Argentina, país narco

      No hay comentarios en Argentina, país narco

El negocio del narcotráfico crece: por un lado se lavan dineros en los centros de las grandes ciudades y, por otro, se multiplican las muertes de los pibes. Hoy la Argentina es el tercer país exportador de cocaína y el segundo de metanfetaminas de América para el mundo. Presentamos el prólogo del libro “Narcotráfico, poder y esperanza” de Carlos del Frade.

Hace años la Cámara Federal de la Provincia de Salta demandó que se “radarice” el norte del país porque “llovía droga”; esto ocurrió en septiembre de 2009. El reclamo lo hizo uno de los tribunales federales directamente inferiores a la Corte a su superior jerárquico, el máximo tribunal de justicia de nuestro país.

La Cámara Federal de Apelaciones provincial pidió esto a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para que realice una gestión al Poder Ejecutivo. Solicitaron el establecimiento de controles aéreos. En esos días, el juez de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Fayt, advirtió sobre la necesidad de que “no siga lloviendo droga” en el norte de la Argentina, tal como lo advirtieron altos miembros de la justicia de salteña. Ricardo Lorenzetti, advertido por uno de sus colegas, y peor aún, por sus inferiores jerárquicos a quienes debía prestarle asistencia y representar ante los otros poderes del Estado en el verdadero rol institucional que debe tener un Presidente de la Corte, nada hizo al respecto.

Peor aún, lejos de ayudar a los jueces salteños, tomó como ejemplo de la lucha contra el narcotráfico “al juez salteño que era cómplice del mismo, al hoy procesado por encubrimiento y connivencia con bandas narcos Raúl Reynoso”, sostiene el punto veinticuatro del pedido de juicio político de la diputada nacional, Elisa Carrió, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

Más allá de la suerte que corra la demanda, la Argentina contemporánea está atravesada por las denuncias de connivencia de diferentes funcionarios, nacionales, provinciales, municipales y comunales, con el negocio paraestatal y multinacional del narcotráfico.

El narcotráfico es una de las cinco vías con que se alimenta el capitalismo desde hace, por lo menos, cinco décadas, según consignan organismos tales como las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización del Comercio y Desarrollo Europeo y hasta el mismísimo Fondo Monetario Internacional.

El ex secretario de lucha contra el narcotráfico, José Ramón Granero, está procesado por haberle vendido decenas de toneladas de efedrina a los narcos mexicanos.

En la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, funcionarios políticos y policiales pueblan los expedientes judiciales vinculados al negocio, mientras las cárceles duplican la cantidad de pibes y mamás jóvenes detenidos por vender pequeñas cantidades para gambetear los efectos de la pobreza impuesta y planificada.

El negocio crece: por un lado se lavan dineros en los centros de las grandes ciudades y, por otro, se multiplican las muertes de los chicos y las chicas.

En la provincia de La Rioja, una madre denuncia al ex gobernador Beder Herrera por connivencia con los narcos que dominan los barrios de la ciudad capital; mientras que en Tucumán, las mafias narcopoliciales usan a chicos cada vez más chicos para el negocio.

En Salta y Jujuy, la ruta inaugurada por los negocios paraestatales de las dictaduras de Videla y Banzer, hace cuarenta años atrás, se renuevan permanentemente; en forma paralela que el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, está siendo investigado por el valiente juez federal de Reconquista, norte profundo de Santa Fe, Aldo Alurralde, por complicidad con una banda narcopolicial de varias provincias argentinas, entre ellas Santa Fe y Corrientes.

En Córdoba y Entre Ríos, sacerdotes y jueces denuncian la conexión entre las bandas y nichos corruptos del poder político.

En la provincia de Santa Fe, mientras se espera el primer juicio a la banda de Los Monos, un ex jefe de la policía se encuentra preso por formar parte de una banda narco. Pero no hay autocríticas ni análisis de los sectores gobernantes. Como si al comisario Hugo Tognoli lo hubiera puesto el espíritu santo y no el gobernador de entonces.

 

La justicia federal de Rosario parece, recién ahora, despertarse de su larga siesta en la materia y aunque la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, haya declarado que desde hace por lo menos quince años que la Prefectura no controla los puertos privados por donde se mueve el 75 por ciento de las exportaciones del país, no hay menciones en torno a los casos que desde 2008 se repiten como exportaciones de cientos de kilos de cocaína desde los muelles rosarinos o la región.

Desde 2007, como consecuencia de la decisión política de Estados Unidos y Canadá de imponer la restricción al gobierno mexicano de no importar más efedrina, la Argentina se convirtió en un territorio de multiplicación de bandas narco con inclusión de representantes de organizaciones de otros país, como lo demuestran las causas de Carbón Blanco, Mario Roberto Segovia (el llamado rey de la efedrina) y Narcoarroz, todas ellas con referencias muy fuertes en la provincia de Santa Fe.

La Argentina es un país narco. Una planificación que comenzó en aquellos negocios ilegales entre las dictaduras de Videla y Banzer, con las rutas que siguen vigentes hasta el presente: la 11 y el río Paraná, para la marihuana que viene del Paraguay; por el aire y las rutas 34 y 38, para la cocaína que viene del Perú y Bolivia.

Hoy la Argentina es el tercer país exportador de cocaína y el segundo de metanfetaminas de América para el mundo.

Los cinco negocios básicos del capitalismo son cada vez más implacables en el presente del país que soñó vivir con gloria cuando en el trono de la vida cotidiana se encuentre la noble igualdad.

Hoy el sueño de la noble igualdad pierde por goleada.

Hoy, entonces, la pesadilla de la innoble desigualdad, es ganadora permanente e impune.

Petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata –las cinco vías, los cinco negocios del capitalismo- florecen en la Argentina.

El decreto 228 del 21 de enero de 2016 que firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti declaró a la Argentina en emergencia nacional la cuestión de la seguridad. Habilitó a las fuerzas federales a intervenir en las provincias argentinas que enfrentan el llamado “peligro colectivo del narcotráfico”. La consecuencia fue la presencia de gendarmería, policía federal y prefectura en los barrios periféricos de 11 ciudades de Santa Fe, entre otras intervenciones.

La cocaína, la marihuana y las metanfetaminas crecen, al mismo tiempo que esas fuerzas de seguridad nacionales refuerzan el control social sobre la pibada sin trabajo. Es más control social que supuesto combate contra el narcotráfico. Pero el macrismo ha hecho de esta idea su relato. Por eso se exageran las calificaciones sobre los procedimientos de rutina en cualquier punto de la fenomenal geografía argentina.

El negocio continúa porque no solamente es constitutivo al capitalismo, sino también al corazón de su esencia: no hay persecución alguna a los delincuentes de guante blanco, los verdaderos titiriteros del negocio.

En el relato del combate al narcotráfico que asumió la administración del ingeniero Mauricio Macri, hay inflación de personajes orilleros pero pocos banqueros, jueces, políticos o funcionarios estatales. El clasismo del sistema: vigilar y castigar por abajo, mirar para otro lado cuando las causas están por arriba.

Hay una novedad que se expresa en las cifras. Hay menos homicidios en las principales provincias argentinas relacionadas con el negocio narcopolicial. Pero esa realidad también es dual. Los asesinatos narcos se hacen cuando quieren las bandas. Ahora el problema no es la cantidad, sino la calidad. Se descendió a un círculo de mayor profundidad en relación a la violencia. La realidad es más densa, más compleja.

Las propuestas del gobierno, en un año electoral donde se eligen las autoridades del medio mandato, son duplicar las cárceles, bajar la edad de punibilidad y reducir la pena a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Es la consolidación del decreto 228 firmado por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti. La versión argentina del Plan Colombia. Mano dura con los de abajo, mano blanda con los de arriba.

El presente está abierto.
La esperanza se construye protagonizando la historia y diciendo lo que los demás callan.
Las transformaciones sociales y políticas dependen de ese protagonismo.
En ese camino, entonces, avanzan estas líneas.

* Por El Furgón

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrPrint this page

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.