Cuando el cuerpo es el campo de batalla: huelga de hambre del Machi Celestino Córdova

Ayer se cumplieron los 100 días de la huelga de la autoridad espiritual mapuche Celestino Córdova. Su salud se deteriora minuto a minuto. Ya perdió 31 kg y fue transladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial.

El machi fue condenado a 18 años de prisión por la muerte del empresario Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivianne Mackay, de 69 años, en 2013, en La Araucanía. El empresario enfrentó un asalto en su casa, con un revólver calibre 22, mientras su esposa llamaba por teléfono a los Carabineros. Finalmente, la casa fue incendiada y los dos murieron calcinados.

La familia Luchsinger llegó a Chile desde Suiza en 1883, dos años después de concluida la “Pacificación de la Araucanía”, nombre que el Estado chileno dio al despojo a las comunidades mapuche de su territorio. Los Luchsinger llegaron como colonos y el Estado les concedió tierras. Fueron ampliando sus propiedades y en los últimos tiempos se dedican al ramo forestal. Cuando ocurrió el asalto, la familia no dudó en acusar a las organizaciones mapuches. Pero ninguna de estas se atribuyó el episodio. Sin embargo, el hecho reactivó las acciones del “Comando Hernán Trizano”, grupo paramilitar anti-mapuche, que se dedica a provocar incendios en las comunidades.

Celestino Córdova fue preso a 1750 m de la casa de la pareja, con una herida de bala. Nunca se probó que el balazo se lo había dado Luchsinger. Sin embargo, el tribunal consideró que esa era una prueba conclusiva. El machi niega su participación en el episodio. Es hoy el único condenado, después de un largo proceso en el que se aplicó la Ley Antiterrorista y en el que hubo once imputados, incluyendo otra machi: Francisca Linconao. Las pruebas fueron cayendo una a una. Un supuesto “testigo clave” acusó a la fiscalía de arrancar declaraciones con engaños.

Celestino Córdova pide que se le permita permanecer en su rewe, el espacio de prácticas religiosas en su comunidad, por 48 horas, para cumplir con sus deberes de machi. No sería la primera vez que la justicia chilena concede una salida como esa para autoridades espirituales mapuche. Los condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura del general Augusto Pinochet también tienen ese beneficio.

La semana pasada, el ministro del Interior y primo del presidente, Andrés Chandwick, se reunió con el Comité de Seguridad Macrozona Sur, de las regiones VIII, IX y XIV. Propuso la formación de una fuerza especial para combatir el crimen y el terrorismo, para lo que pedirán apoyo extranjero.

Dos semanas atrás, el gobierno de Sebastián Piñera envió al Senado un proyecto que modifica la Ley Antiterrorista. Los cambios incluyen los agentes encubiertos, los testigos protegidos y la entrega vigilada. También amplían el campo de aplicación de la ley a “actos para desestabilizar el orden institucional democrático”, sin especificaciones de lo que serían esos actos desestabilizadores. Pero el proyecto se torna minucioso para describir entre los delitos de terrorismo “apoderarse o atentar en contra de vehículos de transporte o de carga”.

Tanto la constitución de esa fuerza especializada en la región que coincide con el Gulumapu, territorio ancestral mapuche al oeste de la cordillera de los Andes, como las especificaciones sobre la aplicación de la Ley Antiterrorista indican cuál es el objetivo. Los Mapuche están en la mira.

Al final del año pasado y comienzo de este, aun durante el gobierno de Michelle Bachelet, estalló un escándalo por la producción de pruebas falsas durante la así denominada “Operación Huracán”1, investigación realizada por Carabineros. Como resultado habían sido imputados por quema de camiones de empresas forestales ocho líderes mapuches, y acusados de recibir dinero y armas de Argentina. Cinco de ellos ahora están procesando a los funcionarios de la institución “por obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público y presuntos delitos informáticos”. Las “pruebas” así obtenidas, sin embargo, fueron motivo para una reunión urgente del entonces subsecretario del Interior de Chile, Mahmud Aleuy, con la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, para coordinar el combate al “terrorismo” mapuche.

Tanta y tan grande obsesión por este pueblo se debe a que los Mapuche son barrera material y espiritual para la integración optimizada de esa región a la cadena productiva de la pasta de celulosa. Las recuperaciones territoriales que vienen ocurriendo desde los años de 1990 apuntan a una práctica económica que no puede ser integrada a la dinámica del capital. ¿De dónde viene, una se pregunta, la osadía de enfrentar los intereses de las grandes operadoras transnacionales y los eslabones locales de la cadena? ¿De dónde viene la disposición para confrontar las marañas de una legislación que parece haber sido producida ad hoc, para perseguirlos, y la represión brutal en las comunidades? Solamente una gran fuerza espiritual y un profundo sentido comunitario permite esa proeza. Pero esa fuerza espiritual parece emanar del propio paisaje, de la tierra, la montaña, el viento, el río, el mar, el bosque, el pájaro… La noche en que el machi Celestino Córdova recibió el balazo que sirvió al tribunal para condenarlo, él estaba atravesando tres esteros “para una limpieza espiritual”. Esa explicación no fue oída. El tribunal no entiende y no le interesa.

En el cuerpo de Celestino Córdova se libra un combate. Tal vez no lo entendamos. Re we lelay tati (las cosas no son lo que parecen). Lo que está en juego es más que su condición de preso o la pose de un predio. Está ahí una visión de mundo que se alimenta en el contacto con el rewe. Al Estado no le importa, o tal vez le tema. ¿Y a nosotros?

Silvia Beatriz Adoue

23/04/2018

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