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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

“Defender el territorio, es proteger la vida”

12 Sep,2019

por Consejo Asesor Indígena

El CAI, Consejo Asesor Indígena, es una organización de base del Pueblo mapuche, autónoma y legítima. Nuestra legitimidad nace de nuestra identidad. Quienes conformamos la organización no la hemos perdido ni la hemos negociado. Seguimos de pie, luchamos por nuestros derechos, por el reconocimiento del Pueblo mapuche. Ese es nuestro rumbo, el que nos mostraron nuestros mayores en los primeros Trawn,( asamblea ) en los años ochenta. Desde entonces, el CAI va tomando cuerpo en Trawn, que es la forma ancestral de pensar juntos, para tomar decisiones, no hay fundadores. Pensamos y actuamos en conjunto.

Juntos, porque nos reencontramos después de cien años de andar solos, dispersos y con el dolor en nuestros corazones por la pérdida de nuestras familias, a causa del intento del Estado argentino de exterminarnos, de destruir nuestra cultura, nuestra lengua y todo el conocimiento desarrollado por nuestros mayores, el que permitió a nuestro Pueblo la vida por miles de años. Intentò, decimos, porque en esos Trawn, con la emoción de los que se reencuentran después de un desastre tan grande, mostramos a esta Provincia, al Estado nacional y al mundo que no sólo seguimos existiendo, sino que estamos dispuestos a continuar la vida como Pueblo. Somos el origen de un pensamiento: el de la necesidad de cambiar años de abusos, atropellos y discriminación, entendiendo que para avanzar es esencial organizarnos.

A fuerza de movilizaciones, debates y análisis logramos una legislación provincial de avanzada (Ley N° 2287/88). Ante la decisión del gobierno provincial de elaborar una ley reconociendo derechos a los Pueblos indígenas, participamos. Lo hicimos, ya entonces, de la forma en que hoy lo establece el Convenio Nº 169 de la OIT -aunque, como es de público conocimiento, los distintos gobiernos provinciales y nacionales se han resistido, antes y ahora, a llevarlo a la práctica-. En aquel momento el gobierno no tenía la intención de aceptar nuestra participación; fue por nuestra decisión y nuestra fuerza organizada que la logramos.

Históricamente, cientos de pobladores de nuestro Pueblo fueron objeto del genocidio y del racismo perpetrados por el Estado. Fueron despojados por personajes que llegaron a nuestro territorio trayendo sólo conocimiento comercial y la frialdad necesaria para no tenerles lástima a quienes dejaron en la calle, después de quitarles los campos y los animales, destruyendo sus familias. Este despojo también contó con la complicidad y la participación directa de funcionarios del Estado. Con la decisión de que esto no se prolongara en el tiempo, exigíamos al gobierno que se terminara este accionar injusto. Pero, en determinado momento, el gobierno tomó la decisión de no recibir reclamos de nuestra organización, lo que nos dejó en un callejón sin salida. Ante esta realidad decidimos recuperar de hecho los territorios usurpados. ¿Por qué “recuperación”? Porque cada fracción es parte del territorio ancestral del Pueblo mapuche al que pertenecemos; no estamos reclamando nada a lo que no tengamos derecho. Por eso también entramos en un conflicto de carácter judicial.

Por años, nuestros incansables reclamos al Estado provincial encontraron la negativa de los sucesivos gobiernos a reconocer los territorios que ocupamos. Tras haber agotado todas las instancias legales administrativas (desde el CoDeCi, órgano de aplicación de la Ley Nº 2287, hasta los gobernadores), en el año 2009 más de once comunidades que integramos el CAI tomamos la iniciativa de accionar en el terreno judicial. Demandamos ante el Poder Judicial de Río Negro al Estado provincial para que disponga el reconocimiento total y definitivo de las fracciones del territorio tradicional que ocupamos y también para que conforme la comisión investigadora de los despojos y robos de tierras, y restituya los espacios señalados por nuestras comunidades mapuches. Sabemos que fue y será un hecho inédito. Sabemos que antes no nos habíamos podido defender. Pero hoy nos consideramos en condiciones de plantear una demanda colectiva contra el Estado, el cual parece haber olvidado que el Pueblo mapuche también tiene derechos. No creímos que ese accionar nos llevaría tantos años, esto demuestra la deuda que el Estado tiene frente a nuestro Pueblo.

A pesar de que somos una organización reconocida en la provincia, en el país e incluso a nivel internacional, el gobierno y el CoDeCi se han negado sistemáticamente a reconocernos, al CAI y a las comunidades que lo integran, llevando a cabo una política de negación en los papeles y en los hechos, ya que en ningún momento durante tantos años se acercaron para conocer realmente nuestra situación.

De manera reciente, la Provincia intentó trabar la demanda colectiva mintiendo. Dijo que no dio de baja la personería jurídica cuando fuimos nosotros, desde el CAI, quienes pedimos eliminar la personería como asociación civil sin fines de lucro ya que no corresponde que nos traten como un club o una ONG; somos una organización de base territorial de un Pueblo Indígena. Nuestra razón y nuestros derechos fueron convalidados por la sentencia del Presidente de la Cámara Civil, Comercial y Minería de San Carlos de Bariloche, en la que se rechazan todos los planteos del CoDeCi y de la provincia que cuestionaban la legitimación y representación del CAI: “queda demostrado que el CAI rompe las formas civiles para consolidar la caracterización jurídica de la organización como un sujeto colectivo del Pueblo mapuche, entidad no estatal de derecho y reconocimiento público”. La sentencia afirma que “… no puede ni debe perderse de vista cómo la misma existencia autónoma del CAI, como auténtico órgano representativo de la población indígena rionegrina dimana de la propia ley (D 2287 art. 6), aplicando además en nuestro derecho interno tanto el principio de libre y genuina representación, determinación y autonomía como el de identidad ambos internacionalmente reconocidos (arts. 1 PIDESC y PIDCYP, 1 a 3, 5, 8 y 12 Convenio 169 OIT, 3,4,13 y 18 UNDRIP en orden arts. 31 y 75 incs. 17, 22 y 24 CN). Dicho reconocimiento, tanto externo como local, es incluso resultado de una realidad jurídica de las Comunidades indígenas que resulta ser previa a inscripción en registros estatales y a su vez directa e inmediata consecuencia de su preexistencia étnica y cultural”.

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En base a la Constitución Provincial y a la legislación internacional, el objetivo de la demanda contra el Estado de Río Negro es que se declare la nulidad de todos los actos administrativos que “blanquearon el despojo” de las tierras que tradicionalmente ocupamos, actos que se reiteran aún hoy a pesar de que los gobiernos cambian. En estos mecanismos de despojo se involucran incluso organismos estatales que colaboran sistemáticamente en contra de nuestra gente, a través de su accionar irregular y de las violaciones de legislaciones vigentes que supuestamente todo funcionario debería cumplir. Estos mecanismos no son utilizados sólo contra nosotros, sino también contra todo el Pueblo mapuche. El robo de tierras fue y es una práctica extendida contra el Pueblo mapuche. Los mecanismos de despojo y omisión que lleva adelante el Estado son en perjuicio de nuestra existencia y en beneficio de terceros, incluido el propio Estado. Esto es lo que hoy enfrentamos.

Un ejemplo claro y documentado es la situación que estamos soportando al sudoeste de esta provincia, en la zona de cordillera de donde se desprenden arroyos que van conformando ríos importantes como son el Chubut, el Foyel, el Pichi Leufu y el Río Chico.

Junto con el CAI, la comunidad Kom Kiñe Mu (“Juntos somos uno”), de los parajes Arroyo Las Minas, La Horqueta y Alto Río Chubut, denunció cómo en la década de los noventa Nicolás Van Dittmar presionaba a pobladores para que le vendieran los campos que luego ofrecía al exterior. La Dirección de Tierras ocultaba expedientes, se reunía en el territorio con operadores inmobiliarios (como Van Ditmar) y otros personajes conocidos de la zona, no respondía a pedidos de informes. Realizamos denuncias públicas porque presumíamos de las ventas que, ignorando los derechos mapuches, había realizado la Provincia por medio de la Oficina de Tierras a Joseph Lewis, capitalista inglés, amigo del actual presidente Mauricio Macri. Se trata de las tierras que tradicionalmente ocupa la comunidad KKM. El despojo estatal a favor de Sede-Miguel Guajardo-Midlin y Barabucci es muestra del negocio ilegal que afecta nuestro territorio. ¿Por qué ilegal? Todo lo hicieron de forma oculta. Se realizaron mensuras y se concretaron ventas sin tener en cuenta leyes que fijan requisitos, prohibiciones, exclusiones para las transferencias de las tierras fiscales en la provincia; mucho menos respetar la normativa sobre derecho de pueblos indígenas local, como la Ley Nº 2287, ni realizar consultas previas e informadas como lo establece el Convenio Nº 169 de la OIT cuando se afectan intereses de Pueblos indígenas. La política de la Provincia fue y sigue siendo hacer todo en secreto para impedir nuestra oposición, desconocer negar nuestra preexistencia y negar así nuestros derechos.

En el último tiempo, ocurrieron hechos inesperados: nos sustrajeron pertenencias que teníamos en los puestos de veranada y nos denuncian de usurpadores de los territorios que tradicionalmente ocupamos. Ante este conflicto, el último comprador, Hugo Alberto Barabucci, que pagó con dinero de los Emiratos Árabes, presentó la documentación que permanecía oculta ante la Fiscalía de Bariloche. Así fue como salió a la luz la venta clandestina que la provincia ha realizado, entregando gran parte de nuestro territorio despojado a capitales extranjeros.

Una vez más, denunciamos públicamente esta situación porque no podemos comprender cómo es posible que, luego del dictamen de la legislatura de la nulidad de las transferencias, aún hoy el gobierno desconozca la existencia de una comunidad mapuche, permitiendo que se realizaran mensuras dentro de nuestro territorio, sin un deslinde consultado a la comunidad, sin información fehaciente previa y sabiendo la Dirección de Tierras que los despojos están denunciados y pidieron ser investigados por el CAI y por la comunidad.

Más aún, en este accionar, el Estado ha utilizado a su servicio a personas de comunidades que reciben permisos de ocupación precario en territorio mapuche, sin darles la posibilidad de darse cuenta que tener un permiso de ocupación precario es despojarse de su propio territorio. Esto no ha hecho sino generar conflictos entre gente mapuche. El CoDeCi no asume la responsabilidad que tiene como organismo estatal de actuar con imparcialidad ante la existencia de ese tipo de conflicto. La mayoría de sus integrantes son mapuches. Sin embargo, en lugar de dar lugar a una solución que respete y consolide los derechos territoriales, no sólo han profundizado los conflictos en la zona actuando parcialmente, sino que hasta han solicitado la intervención de la gendarmería. Tan peligroso es el accionar del CoDeCi que, al hacer este pedido, no han tenido en cuenta la agresión que implicaría la sola presencia de este cuerpo de fuerza -que en este último tiempo se ha hecho conocer por los tristes resultados de su accionar contra nuestro Pueblo- hacia las familias compuestas por ancianos y niños, que llevan una vida totalmente pacifica. En definitiva, un organismo como el CoDeCi, que debería investigar de forma imparcial el origen de los conflictos por el territorio y aplicar la Ley N° 2287, acciona de manera consecuente con la política del gobierno provincial en la búsqueda de avanzar en su despojo. Los intentos por reformar la actual Ley de Tierras Fiscales, que han trascendido en los últimos años, van en idéntico sentido.

Esta es nuestra real situación y la damos a conocer: poderosos empresarios del mundo se hacen presentes en nuestro territorio queriendo apoderarse de él y de sus recursos (aguas, bosques, petróleo, oro), con las facilidades que les dan los gobiernos y ante la inacción de la justicia provincial (las denuncias por distintos hechos de violencia contra la vida e integridad de las personas de la comunidad KKM que son puestas en conocimiento ante la Comisaría y la Fiscalía de El Bolsón quedan sin resolución, y en las actuaciones policiales se traslucen expresiones de odio, discriminación y racismo hacia nuestra gente).

Frente a esto, esperamos que el Poder Legislativo asuma participación en fiscalizar el accionar del Poder Ejecutivo que tanto daño nos están causando. A la vez que hacemos responsable al gobierno de cualquier agresión que pudiera sufrir todo integrante del CAI o de las comunidades que integran la organización.

Esperamos que la sociedad en general vea la gravedad de la situación que estamos viviendo y buscamos su comprensión.

Mantenemos en alto nuestra forma de solucionar los conflictos. Como dijimos al principio, será en Trawn, manera ancestral de pensar y tomar decisiones en conjunto para la defensa del Wall Mapu. Esto nos exige mantenernos serenos y soportar las formas violentas del accionar de los que buscan despojarnos del territorio al que pertenecemos.

Pertenecemos al pueblo Mapuche y los pueblos no renuncian a la vida. Solo se detienen para encontrar una salida, como los ríos, y seguir andando.

¡!!Marichi Weu Marichi Weu Marichi Weu!!!

CAI- Consejo A Indígena

Puel Mapu- (Argentina)

Contacto: caiandino2006@yahoo.com.ar

 

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