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Carta abierta por la violencia policial en el marco de la Marcha Indígena en Quito – Ecuador

Los académicos, activistas, organizaciones de derechos humanos y defensores/as de derechos humanos y de la naturaleza, manifestamos nuestra profunda preocupación por la represión policial, ocurrida en Quito el día 8 de octubre de 2019, a partir de las 17:00, a través de un desalojo violento en el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, lugares en el que se encontraban instalados los siguientes espacios; una brigada médica, comedores comunitarios y una guardería infantil. Por lo expuesto, y ante la falta de información de las autoridades correspondientes, señalamos lo siguiente:

  1. Tanto en el parque del Arbolito como en el ágora de la Casa de la Cultura no hubo ningún tipo de saqueo previo, ni manifestación violenta, por parte de los manifestantes indígenas, quienes han comunicado, de forma reiterada, el carácter pacífico de su movilización. Sin embargo, se los desplazó violentamente sin tomar en cuenta que habían mujeres embarazadas, personas de tercera edad, niños, niñas y adolescentes. Incumpliendo los estándares de uso de la fuerza en manifestaciones y la resolución de de la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia que prohíbe a las autoridades ministeriales de Gobierno y Defensa: “el uso de: gas pimienta, bombas lacrimógenas, armas disuasivas o cualquier otro artefacto que pueda causar daño físico en presencia de niños, niñas o adolescentes que participen, acompañen a sus familias o se encuentren como transeúntes en las movilizaciones sociales que se lleven a cabo en la ciudad de Quito”. (Resolución. Expediente 0617-2019, de 7-10-19)
  2. La Policía Nacional utilizó gases lacrimógenos de forma indiscriminada en el parque y sectores aledaños, sin considerar que existía una Brigada médica, ubicada en el Pabellón de las Artes, afectando a heridos y personal de salud. Las bombas lacrimógenas llegaron incluso a la puerta del Hospital Eugenio Espejo, a donde se trasladaba a los heridos.
  3. Hasta el momento no existen datos oficiales de los heridos, ni su nivel de gravedad; solo se sabe, mediante información emitida por la Brigada Médica instalada en el Parque de El Arbolito, que hubo varios heridos, tres de gravedad, uno de las cuales con un disparo en la cabeza y otro un adulto mayor con heridas de perdigones. El Hospital Militar, cercano a este parque, no recibió a los heridos, teniendo que llevarlos al Hospital Eugenio Espejo en medio de una situación de caos. Hasta el momento no se tiene un dato exacto de la cantidad de personas heridas, se conoce, por referencias de personal de salud, que aproximadamente atendieron alrededor de 60 personas. Otras personas fueron llevados a otros centros de salud. Los hospitales públicos se niegan a facilitar información, condicionando su entrega al ingreso de solicitudes dirigidas a las máximas autoridades.
  4. El número de fallecidos tampoco ha sido esclarecido, se habla de muertos por asfixia: dos adultos mayores y un niño, que suma a otro niño muerto del día anterior; sin que ninguna autoridad haya esclarecido esta información.
  5. Por otra parte, este mismo día, 83 personas fueron detenidas y llevadas al Cuartel Policial del Grupo de Intervención y Rescate ubicado en Pomasqui (Norte de Quito), incomunicadas por varias horas y se ha impedido el derecho a la defensa jurídica, negando incluso la intervención de la Defensoría del Pueblo. Ante la insistencia de las organizaciones de derechos humanos, las personas detenidas fueron trasladadas a la casa de justicia de Carcelén. Los abogados y abogadas de derechos humanos han tenido que trasladarse a los distintos lugares donde se han conducido a los detenidos obstaculizando su labor de defensa técnica. Todos estos hechos contravienen disposiciones constitucionales sobre lugares de detención y estándares internacionales sobre detenciones y debido proceso.
  6. Finalmente preocupa que no se contó con el apoyo de Cruz Roja para el traslado de las personas heridas, bajo el argumento de falta de garantías.
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Ante la magnitud de este grave episodio que vulnera la dignidad humana, el derecho a la integridad, la salud, los derechos de grupos de atención prioritaria y los derechos colectivos de los pueblos indígenas de Ecuador, solicitamos, de forma firme, que el Estado ecuatoriano, representado por el gobierno del presidente Lenin Moreno, cese la violencia en los espacios públicos, abra de forma inmediata la información y colabore con las organizaciones de derechos humanos, Cruz Roja, y brigadas médicas para asistir a las personas heridas y detenidas por las manifestaciones. Es una obligación del Estado defender a todos sus habitantes, incluso cuando ejerce el legítimo derecho a la resistencia y abrir espacios efectivos de diálogo.

Firman:

Gina Benavides Llerena, Docente PADH, UASB-E

Gardenia Chávez Núñez, Docente PADH, UASB-E

Adriana Rodríguez Caguana, Docente Área de Derecho, UASB-E

Alex Valle, Docente IAEN

Juan Pablo Albán, Docente Universidad San Francisco de Quito

María Dolores Miño, Docente Universidad Internacional

David Cordero, Docente Pontificia Universidad Católica

Francisco Hurtado, Defensor de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Jorge Acero, Amazon Frontlines

María Espinoza, Amazon Frontlines

Jorge Fernández, Defensor de Derechos Humanos

Mónica Vera, INREDH

Gabriela Oviedo, Defensora de Derechos Humanos

Giovanna Tipán, Defensora de Derechos Humanos

José Valenzuela Rosero, Defensor de Derechos Humanos

Mario Melo, Defensor de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Mario Benítez, Defensor de Derechos Humanos

Nelsy Lizarazo, PRESSENZA

 

 

 

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