a volver al mismo hospital que antes. Lo que sí va a cambiar con el tiempo es que un día le van a decir que tiene acceso solamente a una canasta básica de prestaciones y arriba de eso tendrá que pagar”, le explicó a este diario.

El ex ministro también apuntó a las supuestas “falacias” del plan gubernamental. “No sólo es falaz que se le dará acceso a 15 millones de personas que antes no lo tenían, sino que con ese concepto también se invisibiliza que los hospitales públicos son usados por todos los ciudadanos ya que casi el 100% de la emergentología y el 50 % de los nacimientos son atendidos en hospitales públicos y, en la mayoría de los casos, los pacientes tienen cobertura médica privada o sindical”, explicó.

El ex funcionario advirtió que “la gente que tiene prepaga u obras sociales también se verá muy perjudicada porque van a sacar del PMO un montón de prestaciones que hoy son gratuitas. Para eso, avanzarán con un organismo que determinará qué servicios médicos a partir de ahora serán pagos.”

Con respecto a la reducción de prestaciones, Lingeri aclaró que “aún no hay piso ni techo” y que la creación de la Agencia Nacional de Evaluación Técnica de la Salud es necesaria “porque hoy se pierden todos los juicios y se tiene que cubrir cualquier cosa”.

Esta semana la CGT comenzará a analizar formalmente los documentos que se llevaron el último lunes de la reunión con los funcionarios macristas. El próximo encuentro será en 20 días. Por ahora, Cambiemos no tiene apuro en la articulación del organismo, pero luego de las elecciones y ya con la mira puesta en las sesiones extraordinarias avanzará en el Senado con la creación de la AGNET. Mientras eso sucede, el gobierno seguirá cosechando el apoyo de los gobernadores para implementar el CUS. Algunos aún son reticentes debido a la experiencia del programa del Banco Mundial en países como Colombia donde el 80% del acceso a la salud se da por vía judicial y la cifra de muertes por falencias sanitarias trepó exponencialmente. «

Antecedentes

La decisión del gobierno de avanzar con la Cobertura Universal de Salud (CUS) se cimienta en una secuencia de antecedentes en diferentes áreas de la gestión del servicio de atención médica:

* Aumento del cobro de coseguros por prestaciones de prácticas y consultas para obras sociales sindicales y prepagas. Por ejemplo, una resonancia magnética demanda un coseguro de 500 pesos, mientras que una radiografía suma 220 y una consulta de guardia en un sanatorio sindical 100 pesos.

* Autorización de cuatro aumentos a lo largo de 2017 en el costo de las prepagas: 6% en febrero, 6% en julio, 5% en agosto y 5% en septiembre. El acumulado significó un incremento del 23,9 por ciento.

* El ajuste de los coseguros que, a partir de este año, se realiza en base a la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

*Los litigios judiciales derivados de la demora o rechazo de cobertura a tratamientos de alta complejidad por parte de obras sociales y prepagas. El reconocimiento de los tratamientos de fertilización asistida es un ejemplo de esta situación.

 

fuente: http://cicop.org.ar/prensa/avanza-el-plan-oficial-para-restringir-prestaciones-del-servicio-de-salud-publica/

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrPrint this page

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.