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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

La condena a Facundo Jones Huala y los Estados chileno y argentino al servicio de las cadenas extractivas

  La condena al longko (cabeza) Facundo Jones Huala, extraditado por el gobierno argentino y juzgado por el tribunal chileno de Valdivia, sella la colaboración entre los dos Estados contra el nuevo “enemigo interno” mapuche. Por Silvia Beatriz Adoue y Tamy Imai Cenamo   Un poco de historia   El 25 de diciembre es, para el pueblo Mapuche, aniversario de la Batalla de Tucapel, región comprendida por el actual municipio de Cañete, en Chile. Ajena a los hitos de la cristiandad, la fecha celebra aquella que quedó conocida como la primer gran victoria mapuche sobre los españoles, cuando el toki (estratega militar) Lautaro guió a los weichafe (guerreros) que derrotaron al invasor Pedro de Valdivia, en 1553. La batalla se dio en el marco de una guerra que se extendió entre 1546 y 1641, año en que la corona española se vio obligada a firmar un acuerdo, durante el “Parlamento de Quilín”, que reconocía el territorio mapuche al sur del riío Bío-Bío. Después de la expulsión de los españoles, la República de Chile ratificó ese reconocimiento, en el “Parlamento de Tapihue”, en 1825. De manera similar, al este de la cordillera, los acuerdos diplomáticos de los sucesivos gobiernos posteriores a 1810 también reconocían el territorio con una frontera inestable, en permanente disputa debido el contexto de las guerras civiles entre federales y unitarios. Fue sólo en el último cuarto del siglo XIX, y con el aumento de la demanda externa de insumos para la segunda revolución industrial, cuando ocurrió la invasión al territorio de los pueblos de la tierra. Se consolidan los Estados dizque nacionales, se acaba con las disputas entre la burguesía comercial y la burguesía agraria, se ponen en vigor las leyes de propiedad de la tierra (el cercamiento), se instala la red ferroviaria y, lo más importante, se forman ejércitos profesionales con tecnología de punta. A punta de cañones y rifles de repetición, los Estados avanzan sobre las tierras que, tras un cálculo de beneficios y desventajas, habían sido dejadas de lado por los invasores europeos. Chile lanza su campaña militar que llamó “Pacificación de la Araucanía” y Argentina lanza su campaña con el nombre no menos eufemístico de “Conquista del Desierto”. La explotación o la especulación con esas tierras termina pasando a manos de grandes terratenientes, muchos de ellos oficiales del ejército y colonos europeos. El resultado fue de exterminio, confinamiento y explotación de la fuerza de trabajo gratuita de las y los sobrevivientes. En respuesta a la invasión, la última década del siglo XX sirvió de escenario para el despliegue de una sucesión ininterrumpida de recuperaciones del Gulumapu, territorio mapuche al oeste de la cordillera de los Andes. La gente de la tierra enfrenta a las empresas forestales y salmoneras, cadenas productivas-extractivas que fueron instalándose en la región a partir de políticas de Estado que, propiciadas por el gobierno de Augusto Pinochet, fueron optimizadas por los sucesivos gobiernos civiles. Basadas en el apoyo financiero y en la realización de obras de infraestructura logística y energética, estas políticas buscan estimular la producción de insumos y garantizar las condiciones idóneas (de suministro de energía y logística para el transporte) para la extracción de riquezas por parte de estas cadenas.   En el Puelmapu (territorio mapuche al este de la cordillera de los Andes), las políticas de favorecimiento empresarial han sido de distinto calibre y actividad: por un lado, los sucesivos gobiernos han estimulado el aumento de la explotación del petróleo, minerales sólidos, esquisto y gas, los dos últimos obtenidos por medio de fractura hidráulica, de alto impacto ambiental. Por el otro, en menor medida sigue la explotación ganadera y se instala la forestal. El carácter continuo de las medidas de favorecimiento empresarial evidencia que se trata de políticas de Estado, y no de algo llevado a cabo por uno u otro gobierno. En muchos casos, lo que se negocia son las concesiones para explotación mineral futura, como reserva y para especulación.     El Wallmapu y los Estados   La lucha del pueblo matpuche para recuperar sus tierras no pretende su explotación: para los mapuche, la tierra, así como el agua, el aire, la flora, la fauna y la gente son para vivir. Para la abundancia, y no para la miseria de la extracción de lucro.     El antagonismo entre las dos perspectivas es explícito. La presencia de las comunidades mapuche, con su modo de vida, su sociabilidad, su espiritualidad, es obstáculo a la integración de esos territorios a las cadenas de acumulación. Los Estados están cumpliendo el papel de allanar el camino para esas cadenas, por medio de sus políticas públicas, sean ellas represivas o sociales. En el caso de Chile, por ejemplo, el “Plan de Desarrollo de la Araucanía” y la represión son dos caras de la misma moneda. En el de Argentina, como las recuperaciones en el Puelmapu no adquirieron la envergadura de las del Gulumapu, la militarización y la judicialización están siendo las políticas públicas más dirigidas a los mapuche.   De uno y otro lado de la cordillera, el pueblo de la tierra ha sido elegido como el nuevo “enemigo interno” de acuerdo a la doctrina de EE.UU. sobre las “nuevas amenazas” o “amenazas asimétricas”. Esta doctrina pone al servicio de la represión no sólo las llamadas fuerzas de seguridad estatales, armadas con las más actuales tecnologías de guerra y espionaje cibernético, sino también el sistema judicial.   Facundo Jones Huala     Había sido acusado en 2013 de incendio de una casa, previamente desocupada, en la hacienda de Pisú Pisué, en la región de los Ríos. Fue detenido junto con otros cinco mapuche, en la casa de una machi (autoridad espiritual y de salud), donde estaba hospedado para recibir un tratamiento de salud. La machi era una de las líderes del movimiento contra la instalación de una hidroeléctrica en el Río Bueno que afectaría al territorio de su comunidad. También fue acusado de estar en pose de armas de fabricación artesanal. En 2014, cruzó la cordillera para volver a su territorio de origen y por ese motivo no fue juzgado en la ocasión. Cuatro de los otros acusados fueron absueltos y sólo la machi fue condenada a 61 días de reclusión por “encubrimiento”. Ella salió en libertad por haber cumplido 200 días de prisión preventiva durante el juicio.   En 2015, el longko Facundo Jones Huala inició junto con su comunidad la recuperación del territorio ancestral en el Pu Lof de Resistencia Cushamen, en la provincia argentina de Chubut. Se trata de un área de 1200 ha, ocupada entonces por la estancia Leleque, de 183000 ha, de propiedad de la empresa Benetton. Esta empresa transnacional tiene propiedad sobre cerca de un millón de hectáreas en territorio argentino, en flagrante violación de la legislación en vigor, que prohíbe que empresas extranjeras tengan propiedades de esa extensión. Se ocupa de explotación ganadera, forestal y agrícola, pero en las últimas décadas ha incluido en sus negocios concesiones de explotación mineral de importancia potencial. Fue en ese contexto que el Estado argentino comenzó a preocuparse por el pedido de extradición para Chile que pesaba sobre el longko.   En 2016, Jones Huala fue detenido en un operativo violento. Pero el juicio de su extradición fue anulado por basarse en testimonios obtenidos bajo tortura. En comienzos de 2017 hubo una acción de represión de la Gendarmería. Y cinco meses después él fue detenido nuevamente en un control de carretera, minutos después de un encuentro del presidente Mauricio Macri con su entonces par chilena Michelle Bachelet en Santiago.   Permaneció detenido para nuevo juicio. Y fue después de una manifestación por su libertad que la Gendarmería volvió a entrar al Pu Lof de Resistencia Cushamen, sin orden judicial, y procedió a una acción violenta que llegó al río Chubut, en el territorio de la comunidad. Fue ahí que desapareció el simpatizante de la causa mapuche Santiago Maldonado, cuyo cadáver fue hallado río arriba más de 70 días después. Las movilizaciones por su aparición dieron repercusión a todo el caso, mucho más que las 140 desapariciones de mapuche en la región. A pesar del desgaste del gobierno en toda esa campaña, El juicio de extradición continuó y Facundo Jones Huala fue llevado a Chile el 11 de setiembre de 2017, en un operativo espectacular que incluyó un traslado en helicóptero hasta el aeropuerto de Rawson, de donde salió para el vuelo internacional.   El Estado represor también tiene su poética. Es significativa la fecha en que se hizo efectiva su extradición. Un guiño al presidente chileno SebastiánPiñera,  quien, en el aniversario del golpe, le reconoce el linaje político de Augusto Pinochet. En aquellos días, la imagen de un helicóptero partiendo de las terrazas de la Casa Rosada visitaba los sueños de argentinos, rescatándolos del desmoronamiento de cualquier ilusión de Estado de bienestar. El helicóptero es, en el Río de la Plata, síntesis de momentos en que la historia se abre a posibilidades insospechadas y su imagen alimenta esperanzas (ingenuas, pero esperanzas al fin). En ese vehículo partieron tres presidentes de la república. El Estado también lo advierte: el helicópterotambién habita sus pesadillas. Él entiende nuestras metáforas y nos las devuelve en forma de blasfemia. No era necesario trasladar al longko en helicóptero, pero precisaban hacer una demostración de fuerza. El Estado y su poética.   La coyuntura de la condena   El juicio, que comenzó el 4 de diciembre de 2018 en Valdivia, no reunió una única prueba firme contra Jones Huala. Ninguna de sus supuestas víctimas lo reconoció. En los últimos días apareció un testigo que decía reconocerlo, pero, cuando pidieron que dijera quién era, apuntó al hermano del longko, presente en el público, y que estaba en Argentina cuando el incendio ocurrió. Aun así, fue condenado a nueve años y un día de reclusión.   Pero el gobierno chileno no las tiene todas con él en esta coyuntura. El “Plan de Desarrollo de la Araucanía” fue ampliamente rechazado por las comunidades mapuche. Y durante este período que incluyó el juicio en Valdivia se desmoronó un nuevo montaje de las tropas especiales que el gobierno entrenó en Colombia y equipó con tecnología de punta para actuar en el Wallmapu. Estas fuerzas especiales son conocidas como “Comando Jungla” y actúan en el contexto de la creciente militarización de la región.   Una semana después de una visita del ministro del Interior y Seguridad Pública Andrés Chadwick, también primo del presidente, a la región aledaña a la comunidad de Temucuicui, el “Comando Jungla” entró al territorio y mató al werken (vocero) de la comunidad y nieto del longko, Camilo Catrillanca. Un vídeo que el propio gobierno había divulgado mostraba a Chadwick exigiendo al destacamento local de Carabineros que entre a ese mismo territorio. La responsabilidad directa del ejecutivo estaba registrada. Las primeras versiones de Carabineros se referían al episodio como un enfrentamiento, pero el propio ejecutor, después dado de baja de la institución, subió a las redes sociales un vídeo en el que decía que sus superiores lo habían obligado a mentir.   Después de eso, aparecieron otros videos que, juzgados desaparecidos,  registraban la represión de manera escandalosa. En ellos quedaba probado que no se trataba de un enfrentamiento, sino de un asesinato puro y simple.     La comunidad de Temucuicui tiene soberanía alimentaria y una escuela propia. Concurrieron a los funerales de Camilo Catrillanca diferentes corrientes del movimiento mapuche. Se convirtió en el primero de tres futa trawun (gran encuentro) en que los mapuche se comprometieron a redoblar las recuperaciones de territorio y a no amainar las movilizaciones. Preparan una gran manifestación para los días 27 y 28 de enero.     Lo que viene   Este es el contexto que el Pu Lof en Resistencia de Cushamen y las abogadas de defensa de Jones Huala harán las apelaciones al poder judicial chileno.   Sin embargo, más allá de describirlo, nos interesa analizar el paradigmático caso de la extradición de Facundo Jones Huala a la luz de los pilares del modelo de acumulación por desposesión: la colaboración entre gobiernos civiles, su sumisión a los intereses productivo-extractivos y el incremento de la represión en el territorio -la cual, por lo que todo indica, contará con suministro de armamentos y entrenamiento militar y en inteligencia por parte de EE.UU. e Israel. Lo que abre también nuevo campo de negocios para la cadena de la industria de guerra, con transferencia directa de valor de los Estados para empresas, con contratos seguros e involucrando una gran masa de recursos.   La creación del “enemigo interno” también sirve para eso. Pero no deja de ser un ensayo para otras aventuras guerreras en la región.   Silvia Beatriz Adoue y Tamy Imai Cenamo 25/12/2018      

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