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Darío y Maxi: El pedido de justicia en los recintos y en las calles

26 Jun,2019

por | Redacción Marcha

El 19 de junio pasado se realizó una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación. A 17 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki el reclamo sigue siendo por las responsabilidades políticas. Hoy una Jornada Cultural aviva los recuerdos y reclama también

Para quienes caminan las calles todos los días, las instituciones suelen ser lugares fríos y lejanos. Sin embargo, son recintos que aprenden a conocer y a ocupar cuando el poder judicial no atiende a sus pedidos de condena. El 19 de junio pasado el anexo del Congreso de la Nación se llenó de familiares, compañeras y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki –los militantes asesinados el 26 de junio de 2002 en lo que fue conocida como la “masacre de Avellaneda”–, organizaciones sociales, de derechos humanos y partidos políticos de izquierda que siguen pidiendo justicia completa por sus pibes. Si bien los autores materiales han sido condenados –el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta– el reclamo se extiende a los responsables políticos: funcionarios de aquel entonces entre los que se encontraban el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá.

Con el año electoral como tema central de las agendas mediáticas y los partidos hegemónicos, Solá fue presentado hace unos meses como posible candidato y su imagen, edulcorada por todos los medios posibles. De allí surgió, por parte de la Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi el lanzamiento de la campaña “Con ellos no”, que recorrió gran parte del país. Finalmente, Solá fue corrido de instancias decisivas, pero la lucha por su juzgamiento sigue.

Afuera, mientas tanto, miles de personas acompañaron a la Audiencia, porque esa es la doble presencia: con un pie adentro y muchos afuera. Por eso hoy será la ya clásica jornada cultural frente a la estación Avellaneda, donde el arte en todas sus formas y los encuentros siguen manteniendo la memoria constante. Y mañana, a 17 años de aquel 26 de junio, se cortará el Puente Pueyrredón y se realizará un acto.

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Las voces fueron muchas. Por eso Romina del Plá, la diputada por el Partido Obrero, fue quien se encargó de coordinar la palabra. Primero fue el turno de las y los familiares. La hermana de Maxi, Mara Kosteki, agradeció que nunca se abandonara ese reclamo y pidió seguir llevándolo hasta el final. El padre y el hermano de Darío, Alberto y Leo Santillán, contaron sobre la campaña “Con ellos no” y reconocieron que “hubo una condena social. Logramos que este tipo (Felipe Solá) no salga a la calle tan suelto”, pero recordaron que “los responsables camina entre nosotros” y que “siempre pasa lo mismo para las familias: parece que además de haber perdido un familiar, un hijo, un hermano, un padre, tienen que trabajar más que el fiscal o la fiscal y más que el mismo juez”.

Por su parte, Nora Cortiñas, la madre de Plaza de Mayo, recordó el episodio que figura en la causa judicial cuando llamó por teléfono al gobernador preocupada en medio de la represión y Solá le respondió: “Quédese tranquila Nora, que es una guerra de pobres contra pobres”.

Pero el pedido de Nora fue más extenso, porque se trata de los vínculos entre política y fuerzas de seguridad. Para refutar una frase de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que avisó que las fuerzas no “llevarían armas letales a las manifestaciones, Norita replicó: “Todas las armas son letales en manos de las fuerzas de seguridad”.

Fue el turno de algunas compañeras y compañeros, que rescataron seguir levantando las banderas e ideales de Darío y Maxi, tal como expresó Esteban, del Frente Popular Darío Santillán (FPDS): “Es fundamental cuando hablamos de ellos hacer un homenaje, pero sobre todo a los compañeros y compañeras que se levantan todos los días a las 5 de la mañana para garantizar una copa de leche, el jardín maternal o la panadería. Y particularmente a quienes siguen trabajando en esa bloquera que trabajaba Darío”.

Recordar el despliegue represivo que se dio en ese momento, donde movimientos piqueteros y de desocupados cortaban el Puente Pueyrredón en reclamo de una vida digna, fue un hilo que atravesó las palabras de quienes estuvieron allí. Así lo mencionaron Carlo Barral, de CORREPI o Chiquito, del Polo Obrero, como también la continuidad que hay en la represión a la juventud que “tiene un sentido político único: amedrentar, disciplinar, regimentar a una juventud que da todos los días un mensaje de que no se va a dejar vencer con esa política ofensiva y defensiva”.

Y esta continuidad represiva tiene un recorrido en las denuncias contra los poderes políticos. El Sueco es sobreviviente de la ex ESMA y aún guarda en su cuerpo los resabios de esas complicidades, por eso contó: “Resulta de que había antecedentes en la denuncia contra Felipe Solá porque o denunciamos a Patti, a Barrionuevo, a Rico. Estoy hablando que desde Tucumán a Tierra del Fuego, donde identificamos a un genocida por más que hubiera campaña, lo denunciamos siempre. Y a la denuncia contra Solá la vamos a compartir, porque es responsable de la desaparición de Jorge Julio López”.

Después de las palabras de Vilma Ripoll, del MST, se escucharon algunas voces de otras familiares de víctimas de las fuerzas de seguridad. Tal es el caso de Emilia Vasallo, parte de la marcha contra el gatillo fácil, que agradeció a Alberto porque “fuiste el primero que levantó el nombre de mi hijo hace cinco años en Plaza de Mayo”. Esa red invisible que empieza a armarse entre quienes reclaman justicia por los suyos se hizo visible por un rato. Vasallo habló de un “genocidio por goteo”, que ejerce el estado contra los pibes y las pibas. “Justicia creo que nosotros no vamos a tener nunca, cuando nos arrebataron, nos asesinaron a nuestros hijos por una bala, por una tortura, por una desaparición forzada, una causa armada, por una detención arbitraria a donde meten a un chico de 14 años, lo cagan a palos, lo violan y ese chico después queda muerto en vida. Eso es parte de esta represión y la vivimos en todos lados”, detalló.

También Érica Ávalos habló sobre su tío, Darío que, si bien fue asesinado por una patota de la UOCRA, dice: “Fue víctima de gatillo fácil porque la policía fue participante del asesinato porque estaba presente y garantizó que la patota hiciera lo que tenía que hacer. Sin embargo, no hubo juicios a la policía”. Elsa Rodríguez, desde su silla de ruedas, afirmaba con la cabeza. Fue víctima de un balazo de la patota de la Unión Ferroviaria el mismo día que mataron a Mariano Ferreyra.

¿Cómo están las causas?

En lo que respecta a las tres causas penales, el abogado de la APDH, Pablo Ledesma detalló “en una se condenó a Franchiotti y Acista mientras que las otras dos están en tramite. Una contra Felipe Solá y la otra activa que es la de Comodoro Py donde están imputados Rucauff, Álvarez y Duhalde” destacó.

A partir de 2014 se produjo el desarchivo de la causa “hubo testimonios, además del de Norita, de funcionarios políticos desde 2015 para acá Hernan Fernández Guimallan, secretario de la Municipalidad de Avellaneda; Eduardo Alfredo Villalba, director de seguridad municipal; Oscar Alberto Laborde, Intendente y Claudio Yacoi, presidente del Concejo Deliberante de Avellaneda, todos estos funcionarios prestaron declaración en la causa, y además, otras personas como Adriana Puigross, que era investigadora, Gerardo Etcheverry, abogado de la Liga, Luis Zamora, Diputado Nacional Causa Federal”.

Para Ledesma estos testimonios acreditan “una serie de circunstancias, en primer lugar la desmesura del despliegue de fuerzas y de operativo en genera”. A su vez, el abogado señaló que también dan cuenta de “la anormal intervención de la Prefectura en territorio de la provincia” y la “desproporcionada, exagerada y brutal represión llevada a cabo ese día, con una persecución que inclusive se extendió más allá de la localidad de Avellaneda”. Como otro punto señaló “la intervención de servicios de inteligencia federales” y, en quinto lugar “la relación de Fanchiotti y también de sus superior, Félix Vega, con Oscar Rodríguez y con la SIDE y, por último, la responsabilidad de Juan José Álvarez, que era el secretario de seguridad y que estaba a cargo, entre otros, de la Prefectura –que intervino activamente en la represión- y que pretendió ocultar la participación de esa fuerza en los hechos”. Explicó Ledesma a su vez que esto último lo declaró Laborde en la causa de Comodoro Py.

A partir de estos puntos se produjeron otras medidas de prueba, “una fue requerirle a la SIDE un sumario, que había iniciado con motivo de comunicaciones que estaban probadas entre Fanchiotti y la sede Billinghurst de la SIDE, la SIDE constesta formalmente que a Fanchiotti lo llamó un amigo que no veía hace muchos años y que lo vio por la televisión, estaba preocupado y lo llamó para ver cómo andaba”. También, Ledesma sostuvo que la SIDE informó que ese agente tenía problemas psiquiátricos, de forma tal que “difícilmente sirva su testimonio” y afirmó “así de burdo fue, esto está en el expediente, esto es lo que nos respondió el Estado.

Ante esta situación el abogado de la APDH que acompaña las causas manifestó “lamentablemente tenemos muchos problemas, sobre todo de carácter técnico, tecnológico, hay muchas cuestiones que tuvieron que ver con las comunicaciones, no nos queda otra que tomar las pericias oficiales porque no tenemos peritos de parte, ¿y quién hace las oficiales? Gendarmería”. Por eso destacó la importancia de masificar el pedido de justicia “siempre estamos convocando a compañeras y compañeros para sumarse”.

Fuente: Marcha

 

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