Elecciones en Brasil. Travesía de Casandra, 42 años después. Con el pie en el acelerador, pero ¿para dónde vamos?

En 1976 fue lanzada la película “Travesía de Casandra, dirigida por George Cosmatos. En la trama, un tren corría sin freno en dirección a un puente quebrado sobre un abismo. Es para ahí que vamos en estas elecciones, cualquiera sea la velocidad de nuestro tren. Pido disculpas por el spoiler, no a propósito del desenlace de la película, sino del enredo electoral. También pido permiso  para alejar la cámara en una toma panorámica que no cierre el foco en esta campaña de 2018.

 

El modelo que se va consolidando en el mundo demanda la integración de todos los territorios a sus cadenas de acumulación. Para eso, se dibuja un nuevo patrón de dominación que exige cambios bastante drásticos en el uso de la tierra y en las modalidades de extracción de valor. Precisa crear nuevos campos de negocio antes impensados. Los Estados son agentes que operan esas transformaciones.

 

No es posible reconstituir el contexto histórico que permita, aunque sea como espejismo, mirar para un horizonte futuro de Estado de bienestar social. Ese período ya se cerró hace mucho tiempo. Lo que está en disputa es la velocidad con la que  el nuevo patrón de dominación  será implantado.

 

En el Brasil de 1964, se vivió una situación análoga a la actual. Se trataba también de la implantación de un entonces nuevo patrón de dominación. El sociólogo brasileño Florestan Fernandes evaluaría después que, si la burguesía brasileña no se pusiese de acuerdo para esa adecuación, habría en el país una “reversión colonial”. Los documentos secretos desclasificados recientemente por los Estados Unidos, y que fueron base para el documental de Camilo Galli Tavares “El día que duró 21 años”, no dejan dudas sobre esto. Si la burguesía local no asumiese la iniciativa, una fuerza externa realizaría la tarea. La “contrarrevolución preventiva”, como la llamaba Florestan Fernandes, que se implementó en Brasil, después se replicó por todo el Cono Sur con el mismo objetivo de desarticular cualquier resistencia a la implantación de la nueva forma de dominación. Y, una vez consolidada, el ejercicio del gobierno por los militares ya no fue necesario.

 

Sufrimos ahora la presión para reformas del marco legal que rige las actividades económicas y las relaciones de trabajo, necesarias para la integración de los territorios al nuevo modelo. Y la burguesía no consigue el consenso ya obtenido en Chile, Paraguay y Argentina. Los motivos de esa particularidad deben ser buscados en el papel diferenciado que Brasil, con una relativamente mayor potencia económica, viene cumpliendo en la región, como plataforma de exportación de capitales e intermediario en las cadenas de acumulación. No hay sectores con poder económico que no estén convencidos del imperativo de esas contrarreformas. Pero no llegan a ponerse de acuerdo sobre quién las realizará, que en el fondo responde a una disputa sobre cómo será la distribución de los beneficios de esa operación. Pero construir consensos exige tiempo y negociación. Las ventajas que olfatean en la conversión rápida hacen sucumbir a muchos de esos grupos a la tentación de una solución drástica, aun sin consenso, con todos los riesgos de inestabilidad, de que los otros sectores no le reconozcan legitimidad y de los costos del uso de la fuerza para imponer los cambios.

 

Ya en el comienzo del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff, la incorporación al gabinete de Joaquim Levy, asesor del partido contrario, como ministro de Hacienda indicaba el rumbo que el gobierno del Partido de los Trabajadores estaba dispuesto a recorrer. Aunque lo haría a baja velocidad. La “Agenda Brasil” y el “Puente para el Futuro”, eran plataformas programáticas propuestas por sus aliados del PMDB en 2015 para subir un par de marchas. El impeachment que derribó a Dilma Rousseff sólo fue conseguido por la ruptura de la alianza del PMDB con el PT y la aproximación del PMDB al PSDB, mayor partido de oposición, para acelerar la aprobación de las contrarreformas. Para descalificar al PT se usó el argumento de la corrupción, atribuyendo al partido prácticas estructurales del Estado en su articulación con el poder económico. La falta de “solidaridad orgánica” de la burguesía local y el rabo de paja que los políticos profesionales poseen en relación a esas prácticas, no les permite comandar una recomposición de alianzas. La corrupción, dice Antonio Gramsci, es algo así como un mecanismo sustituto, cuando no es posible obtener consenso[1].

 

El gobierno surgido del impeachment continuó bajo amenaza de retirada de apoyo por parte de los nuevos aliados. Unos y otros, a su vez, están permanentemente amenazados por los grandes medios de denuncias por corrupción. Esos grandes medios operaron, por otro lado, permitiendo el crecimiento de la candidatura del capitán de reserva Jair Bolsonaro, entonces diputado, de discurso abiertamente fascista, presionando así para que los partidos tradicionales consiguiesen un acuerdo. Esto no ocurrió. Ni el PSDB, ni el PMDB lograron reunirse en torno de una candidatura unitaria, aunque fuese de un representante de un tercer partido, menor.

 

El discurso de hacer los cambios a la fuerza, sin consenso burgués, fue ganando cuerpo. La tentación de una solución radical es alimentada por la urgencia de las contrarreformas para la integración de todas las energías económicas a las cadenas de acumulación. Sustituyendo el consenso por una dirección dispuesta al uso indiscriminado de la violencia, aun sabiendo que liberaría para eso fuerzas sociales que no conseguiría controlar con facilidad.

 

Sólo nos resta accionar el freno de mano. No será fácil.

[1]                      Ver: al respecto “Sobre a corrupção no contexto do capitalismo dependente”, de Murilo Leal e Silvia Beatriz Adoue. Em http://www.blogsintese.com.br/2016/06/sobre-corrupcao-no-contexto-do.html

 

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