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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

La reducción de aportes patronales y el camino hacia el “blanqueo laboral”

En un marco de sostenida resistencia frente a las reformas propuestas por el gobierno en materia previsional, tributaria y laboral, se desarrolló una estrategia de fragmentación y partición de las problemáticas, con el objetivo de facilitar su aprobación dificultando la cabal visualización de sus impactos e interacciones. Uno de los puntos centrales del proyecto original de reforma laboral fue la iniciativa de “regularización del empleo no registrado”, llamada coloquialmente “blanqueo laboral”, que declaraba como objetivo combatir uno de los fenómenos más preocupantes del mercado de trabajo, a partir de una combinación de medidas que incluía la reducción de aportes patronales y el aliento al trabajo registrado. Trabajo no registrado El trabajo no registrado es tradicionalmente considerado un problema serio en dos sentidos principales: por un lado, porque promueve la desigualdad salarial y de derechos en la clase trabajadora, y por otro, porque implica una pérdida de aportes y contribuciones al estado, reduciendo al mismo tiempo el alcance de los derechos laborales conquistados y el impacto de las normativas, fiscalizaciones y controles. Este fenómeno se profundizó en los últimos años de la Convertibilidad hasta alcanzar niveles en torno al 42% de los asalariados, y trepó hasta más de un 49% luego de la crisis de 2001. Entre 2003 y 2015, en un contexto de creación de casi cinco millones de puestos de trabajo se redujeron al mismo tiempo la desocupación y el trabajo no registrado, el cual sin embargo se mantuvo en niveles que no lograron bajar de un tercio de los asalariados desde 2011 en adelante. Al primer semestre de 2017 la cantidad de asalariados no registrados asciende a 33,5%. En términos de la pérdida de derechos de los trabajadores, con datos recientes se observa una importante brecha entre formales e informales en lo que refiere a ingresos percibidos y declarados en la Encuesta Permanente de Hogares. En el período entre 2004 y 2017, con datos al segundo trimestre, la brecha supera el 50%, siendo del 57% a inicios del periodo y bajando al 53% al final de los datos disponibles. Ello evidencia que la informalidad laboral se vincula a una mayor precarización en el orden salarial.

En segundo término, el trabajo no registrado también tiene un importante costo fiscal para las arcas de la ANSES, corazón recaudador de la totalidad de los fondos de la seguridad social. Se estima que, a 2018, los aportes y contribuciones no percibidos (producto de la existencia de un tercio de los trabajadores con empleo no registrado) ascenderían a 75.903 millones de pesos (ver anexo metodológico). En efecto, la financiación de ANSES actualmente se nutre de distintos impuestos dada la insuficiencia de la recaudación por aportes y contribuciones: impuesto a las ganancias, IVA, impuesto a los créditos y débitos, impuesto a los cigarrillos, recaudación por monotributo, entre otros.

La aprobación por ley de la reducción de aportes patronales En su formulación original, el “blanqueo” venía asociado a una reducción de contribuciones patronales al sistema jubilatorio, sección luego extraída del paquete de reforma laboral para incluirlo en la reforma tributaria, la cual fue aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 2017. Si bien el proyecto proponía la reducción progresiva de las alícuotas de la actividad de servicios (hoy en 21%) y el incremento progresivo del resto de las actividades (hoy en 17%) convergiendo el conjunto de actividades en 19,5%, el punto central del recorte aprobado a fines del año pasado reside en la aplicación de una porción del salario sin contribuciones. Se estableció un mínimo no imponible de $12.000 por trabajador por mes desde 2019 con una aplicación progresiva. En 2018 se aplica el 20% del MNI determinado, el 40% en 2019, el 60% en 2020, el 80% en 2021, para llegar a la aplicación plena en 2022 (en pesos, llegan a $2.400 de mínimo no imponible en 2018 y crecen escalonadamente hasta 2022). En un ejemplo concreto, si el salario de bolsillo de un trabajador es de $10.000, previo a la reforma la contribución patronal al sistema jubilatorio debería ascender a $1.564 hacia ANSES, considerando que el porcentaje es de 15,6% sobre el salario bruto. Ahora bien, con la introducción del mínimo no imponible, el empresario ya no aportaría sobre los $10.000 sino sobre $7.600 ($10.000 menos $2.400), por lo que la contribución patronal jubilatoria se reduciría a 1.188,64. En términos recaudatorios, actualmente las contribuciones representan aproximadamente $424.351 millones al año, y en 2018, se alcanzarían los $490.974 millones. Con estos números, la aplicación del mínimo no imponible sobre un total de 6.529.891 asalariados afectaría la recaudación negativamente en $30.969 millones de pesos sólo para el año 2018 (ver anexo metodológico). En suma, la aprobación de la reforma tributaria supuso ya la concesión de 30 mil millones de pesos desde el Estado Nacional hacia los empresarios en un año. Dado que esta reforma propone el aumento progresivo de la reducción de contribuciones, resulta clave analizar el impacto futuro hasta el año 2022. De acuerdo a una estimación realizada por CEPA en base al presupuesto, la reducción de contribuciones patronales, en un escenario conservador (con inflación prevista en el presupuesto 2018) alcanzaría al año 2022 los $217.621 millones, es decir, el 34,4% de las contribuciones patronales.

El “blanqueo laboral” pendiente Este primer cambio regresivo deja pendiente el segundo núcleo de reformas propuestas, incluidas en la reforma laboral de trámite parlamentario pendiente. El “blanqueo laboral” se presenta como solución al problema acuciante del trabajo no registrado, cuestión que preocupaba ya al anterior gobierno. De hecho, como respuesta a una estabilización de los niveles del trabajo no registrado en torno a un tercio de los asalariados sin poder bajar de esos niveles, en 2014 se sancionó la ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral aprobada (Ley 26.940) que impulsó la creación de un registro de empresas con sanciones por incumplimientos (empleo no registrado, trabajo esclavo, trabajo infantil) denominado Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales –REPSAL-. El diagnóstico en la que se basó la ley identificaba dificultades materiales de las pequeñas y medianas empresas y de empleadores unipersonales, que tenían serias limitaciones económicas            para hacer frente a las cargas laborales. Para ellos, se favorecía el registro con distintos tipos de subsidio estatal. Pero el universo de grandes empresas (evaluado tanto por su tamaño como por su facturación) era caracterizado de otra manera: el no registro era resultado de una deliberada evasión fiscal. En este sentido, y a diferencia de esta propuesta de reducción horizontal e indiscriminada de cargas patronales y del blanqueo generoso de la propuesta actual, esta ley beneficiaba sólo a las empresas pymes estableciendo segmentaciones según cantidad de ocupados: hasta 5, 15 y 80 empleados y sujeta a niveles de facturación anual. Y conjuntamente con ello, contemplaba medidas de fortalecimiento en la fiscalización, capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluyera a las empresas que violen la legislación laboral (el anteriormente mencionado REPSAL). Entre otras consecuencias que preveía la ley, ser incluido en el REPSAL impedía los siguientes ítems: el acceso a todo programa impulsado por el Estado nacional, a líneas de crédito otorgadas por instituciones públicas, a celebrar contratos de compraventa con el Estado nacional y a participar en licitaciones públicas. Aunque el Gobierno de Macri consideró en los fundamentos del proyecto de reforma que esta ley no tuvo resultados positivos dado que no redujo el nivel de trabajo no registrado existente, en los hechos, tuvo escaso tiempo de implementación efectiva antes del cambio de gobierno en 2015, lo cual dificulta evaluar sus efectos en términos concretos. A diferencia de un diagnóstico en torno a las causas del empleo no registrado que coloque el acento en la capacidad empresarial diferencial para hacer frente a las cargas laborales y utilice distintas herramientas estatales para controlar el cumplimiento de las mismas (subsidios a determinadas franjas en función de posibilidades y sanciones como respuesta a los incumplimientos, así como mayor fiscalización), el proyecto de reforma laboral establece un “blanqueo laboral” centralmente basado en transferencias a los empresarios y extendido horizontalmente al conjunto de la economía. Los puntos contenidos en el texto original de la reforma laboral implican lo siguiente:  Los trabajadores podrán computar únicamente hasta 60 meses de lo blanqueado en base al Salario mínimo, vital y movil (SMVM) como aportes a su jubilación, no importa cuál haya sido el plazo original de su contratación. Esto significa que, si un trabajador estuvo 10 años no registrado, al empleador se le condona la deuda por cualquier concepto (contribuciones, multas) y, en paralelo, al trabajador se le permite computar sus aportes (por ejemplo, si el empleador se los retuvo) sólo con base en el salario de referencia del SMVM (a enero 2018 de $9.500) y contabilizando 5 años hacia atrás (equivalentes a 60 meses).  A los empleadores que entren en el “blanqueo” laboral se les extinguirán sus multas, infracciones, u otros incumplimientos en relación al registro en el empleo (muy similar al blanqueo de bienes, donde AFIP introducía la posibilidad del “tapón fiscal”).  La empresa que blanquee con esta ley se beneficia dándose de baja del REPSAL (sólo en lo referido a deuda por seguridad social).  Se establece una condonación de la deuda por no pago de aportes y contribuciones al sistema (capital e intereses y punitorios) en lo referido al SIPA, Fondo de Empleo, Asignaciones Familiares, Renatre.  Se condona el 100% si lo hacen en los primeros 6 meses o se condona el 70% si blanquean en los segundos 6 meses.

Este proyecto de reforma resulta sumamente indulgente y beneficioso para quien incumplió con las normas de registración, emulando lo que puede ser una moratoria fiscal, con el agravante de tratar del mismo modo el incumplimiento de las cuestiones laborales que las cuestiones tributarias. El objetivo de esta política es aumentar los márgenes de ganancia de las empresas, sosteniendo que ello llevaría a promover el trabajo registrado. Sin embargo, la experiencia histórica previa puede resultar útil para mostrar que la reducción de aportes patronales aplicada en 1994 por Cavallo, o también denominada “devaluación fiscal” que pretendió compensar los efectos económicos perversos de la rigidez cambiaria, no significó sin embargo una mayor contratación de mano de obra sino que tuvo dos efectos centrales: acrecentó las ganancias del sector empresario, promoviendo la concentración, al tiempo que desfinanció al Estado. En suma, en un marco en que el empleo no registrado tiene sin dudas significativos impactos regresivos en las condiciones laborales y salariales de la clase trabajadora, engendrando división en los colectivos laborales y debilitando las organizaciones sindicales, además de producir un efecto fiscal negativo en los recursos de la seguridad social dada la insuficiencia de aportes y contribuciones que permitan hacer sustentable un sistema solidario, la política oficial agudizó aún más la crisis del sistema previsional argentino a través de la resignación de una porción creciente de las contribuciones patronales. En base a este diagnóstico que propone combatir el no registro a través de mayores transferencias hacia los empresarios como estímulos para la creación de empleo y la promoción del trabajo registrado, se prevé un avance hacia un supuesto “blanqueo laboral”, salida que no sólo resulta poco efectiva para promover los niveles de registro y la extensión de derechos laborales–dada la experiencia histórica argentina que refuta el éxito de la medida- sino que vulnera derechos laborales básicos como el derecho al reconocimiento de los plazos completos trabajados. Anexo metodológico:  Sobre la estimación de contribuciones y aportes no percibidos por empleo no registrado: ascienden a $75.903 millones en 2018. La base del cálculo refiere al total de trabajadores asalariados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) proyectados al universo de la población, y de ese universo de asalariados, se tomaron en cuenta exclusivamente aquellos que realizan tareas en unidades productivas con y sin empleo formal (se dejó afuera a patrones y cuentapropistas y asalariados en hogares). La estimación asciende a un universo de 2.231.156 trabajadores. La estimación salarial para esos trabajadores se basó en el SMVM de 2018 ($9.500 primer semestre, a regir desde enero y $10.000 al segundo semestre, desde junio, con aguinaldo incluido en cada caso).  Sobre la estimación de reducción de contribuciones patronales con introducción de Mínimo no Imponible ($30.969 millones de pesos a 2018 y $217.621.434 a 2022). Se realizó en base a estructura de salarios del Boletín Estadístico Seguridad Social (BESS-AFIP) con los últimos datos disponibles al primer trimestre 2017, que fueron actualizados a enero de 2018, en base a la variación salarial del sector privado del periodo septiembre 2016 a septiembre 2017. La cantidad de trabajadores del BESS-AFIP se ajustó a la cantidad estimada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el Sistema Integrado Previsional Argentino (MTEySS-SIPA) proporcionalmente. Asimismo, para esta estimación se segmentó por salario, dado que quienes no superan los $2.520,60 no pagan las contribuciones.

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