El Sida, los pobres y la lógica del glifosato

Lo que sigue fue pensado como un destilado de argumentos para poder aportar otra visión a nuestros compañeros de trabajo que aprueban gran parte de la política de seguridad del gobierno. Hay mucho más para decir, pero no queremos abrumar.

Derecho al odio
Primer paso, reconocer que el odio social existe y que es un sentimiento totalmente atendible. Porque hay conductas que generan rechazo, hay formas de vivir que realmente no compartimos y que incluso nos han alejado de muchos conocidos. No debemos ignorar ese sentimiento. Eso sí: no siempre el desprecio por el otro se expresa en deseos de desaparición o exterminio.
Si pienso en un ejemplo de odio socialmente instalado, pienso por ejemplo en los años ochentas. En el 84 el SIDA era una enfermedad “que mataba a los homosexuales”. De hecho, cuando Murió Rock Hudson muchas señoras de almacén se sorprendieron “¿ah, era marica? mirá vos, que raro, con esa pinta, etc etc”. Muchos de los que odiaban a los homosexuales, pensaban que estábamos ante un agente de higiene social, que el SIDA venía a limpiar a la sociedad de alguna gente indeseable y que bastaba con la heterosexualidad para mantenerse a salvo. ¿Federico Moura? marica y probablemente drogadicto. ¿Miguel Abuelo? lo mismo. Y así, el crecimiento de la lista era previsible. Pero los años demostraron que no sólo los homosexuales, los promiscuos o los adictos morían por ese mal. Pero hasta que el virus no rompió esa barrera comunicacionalmente -porque la otra barrera la rompió desde el primer momento- gran parte del argentino promedio mataputo no sintió que estuviera ante un peligro. Para eso fueron necesarios: casos, -sobre todo casos tipo Magic Johnson- y comunicación. Mucha comunicación.

En los últimos años, en la Argentina el racismo se ha expresado de una forma virulenta que ha hecho que muchos compatriotas pierdan el sentido de la convivencia y terminen alegrándose por la muerte de personas que son el objeto de su odio.
En los últimos días, tomó vigencia mediática uno de los vectores del odio social que más importancia ha cobrado por estos años. Es el que muchos sectores de la población sienten hacia lo que sociológicamente identificamos con los sectores más pobres de la sociedad. Obviamente, la justificación de ese odio no es en su carácter de tales (de pobres); para justificar ese odio, recurren a una larga lista de prejuicios y etiquetas construidas socialmente, que identifican a la pobreza con la vagancia, el consumo de sustancias a niveles de riesgo -drogas o alcohol-, el clientelismo, la delincuencia, los beneficios del Estado sin contraprestación laboral, por mencionar algunas pocas.
Está claro que esas conductas atraviesan todas las clases sociales, sin embargo sólo generan odio cuando están encarnadas en los pobres. Hacia sectores de clase media y hacia arriba, sólo generan irritación o enojo.

Que se mueran los negros.
Hoy, la sociedad argentina se enfrenta ante un nuevo catalizador de odio social masivo: el pobre que delinque. Muchos ciudadanos se alegran cuando un pobre que comete un delito es ejecutado en forma sumaria por cualquier persona -policía o no-. Aunque esos mismos odiadores declamen respeto por las leyes y la Constitución, vitorean al policía que le dispara por la espada a una persona que está desarmada, herida y tirada en el piso (Atenti: probablemente estemos hablando de una persona que ha cometido un delito terrible, por el cual probablemente la justicia aplicaría una condena a una pena severísima).
En las redes sociales -una de las principales cajas de rebote de la opinión pública- se está generando un clima social en el cual estas muertes no sólo están justificadas si no que están estimuladas. Se le pide a la policía una actitud proactiva en este sentido. Y la policía va a responder, ¡qué duda cabe! Con el aval de la opinión pública y -quizás merced a ello- el apoyo de los organismos del gobierno encargados de la “seguridad”, los individuos portadores de un uniforme y un arma, se verán con cada vez más atribuciones para disparar, contando con la indulgencia del público, de sus jefes y también de los jueces.
Mientras tanto, como pasó con el SIDA, hay muchos ciudadanos que están tranquilos, porque creen que a ellos no les va a pasar nada, porque -como antes no fueron putos- hoy no son negros, ni chorros.
Pero la policía con mano suelta, puede equivocar el blanco, o puede darse también que cada policía genere su propia tabla de merecimientos, o que dispare antes de averiguar. Y ahí sí, creo que muchos ya lo sabemos, nadie va a estar definitivamente seguro. Porque esos agentes tienen vía libre para considerar en qué consiste una actividad merecedora de sanción: fumarse un porro, besarse entre personas del mismo sexo, cometer una infracción de tránsito, gritar un gol del equipo rival, no salir a robar para ellos… la lista puede ser infinita.
Para que ocurra lo que ocurrió con el SIDA -tener una comprensión del proceso, y de los riesgos a los que cada uno se ve expuesto-, uno de los factores que mejoraría la situación, el de la comunicación, está en manos del gobierno que sólo irradia complicidad con el gatillo fácil. Homologando con el SIDA y las campañas de salud, lo correcto sería que el gobierno nos recuerde permanentemente los derechos de los ciudadanos y los deberes de la policía, como antes nos decían que nos hagamos el análisis de HIV y que usemos protección durante las relaciones sexuales. No va a pasar. ¿Nos quedará esperar del otro lado, el de los casos? ¿Cuando la policía mate por error a alguien que no cargue los estigmas antes mencionados la sociedad comenzará a dudar de la eficacia del método como depurador social?

Negro y azul
Pero hay una arista más. La mayoría de los policías son personas que vienen de las clases más pobres de la sociedad. Sin embargo, sobre ellos no recae el estigma porque estarían cumpliendo una función socialmente aceptada por quienes se consideran “más arriba” en la escala social. Serán pobres, pero como se encargan de matar otros pobres, son bien considerados. Puede ocurrir como pasaba a menudo en la colimba, que cuando un pobre con uniforme era asesinado -o dejado morir- por algún superior, se optaba por tender un manto de cobertura, y el que en otras circunstancias hubiera sido un héroe (ponele, un Chocobar) pasa a ser un caso policial sobre el que lanzar la estrategia del encubrimiento.
Pero, como nos gusta rizar el rizo, traigo un dato más a colación: en mucha clase media argentina, hay un desprecio social muy fuerte sobre gran parte de las fuerzas policiales, -sobre todos aquellos de origen pobre- cuyas caricaturas pueden ser tanto el comisario de Hijitus, como el Miguel del Sel de Rompeportones. Casi campesinos, de tierra adentro, muy ignorantes, Milicos. Entonces, el estigma sobre esos agentes, está en suspenso, y esos policías deberían saberlo. Matar a un blanco equivocado puede costarle muy caro a la imagen del policía-pobre-héroe y será necesario un gran blindaje mediático -que está trabajando a pleno, claro- para reforzar la imagen de que el gatillo fácil es la mejor herramienta social contra la delincuencia de los pobres. La delincuencia de los ricos, casi nunca es tapa y nunca -pero nunca- merecerá pena de muerte.

La lógica del glifosato
Para estos sectores que se consideran “clase media”, los eventuales aumentos de tarifas eran el riesgo que había que correr para sacarse de encima “el populismo”. El riesgo se confirmó y muchos de ellos están pagando contentos porque el peligro mayor está anulado y NO VUELVEN MAS. Ese es el piso argumental con el que hay que dialogar.
La lógica del glifosato indica que hasta que se defina si es o no cancerígeno, mientras elimine a un amplio espectro de malezas y asegure el mejor rinde, el glifosato SE APLICA. Para muchos productores, “el mapa del cáncer” es un relato, y si hay muchos casos de cáncer en la pampa húmeda, sólo se trata de una sucesión de casos aislados. Y aunque desconfíen del glifosato, para muchos productores, el riesgo mayor es la maleza.
Aplicada a la convivencia social, esa lógica les permite aceptar que se violenten los derechos civiles como antídoto contra los pobres que delinquen o que “están a punto de hacerlo”. El odio -al que tienen derecho- no les permite ver que la solución que ellos proclaman, puede poner en riesgo sus propias vidas.
Con los niveles de odio y resentimiento antipobre que se han instalado en la sociedad, poner el énfasis en los “derechos”, no conduce a nada. Tampoco sirve explicar el proceso de la pobreza. Comprendamos que muchos de nuestros interlocutores no están pensando en una sociedad de derecho, ellos sólo quieren ver muertos a los pobres que delinquen y presos a algunos -no a todos- de los ricos que roban o matan.
El primer camino posible para concientizar acerca de los riesgos que se corren con ciertas actitudes del gobierno que están siendo socialmente convalidadas, consiste en primer lugar, en reconocerles su derecho al odio; es el peaje que hay que pagar para que la discusión no se estanque. Inmediatamente debemos tratar de hacerles percibir la imposibilidad de encapsular el riesgo cuando la decisión de disparar a matar está en manos de cada uno de los miembros de las fuerzas de seguridad y es aplaudida y reconocida por los altos funcionarios del Estado.
Hacer desbordar el riesgo mediante la discrecionalidad de los disparos, no parece ser la mejor solución al problema real de la inseguridad, aunque comunicacionalmente instale un clima de bienestar para el odiante que se alimenta de cadáveres de pobres que han robado o asesinado.

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