Córdoba y la Ley de Bosques: una reforma a la medida del empresariado ganadero

La Carta de Intención firmada en Villa María y la pretendida reforma de la ley, son ejemplos de cómo la avanzada del agro negocio está desplazando cada vez más a la agricultura familiar, a quienes trabajan desde una producción diversificada acorde al entorno ambiental, por empresarios de la ganadería y el cultivo intensivo, que a través de una lógica rentista dependiente del mercado externo, incrementan el valor de la tierra, concentran la riqueza, atentando directamente contra la soberanía alimentaria.

 

Durante seis meses la provincia de Córdoba estuvo trabajando a puertas cerradas en un anteproyecto de ley para modificar la Ley Provincial 9814, que es parte de la aplicación de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Los Bosques Nativos. Según la ley nacional, el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de cada jurisdicción debe actualizarse cada cinco años. A su vez la ley determina que es responsabilidad de las provincias, en su carácter de unidades ejecutoras, la implementación de procesos participativos del OTBN, de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.331 (Cap. 2 y Art.6) y la Ley 25831 del Régimen de libre Acceso a la información pública ambiental. Dicha actualización debió haber sido realizada el año pasado ya que la provincia de Córdoba promulgó la ley en el año 2010. Pero nada de esto sucedió, optaron por dejar pasar el 2015, año de elecciones para la fórmula De la Sota-Schiaretti y acordar con las entidades del sector rural la creación de un anteproyecto que reemplazaría la ley vigente.

La aprobación de este anteproyecto, impulsado por el bloque oficialista Unión por Córdoba y Cambiemos, implicaría que la provincia acceda a las presiones de los empresarios del agro para la implementación de sistemas ganaderos intensivos con siembra de pasturas exóticas y técnicas de desmonte selectivo con rolado (cilindro metálico con cuchillas muy pesado, traccionado por un tractor que va aplastando y cortando la vegetación existente). Esto se llevaría a cabo en zonas donde hoy está prohibida su aplicación, disminuirían los montos de las multas por desmonte, quedaría librada la posibilidad del desmonte químico, que implica la eliminación del estrato arbustivo perdiendo gran parte de la biodiversidad de los sistemas ecológicos, y entre otras cosas, cambiaría la autoridad de aplicación de la ley, ya no sería la Secretaria de Ambiente sino el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El martes pasado, diversas organizaciones sociales, ambientales, campesinos/as, productores/as apícolas y agroecológicos, que hoy conforman la Coordinadora en defensa de los Bosques Nativos, se concentraron para formar parte de la Audiencia Pública que debía realizarse en la Legislatura de la provincia. Si bien la presencia policial y un vallado impidieron el acceso al recinto legislativo, la presión social desde afuera generó una gran asamblea en la calle y una nueva convocatoria para el 22 de diciembre a una Audiencia Pública.

 

Los empresarios detrás de la ley

“Lógicamente, es una decisión del Gobierno y después los productores podremos acompañar o no. Pero en el sur con las inundaciones, y en el norte con el problema de los bosques nativos, se hace difícil que el ánimo sea positivo”, de esta manera sintetizó el titular de Cartez, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, en la reunión mensual realizada en la Sociedad Rural de Villa María. En esta reunión los empresarios ganaderos agrupados en Cartez dejaron en claro cuáles son las problemáticas que afectan al sector: (1) la revaluación fiscal y la suba impositiva que decidirá la provincia para 2017; (2) el conflicto por la producción en bosques nativos y (3) las inundaciones en el sur de la provincia.

Los bosque nativos no son ni fueron un problema para el desarrollo de los pueblos, históricamente las civilizaciones se desarrollaron gracias a ellos, son y fueron sustento de vida, he incluso formaron parte de gestas emancipaciones que permitieron el cobijo de muchas revoluciones. El norte cordobés no escapa a esto, no sólo fue sustento de vida de las comunidades comechingonas y sanavirones, sino que aún hoy sigue siendo una materia prima y sustento para miles de productores apícolas, campesinos/as, yuyeros/as, carboneros, leñeros, recolectores/as de los productos no madereros del monte, etc.

Una vez más, lo que está en juego es un modelo agro ganadero, incompatible con las posibilidades ecológicas que da el norte de la provincia de Córdoba. Actualmente la mayor cobertura boscosa se encuentra en el noroeste de la provincia, Parque Chaqueño Occidental de clima árido, al eliminarse sus bosques, se perderían los suelos y se generaría un alto nivel de desertificación. Así, para “evitar que el mundo quede calvo”, como diría Galeano, es crucial preguntarnos de qué forma nos seguiremos relacionando con la naturaleza y qué modelos productivos seguiremos avalando como sociedad.

 

La defensa de los territorios

Los bosques por sí solos no conforman los territorios, sino que éstos son un espacio de vida donde se dan las relaciones sociales, que enmarcadas en nuestra historia económica agro-ganadera y en un contexto de economía global, dan como resultado la transformación de nuestros ecosistemas naturales. Pero, ¿qué implica trabajar para una gestión sostenible de los bosques?

En la actualidad, la contradicción que podríamos denominar clásica en el conflicto capital/trabajo, se ha desplazado a otro tipo de contradicción que tiene como centro al territorio, la relación con el ambiente, su uso y transformación, su control y su reproducción. En el capitalismo global actual, el valor de la tierra como factor de producción parece haber sido sobrepasado por el valor inherente de los recursos guardados en ella, así la contradicción del capitalismo centrado en la explotación del trabajo se ha desplazado al control de la “naturaleza”, variando el enfoque de la economía a la ecología política y de la tierra al territorio. Cuando el valor se concentraba en la posesión de la tierra era ésta la que había que defender, cuando el valor se concentra en los recursos son los territorios los que hay que salvaguardar (Damonte: 2011). Es aquí donde la Ley Nacional de Bosques, nos habilita un marco, no sólo de legalidad, sino una herramienta fundamental para proteger los bosques desde una dimensión distinta, donde el territorio más que un espacio natural, sea un espacio socialmente construido.

La Ley 26.331 fue aprobada por el Congreso Nacional a fines del 2007, pero el Poder Ejecutivo recién la reglamentó en febrero del 2009, tras una fuerte presión social y haber pasado por la catástrofe de Tartagal, Salta, donde la desidia de la deforestación en manos de grandes empresarios madereros y ganaderos en complicidad con el gobierno provincial, fueron una de las causas que provocó un alud que devastó a todo un pueblo.

También llamada “Ley Bonaso”, surge en un momento de la historia del país donde se ven acrecentados los conflictos ambientales. La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se crea en el año 2006 como una clara respuesta a la profundización de los modelos extractivitas y en defensa de los territorios, que si bien al inicio tuvo una impronta marcada en la lucha contra la mega minería, las diferentes organizaciones campesinas, sociales, políticas, y ambientales junto a las asambleas también formaron parte.

Si el principio del siglo XXI estuvo marcado por los movimientos piqueteros como expresión de la debacle neoliberal, en la era del kirchnerismo, fueron los conflictos socio ambientales los que marcaron una gran contradicción para estos gobiernos progresistas. A lo largo de una década la profundización del modelo extractivista, con -Barrick Gold- Monsanto- Chevron- por nombrar algunas, despertó una fuerte resistencia en las comunidades y los territorios. Asimismo, el Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) creado por el gobierno de Cristina Fernández en el año 2010, continuó el modelo agroexportador buscando ampliar la superficie de la tierra para cultivos transgénicos y ganadería intensiva, dando cuenta de la dependencia del sector agrícola con paquetes tecnológicos que van a contra mano del espíritu de algunos de los programas que el mismo gobierno fomentó, como los proyectos agroecológicos y la Ley de Bosques.

A partir de la intensificación de los sistemas ganaderos, desplazados hacia zonas consideradas “marginales” hasta no hace mucho tiempo, la Región Chaqueña es una de las más afectadas por la presión del sobre pastoreo que generan estas prácticas. Enfocados en esta problemática, en julio del año 2015 se realizó un convenio entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), para aprobar el Plan Nacional de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada. Éste promueve, junto con las provincias, la implementación de prácticas para que las actividades ganaderas en zonas de bosques nativos se incorporen a la matriz productiva, debiendo cumplir los criterios de sustentabilidad ambiental, económica y social, pilares básicos del desarrollo sustentable. Sin embargo aquello que parece ser la solución acrecienta una de las problemáticas de mayor arraigo en la historia de nuestro país: la concentración, sobrevaloración y la tenencia de la tierra.

La Sociedad Rural de Córdoba no se hizo esperar, y entre bombos y platillos el 10 de septiembre de 2016, en el marco de de la 69° Exposición Nacional de la Sociedad Rural de Jesús María, funcionarios nacionales y provinciales firmaron una Carta Intención que permitiría que Córdoba incorpore un plan propio de manejo de bosques con ganadería integrada.

Lejos de entrarle a la discusión de los aspectos técnicos y criterios que sustentan estos acuerdos, estamos ante una reglamentación sin precedentes en la historia agro ganadera de nuestro país. Ya que, por mucho tiempo distintas poblaciones conviven en nuestros bosques nativos con diferentes modalidades productivas, como la ganadería de monte, que prácticamente existe en toda su superficie. Esta práctica es manejada por sectores donde el uso colectivo de la tierra los caracteriza como sujetos campesinos e indígenas. No son las superficies en hectáreas lo que determina al sujeto agrario, sino la lógica de producción. Por eso, gran parte de la agricultura familiar subsiste en una convivencia sustentable con los montes hasta la actualidad.

La Carta de Intención firmada en Villa María y la pretendida reforma de la ley, son ejemplos de cómo la avanzada del agro negocio está desplazando cada vez más a la agricultura familiar, a quienes trabajan desde una producción diversificada acorde al entorno ambiental, por empresarios de la ganadería y el cultivo intensivo, que a través de una lógica rentista dependiente del mercado externo, incrementan el valor de la tierra, concentran la riqueza, atentando directamente contra la soberanía alimentaria.

 

El presupuesto de la Ley Nacional

La Ley de Bosques es una de las pocas leyes progresista reglamentadas y presupuestadas. Ésta debe ser integrada por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”. Pero, las partidas presupuestadas para el cumplimiento de la ley, nunca alcanzaron estos porcentajes.

El año que viene el Fondo de Conservación de los Bosques Nativos debería ser de al menos 8.615 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2017 asigna una partida de apenas 270 millones de pesos. El gobierno nacional debería haber transferido durante los últimos siete años a las provincias compensaciones ambientales por al menos 20.350 millones de pesos y apenas desembolsó 148 millones de pesos. Pero las provincias en lugar de reclamar las partidas correspondientes enfocaron sus políticas en generar artilugios técnicos para incrementar la producción ganadera intensiva que fue desplazada de las zonas históricas donde hoy se produce soja, a zonas de territorios con predominio de bosque nativo.

La ley de Bosques de la provincia de Córdoba N° 9814, sancionada en el año 2010, tiene algunos artículos que fueron muy cuestionados y se derogaron mediante una serie de decretos porque no cumplían con requerimientos mínimos que establece la Ley Nacional y no reflejaban los intereses de los sectores involucrados que durante dos años habían participado en la elaboración del proyecto de ley. Estos sectores, como la Universidad Nacional de Córdoba, de Río Cuarto, Ongs y Fundaciones Ambientales, campesinos/as, etc., integrados en la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, denunciaron que la Ley 9814 priorizaba los intereses del agronegocio en detrimento del ambiente, además de contradecir la legislación nacional.

El informe especial sobre la situación de la ley provincial realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación en diciembre de 2011, da cuenta de esto. En aquellos tiempos para poder acceder a los fondos establecidos por la Ley Nacional, la provincia a través del Decreto N° 1131/12 suspendió los artículos de la Ley provincial 9814, (6, 14 y 37), que establecían la instalación de pasturas exóticas, la utilización de la técnica de rolado en zona roja (donde no se puede desmontar), la recategorización predial con la posibilidad del cambio de uso de suelo (desmonte) ante la detección de un acuífero o la construcción de un canal de riego y la actividad minera en todas las categorías de conservación. Dichos artículos, que fueron derogados para recibir en el 2013 la partida presupuestaria, son los que hoy quieren volver a incorporar como parte de la reforma de la ley.

 

Los números y la ley

Según las estadísticas relevadas por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del año 2004, indican que la provincia de Córdoba ha perdido cerca del 90% de su cobertura boscosa. De las 12 millones de hectáreas originales, sólo quedan 1,3 millones de hectáreas de bosques.

A pesar de la prohibición de desmonte estipulado por el artículo 8° de la Ley 26.331, la cual establece que, “Durante el transcurso del tiempo entre la sanción de la presente ley y la realización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, no se podrán autorizar desmontes”, la provincia de Córdoba registró para ese periodo (ley 2007 – OTBN 2010) una pérdida de bosque nativo de 8982 ha, representando un porcentaje de pérdida anual de bosque nativo de 1.18 %, calculado en función del total de bosque para la provincia.

A su vez, Córdoba es la tercera provincia, después de Santiago del Estero y Salta, que presenta la mayor pérdida de bosques nativos para la categoría de mayor valor de conservación I (Rojo): 6048 ha desmontada para el periodo 2010-2011 y 3899 ha desmontada para el periodo 2011-2013. Recordemos que la provincia declaró para su OTBN poseer una participación del 82 % de bosque en categoría I (Rojo). Solo como para tener en cuenta, en el departamento de Cruz del Eje se desmontaron 947 ha en zona roja para el periodo 2010-2011 y 1385 ha para el periodo 2011-2013 (UMSEF 2014).

Los diferentes informes técnicos de la provincia dan cuenta que el norte cordobés es la región de la provincia más deforestada en los últimos quince años. En orden creciente las hectáreas totales perdidas son: Totoral (4156 ha), San Justo (4486 ha), Cruz del Eje (8548 ha), Sobremonte (9710 ha), Río Primero (12195 ha), Río Seco (25356 ha), Tulumba (31267 ha) e Ischilín (35057 ha).

Este intento de reforma en Córdoba nos lleva a pensar también como quienes ayer protagonizaron las conquistas del desierto y se dedicaron a concentrar la tierra en pocas manos, representados por entidades como la Sociedad Rural, hoy divulgan el monocultivo, contaminan el suelo con agro tóxicos y quieren terminar con lo poco que queda de los bosques nativos en nuestro país. Sin duda, estamos frente a una crisis ambiental del capitalismo sin precedentes. Son estos órdenes políticos-económicos, que trascienden los tiempos coloniales y las políticas imperiales, los que embarcados en pregonar las sociedades de consumo atentan contra la auto destrucción de nuestros territorios.

 

Bernardo Ferraris. Ingeniero Forestal

Fuentes:

*Informe técnico sobre la situación de la cobertura arbórea de la provincia de Córdoba. Emergencia forestal de cara a la actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Córdoba (Ley provincial 9.814) Blgo. Lisandro Agost *Cátedra de Antropología, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.

 

*¿Por qué es necesario mantener la superficie de bosques nativos con Categoría I (Rojo) en la provincia de Córdoba según el mapa vectorial de la ley 9814? http://www.lavoz.com.ar/sites/default/files/file_attachments/nota_periodistica/Respuesta_OTBN_Cartez_Final.pdf

 

*Informe especial sobre la situación de la Ley provincial de ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Córdoba (ley 9.814). Defensor del Pueblo de la Nación. Diciembre 2011 https://www.unrc.edu.ar/unrc/ocsa/docs/infdefensoria-leybosques.pdf

*Anteproyecto: Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y Regulación de Bosques Exóticos de la Provincia de Córdoba.

http://www.lavoz.com.ar/sites/default/files/file_attachments/nota_periodistica/Anteproyecto_LEY_DE_ORDENAMIENTO_TERRITORIAL_DE_BOSQUES_NATIVOS_Y_REGULACION_DE_BOSQUES_EXOTICOS.pdf

DAMONTE G. Construyendo territorios: narrativas territoriales aymaras contemporáneas. Lima. GRADE; CLACSO, 2011

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrPrint this page

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.