La épica de un país ordenado. En torno a la caracterización del Gobierno Cambiemos

Por Adrián Piva

16 de Diciembre de 2017

La pregunta sobre el carácter del gobierno Cambiemos ha recibido dos grandes respuestas. La primera, centrada en una determinada definición de su objetivo principal, puede sintetizarse en la expresión “gobierno del ajuste”. La segunda, que puso énfasis en la composición del personal de gobierno puede resumirse en su definición como “gobierno de los CEOS”. Ambas respuestas encuentran fundamentos en aspectos contrastables de la composición y acción del gobierno. Es indudable que desde su asunción ha llevado a cabo medidas que apuntan – no siempre de manera consistente – a la reducción del gasto público, centralmente la reducción de subsidios al transporte y la energía, y a la redistribución regresiva del ingreso. También es innegable que desde 1983 nunca ha habido tantos funcionarios procedentes del mundo empresario, en particular, de la alta gerencia. Sin embargo, un análisis riguroso de la acción y los resultados de gobierno nos da una imagen más matizada. La magnitud del ajuste es más bien modesta en términos comparativos y la orientación general de las políticas – sobre todo a la luz de las medidas efectivamente implementadas, más allá de los intentos iniciales del gobierno – no responde linealmente a una fracción o agrupamiento empresario. Si esto es así, y aquí sostendremos que efectivamente lo es, el problema de la caracterización del actual gobierno permanece abierto. En lo que sigue intentaremos dar algunos argumentos a favor de la hipótesis de que el rasgo más específico de este gobierno es su objetivo de restaurar la autoridad del capital a nivel social y en el lugar de trabajo. Pero también que ha sido capaz de presentar esta tarea como la de una restauración del orden y la autoridad de la ley sin más adjetivos. Dio así expresión a la demanda de orden de amplios sectores de la población y encontró de ese modo fundamentos para la construcción de consenso en torno al programa restaurador.

Dimensionar el ajuste

Los primeros meses del gobierno fueron especialmente intensos y el conjunto de las medidas económicas, las más significativas del período, se orientó a recomponer la ganancia empresaria produciendo una rápida redistribución regresiva del ingreso a través de la variación de precios relativos y de cambios impositivos. Aunque conocidas, la enumeración de algunas de las principales medidas es indicativa de la actividad del gobierno entre diciembre de 2015 y el primer semestre de 2016: la liberación y unificación cambiaria – una devaluación del 64,3 % entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 – el acuerdo con los holdouts, la reducción o directa eliminación de retenciones al agro y la minería, el aumento de tarifas de transporte y energía con la consiguiente reducción de subsidios, el despido de trabajadores estatales con contratos a término, etc.. Durante el primer semestre de 2016, además, el gobierno pudo encauzar las negociaciones salariales en un sendero bajista en el marco de acuerdos con la CGT que involucraron una cuantiosa devolución de recursos de las obras sociales.

Sin embargo, en contraste con esta elocuente sucesión de medidas los resultados parecen ser más bien modestos. Si tomamos datos de CIFRA – CTA, para evitar las dificultades de comparación que supone la ausencia de una medición oficial confiable de la inflación, la caída promedio del salario real durante el año 2016 fue del 5,8%, mientras que en 2014 – año de devaluación y aceleración inflacionaria – el salario real cayó un 4,8%. La reducción promedio en términos reales de jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue del 6,9%, la que se reduce, cuando computamos diferentes pagos por única vez, al 5,4% en el caso de las jubilaciones y al 2,1% en el caso de la AUH (CIFRA 2017B). No queremos subestimar con estos datos el impacto de esas medidas en la distribución del ingreso y en el aumento de la pobreza y la indigencia. Según datos de CIFRA la participación de los asalariados en el producto se redujo del 37,4% en 2015 al 34,3% en 2016, 3,1 puntos porcentuales o 8,3%. Sin embargo, aun aquí la inscripción de estos datos en plazos más largos y en términos comparativos ayuda a evitar el impresionismo. Por un lado, esta reducción significó llevar la participación de los asalariados en el producto a niveles semejantes a los vigentes entre 2009 y 2011, que es el período en el que se produce un fuerte salto redistributivo. Es decir, sin ignorar el golpe contra los trabajadores que esa reducción implica, la caída de la participación de los salarios en el producto no revirtió el salto distributivo de 2009 – 2011. Por otro lado, la comparación con 2014 permite dimensionar mejor el cambio: en 2014 la participación de los asalariados en el producto cayó del 37,6% al 35,7%, es decir 1,9 puntos porcentuales o 5,1% (CIFRA 2017). Deberíamos agregar que el aumento de la participación de los asalariados en el producto entre 2011 y 2015 desde el 34,9% al 37,4% coexistió con una caída del salario real del 4,8% entre diciembre de 2011 y diciembre de 2014.1 Algo similar ocurre con la evolución de la pobreza y la indigencia. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina el número de personas debajo de la línea de pobreza creció desde el 29% en 2015 al 32,9% en el tercer trimestre de 2016, es decir, 3,9 puntos porcentuales o un 13,4%. Pero en 2014 según la misma fuente creció del 27,4% al 28,7%, es decir, 1,3 puntos porcentuales o un 4,7%. A su vez, siempre según la UCA, en 2017 las personas debajo de la línea de pobreza representaron el 28,6%, es decir, niveles similares a los de los años 2014 – 2015. El porcentaje de personas debajo de la línea de indigencia aumentó entre 2015 y 2016 del 5,7% al 6,9%. Nuevamente la comparación con 2014 es indicativa de la significación de este incremento, entre 2013 y 2014 el porcentaje de indigentes creció desde el 5,4% al 6,4%. En 2017, la indigencia sufrió pocos cambios ubicándose en el 6,4%, el mismo nivel de 2014 y de 2010, los dos puntos altos del período kirchnerista en la serie iniciada en 2010 (ODSA – UCA 2017). Estos datos son consistentes con los de la nueva medición del INDEC, según la cual entre el segundo trimestre de 2016 y el primer semestre de 2017 el porcentaje de personas debajo de la línea de pobreza se redujo del 32,2% al 28,6% y el de personas debajo de la línea de indigencia del 6,3% al 6,2%. Por otra parte, a pesar de los despidos, durante el año 2016 el empleo público cayó un 0,2% en el estado nacional y se incrementó un 2,4% y un 0,9% en municipios y provincias respectivamente. (Fuente: CIPPEC)

 Quizás es en la evolución del desempleo donde el impacto diferencial de la política del gobierno se ve más claramente. Mientras entre el segundo trimestre de 2013 y el segundo trimestre de 2014 la tasa de desempleo tuvo una variación casi nula, pasó del 7,2% al 7,5%, en el segundo trimestre de 2016 saltó al 9,3%. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2017 el desempleo caía al 8,7%, todavía superior al período previo – excluyendo a 2016 hay que retroceder hasta el segundo trimestre de 2009, momento de mayor impacto de la crisis mundial de 2008, para encontrar una tasa de desempleo igual – pero alejándose de los dos dígitos que encontramos por última vez en el segundo trimestre de 2006 (10,3%) (Fuente: INDEC, EPH continua, datos para los 31 aglomerados).2

 Todos estos datos indican que el impacto del ajuste sobre los trabajadores, aunque superior al de 2014, no dista demasiado de aquel y está, por lo tanto, muy lejos del que caracterizó a los períodos 1989 – 1991 y 2001 – 2002. Ello se evidencia en los números del déficit fiscal. El déficit fiscal primario de 2016 fue de 359 382 millones de pesos, un 35% mayor al de 2015. Y sólo se alcanzó la meta – la meta era de 4,8% del PBI y el déficit fue del 4,6% – gracias al blanqueo de capitales fugados al exterior (Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación).

 La principal diferencia entre 2016 y 2014 es cualitativa más que cuantitativa: el ajuste de 2016 se inscribe en el reinicio de una ofensiva contra los trabajadores. Pero el “gradualismo” con el que avanzó el gobierno y los resultados alcanzados, apenas superiores a los de 2014, señalan las dificultades para desplegar esa ofensiva. Detrás de esas dificultades asoma una relación de fuerzas entre capital y trabajo que el gobierno solo ha modificado superficialmente. El ajuste, por lo tanto, aparece subordinado al logro de otros objetivos más ambiciosos.

 

La relación de fuerzas legada por 2001 y la estrategia kirchnerista de recomposición de la dominación

 

La cuestión de la relación de fuerzas nos lleva al nudo de la política postconvertibilidad: la insurrección de 2001 y las estrategias desplegadas para restaurar la acumulación y el poder de estado.

La crisis e insurrección de 2001 puede analizarse desde diferentes perspectivas y cada una de ellas supone distintas periodizaciones y plazos. Si la abordamos en su carácter de crisis de acumulación y dominación puede considerarse cerrada con el ascenso al gobierno del kirchnerismo en 2003 y su revalidación en las urnas en 2005. 2005, en particular, es el año en que se alcanzaron los niveles de PBI precrisis, es decir, en el que la reactivación cedió su lugar al inicio del nuevo ciclo de crecimiento, y en el que el gobierno realizó electoralmente la legitimidad construida en los dos años previos. Asimismo, el conflicto laboral tendió a normalizarse a través de negociaciones paritarias y decreció en cantidad y radicalidad el conflicto piquetero (Piva 2016). Por otra parte, los niveles de participación electoral y de voto positivo no volvieron a decaer sensiblemente, incluso hasta la actualidad.

 Pero si analizamos la crisis e insurrección de 2001 como momento de alteración de las relaciones de fuerzas sociales debemos considerar un plazo más largo que involucra los modos en que dicha alteración se reprodujo a través de la articulación de estrategias de recomposición de la dominación política. Desde esta perspectiva 2001 dio lugar a una relación de fuerzas inestable. Si, por un lado, la movilización obrera y popular bloqueó la vía deflacionaria del ajuste e hizo estallar ese mecanismo de disciplinamiento que constituyó la convertibilidad monetaria, por otro lado, el desafío fue insuficiente para impugnar radicalmente las consecuencias de la ofensiva capitalista llevada adelante, sobre todo, en la primera mitad de los años ’90.

 Dicha relación de fuerzas fue condición de posibilidad de la estrategia kirchnerista de reconstrucción de la dominación política y dio lugar a un complejo juego de continuidades y rupturas respecto del período previo.

La estrategia kirchnerista de recomposición del consenso a partir de la incorporación gradual, limitada y selectiva de demandas obreras y populares se desarrolló sobre la base de una acumulación de capital que guardó continuidades profundas con el modo de acumulación desarrollado en los ’90. Por esa razón, a nivel del modo de acumulación, se desarrolló tendencialmente un desfase entre política económica y requerimientos de la acumulación de capital que generó desequilibrios crecientes y, finalmente, con la reaparición de la restricción externa al crecimiento, un período de estancamiento económico que abarcó los últimos cuatro años de gobierno. A nivel de la forma de estado, se configuró lo que hemos denominado como “keynesianismo trunco” (Piva 2015), es decir, un intento por articular mecanismos institucionales de canalización del antagonismo obrero a través de su traducción en expansión de la demanda (Negri 2014) que encontró límites en los insuficientes incrementos de productividad de la economía. Esta relación de inadecuación entre economía y política encontró su posibilidad de desarrollo en la articulación de un modo de dominación política de carácter neo populista. Su principal rasgo fue el desplazamiento temporal y “espacial” de la contradicción capital – trabajo. En primer lugar, desplazamiento temporal del desenlace del antagonismo, es decir, posposición de un ajuste por el que existió una creciente presión objetiva. El mejor índice de este desplazamiento temporal son los altos niveles de inflación. En segundo lugar, desplazamiento “espacial” de la contradicción capital/trabajo hacia oposiciones exteriores entre pueblo y oligarquía, pueblo y grupos económicos, pueblo y Clarín, etc. Es decir, desplazamiento del conflicto hacia posiciones más distantes del “centro” del sistema. El (neo) populismo tiene ese doble rostro: reconoce y expresa el desafío obrero y popular al mismo tiempo que lo desplaza volviéndolo tolerable para la reproducción ampliada (económica y política) del capital. A su vez, la autonomización del estado de las exigencias inmediatas de la acumulación de capital, la continuidad de la estrategia de satisfacción de demandas obreras y populares y el desarrollo del mecanismo de desplazamiento de la contradicción capital/trabajo encontraron condiciones de posibilidad en la reversión de la tendencia al deterioro de los términos de intercambio que, desde 2002/2003, aflojó las cadenas del mercado mundial y otorgó mayores márgenes de maniobra a los estados de la región. Este hecho generó un fenómeno extraordinario en la historia económica reciente: un período largo de crecimiento (desde fines de 2002 hasta fines de 2011) con superávit comercial y de cuenta corriente, que relajaron la dependencia financiera de la acumulación de capital.

 Sin embargo, no es posible desplazar permanentemente el antagonismo. La inadecuación entre economía y política termina por ser incompatible con la continuidad de la acumulación de capital.3

 

La reaparición de la restricción externa en 2011 significó un límite último a la compatibilización de crecimiento y satisfacción de demandas aun a costa de crecientes desequilibrios. El hecho de que se situó tres años después de la crisis mundial de 2008 y dos años antes de la caída generalizada del precio de los commoditties señala su carácter predominantemente endógeno.4 Más allá de ese punto, el mecanismo de desplazamiento temporal y “espacial” tuvo efectos cada vez más disfuncionales y tendió a acortar los plazos del desenlace. La nueva situación, evidenciada en el estancamiento económico, no sólo incrementaba la presión objetiva por la devaluación, la caída de salarios y el ajuste fiscal sino que erosionaba las capacidades institucionales del estado y volvía cada vez más limitada su capacidad de intervención. De hecho, su intervención contracíclica fue la que transformó en una tendencia al estancamiento la tendencia a la crisis abierta. Suficiente para evitar la crisis –por lo menos, según se demostró, hasta diciembre de 2015- insuficiente para promover el crecimiento. En la medida que esto ocurría la capacidad redistributiva de la acción del estado se veía limitada. El conflicto con los trabajadores de mejores salarios – lo cual no necesariamente significa altos salarios – en torno al impuesto a las ganancias es parte de ese fenómeno. Si en 2008 la gran burguesía bloqueó la continuidad de una política de apropiación estatal del excedente, a partir de 2011 el estancamiento puso un límite al aumento mismo de ese excedente. El aumento del peso del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría (asalariados) en el conjunto de los recursos tributarios es indicativo de esos límites. Más allá de 2013 los límites endógenos a la acumulación se conjugaron con el impacto sobre la región de la caída del precio de los commoditties, lo que acotó aún más el margen de maniobra del estado.

 A su vez, en el nuevo contexto, el desplazamiento “espacial” del antagonismo tendió a alimentar más la inestabilidad política que a moderar el impacto disruptivo del conflicto. Ello se evidenció en un recrudecimiento de la movilización antikirchnerista de “clase media” que generó entre 2012 y 2013 algunas de las movilizaciones más importantes del período. El núcleo antipopulista de esa movilización, evidenciado en el conflicto de 2008 entre el gobierno y la burguesía agraria, adquiría un nuevo significado en el marco del estancamiento económico, un estancamiento económico que devenía cada vez más político en la medida que el gobierno no lograba proyectar otra alternativa en el futuro que la del ajuste. El debate presidencial en vísperas del balotaje de 2015 puso blanco sobre negro el problema que enfrentaba el gobierno: mientras Macri prometía salir del cepo apenas asumiera, Scioli prometía mantener el tipo de cambio hasta marzo; mientras Macri planteaba eliminar retenciones, Scioli planteaba eliminar algunas y reducir otras; tampoco estaba en discusión la reducción de subsidios al transporte y la energía; matices más, matices menos el gobierno era incapaz de hacer de Macri el candidato del ajuste y en ese proceso ganaba consenso la idea de la inevitabilidad de ciertas medidas. ¿Los medios? Si, también, pero solo también.

 Lo que ganaba consenso era un acuerdo bastante extendido entre los tres principales candidatos en aplicar – matices aparte – un conjunto de medidas que desde el conflicto de 2008 empezaron a ganar la adhesión del conjunto de la gran burguesía y que fue expresada como programa por el “Foro de convergencia empresaria”: fin del control de cambios y devaluación, resolución definitiva del default y retorno a los mercados financieros internacionales, reducción del gasto público y del déficit fiscal, reducción de la presión tributaria, reducción del costo laboral y políticas que tiendan a la reducción del costo en logística, resolución de la cuestión energética y reducción o eliminación de subsidios, etc. Esto no pretende explicar por qué gano Macri, tampoco pretende abonar hipótesis contrafácticas sobre lo que hubiera ocurrido si ganaba Scioli, lo que pretende es dar cuenta del terreno en el que se desarrolló ese hecho contingente, el triunfo de Cambiemos, pero que es el que le otorga un significado.

Aquí asoma la tercera dimensión desde la que puede analizarse la crisis e insurrección de 2001, la que la inserta en el más largo plazo: desde las puebladas y cortes de ruta de 1996 y 1997 se inicia un proceso de recomposición de la clase obrera después de las derrotas de 1976 y 1989. 2001 es un hito en ese proceso, uno que rompe con el intento más exitoso hasta hoy de subordinar duraderamente a los trabajadores. Frente al bloqueo del ajuste deflacionario, la ofensiva inflacionaria de 2002 lleva la marca de ese rechazo. En 2001 se movilizaron sobre todo las fracciones de desocupados y de los sectores más pauperizados de la clase obrera, pero los ocupados – estatales y, especialmente en diciembre, privados – no estuvieron ausentes. La fragmentación, la segmentación de los ciclos de conflictividad de ocupados y desocupados, de estatales y privados, la ausencia de unidad organizativa y de un programa predominante – el que fuera – todo señala las consecuencias de la derrota de 1989. Pero 2001 al quebrar la convertibilidad – y con ella la estrategia neoliberal de ofensiva contra el trabajo a través de la extensión e intensificación de la competencia – abrió el paso a la recomposición del conjunto de la clase obrera. La estrategia kirchnerista fundada en aquel bloqueo del ajuste ofreció – a través de la satisfacción gradual de demandas, de un contexto de repolitización de la subordinación del trabajo y del mecanismo neopopulista de desplazamiento del antagonismo – un espacio para esa recomposición. El estancamiento económico y crecientemente político de la estrategia kirchnerista desde fines de 2011 fue la contracara de las dificultades tanto internas al kirchnerismo (problemas para la construcción de una voluntad política) como externas (procesos acelerados de deslegitimación cada vez que lo intentó) para avanzar en formas graduales de ajuste. Lo que se reabrió en 2001 – y se evidenció con el agotamiento de la estrategia kirchnerista – fue el viejo problema de la clase dominante argentina para subordinar a la clase obrera. Y eso es lo que quiere resolver este gobierno.

 

De la estrategia kirchnerista a la estrategia macrista: 2001 como crisis de autoridad

Señalábamos al principio que el ajuste de 2016, aunque fue superior, no se encuentra muy lejos del de 2014, pero que lo relevante era el cambio de escenario: el reinicio de una ofensiva contra los trabajadores. También que el avance gradual, plagado de retrocesos y correcciones, señalaba la persistencia de una relación de fuerzas que el gobierno sólo modificó superficialmente. A esa ofensiva le faltó la crisis y derrota que modificara profundamente las posiciones de resistencia de la clase obrera. 2016 y 2017 estuvieron plagados de muestras de la persistencia de esa recomposición de la clase obrera de la que habláramos, así como de la movilización y resistencia de diversos sujetos sociales.

Las grandes movilizaciones de 2016 y 2017 abarcaron cuestiones tan diversas como los DDHH, la cuestión de género, la resistencia estudiantil a los intentos de reforma educativa, y una renovada movilización sindical. Aquí nos concentraremos en la movilización obrera, en gran medida por nuestras limitaciones de conocimiento. Sin embargo, quisiéramos hacer algunos breves comentarios sobre esta pluralidad de resistencias. Sin duda, junto con la movilización sindical, las movilizaciones más masivas del período fueron producidas por el movimiento de mujeres y por el movimiento de derechos humanos (DDHH). El análisis del impacto de estas dos últimas, especialmente del movimiento de mujeres, en el modo en que se estructura la hegemonía carece de categorías que permitan captarlo con más precisión.5 Tampoco conocemos profundamente sus vasos comunicantes. En el caso del movimiento de mujeres es ciertamente más difícil, porque su impacto más profundo – más allá de conquistas como la ley de paridad o la tipificación del femicidio – se encuentra en transformaciones de largo plazo en las modalidades de reproducción social y es seguro que esas transformaciones deben necesariamente producir acomodaciones de toda la estructura de dominación. El movimiento de lucha por los DDHH – lo desarrollaremos más adelante – tiene un impacto directo en los límites a la legitimación de la represión de la protesta y, por lo tanto, del poder coactivo del estado. A su vez, la activación en el campo del movimiento de mujeres y de DDHH tiene efectos en las movilizaciones obreras y viceversa. Se trata de un proceso de movilización social que presenta efectos de retroalimentación. De estos vasos comunicantes entre los procesos de movilización en cada uno de los campos de lucha o movimientos se sigue la tendencia a la constitución de un conjunto de demandas crecientemente entrelazado del movimiento obrero, el movimiento de mujeres, el movimiento de DDHH, el movimiento ambientalista, el movimiento indígena, etc. Es decir, en el proceso de movilización social se produce un proceso de recomposición de la acción de clase de los trabajadores – al que nos referiremos enseguida – y a través del simultáneo entrelazamiento de demandas la tendencia a la constitución de un sujeto popular. Esta tendencia es resultado objetivo de los modos que asume en la actualidad la lucha social, más allá de la existencia de estrategias conscientes en esa dirección, y en todo caso dicha tendencia es un campo de disputa por el modo de la articulación y, por lo tanto, de su orientación política.

 En el caso de los trabajadores, el retorno de grandes movilizaciones sindicales, que por su envergadura no se observaban desde la década de los ’80, mostró un movimiento obrero fortalecido. A ello hay que agregar la presencia de los trabajadores desocupados y precarizados a través de diversas expresiones, pero en particular, por su masividad y capacidad de ser reconocida como interlocutora por el gobierno, de la CTEP. La movilización de los trabajadores mostró de esta manera los signos de la recomposición post 2003. Un aumento de la masividad y de la centralización de la representación (sobre todo por el peso actual de la CTEP en comparación con la mayor heterogeneidad del movimiento de trabajadores desocupados hasta 2005) junto con una fuerte institucionalización del conflicto. Las negociaciones paritarias y la integración institucional de los movimientos sociales a través, fundamentalmente, del Ministerio de Desarrollo Social tendieron a institucionalizar el conflicto obrero en relación con los ’90. El aumento de la capacidad de movilización de las organizaciones obreras, en un contexto de una reducida capacidad de movilización autónoma – desafiante de las conducciones – de las bases, tendió, paradójicamente, a otorgar un mayor margen de maniobra a las conducciones de la CGT y también de la CTEP en sus negociaciones institucionalizadas con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social respectivamente. Debe señalarse, sin embargo, que el grado de institucionalización, de control del conflicto y la relación con el estado presenta marcadas diferencias en la CGT y la CTEP, que se explican por las características diferentes de las fracciones de la clase obrera representadas, por las diferentes etapas de cristalización de liderazgos y de consolidación de estructuras burocráticas, y por diferencias ideológicas. Como sea, es interesante que los dos fenómenos de desborde de las conducciones y/o de pasaje a una dinámica de lucha extrainstitucional se dieron el 7 de marzo de 2017 en la movilización convocada por la CGT y el 13 y 14 de diciembre – esto mientras escribimos este artículo – en ocasión de las movilizaciones de la CTEP el 14 y, sobre todo, del conjunto de las centrales y corrientes obreras el 14 en rechazo de la reforma previsional. Es decir, la convocatoria de las grandes organizaciones obreras se transformó en escenario de una dinámica de desborde y tendencia a la acción directa. Es importante, sin embargo, destacar en ambos fenómenos, la tendencia y el hecho de que su desarrollo haya dependido de la existencia de convocatorias de las organizaciones obreras centralizadas, es decir, que no se haya expresado la tendencia a la acción directa a través de acciones autónomas de organizaciones de base desafiantes –simultáneamente- de la conducción y del estado. Aquí también las diferencias entre la CGT y la CTEP pasan a primer plano, ya que la CTEP puede presentar una mayor tendencia a dar cauce a esas tendencias disruptivas presentes entre los trabajadores. Pero no hay que descartar que estas tendencias a la acción directa comiencen a manifestarse en acciones que escapen del control de las conducciones centrales.

 La fuerte movilización social, la continuidad de un proceso de recomposición de la acción de clase de los trabajadores, y la persistencia – desde mediados de los años ’90 – de una tendencia a la acción directa constituyen evidencias de una relación de fuerzas que plantea límites al desarrollo de la ofensiva capitalista en marcha. En particular, el principal problema que debe enfrentar el gobierno de Macri – la verdadera pesada herencia del kirchnerismo – es el de adecuar las demandas obreras y populares a las necesidades del proceso de acumulación y eso requiere la subordinación de la clase obrera. Dicho de un modo más preciso, la principal tarea del gobierno de Macri es la restauración de la autoridad del capital a nivel social y en los lugares de trabajo.

 La insubordinación de los trabajadores es – como señalábamos más arriba – un problema de larga data en la Argentina. Es la determinación profunda debajo de nociones como “empate hegemónico” (Portantiero 1973, 1977) o “péndulo político” (O’Donnell, 1977) que intentaron dar cuenta de la dinámica política entre 1955 y 1975. Y aun después del terrorismo de estado se ha puesto de manifiesto en la capacidad de veto a la continuidad del proceso reestructurador durante el gobierno de Alfonsín. El intento más exitoso de subordinación de los trabajadores en 50 años, el menemismo, asistió a una creciente resistencia desde 1996/1997 y terminó, gobierno de la Alianza mediante, en la insurrección de 2001. Se trata, además, de la diferencia más significativa con el caso brasileño y que, por lo tanto, da cuenta de los diferentes senderos de desarrollo entre ambos países desde los años ’60 en adelante. Las dificultades de la clase dominante para subordinar al trabajo han tenido importantes efectos sobre la capacidad competitiva de los capitales locales. La capacidad de vencer a otros capitales se juega antes que nada en la capacidad de incrementar la productividad e intensidad laborales y de reducir el costo laboral en casa. Por esa razón, la internacionalización de la propiedad del capital local fue una internacionalización subordinada aun en términos regionales, o dicho de otro modo, los capitales brasileños fueron los que vinieron de compras al mercado local. A su vez, la inestabilidad económica y política de la Argentina, atravesada por crisis económicas y políticas recurrentes no sólo manifestó la debilidad de los capitales para subordinar al trabajo sino que está en la base de comportamientos especulativos y de “reticencia inversora”. Los capitalistas locales utilizan la fuga de capitales y la especulación financiera como “retaguardia financiera” en períodos de crecimiento desequilibrado y tendiente a crisis recurrentes y como palanca de centralización de capitales durante los períodos de estancamiento, recesión y depresión económicas. Por último, la insubordinación obrera ha estado en la base de las dificultades de la clase dominante para producir una élite política que pudiera distanciarse lo suficiente de sus intereses inmediatos para representarla y competir exitosamente por el gobierno. Las dificultades para construir una hegemonía han dado predominio a estrategias populistas y a un comportamiento político económico – corporativo de las organizaciones de la clase dominante.

La insurrección de 2001 y la estrategia neopopulista de reconstrucción del consenso posterior volvieron a poner en el centro el problema de la (in)subordinación obrera y popular. Y el elemento popular se refiere aquí tanto al hecho de que muchos asalariados a pesar de no intervenir como clase participan en hechos desafiantes y con tendencia a la acción directa en formas y con identidades diversas, como al hecho de la (in)subordinación de mujeres, comunidades en defensa del medio ambiente, ciudadanos en defensa de los DDHH, y un largo etcétera, es decir, la emergencia y visibilización de múltiples formas de opresión que, como señalamos antes, tienen vínculos mutuos, algunos ya evidentes y otros todavía poco conocidos.

 Sin embargo, la insubordinación obrera y popular no tuvo ni tiene solo efectos macrosociales o macropolíticos. Sus efectos se difunden a través de todo el entramado social de la vida cotidiana. Se evidencian en la disrupción de la vida diaria por la protesta callejera, en los conflictos habituales en el lugar de trabajo, en la actitud ante el policía en una manifestación o en una situación usual en la calle, en los pequeños ilegalismos cotidianos, etc. También de manera mediada en los efectos difundidos en todo la vida social de la inestabilidad y de las crisis recurrentes a través de toda una serie de disfuncionalidades de distinto grado. El resultado es una erosión persistente del orden social a niveles capilares. Este es el fondo sordo de una demanda también cotidiana de orden que permite al gobierno identificar en su discurso y en su acción la restauración de la autoridad del capital a nivel social y en el lugar de trabajo con la restauración del orden, la autoridad y la ley sin adjetivos; la identificación de la restauración de la subordinación de la mayoría por la minoría dominante con la restauración de la autoridad y de la norma en tanto condiciones abstractas de la vida social.

 Esta caracterización del gobierno de Macri permite valorar desde otra perspectiva una serie de fenómenos recientes.

 En primer lugar, el rol que la cuestión de los DDHH ha tenido desde la transición a la democracia y, en particular, durante los últimos 15 años. La política de DDHH tuvo un rol significativo en la gestación temprana de cierta resistencia al gobierno de Néstor Kirchner en la clase dominante. De hecho, gran parte del lenguaje opositor, aunque cristaliza en el conflicto con la burguesía agraria en 2008, tiene su origen en la oposición a la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, a los indultos, a las purgas en las FFAA, etc. Expresiones como “un gobierno que divide a los argentinos”, “una política de confrontación” e incluso la referencia a la “construcción de un relato” en referencia a la disputa sobre la memoria histórica de los ’70, surgen en ese contexto. Este ha sido un componente central del anti kirchnerismo y se ha prolongado en el discurso y la acción del gobierno Cambiemos durante estos dos primeros años. Los casos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel pusieron de manifiesto el nudo de la cuestión: los derechos humanos desde la transición a la democracia se han constituido en una retaguardia de la movilización popular contra la acción de las fuerzas de seguridad y en la coyuntura son un límite a la política del gobierno de restauración del poder de las fuerzas armadas del estado frente a la protesta y a la relegitimación de su represión. Al mismo tiempo, las elecciones del 22 de octubre evidenciaron la existencia de un amplio – aunque probablemente no mayoritario – apoyo social a la política de represión de la protesta. La identificación de larga data entre derechos humanos y protección del delito (“defienden los derechos humanos de los delincuentes pero no los de las víctimas”) ha servido de nexo entre el ataque a las políticas de derechos humanos y la construcción de consenso en torno a la restauración de la ley y la represión del delito, incluyendo la protesta más allá de límites que resultan ambiguos.

En segundo lugar, la reforma laboral, los ataques al fuero laboral, el intento – por ahora frustrado – de igualar la posición de empleadores y trabajadores modificando la ley de contrato de trabajo, las presiones a través del Ministerio de Trabajo para incluir cláusulas flexibilizadoras en los convenios colectivos, persiguen reforzar el despotismo patronal en el lugar de trabajo. Las reformas laboral, tributaria y previsional traducen urgencias de corto plazo y objetivos de largo plazo. En el corto plazo, la necesidad de dar continuidad a la reducción gradual del déficit fiscal como medio para dar sustentabilidad de mediano plazo a la política del gobierno y de esa manera alentar de modo inmediato el aumento de la inversión. Los objetivos de largo plazo suponen una transformación profunda de las relaciones de fuerza entre capital y trabajo. Es este segundo nivel el que las inscribe en una ofensiva capitalista que traspasa las fronteras nacionales. El trípode de reformas lo encontramos no sólo en Brasil y Argentina, sino en diversos países de América Latina y de la Unión Europea. Aunque en cada lugar adopta una fisonomía singular tiene cada vez más los contornos de un programa capitalista global. Su inclusión por el FMI entre sus recomendaciones de rutina parece confirmarlo. Aunque aquí el discurso del gobierno retorna a carriles más tradicionales, apelando a la necesidad de modernización y a la presión competitiva como método de disciplinamiento – la reforma laboral de Brasil – en su presentación de las reformas el presidente Macri las inscribió en su proyecto de restauración del orden: “Muchos dicen que a esta propuesta de un país ordenado le falta épica. No estoy de acuerdo: qué más aventura épica que una sociedad que se quiere desarrollar” (Ámbito Financiero, 29/12/2017). Orden y progreso.

El programa macrista de restauración de la autoridad dota de potencialidad hegemónica al programa de la gran burguesía local que fue cobrando forma en el marco del Foro de Convergencia Empresaria. Mediante la identificación de la restauración de la autoridad del capital sobre la sociedad con la construcción de un orden legítimo como condición general de la vida social trasforma al núcleo antikirchnerista, al que la oposición a Cristina Fernández de Kirchner se encontraba limitada hasta 2013, en un articulador potencial de apoyos sociales más vastos. La recuperación de la república, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, el trabajo y el mérito como criterios de distribución de bienes y prestigio, la restauración de la autoridad del policía en la calle, del maestro en la escuela y, como no, del jefe en la empresa privada o estatal, y un largo etcétera, aparecen articulados por la restauración del orden y la ley. Pero dicha identificación no es del todo artificiosa. La limitación de la acción desafiante de las mayorías obreras y populares al bloqueo de la ofensiva capitalista solo puede ofrecer en el largo plazo esa erosión persistente de las formas de sociabilidad capitalista. Y con ello el fundamento para la identificación de la reconstrucción, siempre renovada, de ese orden con el orden sin adjetivos.

 Los problemas para la construcción de una hegemonía macrista

 De todo lo expuesto surge una imagen bien distinta que aquella del “gobierno del ajuste” o del “gobierno de los ceos”. Pero a este último aspecto le hemos prestado hasta ahora poca atención. La presencia en proporciones pocas veces vista de funcionarios procedentes de puestos gerenciales de grandes empresas privadas tiene significación (Canelo y Castellani 2016). La pregunta es ¿cuál es esa significación? Representarse el gobierno como una “comunidad de negocios” o como un gobierno que responde más o menos inmediatamente a los intereses de las empresas de procedencia de los funcionarios parece simplificador en función de los resultados del ajuste, que muestra en su “gradualismo” sensibilidad política por las relaciones de fuerzas a nivel social, y de los objetivos más ambiciosos que parece tener el gobierno según propusimos en el anterior apartado. Pero si ese fuera el caso la novedad estaría no sólo en la composición del gobierno Cambiemos sino en la relativa distancia que han ido construyendo este grupo de empresarios y gerentes de grandes empresas respecto de sus grupos sociales de procedencia. Es decir, la novedad se encontraría en el proceso de constitución de una élite política que es capaz de representar los intereses de la burguesía local justamente por su capacidad de distanciarse de ella. La representación supone diferenciación entre el representante y lo que es representado. En la representación de clase lo que importa no es tanto el origen social de los representantes, sino el hecho de que se planteen teóricamente los mismos problemas a los que los miembros de esa clase se ven impulsados prácticamente (Marx, 1979). La incapacidad de producir una élite política, que distanciada de ella misma la representara, había condenado a la clase dominante a verse limitada a incidir en el estado directamente a través de su poder de mercado, de modo mediado a través de sus representaciones económico – corporativas, pero indirectamente en el medio específicamente político. Es lo que en la literatura de las ciencias sociales se ha traducido como la ausencia de un partido de derecha. El dominio del medio político por partidos populistas se encontraba vinculado, como señalamos antes, a las dificultades para subordinar duraderamente a los trabajadores. Por lo tanto, el proceso de construcción de una élite política que represente políticamente los objetivos de largo plazo de la burguesía local, sus grandes problemas históricos, va de la mano con el intento de construir una hegemonía en curso. La concreción de una está ligada indisolublemente con la otra.

 La construcción de una hegemonía6 enfrenta, sin embargo, algunas dificultades. En primer lugar, la economía. No es claro que la economía vaya a tener un nivel de crecimiento en los próximos años que le facilite al gobierno el logro de sus objetivos políticos. El problema, sin embargo, no está en la caída del consumo. El gobierno justamente busca un crecimiento basado en la inversión y empujado por el sector exportador, y que mercado interno se reactive a partir de la dinamización de la acumulación de capital. Esto supone una modalidad de acumulación con mayor desigualdad distributiva y, por lo tanto, cambios en la estructura productiva adecuados a los cambios en la composición de la demanda. Por otra parte, la última gran reestructuración productiva se produjo en la primera mitad de los años ’90, no es poco sensato desde el punto de vista del gobierno crear condiciones para un proceso de acumulación impulsado por la inversión y que genere fuertes aumentos de productividad. Las dudas aparecen en el frente externo y en la política interna. La economía mundial desde 2008 ha mostrado un crecimiento débil, sobre todo para los países de la OCDE, ya que Europa ha tenido tasas de crecimiento anual inferiores al 2%, Japón tiene bajas tasas de crecimiento desde los años ’90 y USA, el que más ha crecido, mostró cierta inestabilidad en su tasa de crecimiento, que durante 2016 estuvo debajo del 2%. A eso se ha sumado la desaceleración de China. Sin embargo, en el presente año Europa se encamina a superar el 2% de crecimiento anual y la tasa de crecimiento mundial podría superar el 3% (Fuente: Banco Mundial y FMI). En cuanto al “frente interno” si el gobierno no es capaz de sostener el sendero decreciente del déficit fiscal, lo cual supone avanzar en la adecuación de las demandas obreras y populares a las condiciones de la acumulación, el mecanismo de ajuste gradual consistente en desplazar temporalmente los desequilibrios a través de la deuda externa se va a tornar crecientemente insostenible. De ese sendero gradual depende también la reducción de la tasa de interés que se mantiene en altos niveles para impedir la fuga al dólar, una mayor devaluación e inflación.

 La segunda dificultad para la construcción de la hegemonía está en la incapacidad que ha mostrado el gobierno para superar la estrategia de polarización como medio de construcción de consenso. El problema de esa estrategia es que toda acumulación de apoyo social tiene como contraparte la acumulación simétrica en el polo de la oposición. La lectura de la elección de senadores en la Provincia de Buenos Aires es sintomática de este punto. El gobierno no solo ganó las elecciones de la provincia frente a Cristina Fernández de Kirchner sino que consiguió un 41,3 % de los votos, lo que significó una gran elección que convalida el rumbo del gobierno. Sin embargo, los votos sumados del kirchnerismo (37,3%) y del Frente de izquierda (4,7%) totalizan el 42% de los votos. Los votos del kirchnerismo y de la izquierda no son sumables en muchos aspectos, pero sí lo son en cuanto a que expresan un rechazo frontal del gobierno de Macri.

 El gradualismo fiscal, el desplazamiento temporal de los desequilibrios económicos por medio del endeudamiento externo y la polarización como medio para lograr consenso social muestran la persistencia de una relación de fuerzas que el gobierno busca y necesita torcer. A su vez, como se evidenciaba en el análisis de las dificultades económicas para la construcción de la hegemonía, es el momento político el que domina en la coyuntura actual. Esto diferencia radicalmente a este gobierno de los gobiernos neoliberales de los años ’90. El neoliberalismo es una estrategia de ofensiva del capital sobre el trabajo a través de la extensión e intensificación de la competencia, supone entonces una subalternización de las mediaciones políticas como mecanismo de disciplinamiento. No lo podríamos desarrollar aquí, pero la continuidad durante este gobierno de la lógica kirchnerista de desmembrar el área económica y subordinarla al área política, en este caso a la jefatura de gabinete, la importancia del Ministerio del Interior en la negociación con los gobernadores, la importancia del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social en las negociaciones con la CGT y la CTEP, todo señala la centralidad de las mediaciones políticas en la articulación de la estrategia de subordinación del trabajo.

 Las dificultades para la construcción de la hegemonía macrista señalan que el resultado de esta apuesta restauradora está todavía abierto. El gobierno ha avanzado, pero lenta y trabajosamente. Lo que está en juego para la clase dominante es la oportunidad histórica de subordinar a la clase obrera argentina y de que se consolide una élite política que pueda articular en el plano político sus intereses de largo plazo, que la dote de una estrategia y de un horizonte. Lo que está en juego para los trabajadores y para el conjunto de los sujetos en lucha contra las diversas formas de opresión es la continuidad del proceso de recomposición de sus capacidades de intervención social y política que se inició a mediados de los años ’90.

 

Bibliografía

 Basualdo, Eduardo (editor) Endeudar y fugar. Un análisis de la historia económica argentina de Martínez de Hoz a Macri. Buenos Aires: Siglo XXI.

Canelo, Paula y Castellani, Ana (2016) Informe de Investigación Nº1. Perfil sociológico de los miembros del gabinete inicial del presidente Mauricio Macri. San Martín: UNSAM.

CIFRA (2017) Informe de coyuntura 23. Buenos Aires: CIFRA (Disponible en http://www.centrocifra.org.ar/docs/if.pdf ).

 CIFRA (2017B) Poder adquisitivo del salario mínimo, de la asignación universal por hijo y de la jubilación mínima. Buenos Aires: CIFRA (Disponible en http://www.centrocifra.org.ar/docs/iu.pdf ).

 Marx, Karl (1979) El 18 brumario de Luis Bonaparte. Madrid: Espasa Calpe

 Negri, Antonio (2014) John Maynard Keynes y la teoría capitalista del estado en 1929. En Negri, Antonio, La forma- Estado. Madrid: Akal,

 O’donnell, Guillermo (1977). Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. Desarrollo Económico. Vol. 16, No. 64, Ene. – Mar de 1977.

 ODSA – UCA (2017) Pobreza y desigualdad en la Argentina urbana 2010 – 2017. Buenos Aires: ODSA – UCA. (Disponible en http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/2017-Observatorio-Informe-pobreza-por-Ingresos-Final.pdf ).

 Piva, Adrián (2012) Acumulación y hegemonía en la Argentina menemista. Buenos Aires: Biblos.

 Piva, Adrián (2015) Economía y política en la Argentina kirchnerista. Buenos Aires: Batalla de ideas.

 Portantiero, Juan Carlos (1973) Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual. En Oscar Braun (comp.) El capitalismo argentino en crisis. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

 Portantiero, Juan Carlos (1977) Economía y política en la crisis argentina, 1958-1977. Revista mexicana de sociología, N° 2.

 

1 Elaboración propia en base a índice de salarios (2012=100) del INDEC y IPC 9 provincias CIFRA.

2 Esta es, además, la principal diferencia con la ofensiva inflacionaria de 2002. Para una inflación similar (40,6% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016) la caída de 5,8% del salario real contrasta con la reducción del poder adquisitivo del salario del 23,6% de 2002. Pero mientras el desempleo para los 31 aglomerados en el segundo trimestre de 2016 alcanzaba el 9,3% de acuerdo a la EPH continua, la onda de mayo de 2002 de la EPH puntual muestra un desempleo para el total de aglomerados de 21,4%. Los datos no son estrictamente comparables debido a los cambios de medición pero son claramente indicativos.

3 El caso venezolano muestra, a su vez, que la persistencia, más allá del inicio de la crisis, de esta inadecuación no tiene límites temporales definidos, pero conduce a crecientes niveles de desorganización económica y social.

 4 El impacto moderado de la crisis mundial de 2008 y el impacto tardío en el precio de los commoditties tienen una explicación común: China, que amortiguó el impacto de la crisis de 2008 y sostuvo el crecimiento de Argentina y Brasil los años siguientes en la medida que mantuvo su ritmo de crecimiento; a su vez, la desaceleración del crecimiento chino y su efecto en el precio de los commoditties impactó fuertemente en toda la región generando desequilibrios comerciales y de cuenta corriente.

 5 Debo esta reflexión a las intervenciones de Facundo Nahuel Martín y Mabel Bellucci en las jornadas del IEALC “Pensar el macrismo: hegemonía, lucha de clases, debates estratégicos” Viernes 3 de noviembre de 2017.

6 Aquí definimos hegemonía como la internalización del antagonismo obrero en mecanismos institucionales de canalización del conflicto social, su traducción en motor de la expansión del capital y la presentación de ésta como expansión de las energías nacionales (Piva 2010).

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Un comentario sobre “La épica de un país ordenado. En torno a la caracterización del Gobierno Cambiemos

  • el enero 24, 2018 a las 01:13
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    ‘Por otro lado, la comparación con 2014 permite dimensionar mejor el cambio: en 2014 la participación de los asalariados en el producto cayó del 37,6% al 35,7%, es decir 1,9 puntos porcentuales o 5,1% (CIFRA 2017). Deberíamos agregar que el aumento de la participación de los asalariados en el producto entre 2011 y 2015 desde el 34,9% al 37,4% coexistió con una caída del salario real del 4,8%’ No se entiende. Creció la participación hasta el 37,6 hasta el 2015? O cayó al 35,7 en 2014?
    Del resto es un análisis interesante en muchos aspectos. Destaco la observación sobre el desplazamiento del conflicto hacia cuestiones inocuas para el capital, mediado por la intervención estatal en la era K. Me parece sobredimiensionado el carácter que se le otorga al 2001 y sus efectos sobre la relación capital trabajo. Hablar de insurrección es un grandilocuente y poco concreta la participación atomizada de la clase obrera, a la que se le otorga un rol decisivo. La realidad fue opuesta. La clase obrera no se insurreccionó, ni se movilizó masivamente, ni se armó para enfrentar al régimen. No pasó por encima de los vértices sindicales o los mascarones políticos. El ‘Que se vayan todos’ presentado por el izquierda como un síntoma de radicalización revolucionaria, fue un grito efímero. No representó un hilo de continuidad con el proceso de acumulación clasista y revolucionario decapitado por la dictadura. Lo que está en curso, en continuidad con lo ocurrido parcialmente en los noventa, es la desactivación del andamiaje legal-sindical heredado del viejo modelo de acumulación consolidado en Argentina por el peronismo. Dicho proceso se desarrolla gradualmente y ni siquiera interrumpió completamente su curso con el modelo K, un aborto que solo pudo ralentizar ese curso inevitable, consecuente a las exigencias del capital, en condiciones excepcionalmente favorables para el comercio argentino. Ciertamente hay un cierto desarrollo clasista en el movimiento obrero, pero aún está en etapas primarias. Su capacidad para torcer el rumbo del ajuste y de la profundización del dominio del capital sobre el trabajo (profundización de lo que ya existe) es insuficiente en su estado real de desarrollo, como contracara del dominio de la burguesía en la esfera ideológica, política y sindical.

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