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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

La reducción de aportes patronales y el camino hacia el “blanqueo laboral”

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En un marco de sostenida resistencia frente a las reformas propuestas por el gobierno

en materia previsional, tributaria y laboral, se desarrolló una estrategia de

fragmentación y partición de las problemáticas, con el objetivo de facilitar su

aprobación dificultando la cabal visualización de sus impactos e interacciones. Uno de

los puntos centrales del proyecto original de reforma laboral fue la iniciativa de

“regularización del empleo no registrado”, llamada coloquialmente “blanqueo

laboral”, que declaraba como objetivo combatir uno de los fenómenos más

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preocupantes del mercado de trabajo, a partir de una combinación de medidas que

incluía la reducción de aportes patronales y el aliento al trabajo registrado.

Trabajo no registrado

El trabajo no registrado es tradicionalmente considerado un problema serio en dos

sentidos principales: por un lado, porque promueve la desigualdad salarial y de

derechos en la clase trabajadora, y por otro, porque implica una pérdida de aportes y

contribuciones al estado, reduciendo al mismo tiempo el alcance de los derechos

laborales conquistados y el impacto de las normativas, fiscalizaciones y controles. Este

fenómeno se profundizó en los últimos años de la Convertibilidad hasta alcanzar

niveles en torno al 42% de los asalariados, y trepó hasta más de un 49% luego de la

crisis de 2001. Entre 2003 y 2015, en un contexto de creación de casi cinco millones de

puestos de trabajo se redujeron al mismo tiempo la desocupación y el trabajo no

registrado, el cual sin embargo se mantuvo en niveles que no lograron bajar de un

tercio de los asalariados desde 2011 en adelante. Al primer semestre de 2017 la

cantidad de asalariados no registrados asciende a 33,5%.

En términos de la pérdida de derechos de los trabajadores, con datos recientes se

observa una importante brecha entre formales e informales en lo que refiere a

ingresos percibidos y declarados en la Encuesta Permanente de Hogares. En el período

entre 2004 y 2017, con datos al segundo trimestre, la brecha supera el 50%, siendo del

57% a inicios del periodo y bajando al 53% al final de los datos disponibles. Ello

evidencia que la informalidad laboral se vincula a una mayor precarización en el orden

salarial.

En segundo término, el trabajo no registrado también tiene un importante costo fiscal

para las arcas de la ANSES, corazón recaudador de la totalidad de los fondos de la

seguridad social. Se estima que, a 2018, los aportes y contribuciones no percibidos

(producto de la existencia de un tercio de los trabajadores con empleo no registrado)

ascenderían a 75.903 millones de pesos (ver anexo metodológico). En efecto, la

financiación de ANSES actualmente se nutre de distintos impuestos dada la

insuficiencia de la recaudación por aportes y contribuciones: impuesto a las ganancias,

IVA, impuesto a los créditos y débitos, impuesto a los cigarrillos, recaudación por

monotributo, entre otros.

La aprobación por ley de la reducción de aportes patronales

En su formulación original, el “blanqueo” venía asociado a una reducción de

contribuciones patronales al sistema jubilatorio, sección luego extraída del paquete

de reforma laboral para incluirlo en la reforma tributaria, la cual fue aprobada por el

Congreso el 27 de diciembre de 2017. Si bien el proyecto proponía la reducción

progresiva de las alícuotas de la actividad de servicios (hoy en 21%) y el incremento

progresivo del resto de las actividades (hoy en 17%) convergiendo el conjunto de

actividades en 19,5%, el punto central del recorte aprobado a fines del año pasado

reside en la aplicación de una porción del salario sin contribuciones. Se estableció un

mínimo no imponible de $12.000 por trabajador por mes desde 2019 con una

aplicación progresiva. En 2018 se aplica el 20% del MNI determinado, el 40% en 2019,

el 60% en 2020, el 80% en 2021, para llegar a la aplicación plena en 2022 (en pesos,

llegan a $2.400 de mínimo no imponible en 2018 y crecen escalonadamente hasta

2022).

En un ejemplo concreto, si el salario de bolsillo de un trabajador es de $10.000, previo

a la reforma la contribución patronal al sistema jubilatorio debería ascender a $1.564

hacia ANSES, considerando que el porcentaje es de 15,6% sobre el salario bruto. Ahora

bien, con la introducción del mínimo no imponible, el empresario ya no aportaría

sobre los $10.000 sino sobre $7.600 ($10.000 menos $2.400), por lo que la

contribución patronal jubilatoria se reduciría a 1.188,64.

En términos recaudatorios, actualmente las contribuciones representan

aproximadamente $424.351 millones al año, y en 2018, se alcanzarían los $490.974

millones. Con estos números, la aplicación del mínimo no imponible sobre un total de

6.529.891 asalariados afectaría la recaudación negativamente en $30.969 millones de

pesos sólo para el año 2018 (ver anexo metodológico). En suma, la aprobación de la

reforma tributaria supuso ya la concesión de 30 mil millones de pesos desde el Estado

Nacional hacia los empresarios en un año.

Dado que esta reforma propone el aumento progresivo de la reducción de

contribuciones, resulta clave analizar el impacto futuro hasta el año 2022. De acuerdo

a una estimación realizada por CEPA en base al presupuesto, la reducción de

contribuciones patronales, en un escenario conservador (con inflación prevista en el

presupuesto 2018) alcanzaría al año 2022 los $217.621 millones, es decir, el 34,4% de

las contribuciones patronales.

El “blanqueo laboral” pendiente

Este primer cambio regresivo deja pendiente el segundo núcleo de reformas

propuestas, incluidas en la reforma laboral de trámite parlamentario pendiente. El

“blanqueo laboral” se presenta como solución al problema acuciante del trabajo no

registrado, cuestión que preocupaba ya al anterior gobierno. De hecho, como

respuesta a una estabilización de los niveles del trabajo no registrado en torno a un

tercio de los asalariados sin poder bajar de esos niveles, en 2014 se sancionó la ley de

Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada (Ley

26.940) que impulsó la creación de un registro de empresas con sanciones por

incumplimientos (empleo no registrado, trabajo esclavo, trabajo infantil) denominado

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales –REPSAL-. El diagnóstico en

la que se basó la ley identificaba dificultades materiales de las pequeñas y medianas

empresas y de empleadores unipersonales, que tenían serias limitaciones económicas            para hacer frente a las cargas laborales. Para ellos, se favorecía el registro con distintos

tipos de subsidio estatal. Pero el universo de grandes empresas (evaluado tanto por su

tamaño como por su facturación) era caracterizado de otra manera: el no registro era

resultado de una deliberada evasión fiscal. En este sentido, y a diferencia de esta

propuesta de reducción horizontal e indiscriminada de cargas patronales y del

blanqueo generoso de la propuesta actual, esta ley beneficiaba sólo a las empresas

pymes estableciendo segmentaciones según cantidad de ocupados: hasta 5, 15 y 80

empleados y sujeta a niveles de facturación anual. Y conjuntamente con ello,

contemplaba medidas de fortalecimiento en la fiscalización, capacidad de inspección

del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluyera a las empresas que

violen la legislación laboral (el anteriormente mencionado REPSAL). Entre otras

consecuencias que preveía la ley, ser incluido en el REPSAL impedía los siguientes

ítems: el acceso a todo programa impulsado por el Estado nacional, a líneas de crédito

otorgadas por instituciones públicas, a celebrar contratos de compraventa con el

Estado nacional y a participar en licitaciones públicas. Aunque el Gobierno de Macri

consideró en los fundamentos del proyecto de reforma que esta ley no tuvo resultados

positivos dado que no redujo el nivel de trabajo no registrado existente, en los hechos,

tuvo escaso tiempo de implementación efectiva antes del cambio de gobierno en

2015, lo cual dificulta evaluar sus efectos en términos concretos.

A diferencia de un diagnóstico en torno a las causas del empleo no registrado que

coloque el acento en la capacidad empresarial diferencial para hacer frente a las cargas

laborales y utilice distintas herramientas estatales para controlar el cumplimiento de

las mismas (subsidios a determinadas franjas en función de posibilidades y sanciones

como respuesta a los incumplimientos, así como mayor fiscalización), el proyecto de

reforma laboral establece un “blanqueo laboral” centralmente basado en

transferencias a los empresarios y extendido horizontalmente al conjunto de la

economía.

Los puntos contenidos en el texto original de la reforma laboral implican lo siguiente:

 Los trabajadores podrán computar únicamente hasta 60 meses de lo

blanqueado en base al Salario mínimo, vital y movil (SMVM) como aportes a su jubilación, no importa cuál haya sido el plazo original de su contratación. Esto significa que, si un

trabajador estuvo 10 años no registrado, al empleador se le condona la deuda

por cualquier concepto (contribuciones, multas) y, en paralelo, al trabajador se

le permite computar sus aportes (por ejemplo, si el empleador se los retuvo)

sólo con base en el salario de referencia del SMVM (a enero 2018 de $9.500) y

contabilizando 5 años hacia atrás (equivalentes a 60 meses).

 A los empleadores que entren en el “blanqueo” laboral se les extinguirán sus

multas, infracciones, u otros incumplimientos en relación al registro en el

empleo (muy similar al blanqueo de bienes, donde AFIP introducía la

posibilidad del “tapón fiscal”).

 La empresa que blanquee con esta ley se beneficia dándose de baja del REPSAL

(sólo en lo referido a deuda por seguridad social).

 Se establece una condonación de la deuda por no pago de aportes y

contribuciones al sistema (capital e intereses y punitorios) en lo referido al

SIPA, Fondo de Empleo, Asignaciones Familiares, Renatre.

 Se condona el 100% si lo hacen en los primeros 6 meses o se condona el 70% si

blanquean en los segundos 6 meses.

Este proyecto de reforma resulta sumamente indulgente y beneficioso para quien

incumplió con las normas de registración, emulando lo que puede ser una moratoria

fiscal, con el agravante de tratar del mismo modo el incumplimiento de las cuestiones

laborales que las cuestiones tributarias. El objetivo de esta política es aumentar los

márgenes de ganancia de las empresas, sosteniendo que ello llevaría a promover el

trabajo registrado. Sin embargo, la experiencia histórica previa puede resultar útil para

mostrar que la reducción de aportes patronales aplicada en 1994 por Cavallo, o

también denominada “devaluación fiscal” que pretendió compensar los efectos

económicos perversos de la rigidez cambiaria, no significó sin embargo una mayor

contratación de mano de obra sino que tuvo dos efectos centrales: acrecentó las

ganancias del sector empresario, promoviendo la concentración, al tiempo que

desfinanció al Estado.

En suma, en un marco en que el empleo no registrado tiene sin dudas significativos

impactos regresivos en las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora,

engendrando división en los colectivos laborales y debilitando las organizaciones

sindicales, además de producir un efecto fiscal negativo en los recursos de la

seguridad social dada la insuficiencia de aportes y contribuciones que permitan hacer

sustentable un sistema solidario, la política oficial agudizó aún más la crisis del

sistema previsional argentino a través de la resignación de una porción creciente de

las contribuciones patronales. En base a este diagnóstico que propone combatir el no

registro a través de mayores transferencias hacia los empresarios como estímulos

para la creación de empleo y la promoción del trabajo registrado, se prevé un avance

hacia un supuesto “blanqueo laboral”, salida que no sólo resulta poco efectiva para

promover los niveles de registro y la extensión de derechos laborales–dada la

experiencia histórica argentina que refuta el éxito de la medida- sino que vulnera

derechos laborales básicos como el derecho al reconocimiento de los plazos

completos trabajados.

Anexo metodológico:

 Sobre la estimación de contribuciones y aportes no percibidos por empleo no

registrado: ascienden a $75.903 millones en 2018. La base del cálculo refiere al

total de trabajadores asalariados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) proyectados al universo de la población, y de ese universo de asalariados, se tomaron en cuenta

exclusivamente aquellos que realizan tareas en unidades productivas con y sin

empleo formal (se dejó afuera a patrones y cuentapropistas y asalariados en

hogares). La estimación asciende a un universo de 2.231.156 trabajadores. La

estimación salarial para esos trabajadores se basó en el SMVM de 2018 ($9.500

primer semestre, a regir desde enero y $10.000 al segundo semestre, desde

junio, con aguinaldo incluido en cada caso).

 Sobre la estimación de reducción de contribuciones patronales con introducción

de Mínimo no Imponible ($30.969 millones de pesos a 2018 y $217.621.434 a

2022). Se realizó en base a estructura de salarios del Boletín Estadístico

Seguridad Social (BESS-AFIP) con los últimos datos disponibles al primer

trimestre 2017, que fueron actualizados a enero de 2018, en base a la variación

salarial del sector privado del periodo septiembre 2016 a septiembre 2017. La

cantidad de trabajadores del BESS-AFIP se ajustó a la cantidad estimada en el

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Sistema Integrado Previsional Argentino (MTEySS-SIPA) proporcionalmente. Asimismo, para esta estimación se segmentó

por salario, dado que quienes no superan los $2.520,60 no pagan las

contribuciones.

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