Evaluando el Cambio en Educación… o La Revolución Educativa según el PRO

Evaluando el Cambio en Educación…
0, La Revolución Educativa  según  el PRO

Rosario Luaces y Natacha Levisman.
Agrupación docente-estudiantil Simón Rodríguez.
Corriente Popular Juana Azurduy

Si se quisiera rastrear el desembarco del macrismo en el ámbito de la educación a nivel nacional, la provincia de Jujuy en Febrero de este año indicaría su hecho fundante: la Declaración de Purmamarca. Este documento, firmado por el Consejo Federal de Educación y producto del encuentro de los Ministros de Educación de todas las provincias, delineó, a grandes rasgos, los objetivos de la llamada Revolución Educativa con la que Cambiemos arremetió. Fortalecer las evaluaciones anuales tanto a docentes como estudiantes; garantizar la obligatoriedad escolar hasta niños de 3 años; comenzar a implementar la Jornada Extendida; fortalecer la formación docente tanto inicial como continua, aumentar la autonomía de las jurisdicciones a la hora de elaborar planes de estudios y políticas focalizadas, eran los puntos fuertes de dicho plan.

Hay rasgos crónicos en las políticas del PRO, que dan cuenta de los modelos políticos y económicos a los que responden. Quizás el más claro tiene que ver con cumplir metas o realizar reformas que declarativamente responden a falencias reales del sistema educativo pero cuyo rumbo de resolución resulta no sólo arbitrario y unilateral sino que va en contra de los intereses y necesidades de las trabajadoras y los trabajadores y de las comunidades educativas. Algunos ejemplos podrían ser el problema de la falta de capacitaciones, la insuficiencia de escuelas para lograr la obligatoriedad escolar, la demanda de mayor cantidad de instituciones de jornada completa. Las soluciones ofrecidas frente a esto: cerrar áreas enteras, despedir trabajadores y trabajadoras, reducir presupuestos, la injerencia tanto presupuestaria como en materia de conocimiento del sector privado vía ONGs, la Iglesia, Universidades Privadas, fundaciones especializadas, incluso directamente empresas con las que el gobierno actual hace buenas migas.

Hay una contracara fundamental que la gestión macrista implementa tácticamente para tener un margen de maniobra a la hora de crear o reformar políticas educativas. Sucede algo similar que en otras áreas que podríamos denominarlo como vandorismo patronal: al igual que la metodología del histórico sindicalista de la CGT, se basa en golpear y negociar. Golpear con proyectos generalmente exagerados en su presupuesto, ámbito de aplicación y objetivos, para luego de confrontar con los sindicatos y la comunidad educativa, negociar y disminuir el impacto a algún punto más razonable mostrando la voluntad de negociación y “concesión” frente a la demanda popular. Desde ya estas jugadas no serían posibles sin la complicidad de las conducciones burocráticas de algunos sindicatos que forman parte del show, mientras otros sectores realmente dan batallas contundentes. Es por esto, que resulta complejo dilucidar si el fruto de los supuestos retrocesos del gobierno en algunas medidas y proyectos, se da gracias a un avance de la lucha educativa o si son pasos planificados o previstos por el macrismo. Definitivamente es una pregunta que cabe hacerse ante cada pelea dada durante todo el 2016.

El 2016 a nivel nacional

Desde hace más de dos décadas, el sistema educativo argentino está fuertemente descentralizado y fragmentado, y aumentar la “autonomía” de las provincias es uno de los puntos fuertes de la “Revolución Educativa”. Por eso, si bien hay ciertos lineamientos generales y comunes a escala nacional, cada una de las jurisdicciones deberá “arreglárselas” para implementarlos. En primer lugar se podría mencionar el bochornoso acuerdo paritario de este año, que implicó un aumento escalonado en dos cuotas, llegando a $8.500 recién a partir de agosto más un mísero incentivo docente que llevó el sueldo de los docentes de aquellas provincias que cobran el piso salarial, a unos $10.000 . Si bien CTERA, la Central de Trabajadores de la Educación nacional, no firmó este acuerdo y se llamó a un “estado de alerta y movilización”, poco fue lo que se hizo para contrarrestar su consecutividad. Las clases empezaron con normalidad en muchas provincias del país, por lo menos en aquellas donde los sindicatos están conducidos por la Lista Celeste, de la cual es parte Sonia Alesso- Secretaria General de CTERA- o afines. Sin embargo hubo una porción importante de jurisdicciones donde se produjeron conflictos bastante profundos y sostenidos, como Santiago del Estero, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén. El paro del 4/4, coincidente con el aniversario del fusilamiento de Carlos Fuentealba, fue anunciado por Sonia Alesso en una importante jornada de lucha que se llevaba adelante en la provincia de Mendoza donde se quiso implementar el Item Aula, una suerte de nuevo presentismo que castigaba a los docentes que faltarán a la escuela por razones lógicas por las que podría ausentarse cualquier trabajador/a o no estuvieran trabajando en aula, quitándoselo del salario. Esta medida nacional fue una manera de intentar descomprimir el gran descontento que había en la base docente, que empezaba a desbordar a la CTERA y que rompía con el acuerdo tácito -y no tanto- entre el gobierno y las centrales nacionales.

Otro punto vinculado a la reducción de presupuesto y despidos de trabajadores en el ámbito estatal, fue la desarticulación de todos los programas federales implementados durante la gestión kirchnerista. Este es el caso de los despidos de trabajadores y trabajadoras de Conectar Igualdad y de todos los programas socioeducativos dependientes de Nación. Si bien esto no implicó directamente la desaparición de los programas y muchos trabajadores fueron reincorporados en otras funciones, tuvo consecuencias en su desarticulación y derivación a las gestiones provinciales, las cuales según sus recursos y voluntades podrían seguir aplicándolos. Por otro lado, encontramos los fuertes recortes en el programa nacional de Educación Sexual Integral que incluyó la reducción de las capacitaciones en servicio sobre la temática. Estos ataques directos al planeamiento educativo, produjeron varias acciones incentivadas en su mayoría o bien por trabajadoras y trabajadores autoconvocadas/os o bien por Juntas Internas de ATE. Este sindicato como CTERA y sus sindicatos provinciales, hicieron ciertas apariciones en estos conflictos, sin embargo fueron fragmentadas y poco contundentes, por lo que también poco fue lo que se logró revertir.

Como política de avance en la instalación de un modelo educativo acorde a los intereses del capital, la más importante y contundente, fue la aplicación del Operativo Aprender 2016. Cumpliendo de forma religiosa con los puntos acordados en Purmamarca, hijo de las recomendaciones de los organismos internacionales, este Operativo  implicó la evaluación simultánea y estandarizada, a niños de 6° grado y de algunos 3° de nivel primario, y de 5º año y algunos 3 º de nivel medio de todas las escuelas del país en una Jornada Nacional de Evaluación el 18 de octubre. El operativo costó un presupuesto de varios millones de pesos en materiales, capacitaciones y una remuneración de $1000 en negro para los docentes que quisieran ser “aplicadores”, y $2000 para los directivos que quisieran ser “veedores”. Esto no es un dato menor, ya que no solo implicó una diferenciación salarial entre docentes, generando conflicto dentro de las escuelas, sino que fue una política direccionada claramente al disciplinamiento y la subordinación. Abundaron las escuelas donde los directivos hicieron pasar esta tarea como una más de las correspondientes a las de los maestros y profesores, sin darles la opción de decidir, se multiplicaron las amenazas y aprietes a conducciones que no querían ser parte del Operativo, se dio lugar a que la escuela sea una vez más y lamentablemente, escenario de disputa por el control por parte tanto del Ministerio como de los propios actores educativos entrampados en este proyecto.

El discurso sobre la evaluación -como política nacional- no nace con la Alianza Cambiemos en la presidencia, ya desde el kirchnerismo se aplicaron evaluaciones estandarizadas a los estudiantes y ya había intenciones de extender esta política a la docencia. Desde esta perspectiva no resulta llamativa la poca “pelea” que se dio para frenar la evaluación. En su máxima expresión, se redujo a un simple comunicado que publicó CTERA y los sindicatos afines a las Lista Celeste. En CABA ni quiera se planteaba su anulación sino, simplemente, su suspensión, lo que leyendo entre líneas daba cuenta de la necesidad de las conducciones burocráticas de un tiempo mayor para negociar una participación más contundente en los operativos de evaluación subsiguientes. Esto generó mucha insatisfacción aún en la propia base afín a estas direcciones.

En muchas jurisdicciones, esto se sumó a la ola de rechazos masivos impulsados desde las bases docentes tanto autoconvocadas como organizadas desde los sindicatos más combativos. Pero definitivamente, fue en este conflicto donde la relación con la comunidad educativa tuvo un rol clave. Diversos métodos de resistencia se ensayaron: desde tomas en establecimientos de nivel medio, ausentismo masivo, difusión de la problemática entre docentes y familias, asambleas docentes, y abstencionismo a cumplir el rol de aplicador o veedor desde las escuelas, entre otras. Si bien a nivel nacional el operativo pudo llevarse adelante de forma generalizada, en lugares como CABA, alcanzó hasta un 70% de rechazo, en Matanza un 90%, por nombrar algunos ejemplos contundentes. Esta experiencia, como tantas otras en la Ciudad de Buenos Aires, tras 8 años de macrismo, deja muchas pistas para pensar acerca de cuáles son los mejores métodos a utilizar para resistir a las políticas macristas. Esto implica plantearse cómo las conducciones sindicales mayoritarias en lugar de encarnar los intereses y necesidad de los trabajadores y trabajadoras docentes, actúan como una suerte de “garantía coactiva” de los gobiernos, y ver cuánta es la necesidad de proponer otro tipo de modelo sindical desde las bases que logre organizar a los docentes y que tienda puentes con las comunidades educativas, no solo resistiendo, sino avanzando.

Vale la pena, en este punto, hacer un breve recorrido de  las luchas docentes a nivel nacional. En este sentido, se puede ver cómo frente a avances graves en materia de recorte e injerencia de las políticas de organismos internacionales, es muy magra la respuesta que se ha dado desde las estructuras sindicales nacionales. Los paros convocados desde CTERA fueron -generalmente- englobados en procesos y hechos políticos más generales, como lo fue la Marcha Federal convocada desde las CTAs, y no como respuesta frente a conflictos concretos que tuvieran la potencialidad de convertirse en victorias para el gremio. Es decir, no se enmarcaron en planes de lucha, ni se decidieron en asambleas o plenarios de delegados, sino que se convocaron como parte de iniciativas políticas de determinadas conducciones enmarcadas en partidos u organizaciones políticas que necesitaban posicionarse o hacer específicas demostraciones de fuerza. Esto no quita que las bases y la porción de pueblo que haya participado, haya excedido sus intenciones primarias, así como tampoco que se haya querido disputar el carácter de las mismas. Pero sí habla de una metodología y un tipo de sindicalismo determinado, que lejos está de la construcción de poder popular en la clase trabajadora, o de entender al sindicato como trinchera, como herramienta de organización y de lucha de las bases. Hace tiempo que los conflictos educativos que logran algún tipo de respuesta, por supuesto nunca estructural ni completa, se dan en despachos, juzgados o vía legislaturas, quitando de las calles la disputa, desmovilizando y generando un descreimiento en la organización, y estigmatizando otros métodos de lucha como el paro o la movilización. Por otro lado, las provincias que han tenido largos períodos de lucha y represión, como Tierra del Fuego o Santiago del Estero, han sido aisladas y desoídas a nivel nacional. La CTERA sólo ha sido declarativa al respecto, sin poder -ni querer- convertir estos conflictos en luchas nacionales.

El laboratorio de la privatización y la precarización

Porque es nuestro lugar de disputa y también porque hace ya casi una década que la revolución educativa empezó allí, nos gustaría dedicarle algunas líneas a los avances y las resistencias dadas en Ciudad de Buenos Aires.

Como proclama la flamante Declaración de Purmamarca, en CABA se ha asistido a la aplicación “piloto” de la Jornada Extendida en muchas escuelas. En este sentido, la extensión de la jornada vino acompañada por la ampliación de la planta de muchos programas socioeducativos que se hacen cargo de los niños y las niñas luego o antes de la jornada escolar tradicional. Estos nuevos trabajadores y trabajadoras han sido contratados nuevamente de forma precaria. Decimos nuevamente porque hace años que se viene luchando contra la precarización en este sector, que hasta el momento ha logrado muchos avances, como la titularización e ingreso al Estatuto Docente de muchos trabajadores y trabajadoras que han vivido años de contratos inciertos, sin acceso a licencias ni derechos laborales básicos. De esta manera, la nueva aparición  de contratos precarios, sin licencias, de Marzo a Diciembre, es un gran golpe que se debe frenar de forma inmediata.

Sin embargo, la precarización laboral no sólo se ha incrementado a partir de la Jornada Extendida, sino que ha crecido a partir de la “tercerización” de programas socioeducativos o la creación de programas educativos vía Ministerio de Desarrollo Social. Este es el caso de la Red Comunitaria de Apoyo Escolar o los Centros de Primera Infancia, programas que funcionan en articulación directa con ONGs o parroquias, donde los trabajadores y las trabajadoras son remunerados de forma muy inferior y con derechos laborales disminuidos en comparación con aquellos que trabajan directamente en el Ministerio de Educación.

La Jornada Extendida implica también otra vía de acceso de ONGs, empresas privadas y la Iglesia, a la educación pública. Por falta de espacio en las instituciones a las que concurren, muchos de los niños y niñas de Jornada Extendida, tienen sus talleres en ámbitos extraescolares: parroquias, clubes y establecimientos de ONGs que reciben financiamiento del Ministerio de Educación. ¿Por qué en vez de invertir en infraestructura escolar, el Ministerio sigue derivando sus fondos en el alquiler de edificios al sector privado, o pagando micros escolares para que niños y niñas que no consiguen vacantes en sus barrio viajen más de una hora para escolarizarse?

Esta pregunta nos lleva a otro conflicto en plena vigencia en CABA: la falta de vacantes. A principio de año, y nuevamente en Noviembre  y Diciembre, asistimos a las largas peregrinaciones de familias cuyos niños y niñas quedaron en “lista de espera” (sin vacantes) para entrar en la escuela pública. Este año el gobierno admitió que en CABA, más de 11.000 estudiantes se quedaron sin acceder a una vacante, número que se estima que crecerá en el 2017 ya que durante este año no se ha construido ni una sola escuela nueva.

En estos últimos años se han logrado recuperar gracias a la lucha de la comunidad educativa, los y las docentes y organizaciones sociales y políticas, dos futuras escuelas infantiles: la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba en el distrito 5to, y la Escuela Recuperada Azucena Villaflor en el distrito 6to. En el caso de la primera el Ministerio aún no ha finalizado las obras, aunque se supone que esta escuela abriría sus puertas en 2017. En el caso de la segunda, las obras comenzarían este mes y abriría en el 2018. La recuperación de ambas, y de otros terrenos ociosos del gobierno para que sean instituciones educativas, es fruto de una lucha que excede las institucionalidades y que incluye  tanto a docentes, como padres y madres sin vacantes para sus chicos. Estas experiencias también son dignas de ser ejemplificadoras, como el rechazo del Operativo Aprender 2016: la lucha por una educación digna, además de incluir la demanda salarial y de condiciones laborales, también tiene que, indiscutiblemente, mostrar ese binomio indisoluble que es que las condiciones de enseñanza de los y las docentes son las condiciones de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes. Incluir en las luchas al resto de la comunidad educativa que se ve involucrada, en pos de generar “mejores condiciones educativas para todos” es entender a “la educación como un derecho social no negociable”. Vale retomar la consigna esbozada por trabajadores y trabajadoras estatales a principio de año, en pleno conflicto por despidos en áreas que garantizaban determinadas políticas públicas fundamentales: “Nuestros trabajos son tus derechos” y, podríamos agregar, “los nuestros”, también.

Lo que se viene

La profundización de la Revolución Educativa deja muchas aristas por donde podría avanzar el macrismo durante el 2017, por lo que tomaremos algunas pistas para poder proyectar algunas de las políticas que creemos que se profundizarán o aparecerán el siguiente año.

En primer lugar, está claro que en materia de evaluación es donde más se está avanzando en este último tiempo, además de ser un camino ya arado por gobiernos anteriores. No sería extraño que en los próximos tiempos nos veamos involucrados en un conflicto en estos términos y retomar la experiencia reciente no es menor, así como seguir trabajando en torno al fracaso de estos modelos en países como México, Estados Unidos y Chile, que llevaron a la privatización de los sistemas educativos y a “cero mejoras” sustanciales en la tan mentada “calidad educativa” de la que gusta ensalzarse el gobierno.

Otro punto relevante, tiene que ver con la iniciativa de adelantar las paritarias provinciales a las nacionales. Las entidades nacionales ya recibieron la invitación a priorizar los acuerdos provinciales antes de aquellos que los convoca como representantes nacionales. De ser aceptada esta modalidad, sería un elemento que continuaría acrecentando la desigualdad salarial que hay entre los y las docentes de diversas jurisdicciones, así como también sería un punto menos para lograr una lucha articulada y unificada a nivel nacional. Si bien la paritaria nacional hoy en día, tiene múltiples falencias, es aún una forma de garantizar un piso mínimo para todas las provincias, aunque después cada jurisdicción deba arreglárselas con los recursos que tiene y su negociación sea completamente inconsulta a la docencia.

Por otro lado, tampoco sería extraño que el PRO intenté cumplir el sueño principal de todos los Ministerios de Educación antipopulares: adelantar la paritaria docente para desligarla completamente del inicio de clases. Eso dejaría al gremio con otro factor menos de presión y debilitaría aún más las posibilidades de organización en una época del año donde la mayoría se encuentra de vacaciones o fuera de su lugar de trabajo. Alguna señal de estas intenciones, se visualizaron en el “adelanto” que se negoció en Enero del 2016 y que fue “a cuenta” del acuerdo paritario -sin contemplar la inflación, mediante entre este mísero aumentillo y la mesa salarial final-, y los bonos que se recibirán este año en Diciembre y Enero, que probablemente sigan el mismo curso ya que tienen características parecidas.

La Formación Docente será otro punto a poner en cuestión durante el 2017. En estos últimos meses han circulado muchas editoriales en los medios de comunicación hegemónicos que apuntan a cuestionar los lineamientos curriculares actuales. Hay una fuerte puja hacia adentro del Ministerio generada a partir del ingreso de las neurociencias a los ámbitos educativos -a la cual debemos atender con prioridad- y que empieza a reflejarse en el ámbito de la formación docente contínua, es decir en los cursos y capacitaciones que reciben los docentes. En consonancia, en estos últimos días, se ha comenzado una especie de razzia hacia el interior del Instituto de Formación Docente, entidad que imparte cursos de capacitación a nivel nacional y que delinea los planes de estudios del nivel terciario. Esta “reforma”, que parte de la crítica sobre la calidad educativa que se brindaba, apunta a recortar los postítulos y el cierre de cursos virtuales, sumado al pedido de despedir más de 300 trabajadores y trabajadoras.

Este punto está fuertemente relacionado en CABA con  la voluntad del PRO de cambiar el régimen de acumulación de puntaje. Esta otra “reforma”, que implicaría la necesidad de una formación continua más asidua -cuestión que tiene un gran consenso en la docencia- sería la excusa perfecta para asestar un gran golpe disciplinador a los y las docentes, a la vez que un pingüe negocio de cursos y capacitaciones que brindarán -seguramente- muchos de los “sindicatos quioscos” y las universidades privadas, en beneficio de sus “combativos dirigentes”.

No cabe duda de que el PRO viene a retomar con fuerza el trabajo sucio que los años 90’ no pudieron terminar. También pretende profundizar algunas cuestiones instaladas por el kirchnerismo durante su gestión en el gobierno nacional y que están avaladas por la Ley Nacional de Educación.  La Revolución Educativa para el PRO es la desarticulación total y la privatización del sistema educativo argentino. Nuestra educación con sus falencias y desgastes ha sobrevivido a las peores décadas neoliberales, gracias a la larga trayectoria que tenemos de resistencia, organización y lucha como sociedad y como gremio. Si hoy todavía concebimos a la educación pública y gratuita como un derecho social para todos los habitantes de nuestro país, quiere decir que todavía nos queda mucha leña para echar a la caldera de la Educación Pública y dar pelea a las avanzadas de Cambiemos y los gobiernos provinciales, así como transformar aquello que no nos conforma. La pregunta por el cómo, creemos que debe ser respondida desde la complejidad de la comunidad educativa. Familias y docentes, con el protagonismo de nuestras herramientas de organización como trabajadores y trabajadoras, que son los sindicatos. La dispersión y fragmentación de los sindicatos es contrapuesta a nuestra victoria, así como las prácticas burocráticas contra nuestra clase, que desde las conducciones de muchos de ellos se ejercen. Todos los actores mencionados son elementos fundamentales para la construcción de la educación que queremos.

Desmenuzar las políticas educativas del PRO y Cambiemos, indagar de dónde vienen, quiénes las elaboran, a quiénes apuntan, entre otras cuestiones, es un paso de suma importancia para lograrlo. Ese análisis intenta aportar a la capacidad de anticiparnos y dar respuestas contundentes ante cada conflicto.Y es una tarea que no debe llegarnos elaborada por tecnócratas o falsos profetas que no tengan los pies en el barro ni el cuerpo en las aulas, en las calles, en los sindicatos, en los barrios, sino que nos la debemos dar desde los mismos que nos planteamos la transformación de nuestro sistema educativo y político económico para la emancipación de nuestro pueblo. En ese sentido van estas líneas que escribimos.

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Un comentario en “Evaluando el Cambio en Educación… o La Revolución Educativa según el PRO

  1. martino cruz

    Los adolescentes de pueblos vulnerados se preguntan ¿Después de la Secundaria que somos? ¡Pordioseros de la educación! Porque no hay continuidad para seguir estudiando una carrera de Tecnicatura Superior Universitaria. De la Educación al Trabajo. Aprobado por el Consejo Federal de Educación. Título Nacional. Ley 26 206 de Educación Argentina ¡Cumplan con lo prometido! ¡Queremos educación Tecnicatura Superior Universitaria!

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