Informe anual 2018: El sistema de la crueldad

En el Informe Anual del año pasado la Comisión por la Memoria señalaba que en la provincia de Buenos Aires se advertía una continuidad clara con la gestión anterior en materia de seguridad, justicia, niñez y salud mental. En ese primer año de gestión, lo singular fue el reconocimiento sin discusión del diagnóstico de colapso y crisis de todo el sistema penal, de salud y de promoción y protección de derechos, expresado por los ministros y la gobernadora Vidal. Sin embargo, poco es lo que se hizo para revertir la situación.

El gobierno admite la crisis del sistema de encierro pero se declara impotente. Como único remedio propone la construcción de más cárceles y avanza en la consolidación de un punitivismo duro, de larga data en la Provincia y claramente ineficaz para lo que dice combatir. Los legisladores sólo se aprestan a discutir proyectos de reformas legislativas emanadas del mismo Ejecutivo, cuyo resultado será endurecer más al sistema y empeorar la situación. Las reformas promovidas por el gobierno al Código Procesal Penal, a la ley de ejecución y al régimen penal juvenil no sólo son inconstitucionales sino que profundizarán las graves violaciones de derechos humanos.

El año 2017 estuvo marcado por la masacre de Pergamino. El hecho –la muerte de siete jóvenes incinerados en la comisaría 1ª– no irrumpió de la nada, no fue una sorpresa ni un accidente. En su crueldad y dureza expresa la situación extrema que se padece en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires, donde vivir al límite de la muerte, del frío, del hambre, del abandono y de la violencia es el modo normal de sobrevivencia. A pesar de ello, la Masacre no conmovió al sistema político, a la gestión de gobierno ni a la Justicia.

El sistema penal de la provincia de Buenos Aires concentra su accionar principal en varones jóvenes del conurbano bonaerense. En 2017, se detuvo a 39.765 personas. Solo el 10% tenía orden judicial previa; en el 90 % restante la policía detuvo mediante flagrancia que luego fue confirmada por el Poder Judicial.

 Arbitrariedad para detener, automaticidad para convalidar y velocidad para condenar son las tres prácticas combinadas del Poder Judicial y las fuerzas policiales que han llevado a este récord de la tasa de encarcelamiento.

  • Las detenciones por flagrancia aumentaron un 30% en los últimos cinco años
  • En ese mismo tiempo, el juicio abreviado creció un 42% y representa el 73% de las sentencias dictadas en la provincia
  • El 54% de las personas están detenidas con prisión preventiva

La situación en la provincia de Buenos Aires es de extrema gravedad y se expresa en algunos indicadores relevantes que durante 2017 alcanzaron un record histórico que se advierte en los índices de prisionización, sobrepoblación y de crecimiento interanual de la población encarcelada.

Los datos sobresalientes del INFORME ANUAL 2018

Estos son los datos sobresalientes relevados por la Comisión por la Memoria durante el año0 2017, en su carácter de mecanismo local de control y monitoreo de lugares de encierro y políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

  1. Récord histórico de detenidos

A diciembre de 2017 había 43.094 personas detenidas en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria, que representa una tasa de encarcelamiento de 253 detenidos cada 100.000 habitantes. La tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al periodo 2016-2017. A junio de 2018 el número de detenidos supera los 45 mil.

  1. Sobrepoblación

En las 50 cárceles y 12 alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense había, a diciembre de 2017, 38.320 personas detenidas que se alojaban en 20.071 plazas penitenciarias, es decir, casi la mitad de los detenidos no tiene espacio para dormir. Esto representa también un récord histórico de sobrepoblación: 91%, 20 puntos más que en 2016.

Otro indicador de sobre-encarcelamiento es el alojamiento masivo de detenidos en comisarías: 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, es decir, dos de cada tres personas duermen en el piso. La sobrepoblación se mantiene desde mayo de 2016 por encima del 100% y con una tendencia en aumento que entre mayo y diciembre de 2017 alcanzó valores cercanos al 200%.

El otro dato alarmante del sobreencarcelamiento es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas. De las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos: a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin.

  1. Tortura sistemática

Durante el año 2017 la CPM registró 16.300 hechos de agravamiento de las condiciones de detención que constituyeron torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes.

La realidad relevada en el monitoreo constante de las cárceles, las denuncias en sede y el RNCT permite seguir sosteniendo el carácter multidimensional, generalizado y sistemático de la tortura.

  1. Salud en el encierro

El principal hecho de tortura denunciado es la desatención de la salud: la salud penitenciaria atraviesa una crisis gravísima que provoca gran cantidad de muertes por enfermedades no atendidas. Un solo dato da cuenta de este panorama desolador: los casos registrados de enfermos por tuberculosis ascendieron de 187 en 2016 a 436 en 2017. Es urgente que Salud Penitenciaria, hoy bajo la órbita del Ministerio de Justicia, pase a depender del Ministerio de Salud e integrarse a sus políticas y programas.

  1. Muertes en el encierro

En este informe no presentamos una cifra completa de muertes en cárceles porque no contamos con la información oficial. Por primera vez el Ministerio de Justicia no informó la cantidad de personas fallecidas. El listado de 134 personas que hemos podido reconstruir es sin dudas un sub registro; las condiciones de detención, la deplorable situación de la salud penitenciaria y el mismo silencio oficialista nos obliga a ser pesimistas y creer que el número de muertos es mucho mayor.

Además de las muertes en cárceles, durante el 2017, 22 personas murieron en comisarías de la provincia de Buenos Aires. Entre ellas, los siete jóvenes víctimas de la masacre de Pergamino. Otras 182 personas fallecieron en el marco de internaciones por razones de salud mental en hospitales monovalentes, unidades penitenciarias psiquiátricas dependientes del SPB, clínicas neuropsiquiátricas y comunidades terapéuticas.

  1. Muertes por uso letal de la fuerza

En 2017, hubo 121 muertes por uso letal de la fuerza, un 11% más que el año anterior; casi el 80% de las víctimas tenían menos de 30 años y en el 73% de los casos el policía que mató estaba fuera de servicio. Este dato obliga a revisar, como la CPM viene pidiendo desde hace tiempo, el estado policial como criterio rector de la cultura y rutina policial.

  1. Mujeres en el encierro

Entre los años 2002 y 2017 la cantidad de mujeres detenidas creció un 197.6% en la provincia de Buenos Aires. En 2017, había 1.346 mujeres detenidas en cárceles bonaerenses, que representan el 4.3% del total de detenidos en el SPB. Asimismo, El sistema penal también reproduce desigualdades de género: 6 de cada 10 mujeres están detenidas sin haber sido condenadas, 10 % más que los varones detenidos con prisión preventiva.

Particularmente grave resulta la situación de las madres en el encierro: mujeres privadas de libertad se encuentran con innumerables dificultades para el pleno ejercicio de su maternidad, a pesar de ello muchas siguen sin acceder a medidas alternativa en el encierro. A diciembre de 2017, 81 embarazadas, 62 madres con sus niñas y niños, y 63 niños y niñas continuaban detenidos en las cárceles bonaerense.

  1. La violencia del Estado en los territorios

En 2017 se duplicaron las denuncias por violencia policial que ingresaron a la CPM: 300 casos, entre denuncias por uso letal de la fuerza, violencia ejercida durante la detención o mientras la persona está detenida en la comisaría, causas armadas o fraguadas, detenciones arbitrarias y hostigamientos, entre otras.

  1. Violencia policial contra personas trans y migrantes

Las prácticas que revelan la sistemática violencia institucional desplegada contra el colectivos trans son: limitaciones constantes a su libertad ambulatoria, detenciones arbitrarias, vejaciones, humillaciones y agresiones que sufren durante la detención, torturas impuestas en contexto o ámbito de encierro, armado de causas judiciales a través de relatos fraguados por agentes públicos y ausencia de programas o políticas públicas de inclusión socio-laboral.

Respecto de colectivos migrantes, los primeros datos confirman el grave retroceso en materia de derechos humanos que significó el DNU 70/2017, que modificó la ley de migraciones. Las disposiciones de expulsión vinculadas a la existencia de antecedentes penales pasaron de 1.286 durante 2016 a 1.983 en 2017. Las “residencias canceladas con orden de expulsión dispuesta” aumentaron más de un 500% entre 2016 y 2017. Las “expulsiones materializadas respecto de extranjeros privados de su libertad” ascendieron a 414 y, por último, 3.939 (2.785 durante 2017 y 1.154 hasta abril de 2018) casos en que se aplicó el “procedimiento migratorio especial sumarísimo”.

  1. Represión y criminalización de la protesta social (otra dimensión de la doctrina de las nuevas amenazas)

Durante el 2017, el Estado reprimió el 57.7% del total de protestas y manifestaciones que se realizaron: estas intervenciones represivas dejaron 2 muertos: Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 250 heridos y 331 personas encarceladas

  1. Tortura y abuso sexual en hospitales monovalentes

En 2017, hubo 13.500 personas internadas en dispositivos de salud mental bajo seguimiento judicial en la provincia de Buenos Aires. El 62% de las personas entrevistadas manifestó una deficiente o nula atención médica.

A pesar de lo dispuesto por la ley de salud mental, el abordaje de la salud mental sigue siendo hegemonizado por un enfoque psiquiátrico, que se combina —principalmente en los neuropsiquiátricos carcelarios— con un modelo de seguridad que impone la tortura y el sufrimiento: el segundo agravamiento que se relevó con mayor frecuencia fue la sobremedicación farmacológica. Luego, los malos tratos, sujeción mecánica y aislamiento.

Un caso especial son las denuncias por abuso sexual en el Hospital Esteves: en 2016, la CPM denunció el primer hecho; los directivos del hospital y los funcionarios del Ministerio de Salud estaban al tanto de esta situación, pero nada hicieron para que otras usuarias no fueran violentadas como terminó ocurriendo.

  1. Niñez en peligro

A doce años de la sanción de la ley 13.298, su aplicación efectiva en la Provincia es una deuda de todos los gobiernos. Los datos de un relevamiento propio son elocuentes: serían necesarios 2.5 veces más servicios locales que los existentes en la Provincia, sólo 40 de 135 municipios han conformado el Consejo local de niñez y adolescencia, y casi la mitad de los municipios no tienen programas propios para niños, niñas y adolescentes.

En 2017 había 1.424 jóvenes detenidos afectados por el fuero de responsabilidad penal juvenil; el 5.3% de las personas detenidas en centros cerrados son niños de entre 13 y 15 años, es decir, niños no punibles. La población de NNyA no punibles pasó de representar el 0,8% del total en 2015 al actual 5,3%. Este crecimiento es, en los hechos, evidencia de aplicación inconstitucional de la baja de edad de punibilidad, y un indicio de lo que representaría en términos prácticos la habilitación vía reforma de la ley nacional de esta baja.

Por último, junto al incremento de la población detenidos en el sistema del fuero de responsabilidad penal juvenil, asistimos a la profundización del proceso de carcelización de estos centros para jóvenes mediante la creciente incorporación de los agentes penitenciarios e implementado un modelo de máxima seguridad, por sobre el modelo resocializador, a partir de la reproducción de prácticas heredadas de las fuerzas represivas, y arraigadas en la cultura institucional de las cárceles para adultos.

  1. La justicia que avala las violaciones a los derechos humanos

La selectividad del sistema penal también se expresa en las causas judiciales que investigan graves vulneraciones a los derechos humanos y a las estructuras institucionales que contienen a los agentes investigados.

Entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones que incluyen 14.722 delitos, presuntamente cometidos por 7.357 imputados contra 12.207 víctimas.

  • Sólo 37 causas fueron caratuladas como torturas. En el resto se utilizaron calificaciones más leves con expectativa de pena muy baja.
  • El 97% de las causas ya fueron archivadas, desestimadas o sus imputados sobreseídos.

Fuente: http://www.comisionporlamemoria.org/graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-las-consecuencias-de-las-politicas-de-mano-dura/

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