FRACKINSTEIN Vaca Muerta, entre la inviabilidad ambiental y el pluriblindaje

En el mes de octubre hubo dos noticias muy importantes respecto de Vaca Muerta, cuyo contraste merece ser notado. Por un lado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emitió un informe muy preocupante sobre la explotación de combustibles fósiles no convencionales en dicha zona, mediante el fracking. Por otro lado, el gobierno avanzó aún más en lo que llama, de modo sugestivo, el “blindaje” a Vaca Muerta.

Empezando por lo primero, el comité de la ONU en su informe dejó en claro que, de avanzar en Vaca Muerta, “la explotación total con la fracturación hidráulica de todas las reservas de gas de esquisto consumiría un porcentaje significativo del presupuesto mundial de carbono, para alcanzar el objetivo de un calentamiento (no mayor) de 1,5 grados Celsius, estipulado en el Acuerdo de París”. En consecuencia, recomienda al Estado argentino “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante el fracking” en la región de Vaca Muerta, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto, a la luz de los compromisos del Acuerdo de Paris” [1]. Dichos compromisos asumidos por nuestro país implican una reducción de emisiones de CO2, algo difícil de lograr si se avanza con Vaca Muerta.

En realidad, aunque el gobierno nacional publicite las inversiones en energías renovables (eólica y solar) o en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires se jacte de la separación de la basura, este discurso supuestamente verde o ecológico se derrumba cuando observamos que la gran apuesta estratégica es la explotación a gran escala de los combustibles fósiles no convencionales, no solo en Vaca Muerta, sino también en Allen, Río Negro, donde el fracking avanza entre peras y manzanas, o en Mendoza, donde hoy existen fuertes resistencias sociales para impedirlo, cerca de Malargüe.

Sin discusión alguna sobre los diferentes impactos de los modelos de desarrollo e incluso de las dependencias que estos generan, se avanza ciegamente, desestimando los informes técnicos y científicos que hoy existen sobre los impactos del fracking en otros países, como en Estados Unidos. Por ejemplo, el Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación, publicado en 2014 por el Concerned Healt Proffessionals of New York [2], advierte con datos concretos sobre la contaminación del agua, contaminación atmosférica, de lubricación de fallas sísmicas, escapes radioactivos, filtración del gas y de los fluidos, entre otros riesgos y daños.

A esto hay que agregar que el comité de la ONU no sólo cuestiona la viabilidad ambiental de Vaca Muerta, sino también sus implicancias territoriales y culturales. En esa línea, subraya la necesidad de realizar un “estudio de evaluación participativo junto a los pueblos indígenas del riesgo del impacto sobre sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular la salud, previo a autorizar la explotación de recursos naturales”, y recomienda que la consulta previa, libre e informada, se haga según protocolos y acuerdos elaborados con los pueblos indígenas.

Ya lejos de los compromisos internacionales asumidos en relación con el ambiente y de las recomendaciones de democratización de la ONU, en los últimos tiempos el oficialismo y sus aliados provinciales redoblaron la apuesta en Vaca Muerta, donde buscan asegurar el triple blindaje, a la espera de la lluvia de inversiones: así a los subsidios millonarios —iniciados bajo los últimos años del kirchnerismo—, se sumó la flexibilización laboral y ahora promete incluso un blindaje penal.

Para comenzar, el gobierno continuó e incrementó los subsidios a las compañías petroleras, que están haciendo un fabuloso negocio en nuestro país. Basta decir que en Estados Unidos, el gas en boca de pozo por millón de BTU cuesta 2,50 dólares, mientras que en el nuestro cuesta la friolera de 7,50. La diferencia con el precio de mercado la paga el ciudadano argentino de su bolsillo, con el objetivo de asegurar la rentabilidad de las petroleras y lograr de este modo que no se vayan de Vaca Muerta. Aunque suene increíble y en cualquier país ya hubiese producido un escándalo de proporciones y la caída de varios ministros, aquí nadie parece inmutarse ante tales prebendas.

Pero esto no es todo. A principios de octubre, Guillermo Pereyra, el sempiterno jefe del gremio de los petroleros (y actual senador nacional por la provincia de Neuquén), firmó un nuevo convenio que limita el derecho a huelga en Vaca Muerta. Ya en enero de 2017 había firmado un convenio de flexibilización laboral que permitía recortar el costo laboral entre un 30 % y un 40 %, al tiempo que se disminuía la cantidad de trabajadores por pozo y se establecía la continuidad del trabajo con viento en superficie, entre otras concesiones. A esto hoy se suma el blindaje antihuelgas, una medida que atenta contra la propia Constitución. Pereyra justificó el convenio antiderechos diciendo que “los petroleros no somos agitadores y queremos trabajar”.

Conviene añadir que el informe sobre el fracking citado más arriba también habla del incremento de los riesgos laborales, en relación con los combustibles no convencionales. En Estados Unidos, sólo entre 2007 y 2012 murieron 664 trabajadores en campos de petróleo y gas no convencional. Como señala el Observatorio Petrolero Sur, a los derrames y explosiones en Allen o en Loma Campana, hay que sumar los accidentes laborales, que también se han disparado por estas latitudes [3]. No por casualidad se incluye a los no convencionales dentro de las llamadas “energías extremas”, dada la multiplicación de riesgos, no sólo ambientales y sociosanitarios, sino también laborales. En suma, no existe un “fracking seguro y responsable”, como dice la fórmula agitada por las grandes compañías en Estados Unidos y difundida sumisamente a nivel local. Los estudios técnicos demuestran que el fracking es un terreno cargado de muy malas experiencias y de grandes incertidumbres, que contribuye aún más a la exacerbación del neoliberalismo así como de la crisis socioecológica que hoy vive el planeta [4].

Como frutilla del postre, para terminar de blindar la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, esta semana que pasó José Gerez, el fiscal general de Neuquén, se reunió con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amchan) y el Instituto Argentino del Pe­tróleo y el Gas (entidad que, lejos de toda neutralidad y pese a su nombre, representa a los grupos nacionales y a las grandes corporaciones transnacionales del sector). El objetivo es garantizar la “seguridad jurídica”. para lo cual se buscaría incorporar a la legislación penal la figura del “conflicto ilegítimo”. No hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que, de materializarse, la reforma apuntaría contra los reclamos de las comunidades mapuches, uno de los sectores más demonizados por el actual gobierno. En continuidad con esta mirada punitiva y criminalizadora, a la demanda de plurinacionalidad de los pueblos originarios el gobierno responde con el pluriblindaje.

Vale la pena recordar que en 2017 asistimos a la desaparición y muerte por ahogamiento de Santiago Maldonado en un contexto de represión, y al posterior asesinato de Rafael Nahuel en el lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, por parte de las fuerzas de seguridad estatal. Luego de eso, a principios de 2018, el gobierno fue por más: después de difundir un informe sobre la supuesta RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), realizado sin rigor investigativo y con argumentos notoriamente endebles, creó un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional, cuyo objetivo es combatir al “enemigo interno”, de carácter “etnonacionalista”. El objetivo es claro: se trata de disociar las demandas de los mapuches de la defensa de los derechos humanos y colectivos, asociándolos a la violencia, creando un nuevo adversario interno, el “enemigo mapuche”, sentando así las bases para un consenso anti-indígena que avale ante la sociedad la represión y habilite el avance del capital sobre los territorios en disputa. Liberada de presencia indígena molesta, Vaca Muerta, el nuevo Eldorado, acabaría por ilustrar de modo emblemático la ecuación “A más extractivismo, menos democracia”.

En suma, el fracking es una figura perversa que va habilitando una serie de interminables excepciones: no cierra sin beneficios impositivos, sin subsidios millonarios que empobrecen aún más a los argentinos, sin flexibilización laboral que atenta contra los derechos de los trabajadores, sin represión de la protesta, que demoniza a las poblaciones mapuches y las expulsa de los territorios en disputa. En verdad, el sueño eldoradista de Vaca Muerta, en clave neoliberal, tiene todos los elementos para convertirse en una pesadilla nacional de repercusiones múltiples y a gran escala.

[1] Disponible en http://acnudh.org/comite-onu-sobre-derechos-economicos-sociales-y-culturales-emitio-informe-sobre-argentina/

[2] Concerned Health Professionals of New York: Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking (Extracción no convencional de gas y petróleo). Tercera edición  Octubre 2015 , publicado en español por Opsur, de consulta libre en http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2016/05/compendium_final_version_1.pdf

[3] Véase Opsur.com.ar, entre otros artículos, http://www.opsur.org.ar/blog/2018/07/27/una-nueva-muerte-obrera-por-explosion-de-yacimiento-petrolero-en-vaca-muerta/

[4] Véase M. Svampa, Chacra 51. Regreso a la Patagonia en los tiempos del fracking, Buenos Aires Sudamericana, 2018.

Fuente: https://www.elcohetealaluna.com/a-mas-extractivismo-menos-democracia/

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