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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

De humedales, conurbano y otras yerbas

31 Jul,2019

por | Manuel Petruzela

 

Frente a la desidia del Estado la organización popular

 

La reserva natural de Santa Catalina está ubicada en el sur del Gran Buenos Aires, atacada por distintos actores públicos y privados se fue desmembrando hasta quedar casi irreconocible, pero resiste a fuerza de voluntades y convicciones vecinales. Contrahegemonía se encontró con quienes de forma independiente y autónoma mantienen el espacio vivo.

En Lomas de Zamora se encuentra la reserva natural de Santa Catalina. En realidad, son dos: una provincial de alrededor de 728 hectáreas y la otra municipal de unas 17. Ambas están hermanadas, tanto por la ubicación ya que se encuentran unidas geográficamente, como por quienes las defienden del avance del cemento, la basura, la tecnología mal aplicada, y los proyectos inmobiliarios. Es un espacio verde distinto, la naturaleza se interrumpe una y otra vez por actores privados y públicos, por calles y avenidas, por universidades nacionales y cementeras, por empresas recolectoras de residuos y por polígonos de tiro.

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Santa Catalina, en sus dos versiones, está invadida. De la totalidad del terreno que ocupa los dos mayores poseedores del espacio son la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) que se quedó con lo que los vecinos denominan como la parte del bosque, y la empresa privada Covelia S.A que se dedica principalmente a la recolección de residuos y que se asienta –ilegítimamente según las denuncias- en la parte de la laguna. Al cuadro de situación se le suma la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) íntegramente dentro de la reserva, Metrogas con una parte, el Tiro Federal con otra. Todos fueron reclamando a su tiempo un pedazo de humedal.     

La defensa del lugar quedó a cargo de los vecinos. El Estado, es sus tres esferas (nacional, provincial y municipal), sea por acción u omisión, está en la vereda de enfrente junto con los privados. Defienden intereses similares que siempre –o casi- son opuestos a los de la población. Permitir la instalación o no desmantelar antenas de telefonía móvil que inciden directamente en la salud de las personas, no reglamentar la ley provincial 14.294 de 2011 que resulta de esencial importancia para que la reserva pase de ser una expresión de deseo a una realidad concreta, o proponer emplazamientos inmobiliarios con una fuerte mirada antropocéntrica, son algunas de las cosas que hacen quienes debieran actuar con imparcialidad. Pero, se sabe, en el juego de la vida el color de fichas estatal suele ser el mismo de quienes ostentan los grandes capitales económicos y financieros.

HISTORIA

Si pudiera definirse un punto de inflexión en la organización de los vecinos sería en 2008. En ese año la UNLP, comportándose como un privado, decide venderle a la empresa Covelia unas 307 hectáreas de la reserva, la parte de la laguna según la definen. “La venta se concreta en julio de 2008, pero el proyecto de ley de Reserva Santa Catalina se había presentado ya en diciembre de 2007 a la legislatura, o sea que tanto la universidad como el comprador se prestan a esto sabiendo que hay un proyecto de ley. Si vos tenés un proyecto de ley tiene fundamentos y esos fundamentos establecían ´hay biodiversidad, el lugar tiene categoría de bien colectivo público como para ser reserva´, explica Alberto De Magistris, ingeniero agrónomo, parte de la ONG Pilmayqueñ que hace años viene defendiendo, junto con los Vecinos Autoconvocados en Defensa de Santa Catalina (VADSC), la reserva.

La parte triste de la historia del humedal empieza alrededor de 1870 cuando el espacio verde no estaba rotulado por ningún tipo de ley y, sin embargo, gozaba de muy buena salud. La provincia de Buenos Aires compró a un privado el terreno “para establecer la primera escuela de enseñanza agropecuaria”, cuenta De Magistris. Por una sucesión de idas y vueltas entre el Estado provincial y nacional la UNLP termina por arrogarse la propiedad de las más de 700 hectáreas. El ingeniero, que actualmente ejerce como docente en la UNLZ, sentencia: “como movimiento no reconocemos la legitimidad de la escritura que consiguió la UNLP. La escritura la consigue en 1982 a través del último gobernador militar, no porque haya sido militar, sino por la operación en sí. Elabora, el gobierno provincial en ese momento, una escritura donde le dona a la UNLP este inmueble y en realidad era del Estado Nacional. Se tomó la atribución de donar lo que no era de la provincia”.

Al título irregular obtenido por la UNLP o el proyecto de ley que establecía la biodiversidad del lugar se le agrega una tercera cuestión, no menos importante, de tres palabras: Espacio Verde Público, que era como se definía a Santa Catalina antes de que en 2011 se la declarara reserva natural provincial por ley. “Por la zonificación de uso no se podía haber traspasado y mucho menos una empresa empezar a hacer impactos, como empezó”, explica De Magistris. Gustavo de Vecinos Autoconvocados intenta echar un poco de luz sobre el asunto: “es como vender una plaza, no podés vender una plaza a un privado”.

ANTROPOCENO

¿Por qué cuando se intenta justificar la existencia de un humedal o su conservación se buscan argumentos de utilidad para el humano? ¿Acaso si algo no resulta en beneficio para los hombres y mujeres es prescindible? ¿La naturaleza necesita de una explicación para su subsistencia, tiene que explicarse a sí misma? Estas son todas preguntas que llevan al concepto de antropoceno. Carlos Taibo, pensador anarquista español, explica en su último libro Colapso esta idea: “para Paul Crutzen, una vez concluido el holoceno, que se inició hace 11.500 años, en la década de 1780 –cuando Watt perfeccionó la máquina de vapor- se abrió camino una nueva etapa en la historia del planeta. Al amparo de esta nueva etapa, el antropoceno, el hombre quedó convertido en una verdadera fuerza geológica que ha venido a alterar el clima y ha permitido que no sólo seamos grandes depredadores sino, también, grandes dilapidadores de recursos.”

Gustavo: “¿El agua adónde va? Donde hay pendiente. Si esa agua no va ahí a rellenar el humedal… Aparte de que previene inundaciones filtra el agua, esa agua de a poco va bajando a las napas y hasta que llega se potabiliza. Lo importante es no ver al humedal con una visión antropocéntrica sino más bien natural”. Patricia, también de Vecinos Autoconvocados, aclara que “se trata de que predomine la preservación, hay tanta cantidad de aves, de especies, de todo, que lo ideal es que sea un sector intangible.”

Recientemente en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el cual se hizo lugar a la queja que realizó Julio Majul, vecino de la ciudad de Gualeguaychú, por el avance inmobiliario en un humedal de la provincia de Entre Ríos, el más alto tribunal estableció, al fundamentar su decisión, que entre las funciones del humedal “se destaca la de control de crecidas/inundaciones ya que almacenan grandes cantidades de agua durante las crecidas” y agregó que también actúa en cuanto a la “protección de tormentas, recarga de acuíferos y retención de sedimentos y agentes contaminantes”. En la misma sentencia, en la cual le tira de la oreja al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos por un exceso de ritualismo al momento de fallar que tuvo como consecuencia que se rechazara el amparo presentado por Majul, la CSJN repasa la actualidad de los humedales y el escenario que sobreviene no resulta optimista: “La mejor estimación de la pérdida global reportada de área natural de humedales debido a la actividad humana oscila por término medio entre el 54 y el 57 por ciento, pero la pérdida puede haber alcanzado incluso el 87 por ciento desde el año 1700. “

¿EL ESTADO? AUSENTE

Son varios los organismos del Estado que debieran actuar en defensa de la reserva. En 2006 se creó la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), frente a la preocupante situación en la cual se encontraba (encuentra) la cuenca, a la cual pertenece la laguna de Santa Catalina. Por este motivo es uno de los organismos estatales con competencia en lo que suceda allí. Luis de VADSC, detalla: “nosotros lo que estuvimos viendo es que si hay uno de los organismos del Estado que no actuó en defensa de la reserva como nosotros hubiéramos querido es ACUMAR. Es su obligación no es que estén haciendo caridad, tiene la obligación de recorrer el área de la cuenca Matanza Riachuelo y hacer relevamientos sanitarios, ver el daño que se genera por la contaminación en todo lo que es la cuenca, la población y el ambiente. Frente a las denuncias que nosotros puntualmente efectuamos tomó cuenta. Otras veces recibimos respuestas de copiar y pegar. Evidenciamos que ellos concurrieron a la parte de la laguna que es la parte donde ellos tienen injerencia. Actuaron, hicieron relevamiento, tomaron fotografías, nos informaron que habían enviado comunicaciones formales por los daños que se estaban generando puntualmente a Covelia, y a la UNLZ construyendo una cancha de rugby sobre las márgenes de la laguna.”

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la provincia de Buenos Aires, según declara en su misma página de internet es “la autoridad ambiental bonaerense. Su función es planificar y coordinar la ejecución de la política ambiental de (la) provincia, para mejorar y preservar la diversidad biológica de su territorio.” Sin embargo, Luis y el colectivo realizan una caracterización distinta de lo que se plantea en el institucional: “es un cero a la izquierda. En conversaciones que hemos tenido con algún funcionario de este organismo claramente la visión que tienen es una visión antropocéntrica. Es decir, bueno, cómo hacemos para mantener este lugar, la plata no está. Entonces cerquemos el lugar, esta hermosa laguna, con alguna institución, con algún tipo de emprendimiento, con algo que pueda llegar a hacer entrar un poco de plata, cosa de costo cero. Que mire a la laguna y la laguna quede protegida. Esto se dijo en una reunión, es gravísimo.”

En el contexto nacional la cosa no parece mejorar. El Secretario de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable, otrora Ministro Sergio Bergman, quien admitió al asumir no saber demasiado en materia ambiental y manejarse por “sentido común”, y llamó a rezar como mejor herramienta para combatir los incendios en el sur frente al recorte presupuestario, también fue noticia recientemente por la falta de información que brindó su cartera: según informó la Auditoría General de la Nación no pudo localizar expedientes de 20 humedales declarados sitios Ramsar, de un total de 23. Este tipo de lugares tienen importancia internacional debido a su diversidad biológica y a la función ecosistémica que cumplen. En lo que respecta a la reserva de Santa Catalina, que no tiene esta categorización pero no por ello resulta de menor importancia, los vecinos sostienen que no tienen ningún tipo de diálogo con Nación.

“A nivel municipal parece que se desentendieran que tienen alguna obligación sobre el área protegida, más allá de la obligación tampoco parecen tener consciencia de lo que tienen, porque es un territorio que están de alguna forma gobernando. Más hoy en día frente al colapso climático, tener justamente en el territorio en el cual están gestionando esto acá y desentenderse, para nosotros es una locura”, redondea Luis.

ANTENAS

Como si a la reserva le faltaran encuentros poco felices con el ser humano se suman los planteos sobre la instalación de antenas de telefonía móvil en el predio. Hay dos instaladas y se prevé una tercera. Una se encuentra en el espacio ocupado por el Tiro Federal, y la otra –con orden de desmantelamiento incumplida por el municipio de Lomas de Zamora- en el parque Llavallol. Las discusiones respecto de estos artefactos giran en torno a los efectos nocivos que tienen sobre la salud de todos los seres vivos. En particular se destaca la existencia de estudios científicos que sostienen que este tipo de tecnologías generan, entre otras enfermedades, cáncer. Luis traza un paralelismo y dice que “es lo mismo que pasa con los agrotóxicos. El cuestionamiento es: pero no está demostrado que genere cáncer. Bueno, pero a la gente que está en contacto con agrotóxicos le agarra cáncer. Puntualmente en las antenas que están instaladas en lo que es área de reserva hay un cuestionamiento de que en una reserva no se puede instalar nada que altere el ecosistema, ni el hábitat. Y por otro lado está demostrado que causa perjuicio al ambiente, a toda forma de vida, y si eso fuera negado, porque a nivel local no hubiera información suficiente o investigaciones de suficiente peso como para apoyar esto, está el principio precautorio. ” Según el artículo 4 de la ley General del Ambiente 25.675 este principio marca que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente.” Patricia termina explicando que todo se reduce a una cuestión de centro y periferia, de norte y sur global: “por ejemplo en Europa los niveles que manejan de potencia de antena son muchísimo menores que los que se manejan en América. A lo mejor con muchísimo más costo para las empresas pero que redunda en un beneficio para toda la población. Antenas tiene que haber con algún criterio, no por negocio.”

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