Como si fuera un shopping: Argentina, una agencia inmobiliaria deportiva

Argentina, el país de Maradona y de Messi, el país en el que los clubes funcionan desde hace un siglo como agente socializador por excelencia y en manos de sus socios, el país en el que germinó un proyecto que desembocó en una generación de basquetbolistas campeones olímpicos y de muchas más cosas, el país en el que el tenis fracturó su pertenencia única a los espacios de élite y se volvió una práctica extendida, el país en el que -para mejor, para peor, para todo junto- cuando no quedó nada lo que quedó fue el deporte, el país en el que no hubo sector de poder que no tratara de que el deporte jugara para su equipo, el país en el que pensar al deporte suele ser un camino entre los caminos para pensar qué ocurre con el país, es, desde el final ardiente de enero, también el país que asiste a la degradación, por decreto presidencial, de su área estatal dedicada al deporte, en un viaje decadente que va desde ser secretaría de Estado hasta otra categoría bautizada como Agencia de Deporte Nacional.

La pendiente no se restringe ni a la semántica ni a la organización de la administración pública. En el marco del feroz ajuste de la existencia cotidiana de los argentinos, con una subordinación notoria a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el último presupuesto nacional votado por el Congreso estableció en 991 millones de pesos la cifra con la que el deporte estatal debía arreglárselas para desarrollar o no desarrollar el alto rendimiento y el deporte social. Se trata de una cifra contrastante con los 1.315 millones de los que el sector disponía en el comienzo del 2016, un monto al que, para corresponderse con los mandatos mínimos de la ciencia económica, habría que recalcular proyectado al presente aplicándole el 135 por ciento de inflación acumulado desde entonces.

«Ajustan y desfinancian el deporte porque no lo ven como una herramienta de transformación social ni de desarrollo profesional. Sólo lo ven y lo utilizan como un negocio», anotó en su cuenta de Twitter Damián Stazzone, destacado jugador de futsal de San Lorenzo. «El Estado denigra a deporte como herramienta social y desintegra la Secretaría de Deportes, abriendo la puerta a mal vender activos: vía DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) y sin debate. ¿Dónde está la voz de los deportistas? ¿Y los legisladores?», sumó el exfutbolista y médico deportólogo Juan Manuel Herbella. Sus afirmaciones brotaron entre unas cuantas réplicas embroncadas al decreto presidencial de Mauricio Macri, un decreto de necesidad y urgencia (así se llama ese atributo del que dispone el primer mandatario) al que es posible interpretarle con lógica la «necesidad» dado que todo poder y todo gobierno tienen necesidades aunque esas «necesidades» no siempre sean las del pueblo, pero cuesta ubicarle la «urgencia»: ni deportistas ni dirigentes ni legisladores (el decreto es una evidencia de la determinación de no aguardar al comienzo de las sesiones parlamentarias en la primera jornada de marzo) ni públicos sueltos u agrupados venían reclamando una alteración en el estatus del área deportiva ni tampoco demandaban lo que el jefe de Estado legalizó con su firma.

El periodista Gustavo Veiga, meticuloso seguidor del efecto de las políticas macristas en el deporte, avanzó en el diario Página/12 en torno de lo «necesario» y de lo «urgente»: «Ni necesario ni urgente, el deporte tiene su nuevo DNU –lleva el número 92/2019- firmado por el presidente Mauricio Macri para poner bienes del Estado al servicio del mercado. La decisión estaba tomada y se conoció anoche (la noche del martes), casi como una decantación natural de la política rentística del gobierno nacional. La mira apuntó al patrimonio inmobiliario que representan los lugares de entrenamiento para atletas, los espacios recreativos y hasta turísticos -terrenos que superan con holgura las 800 hectáreas- y que ahora serán administrados por una Agencia mixta».

Para quienes no son ni argentinos ni residentes en la Argentina puede funcionar como una invocación al asombro que el debate más encendido sobre política deportiva en el país remita al universo inmobiliario. Pero es así, claramente, porque el artículo 15 del papel que suscribió Macri establece que la flamante Agencia podrá vender, alquilar o contratar de distintas formas los bienes muebles y los servicios que son propiedad deportiva del Estado. El más famoso de esos patrimonios es el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), símbolo del deporte nacional, casa de los sueños de muchos y de muchas deportistas, ubicado en la cotizadísima zona norte porteña, un sitio emplazado sobre una calle que lleva el nombre de Miguel Sánchez, entrañable atleta que forma parte de los 30.000 detenidos desaparecidos que dejó la última dictadura cívica y militar. La intención gubernativa de vender al CENARD y a otras instituciones erigidas en ese sector del suelo de Buenos Aires viene siendo resistida por diversas franjas de la sociedad.

La histórica selección de voleibol que obtuvo la memorable medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 se pronunció en un comunicado conjunto en contra del propósito de que el CENARD se esfume para mutar en mercadería inmobiliaria. Jon Uriarte, uno de sus componentes, manifestó eso y más que eso con contundencia: «Hoy todo retrocedió veinte años y más. Derogaron por decreto una ley votada por unanimidad en el Congreso y al presupuesto ya lo redujeron un 60 por ciento en términos reales. Lo sufrirán más los que están viniendo, los más jóvenes. Intentan construir edificios de alta gama en el CENARD y, en cambio, a los deportistas de alta gama los mandarían a Villa Lugano (sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018), donde hay demasiadas cosas esenciales y costosas por hacer. En el marco de una economía que retrocede, buscan desentenderse y privatizar todo lo que se puede». Otra figura del voleibol, Marcos Milinkovic, se expresó con tono idéntico: «Para ser eficientes no se necesita una agencia, se necesita compromiso. Los deportistas debemos dejar los intereses de lado y defender espacios como el CENARD para que siga creciendo el deporte argentino».

La ley a la que alude Uriarte es la que porta el número 27.202 y que desembarcó en el Congreso luego de muchísimos debates celebrados durante el 2015 en buena parte del territorio del mismo país que ya no tiene Secretaría de Deportes. Partícipe de esos foros, el exfutbolista Claudio Morresi, histórico compadre de Enzo Francescoli en el ataque del River campeón de la mitad de los ochenta, intervino en ese ciclo a partir de su condición de secretario nacional de Deportes durante diez de los años del kirchnerismo en el gobierno. Su diagnóstico es lapidario y en estas horas sonó convergente inclusive con el de sectores no especialmente afines a la administración premacrista: «Estamos frente a un enorme retroceso y, a la vez, ante la generación de una agencia inmobiliaria deportiva. Se cambia la posibilidad de que miles de argentinos ejerzan su derecho al deporte por la perspectiva de que quienes son ricos puedan comprar casas con vista al río».

¿Lo que se recaude por la proyectada venta de los terrenos y de los inmuebles deportivos retornará convertido en plata al deporte o irá a parar a la ahora inagotable deuda contraída con el FMI? ¿Conservará el Estado, por esta vía nueva, sus alcances en la modelación del escenario deportivo o, al compás de las políticas generales que signan este tiempo argentino, los capitales privados, concentrados y probablemente extranjeros dibujarán los límites de la cancha mucho más que en el presente? ¿Qué del panorama deportivo enfatizará sus parecidos y qué lo diferenciará de todos los achicamientos económicos y sociales que se clavan en las angustias de una población sometida a una recesión anual de más del 7 por ciento y a un brutal ensanchamiento del desempleo y de la inflación (47,6 por ciento en el 2018)?

El hombre al que le toca y le tocará encontrar vocablos para defender estas políticas es Diógenes de Urquiza, ex jugador de pádel, último secretario de Deportes y primer titular de la Agencia, un empresario de la industria de la indumentaria deportiva. Cuando el presidente lo designó como sucesor del exfutbolista Carlos Mac Allister, debutó con una entrevista en el diario Olé en el que esparció su credo antiestatista al atacar los reclamos al Estado de los deportistas con becas: «“No puedo entender eso de ‘vamos a pedirle al Estado’. ‘Papá, dame plata’. No, andá a laburar, ya tenés 21 años”. Consultado por el diario La Nación, De Urquiza despidió el primer mes del año asegurando que el deporte «no se privatiza», pero, a la vez, asumiendo lo que sigue: «Todo esto es para ordenar las cuentas, para disponer de más dinero y más recursos, con el aporte de los privados y todo desde la misma órbita».

Desde la vereda de quienes defienden la medida deportiva de Macri, un argumento estriba en que el decreto le dará agilidad administrativa al flujo de fondos que deben recibir los deportistas de élite y permitirá surcar los obstáculos de la burocracia del presente y de muchos pasados. De acuerdo con fuentes del olimpisimo local, esa cuestión no es menor entre las preocupaciones de los responsables de la delegación que marchará este año a los Juegos Panamericanos de Lima. «La creación de la Agencia es positiva para el deporte y un salto de calidad para los deportistas. Ahora va a ser más rápido el cobro de becas y subsidios y por primera vez las provincias van a poder participar de estas decisiones», tuiteó el rugbier Horacio Agulla, en un discurso reivindicatorio en el que coincidió la jugadora de hockey sobre césped María Noel Barrionuevo, emblema de las míticas Leonas argentinas. Tanto coincidió que su tuit anudó palabra por palabra, tal cual, lo que había puesto Agulla, lo que motivó colecciones de ironías por las maneras de operar en las redes sociales que suele desplegar el oficialismo.

No hay en esos avales alguna señal que justifique por qué el gobierno nacional aceleró la defunción de la Secretaría para parir la Agencia. Lo que sí parece es que la velocidad dejó algunas costuras sin cerrar. Lo detalló hace una semana el periodista Ernesto Rodríguez III, el más pormenorizado y exacto seguidor de estos hechos, en su página Ephecto Sports: «El ‘apuro’ por llevar adelante el proyecto de este DNU forzó a los redactores a dos olvidos muy interesantes: pese a que se trata de una entidad mixta, con participación y presupuesto del Estado, en ningún momento se establece cuál será el organismo de control de gestión –habitualmente se establece explícitamente que lo sea la Auditoría General de la Nación, tal como sucede con el Enard–. De hecho, en las más de 4.200 palabras que componen el escrito, jamás aparece auditoría, clave para quienes pretendan administrar de manera transparente. La otra sugestiva omisión del texto es la eliminación de la Confederación Argentina de Deportes (la entidad madre del deporte nacional) como una de las tres asociaciones civiles deportivas superiores de la Argentina. Borrar del mapa a la CAD no parece casual, habida cuenta su actual dirigencia lleva adelante un juicio por desfalco a José García Maañón –segundo de De Urquiza en la Secretaría– y a otros seis miembros del Comité Olímpico Argentino».

El jugador de handball Federico Pizarro dijo: «No creo que la solución al deporte argentino sea ponerlo cada vez más abajo en el organigrama nacional. Tener al deporte ahí, sin dudas nos hace un peor país». La tenista Paula Ormaechea añadió: «¡Una tristeza total, una lástima lo que le están haciendo al deporte nacional! ¡Son una vergüenza total, no paran de retroceder kilómetros con estas decisiones!». Sus voces cargan una intensidad que se contrapone con el silencio, a veces temeroso y a veces cómplice, de otras y de otros deportistas.

En medio de tanta elocuencia, quizás nada conmueva tanto como la mirada de Osvaldo Arsenio, entrenador de natación de enorme prestigio internacional, exdirector nacional de deportes, un sabio del deporte: «Consumado el hecho, sólo nos quedan algunas preguntas, muchas de ellas urgentes. ¿Qué será de las numerosas fuentes laborales hoy acechadas? ¿Qué será del deporte de representación nacional? ¿Qué será del deporte social? ¿Qué será del deporte de iniciación, de todos esos juveniles que nos acaban de representar en los Juegos O? ¿Qué será de sus técnicos que por sueldos de menos de 400 dólares los transformaron en medallistas o finalistas en esos Juegos, las medallas y las finales más dignas y baratas de la historia? ¿Qué será, aunque lo suponemos, de las instalaciones deportivas? La única palabra que se me ocurre es vergüenza. Aunque dudo de que los ejecutores la sientan».

A los sesenta y pico de años, lleno de conocimiento y de pasión, Arsenio no tiene trabajo en el país y migra hacia Alemania para ejercer su experiencia y su talento. Cierto que no lo hace por decreto. Pero también eso cuenta qué está sucediendo con el deporte en la Argentina.

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