La “Revolución Argentina” y la crisis de la sociedad posperonista (1966-1973)

por Sergio Nicanoff y Sebastián Rodríguez

 

Introducción

El 28 de junio de 1966 Argentina asiste por quinta vez en 36 años a una interrupción de los mecanismos institucionales previstos por el juego democrático representativo. Al igual que en las ocasiones anteriores, las Fuerzas Armadas se constituyen en el elemento coercitivo que impone por la vía de las armas el derrocamiento de un presidente electo, y como la mayor parte de esas veces, es la institución militar la que toma las riendas del nuevo gobierno (1) . Sin embargo, el golpe de Estado del 66 inaugura una novedad en la dinámica de las intervenciones militares: la autodenominada “Revolución Argentina” se presenta a sí misma como fundadora de una nueva República; se trata por primera vez de un golpe de Estado que se aboca a la tarea de reconstituir la sociedad en su totalidad para librarla de los males crónicos que se le diagnostican. En este sentido, el período que aquí nos interesa sienta el precedente de su lógica y trágica continuación en la dictadura que se inicia el 24 de marzo de 1976 bajo el rótulo de “Proceso de Reorganización Nacional”.

En las siguientes páginas transitaremos por un proceso que, aunque se ciñe al período 1966-1973, nos obliga a indagar en el tiempo hasta los años del peronismo, en busca de una mirada histórica que nos permita dar cuenta de las causas y dinámicas que confluyen en la emergencia de la Revolución Argentina. En este sentido, creemos que el recorte del trabajo, que obedece a una periodización con criterios institucionales, no puede contener en su estrecho marco el desenvolvimiento de la historia, por lo cual nos veremos obligados a forzar los límites de la temporalidad política, para adentrarnos en la corriente del desarrollo económico y social de largo plazo.

Por otra parte, es nuestra intención, además de traer a la memoria los principales hechos y actores de la etapa en cuestión, reflexionar críticamente sobre algunas problemáticas que se enmarcan en esos años, y que presentan al día de hoy cuestiones irresueltas, tanto en el nivel de las discusiones entre historiado- res de distinta raíz política e interpretativa, como en el de la sociedad en su conjunto. Nos referimos fundamentalmente a dos cuestiones bien concretas: la primera de ellas hace referencia a los debates que se han generado en torno de la inestabilidad política en la Argentina del siglo XX. En este sentido, el golpe de Estado del 66 nos servirá como disparador para pensar sobre las categorías de análisis que distintos autores de renombre han desplegado sobre la mesa de debate, así como para dejar sentada nuestra propia postura sobre un tema tan controvertido como es el funcionamiento de las instituciones en el país.

La segunda cuestión a la que hacíamos referencia trata sobre una espina incrustada en la médula de la sociedad y principalmente sobre aquellos que han sido partícipes, directa o indirectamente, de los fenómenos de movilización social de los años sesenta y setenta. Esta cuestión, que ha sido caratulada por sus detractores como la “violencia setentista”, y reivindicada por quienes han deja- do en esa lucha sus mejores años en busca de una sociedad diferente, es la que nos mueve a repensar sobre las condiciones históricas que hicieron posible un fenómeno tan particular, y que al día de hoy despierta, en uno y otro sentido, el mismo grado de pasión.

Cabe mencionar que estos dos núcleos problemáticos que nos motivan a re- flexionar sobre el período no se presentan aislados uno del otro, sino que se encuentran a su vez atravesados por un eje que los articula, y que es en definitiva el que vertebra estas páginas: la crisis de hegemonía y la crisis orgánica. La idea de que la burguesía Argentina tiene dificultades para ejercer su dominación sobre las clases subalternas a lo largo la segunda mitad del siglo XX es de alguna manera el trasfondo de los procesos que en este trabajo se detallan.

Si bien el trabajo está dividido en varias secciones para facilitar su lectura, creemos que pueden delimitarse nítidamente tres núcleos temáticos. El prime- ro abarca el proceso formativo de la alianza social que lleva a cabo el golpe de Estado de 1966, la dinámica de largo plazo que genera las condiciones para el mismo y la consolidación de la coalición gobernante. En este primer acercamiento, comenzaremos revisando críticamente algunas explicaciones sobre el proceso en cuestión, donde intentaremos dejar en claro algunas categorías que aparecerán a lo largo del trabajo y especificar el marco teórico desde el cual partimos para abordar el período. Luego nos adentraremos con más detalle en los años de la Revolución Argentina, hurgando tanto en los detonantes inmediatos y en la estructura de la sociedad de mediados de los sesenta para tratar de comprender las causas del golpe, como en una visión de largo plazo en la cual nos preguntaremos más puntualmente acerca de la relación entre las clases sociales, la estructura económica y la alianza golpista de junio del 66. El paso siguiente en esta primera parte girará en torno de una descripción de las metas propuestas por la Revolución Argentina, en la cual nos interesa poner en relieve las intenciones de reestructuración de la sociedad en términos globales. En esa pretensión totalizadora y totalitaria, con miras a imponer una serie de valores que abarcaron todos los planos –económico, político, social, ideológico y cultural–, es en donde encontraremos algunas claves que nos permitirán acercarnos a uno de los nudos problemáticos del trabajo, el de la violencia política.

El segundo núcleo temático gira en torno de las contradicciones incubadas dentro del régimen y las fisuras que el mismo presenta en el devenir de su propio desarrollo. Por lo tanto, en esta segunda parte del trabajo, comenzaremos con un análisis de esas contradicciones y continuaremos con un abordaje del momento en que ese resquebrajamiento hace finalmente eclosión. Nos referimos por supuesto al “Cordobazo” de mayo de 1969. En este camino, nos adentraremos en algunas disquisiciones teóricas sobre lo que Antonio Gramsci ha denominado “crisis orgánica”, para poder iluminar el problema que nos ocupa desde la perspectiva de este intelectual italiano. Como corolario de las fisuras mencionadas, señalaremos la aparición de una variada gama de nuevos actores sociales, que nos aportarán la materia prima sobre la cual reflexionar, para intentar comprender desde una mirada histórica el porqué de la escalada de violencia política.

El tercero de los núcleos en los que dividimos el trabajo trata sobre el derrotero

final de la Revolución Argentina, la retirada del régimen y las opciones políticas que se abren para Argentina a partir de la convocatoria a elecciones para el año 1973. Incluimos allí un breve racconto de los acontecimientos que determinaron la caída de Juan Carlos Onganía, el ascenso y ocaso de Roberto Marcelo Levingston y el desenlace del período en cuestión con la presidencia de Alejan- dro Agustín Lanusse.

En síntesis, lo que intentamos a lo largo de las páginas que nos ocupan es trazar una línea de ascenso, auge y caída de la Revolución Argentina, con la intención de graficar una suerte de parábola que dé cuenta del movimiento en el cual se desarrolla la historia. En este sentido, creemos que la dinámica de las estructuras económico-sociales, en íntima interrelación con los sujetos políticos, determina que de las contradicciones incubadas por la propia lógica de los acontecimientos surja el germen de lo nuevo que terminará por sepultar a lo viejo y generará a su vez, en la novedad de lo que nace, una nueva contradicción. En este camino de afirmaciones y negaciones, de tesis y antítesis es que se mueve la historia en busca de la síntesis final superadora.

Primera parte: auge y consolidación

1. Una mirada crítica sobre las distintas explicaciones del período

El proceso que nos ocupa ha merecido la atención de numerosos investigado- res, tanto desde la historia como desde otras disciplinas afines, como la sociología, la ciencia política o la economía. Las miradas son múltiples y los análi- sis divergen sustancialmente entre sí. En las próximas líneas intentaremos, por lo tanto, dar cuenta de algunas aproximaciones que pensamos han sido las más significativas.

Creemos que es interesante partir del análisis de Juan Carlos Portantiero acerca de lo que él entiende como el “empate hegemónico” que se abre con el derroca- miento de Perón en 1955 (2) . Este autor sostiene que las contradicciones del ciclo económico generan necesariamente un desfasaje entre la estructura económica y la proyección política de las distintas fracciones de la burguesía (3) . De esta manera, cuando una de estas fracciones –ya fuere la burguesía terrateniente, la burguesía industrial ligada al capital nacional y al mercadointernismo, o la fracción más concentrada del capital industrial transnacional– logra hacerse con el poder político a través de alguna coalición que la representa –por vías democráticas o por medio de golpes de Estado–, el cambio de rumbo de la economía a causa de las contradicciones propias del ciclo genera que la conducción política en ejercicio del poder se torne inviable, dado que representa inte- reses de una fracción que no es ya la dominante a nivel económico. Este “des- tiempo” entre las esferas estructural-material y la político-institucional determina, según Portantiero, una situación de “empate” en la cual todos los actores cuentan con la capacidad para vetar cualquier proyecto antagónico, pero carecen a su vez del impulso necesario para imponer el suyo propio, terminando en un juego de fuerzas de suma cero. En este esquema, Portantiero retoma las tesis de Mao Tse Tung sobre las contradicciones primarias y secundarias del sistema capitalista –las que se dan en la lucha entre capital y trabajo, y las que derivan de los diferentes intereses de las fracciones de la burguesía respectivamente– y pondera aquellas que considera más relevantes para el período analizado. En el proceso que nos ocupa, la lucha entre capital y trabajo, es decir, la lucha de clases propiamente dicha, queda para este autor relegada en un segundo plano, y el golpe del 66 viene a significar en esta dinámica el intento más acabado y contundente por parte de una de las fracciones burguesas –la de la burguesía transnacional– de romper el empate e imponerse por sobre las demás.

Es quizá paradójico que, en el contexto de producción de su trabajo, Portantiero otorgue un rol subordinado a la lucha de clases, dado que si este autor intenta rastrear el origen del fraccionamiento de la burguesía argentina entre los años 55 y 73 es porque abreva en las necesidades que le plantea su compromiso político con la clase obrera (4). De este modo, si el problema que busca resolver lo conduce a buscar en la lucha interburguesa –que se genera por el movimiento estructural de la economía– los resquicios por los cuales pueda filtrarse la avanzada del proletariado, aun así la acción de los sujetos y la esfera de lo subjetivo quedan relegadas en su análisis. En este aspecto, podría resultar complementario el trabajo de Guillermo O’Donnell “Estado y alianzas en la Argentina, 1956- 1976” (5) , en el cual estudia pormenorizadamente la influencia de los intereses de los trabajadores en ese juego pendular de alianzas entre los distintos sectores de la burguesía, el Estado y la clase obrera. En este sentido, aunque las motivaciones de estos dos autores difieren, podemos pensar en análisis que se sustentan mutuamente y que comparten además el apremio del momento en el cual am- bos escriben.

Por su parte, O’Donnell cuenta con una prolífica producción en torno del período que nos interesa. Además del trabajo ya mencionado, podemos citar su ya clásico libro El Estado burocrático-autoritario (6) , en el cual, al igual que en sus estudios preliminares sobre la cuestión en Modernización y autoritarismo (7) , presenta un modelo que podemos sintetizar en el siguiente esquema: en un contexto de crisis de la primera fase del modelo de sustitución de importaciones y ante la activación política de las masas producto de las prácticas “populistas” de los gobiernos propios de esa fase de industrialización mercadointernista –en obvia alusión al peronismo–, se produce lo que O’Donnell llama “pretorianismo de masas”, concepto que toma prestado de Samuel Huntington. Para este autor de la extrema derecha norteamericana, el pretorianismo de ma- sas se genera “cuando los niveles de participación y movilización políticas exce- den marcadamente los de institucionalización” (8) . O’Donnell sostiene entonces que a este pretorianismo sucede otro de signo contrario por la necesidad de controlar el Estado para iniciar la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados del capital, dando por tierra con la experiencia populista (9) . De este modo, ante los excesos de las masas desbordadas que se manifiestan por fuera de los canales previstos por la democracia burguesa, la clase social dominante en la esfera económica recurre al custodio de sus intereses –las Fuerzas Armadas– poniendo fin a la participación política y a la activación de la clase trabajadora.

Este razonamiento presenta, desde nuestra óptica, algunos problemas que es bueno subrayar. ¿Por qué sostener que las demandas de las clases subalternas discurren, durante el período peronista, por fuera de los canales de participa- ción institucional? ¿Acaso la movilización política y de masas que se desarrolla durante el período 1946-1955 no transcurre por intermedio del aparato sindical? ¿No son estos mismos sindicatos canales previstos para el accionar de las masas? No hace falta abundar en ejemplos donde el mismísimo Perón incita a los trabajadores a organizarse argumentando que “las masas obreras que no han sido organizadas presentan un problema peligroso, porque la masa más peligrosa es la masa inorgánica. La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son, sin duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes”10 .

Por otra parte, si la presión que ejercen las masas no es anárquica sino organiza- da en una corporación que representa sus intereses (el movimiento sindical), el planteo de O’Donnell lleva a pensar que sólo la incidencia de esa corporación de trabajadores genera una situación de pretorianismo. Pero ¿qué hay de las otras corporaciones como la UIA (Unión Industrial Argentina) o la SRA (Sociedad Rural Argentina)? ¿Acaso no son también corporaciones que se imponen por sobre la democracia presionando por sus intereses? Por lo tanto, o el concepto de pretorianismo se aplica a los trabajadores y análogamente a los demás actores, o debemos repensar si el concepto es válido en sí mismo y subyace en él una visión de valoración negativa en cuanto a la organización y movilización de los trabajadores. Creemos que la clase obrera durante el peronismo se encuentra más que nadie “jugando el juego democrático” y acatando todas las reglas. Incluso las luchas obreras una vez proscripto el partido que las representa luego del 55 –a excepción del período de la “Resistencia peronista” que encuentra su fin rápidamente–, se dan por medio de sus representantes sindica- les, como queda demostrado con los planes de lucha de la CGT que enfrenta el gobierno de Illia entre 1963 y 1964. La burguesía es quien impone el sistema democrático con la intención de canalizar e institucionalizar el conflicto pero desde el año 46 en adelante es derrotada en sus propios términos, y es por esto que se le hace necesario interrumpir la farsa y conciliar nuevamente su dominio económico con el poder político asaltando el estado por la vía de las armas.

El “pretorianismo de masas” –concepto de por sí profundamente reaccionario–

aparece en esta visión como un nuevo exceso del peronismo, y lo que O’Donnell se pregunta –entre líneas– es cómo es posible generar un crecimiento económico bajo un gobierno democrático pero precaviéndose de caer en las “deforma- ciones” populistas. Pervive como trasfondo de este análisis, por un lado, una inversión de las causas de la interrupción institucional que lleva a postular que los militares actúan motivados por los excesos anteriores del pueblo. De allí a la “teoría de los demonios” el camino parece allanarse en forma curiosa. Y por otro lado, se vislumbra en los trabajos de nuestro autor la contradicción de aquellos que ponderan la democracia como un sistema deseable y absoluto, pero no toleran la idea de un gobierno democrático de corte popular.

Esta idea de que el “pretorianismo de masas” se constituye en la clave de la inestabilidad política en el período posperonista es retomada más reciente- mente por Alfredo Pucciarelli (11), quien plantea –acercándose de alguna manera a los argumentos reseñados de Portantiero– que la debilidad institucional en Argentina en este período puede buscarse en la crisis de hegemonía de la clase dominante. Sin embargo un elemento clave diferencia a los dos autores en cuestión, ya que el primero sostiene que en momentos en que la clase social dominante accede a “compartir” el ejercicio de la política, entonces se “exacerban los mecanismos deformantes del funcionamiento del régimen democrático, propios del cesarismo democrático (…) El mal uso de los medios políticos de la democracia (…) invoca el fantasma de la ingobernabilidad y refuerza las posturas intolerantes y autoritarias. El marco consensual que había hecho posible el ejercicio de la hegemonía compartida se desvanece”(12) . Con estos argumentos, y en forma similar a lo planteado por O’Donnell, Pucciarelli invierte la ecuación y termina postulando que la ingobernabilidad y el golpe de Estado consecuente se desprende de la incultura cívica y ciudadana del cesarismo –léase peronismo– de quienes no supieron “aprovechar” la oportunidad otorgada. El ideal de la democracia absoluta se refuerza aquí con la noción de una democracia sin excesos populistas, es decir que no se extra- limite y rompa la posibilidad de “compartir” la hegemonía.

La intención de reseñar algunos de los análisis sobre el período que aquí nos ocupa, radica en poner en claro por un lado nuestra propia postura en relación con la coyuntura de 1966, pero en términos más generales lo que motiva las líneas precedentes es una reflexión crítica acerca de las formulaciones que se tejen sobre las características del sistema democrático y la incidencia de los golpes de Estado. Desde nuestro punto de vista, tanto éstos en general así como aquella coyuntura en particular, no son un problema que pueda analizarse par- tiendo de una visión contrafáctica y que defina la respuesta por la negativa, es decir, intentando responder cuáles fueron los factores que impidieron el funcionamiento de las instituciones democráticas en Argentina. Creemos que este camino nace en una visión donde aparentes “deformaciones” del sistema democrático se imponen sobre un “deber ser” de carácter normativo e ideal en el cual se naturaliza el sistema democrático como un anhelo de perfección institucional. Pensamos que el problema surge al absolutizar los conceptos partiendo de una falsa dicotomía entre autoritarismo y democracia en la cual los militares en el poder constituyen una aberración propia de sociedades que atraviesan por períodos de crisis en forma cíclica o donde las masas no supieron, por cuestiones de incultura cívica, ejercer con responsabilidad su derecho al voto y la participación. Este tipo de análisis dicotómico que, como ya señalamos, tiene peligrosas derivaciones teóricas y políticas en la visión actualmen- te dominante de los dos demonios (13) es análogo a pensar que los golpes de Estado –fenómeno que aparece como sinónimo de interrupción de la democracia– son solamente producto de las intervenciones militares, lo cual nos lleva a la dificultad de entender procesos que incluyen un amplio abanico de mecanismos por los cuales se imponen gobiernos o políticas en función de intereses de determinado sector social (14) . En este sentido, creemos que resulta idealista una visión en la cual el autoritarismo es –única y exclusivamente– un gobierno “no democrático”, así como la visión de que cualquier gobierno que accede al poder por la vía del sufragio puede considerárselo legítimo y desea- ble. El hecho de romper con esa división maniquea nos permite revestir el concepto de democracia que aquí estamos considerando de una de sus principales determinaciones: su carácter burgués. Ese carácter hace que la democracia funcione, como ya mencionamos antes, también como mecanismo de dominación, canalizando los conflictos y construyendo hegemonía (15). Por supuesto, que esta “herramienta” es pasible de ser resignificada por las clases subalternas (16) y es entonces cuando la burguesía decide quitar de en medio las máscaras interrumpiendo momentáneamente el “juego” representativo (17) .

Contrariamente al tipo de análisis que acabamos de reseñar, creemos que la cuestión principal radica en la comprensión de las diferentes formas en las que la burguesía argentina aseguró las condiciones de reproducción del sistema capitalista, es decir, las distintas maneras en las que se expresó políticamente la dominación de clase existente en la estructura de relaciones de producción. En este sentido, y retomando el análisis de Portantiero, 1966 –al igual que poste- riormente 1976– debe ser visto como un momento clave de recomposición de fuerzas dentro de la burguesía con la intención de eliminar cualquier tipo de conflictividad social –tanto intra como inter clases– con miras a imponer un nuevo modelo de acumulación.

Por último, y a pesar de las disidencias que oportunamente fuimos señalando con las distintas posturas, es interesante mencionar que aún cuando todos los trabajos mencionados divergen sustancialmente entre sí en cuanto a análisis y propósitos, existe un denominador común al cual obedece de alguna manera la selección de autores que realizamos, y es que todos ellos ponen particularmente en relieve la noción de una dominación sin capacidad de consolidar la hegemonía política. Por una u otra razón –ya sea por la incapacidad de la propia clase dominante o por la incidencia de la lucha de clases– en todos los análisis se hace palpable el concepto de crisis de hegemonía, crisis de la dominación para generar consenso, crisis de la clase dominante de impregnar a la sociedad en su conjunto de sus valores culturales e ideológicos, de forma tal que su dominación no se ejerza sólo a través de la coerción y del uso de la fuerza. Sobre este concepto volveremos más adelante y se constituirá en un elemento vertebrador de nuestro trabajo para pensar el período que estamos analizando.

No obstante los distintos abordajes en el plano teórico, y los argumentos de análisis con respecto a la situación que nos interesa en el marco de problemas más generales como la inestabilidad institucional en Argentina, o la cuestión de la crisis hegemónica, pensamos que una comprensión más cabal de estos problemas sólo puede entenderse en el marco de una cuestión específica luego de una minuciosa mirada sobre el plano de la coyuntura. Es por eso que dedica- remos buena parte de las líneas que siguen, luego de este breve –y obviamente incompleto– estado de la cuestión, a acercarnos al tiempo de la “Revolución Argentina” para definir cuáles fueron las características de su desarrollo concre- to en la sociedad de los años sesenta.

2 El golpe

2.1 Antecedentes inmediatos

Luego del derrocamiento de Perón en 1955 el sistema institucional del país no había logrado recomponerse. A la proscripción del justicialismo se agregaba la debilidad propia de los gobiernos de turno, los cuales se sucedían uno tras otro sin lograr establecer un grado de legitimidad que les permitiera terminar sus respectivos mandatos. En este marco, el gobierno de Arturo Illia no sería la excepción. Instalado en el poder luego de haber triunfado en las elecciones de 1963 representando a la Unión Cívica Radical del Pue- blo (UCRP), Illia parecía tener los días contados como presidente de la República desde el momento mismo de su asunción. De este modo, los años de su gobierno fueron cargándose de tensiones que confluyeron en el desencadenamiento del golpe más preparado y anunciado de la historia argentina hasta ese momento.

En  primer lugar, las elecciones para la  gobernación de  la  provincia  de Mendoza –donde en realidad se estaba dirimiendo la interna entre Perón y Vandor (18), líder de los metalúrgicos y de las 62 Organizaciones peronistas– cuyos resultados ratificaban el liderazgo del General, preanunciaban además un triunfo del justicialismo para las elecciones nacionales de renovación de gobernadores del año entrante. Esto a su vez hacía temer a los sectores antiperonistas del Ejército y la Marina la reedición del resultado de las elecciones del 18 de marzo del 62, donde el peronismo se había alzado con un claro triunfo. En este sentido, la figura de un golpe de Estado “preventivo” aparecía como la única salida viable para esos sectores. En segundo lugar, las políticas económicas de Illia que ponían límite a las prebendas que las empresas petroleras y químicas norteamericanas habían conseguido en los anteriores gobiernos –fundamentalmente en el de Frondizi– comenzaban a incomodar peligrosamente a los grupos más poderosos de la economía. Huelga cualquier comentario acerca de la dificultad de gobernar con la oposición de la fracción más influyente de la burguesía. Por último, la postura ambigua del presidente argentino en relación con la intervención norteamericana en Santo Domingo en el año 1965, parecía indicar –a los ojos de sus detractores– una posición favorable a los gobiernos de corte comunista (19) . Sumado a esto y en relación con la misma cuestión, la incompetencia de la cual se acusaba al gobierno para reprimir los conflictos obre- ros en torno de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán, parecía ser el disparador de la cuenta regresiva camino al golpe.

Desde los medios de prensa y comunicación se arengó a la opinión pública a aceptar y consensuar la necesidad del recambio institucional. Las revistas Primera Plana y Confirmado –dirigidas en ese entonces por Jacobo Timerman, y que contaba entre sus periodistas estrella al pro golpista Mariano Grondona– construyeron un clima de debilidad e indecisión frente a las posibles amena- zas comunistas (20) . Como contraparte, la construcción negativa de la figura de Illia se complementó con la magnificación de Juan Carlos Onganía –quien encabezaría el golpe de Estado– como el hombre del momento, único e irremplazable para sacar al país de su letargo (21).

La construcción del discurso legitimador se alineaba con las políticas de la Doctrina de Seguridad Nacional formulada por Estados Unidos, y que ha- cía referencia a la necesidad de volcar el poder represivo de las Fuerzas Armadas locales a combatir al “enemigo interno”, agente de la subversión marxista. Quedaba de esta manera en un segundo plano el rol histórico de la defensa de las fronteras para lo cual los ejércitos habían sido concebidos. Esta redefinición del rol de los militares latinoamericanos se acompañaba además de un proyecto de desarrollo económico que la presidencia de Kennedy lanzó con el rótulo de Alianza para el Progreso. Detrás, por su- puesto, se erguían los intereses de las grandes compañías transnacionales ansiosas de conquistar la plaza sudamericana para sus productos e inversiones, pero una mirada atenta sobre la máscara tras la cual se presentaban podía leer la intención de combatir la pobreza y el subdesarrollo como medida de profilaxis contra el conflicto social y el siempre latente fantasma rojo de la revolución. En otras palabras, la conjunción entre la Doctrina de la Seguridad Nacional y la Alianza para el Progreso parecía revivir aquella divisa comteana de “orden y progreso”, subsumiendo, claro está, el segundo al primero en jerarquía de importancia. La figura de Onganía aparecía entonces como la única capaz de condensar esos dos elementos, seguridad y desarrollo, e instrumentarlos desde el aparato del Estado. Como contraparte, Illia era condenado por carecer –según se decía– de las virtudes que la urgencia de la hora requería, cualidades que Onganía parecía personificar en sí mismo.

2.2 La alianza golpista: el nuevo bloque de poder

Consumado el asalto al poder el 28 de junio de 1966, el otrora líder de la facción azul llegaba al poder con el apoyo de una amplia capa de la sociedad civil; con el sustento de la cúpula de la Iglesia católica, siempre dispuesta a negociar una cuota de poder con la institución militar (22); con el aval de la central obrera –fundamentalmente del vandorismo, quien al perder su pulseada con Perón apostaba a una alianza con los militares para impedir que el viejo caudillo pudiera hacerse con el control pleno del movimiento– y aun con el apoyo político del propio Perón, quien desde el exilio saludó con buenos augurios la asunción del gobierno militar y no podía evitar regocijarse ante la idea de que el peronismo no fuera ya el único partido proscripto, sino uno más entre sus iguales (23).

Sin embargo, a pesar de las adhesiones que consiguió el movimiento de junio, es claro que ningún régimen se sustenta sólo con apoyos políticos, por fuertes que estos puedan parecer. Como centro de la coalición que apuntaló el golpe aparecía la fracción de la burguesía ligada al capital más concentrado de la economía y a los grandes capitales extranjeros, fundamentalmente estadounidenses. Quienes personificaron estos intereses fueron el ascendente grupo de los llamados “tecnócratas”, hombres letrados en la economía, adoctrinados por las “verdades indiscutidas” de la ortodoxa Escuela de Chicago, cultores de un liberalismo acérrimo y de las visiones monetaristas del ajuste y la disciplina fiscal. Para este sector, no sólo el progreso de una sociedad se medía a través de indicadores tan relativos y engañosos como la medición del PBI y el ingreso per cápita (24), sino que fundamentalmente consideraban cualquier tipo de conflicto social como disfuncional, y por lo tanto causa de la ineficiencia económica, elemento a erradicar a como diere lugar. Más adelante retomaremos en detalle el proyecto económico del cual la tecnocracia fue sólo su portavoz. Simplemen- te señalamos aquí la importancia de la clase social de la cual este sector actuó como vocero, lo cual nos permite ahora indagar un poco más en profundidad sobre los móviles específicos del golpe, y principalmente sobre la vinculación entre la dinámica política de la sociedad y su estructura de clases.

2.3 El golpe de 1966: una mirada de largo plazo

La premisa de la cual partimos para rastrear las tendencias históricas que signan de alguna manera el derrotero de la institucionalidad argentina, es la imposibilidad de pensar la coyuntura política aislada de cualquier determinación de tipo clasista. En este sentido, pensamos que definir los intereses de las clases sociales –tanto de burguesía y proletariado, como de las distintas fracciones de la burguesía– enfrentadas en el marco del sistema capitalista nos permitirá entrever las relaciones entre los sujetos y la estructura económica y material, la que en última instancia nos guiará hacia las claves para desentrañar la naturaleza del golpe de Estado de 1966. Para esto es necesario abandonar momentánea- mente los acontecimientos inmediatos de aquella jornada de junio y adentrarnos en una mirada histórica en busca de las tendencias de la estructura económica argentina anterior a 1966.

El modelo de acumulación basado fundamentalmente en la industrialización por sustitución de importaciones había comenzado a mostrar sus límites ya durante el primer gobierno peronista. A la crisis del año 1949 siguió una reformulación de las políticas económicas que intentaron dar respuesta al estrangulamiento de divisas y el consecuente déficit en las cuentas fiscales y en la balanza de pagos. A estos males contribuía un sector agropecuario relativamente atrasado, organizado en torno de un régimen de latifundio con escasas inversiones en capital fijo y maquinaria, incapaz de generar las divisas que el sector industrial requería para continuar funcionando. El modelo de industrialización liviano no integrado, basado en la producción de bienes de consumo e intermedios requería de periódicas y continuas importaciones de insumos y tecnología. Además, el aumento de los salarios de los sectores populares y de la clase media –como consecuencia por un lado de las políticas que se alentaban desde el Ministerio de Trabajo, pero también y fundamentalmente como producto de una economía recalentada que funcionaba con tasas de desempleo cercanas a cero– restringía sustancialmente los saldos exportables, ya que el aumento de los salarios se volcaba en un crecimiento de la demanda de bienes de consumo procedentes de la producción agropecuaria –carnes y trigo–, principales rubros de exportación. De esta manera, las divisas que el agro generaba tendían a decrecer mientras que los requerimientos de la industria iban en aumento.

Ya el segundo plan quinquenal de Perón previsto para el año 52 y lanzado finalmente en 1953 intentó dar solución a este círculo vicioso conocido en economía como de stop and go. La intención fue profundizar la integración del sector industrial para completar el proceso de tecnificación y producción de bienes de capital. La industria pesada y el desarrollo de tecnología cortaría los lazos de dependencia del sistema industrial con respecto a las importaciones. En forma paralela, la “vuelta al campo” del segundo gobierno de Perón buscaba mejorar la capacidad exportadora para generar las divisas necesarias que el nuevo esquema de producción requería. Para lograr estos objetivos se implementaría por un lado un incentivo a la radicación de capitales extranjeros, pero por otra parte se intentaría imponer un plan de austeridad en el cual se recortaría el consumo de los sectores obreros y se incentivaría además el aumento de la productividad de los mismos en el mundo fabril.

De más está decir que Perón no llegó a concretar este proyecto. Sin embargo, lo que nos interesa señalar aquí más que la dificultad de llevar adelante este plan a causa de la interrupción de su gobierno, es la propia contradicción generada en la alianza de clases que sustentaba al gobierno desde 1946. El régimen peronista se encontraba ante la imposibilidad de impulsar un proyecto económico que impactara directamente en su principal base de sustento político –obviamente la clase obrera– quienes por su parte, y como lo demostraron al no acatar los acuerdos firmados en la mesa de negociación durante el Congreso de la Productividad de 1955, se mostraban dispuestos a defender sus conquistas históricas aun frente a quien parecía ser su interlocutor más respetado en el gobierno. Perón no podía, aunque se lo propusiera, limar los pilares sobre los cuales descansaba su fortaleza, y esto era la alianza con los trabajadores y con el aparato sindical representado en la CGT. Hacerlo hubiera significado un deterioro de la alianza de la que no habría retorno; no hacerlo, terminaba de enfrentar al peronismo con los sectores de la burguesía más concentrada y con la fracción terrateniente de esa clase social. Esta imposibilidad de reconversión ubicaba al gobierno de Perón en un callejón en el cual ambas salidas parecían cerrarse. Paradójicamente, el viejo discurso peronista de ponerse por encima del conflicto de clases se materializaba en su faceta opuesta; la lucha entre burguesía y clase obrera se llevaba consigo a un gobierno que, al menos por un momento, había torcido la balanza en favor de los olvidados.

Años más tarde, similar intento económico se planteó el gobierno de Arturo Frondizi. Como sostiene el historiador británico Daniel James, los lineamientos del desarrollismo encuentran sin duda sus antecedentes en las proyecciones del segundo plan quinquenal de 1953 (25). Nuevamente la tecnología de punta, la industria pesada y el incentivo para atraer capitales aparecían como las prioridades del momento. Sin embargo, este segundo impulso también encontró límites muy precisos a la hora de su aplicación concreta. El gobierno de la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente), si bien sentó un punto de no retorno en el modelo de desarrollo industrial a partir de la llegada de capitales internacionales que se instalaron en los sectores estratégicos de la economía, terminó jaqueado por todos los frentes y encontró su final en marzo del 62 luego de un nuevo golpe de Estado militar.

Y aquí se pone de relieve un elemento clave para entender la dinámica de los años que van entre 1955 y 1976, y es la lucha dentro de la propia clase burguesa. La facción “colorada” de las Fuerzas Armadas, ligada históricamente a los intereses liberales más ortodoxos de la vieja y siempre presente burguesía terra- teniente, fue la que apoyó el derrocamiento de Frondizi en un último intento de revivir el ya fenecido modelo de expansión vinculado al desarrollo del campo y la apertura económica. El arribo del “elenco estable” encabezado por el viejo anfitrión del Ministerio de Economía, Federico Pinedo, parecía anunciar una vez más que la profundización de la industrialización y el desarrollo autosustentado tendrían que seguir esperando mejores condiciones políticas, mientras que la anacrónica “rueda maestra” comenzaba a girar nuevamente en la Argentina de los sesenta (26).

En el camino que trazamos hasta aquí, aunque no vinculado directamente con el derrotero de la estructura económica, resulta de vital importancia mencionar las jornadas de lucha facciosa entre azules y colorados de septiembre del 62 y abril del 63. La victoria del sector azul, aliado de la fracción burguesa de corte más “desarrollista”, sienta el precedente necesario que comienza a limpiar de obstáculos el camino hacia la implementación de su postergado proyecto eco- nómico. Junio del 66 aparece, desde esta perspectiva de largo plazo, como la instrumentación por la fuerza del giro en el modelo de acumulación que varias veces había encontrado límites tanto en la dinámica de la lucha entre capital y trabajo, como en el enfrentamiento entre los intereses cruzados de las distintas fracciones de la clase dominante. Las Fuerzas Armadas devienen entonces instrumento de la burguesía monopólica ligada al capital transnacional y llevan a cabo las tareas necesarias para allanar el camino a la introducción de modificaciones estructurales en la economía argentina. El juego de la democracia burguesa muestra así su verdadera faceta, la de permitir la deliberación –acotada– y la continuidad institucional en tanto no sean afectados los intereses de la clase dominante. En la coyuntura del año 66, y tras los fallidos intentos de instrumentar esos intereses a través de los mecanismos previstos por la Constitución, sonaba una vez más “la hora de la espada”.

Es necesario aclarar algunos puntos. Sostener que las Fuerzas Armadas son funcionales no impide analizar la dinámica propia que esa corporación tiene como instancia independiente (27). Sin embargo, para los fines que nos hemos trazado, esto es, intentar encontrar una explicación histórica de la naturaleza del golpe de Estado de 1966, nos hacemos eco de la afirmación de Marx cuando sostiene que es en la acción de los sujetos políticos antes que en su discurso, en donde debemos indagar para desentrañar los intereses que los motivan. De esta mane- ra, es altamente probable que la propia institución militar no se haya visto a sí misma como portavoz de otro sector, sino que estuvieran en juego otras cuestiones como las que mencionamos cuando nos referimos a los puntos de tensión inmediatos al derrocamiento de Arturo Illia. Pero más allá de la conciencia declarada, o los motivos aducidos por Onganía y el elenco que asumió los dis- tintos cargos en el gobierno, los intereses que se protegieron y se intentaron desplegar desde la autodenominada “Revolución Argentina” no fueron otros que los intereses de clase de la burguesía industrial monopólica. En este sentido resulta sugerente la hipótesis del sociólogo francés Alain Rouquié acerca del “partido militar”. El autor señala que en un escenario en el cual la clase domi- nante se ve imposibilitada de conformar un partido de masas –similar al radicalismo o al justicialismo– pero de corte y tendencias conservadoras, capaz de conquistar al electorado en sufragio abierto, ocurre que esa clase logra dominar en el plano económico pero sin la posibilidad de establecer una relación de hegemonía con el resto de la sociedad. Ante esta falencia, esa clase social recurre periódicamente a las Fuerzas Armadas para hacerse cargo del gobierno en forma directa, sin intermediarios con quien deba compartir el poder político (28).

¿Es “funcionalidad” el concepto adecuado? Tal vez no estrictamente, o cuando menos no lo es en forma mecánica, pero insistimos: lo que nos interesa subrayar es que los militares, a través de la toma del poder político, desarrollaron un proyecto económico y social absolutamente proclive a satisfacer los intereses de la burguesía industrial ligada al capital transnacional.

Decimos entonces que el rol que le tocó en gracia a las Fuerzas Armadas fue el de pretor (guardián) de la burguesía industrial, tanto en lo que respecta a la represión de la clase obrera, a los conflictos sociales que generaría necesariamente la implementación del plan Krieger Vasena –el ministro de economía estrella de la dictadura de junio–, como también, y fundamentalmente, con respecto a las otras fracciones de la burguesía. Por lo tanto, plantear que existe una esfera de acción autónoma en términos absolutos por encima de la estructura de clases de la sociedad es desconocer las tendencias de largo plazo y la lógica intrínseca que mueve a los actores. De este modo, y como hemos afirmado anteriormente, si pensamos que la acción de los sujetos se encuentra enmarcada, en principio, por las posibilidades que plantea la estructura económica –y por ende, de clases–, el golpe de Estado de 1966, más allá de sus ribetes coyunturales, se inscribe sin duda en esa dinámica.

3. El plan de la dictadura

Sin metas temporales definidas en cuanto a la duración de la intervención directa de los militares, el movimiento de junio se planteó sí un cronograma de acción delimitado en tres tiempos. El primero de ellos hacía referencia al “tiempo económico”, en el cual se llevaría adelante el programa de reformas ya mencionado, y que tenía como objetivo, como ya indicamos antes, reformular profundamente el modelo de acumulación de capital. El segundo era aquel proclamado como el “tiempo social”, en el cual de acuerdo con los gurúes de la tecnocracia y los altos mandos de las Fuerzas Armadas, los beneficios del crecimiento industrial se expandirían en una suerte de derrame hacia el resto de la sociedad. Es decir, se sostenía mediante un eufemismo poco convincente que para que las necesidades del común del pueblo pudieran satisfacerse, primero debían satisfacerse estratégicamente los intereses de la burguesía. Por último, el gobierno militar anunciaba en algún futuro no cercano ni tampoco preciso la llegada del tercer tiempo, el “tiempo político”, en el que la sociedad, una vez reestructurada de raíz, podría volver a tomar en sus manos la responsabilidad de las decisiones a través del mecanismo de la democracia.

3.1 El plan económico

De este modo, y para llevar a la práctica el primero de los “tiempos”, la Revolución Argentina actuó rápido y en forma contundente. El plan econó- mico de Krieger Vasena –la cara más visible del sector tecnocrático al que antes aludimos– pretendía incentivar la modernización a través de la racionalización tomando como punto de partida, como vimos, la base que había establecido el primer intento desarrollista de Frondizi. Se buscaba que Argentina se abriera al mercado mundial como exportadora de productos manufacturados mediante la profundización de la industria.

El segundo pilar del plan, ligado estrechamente al anterior, proponía de acuerdo con las recetas del sector tecnocrático, erradicar los sectores de la economía considerados irracionales e improductivos, lo cual llevaría indefectiblemente al cierre de los pequeños y medianos emprendimientos, y a la concentración en manos de las empresas de capital intensivo vinculadas a los intereses extranjeros (29). Como muestra de fuerza, en marzo de 1967 una nueva ley daba por tierra con aquellas restricciones que Illia había intenta- do imponer a las compañías extranjeras de hidrocarburos, y se establecían beneficios para las empresas estadounidenses, cerrándose así un capítulo que había estado en el ojo de la tormenta desde los años de Hipólito Yrigoyen.

Los mecanismos para llevar adelante las tareas propuestas por el postergado proyecto de desarrollo industrial se basaron en una fuerte devaluación del 40 por ciento de la moneda nacional, con miras a frenar la inflación de modo de favorecer las condiciones de previsibilidad para los inversores. A diferencia de los viejos planes de estabilización en los cuales se buscaba enfriar la economía –es decir, detener de algún modo el crecimiento económico industrial para beneficiar al sector agroexportador–, esta vez se buscaba mantener el nivel de actividad evitando una transferencia de ingresos de la industria hacia el agro (30). Para lograr esto, en forma conjunta con la devaluación se establecieron retenciones a las exportaciones de igual magnitud que la depreciación del peso. Lo que se buscaba era que los sectores terratenientes exportadores no se vieran beneficiados especialmente por el nuevo tipo de cambio, sino que sería el Estado, a través de esas retenciones quien aumentaría sustancialmente su recaudación. El destino de esa masa dineraria sería el de invertir en la infraestructura necesaria para que el desarrollo industrial no encontrara obstáculos (31). De este modo, el Estado cargaba sobre los hombros de la sociedad civil el gasto oneroso de las obras necesarias para el gran capital y que las empresas privadas encontraban de rentabilidad dudosa como para embarcarse en la aventura de desarrollarlas por ellas mismas. Por otra parte, las obras no estuvieron en su totalidad en las manos del sector público, sino que comenzó a generarse un mecanismo de contrataciones y adjudicaciones de obras a empresas vinculadas estrechamente con los personeros de la tecnocracia y aún de las mismas Fuerzas Armadas, algunos de cuyos miembros pasaron a formar parte del directorio de esas mismas empresas. De más está aclarar que los sobre- precios que el Estado pagó constituyeron jugosos negocios de dudosa legalidad.

En este sentido, y más allá de los turbios manejos de los fondos públicos, es interesante resaltar la lógica estructural que inauguraba el gobierno de Onganía con respecto al Estado, ya que desde nuestra perspectiva, si bien el Estado de una sociedad capitalista es siempre garante de los intereses de la burguesía aunque más no sea en el largo plazo, en este caso la relación de fuerzas establecida por la embestida militar como punta de lanza de la clase dominante en el plano económico rompía definitivamente el “empate” y tornaba a este Estado instrumento directo de la fracción transnacional del capital.

En el campo laboral, al tiempo que se deprimía marcadamente el nivel de los salarios reales, se suspendían por dos años las prerrogativas de los sindicatos de negociar en convención colectiva tripartita –obreros, empresarios y Estado– sus convenios de trabajo. Por otra parte, la introducción de tecnología de punta en las plantas de producción intensificaba por un lado las jornadas de trabajo a la vez que dejaba cesante a buena parte de la mano de obra que no lograba subirse al nuevo tren del progreso.

En esta misma dinámica, la clase obrera era no sólo relegada sino reprimida con ferocidad a la hora de imponer ajustes estructurales. Así, si en las plantas fabriles consideradas de punta, la consigna era incrementar la productividad del trabajo en detrimento de las condiciones laborales conseguidas mediante años de lucha de los trabajadores en aquellos sectores –entendidos desde la óptica del capital– ineficientes o atrasados, el destino era el cierre o, con amarga suerte, la absorción por parte de empresas transnacionales con claras tendencias monopolistas (32). La nueva lógica de acumulación sustentada en la introducción de tecnología con miras a incrementar la productividad tenía su explicación en que la explotación del trabajo comenzaba a centrarse cada vez más en la extracción de “plusvalía relativa”. A diferencia de un aumento en la “plusvalía absoluta”, que supondría extender las jornadas laborales, lo que se buscaba ahora era abaratar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo disminuyendo la cantidad de tiempo invertido en la confección de las mercancías. Así, en una misma jornada de trabajo, los ritmos de intensidad de la producción debían incrementarse de modo que el obrero lograra producir más pero en igual cantidad de tiempo.

Entre las medidas más resonantes adoptadas con respecto al mundo del trabajo y con miras a disciplinar a la mano de obra, estuvo la ya mencionada suspensión de los convenios colectivos de trabajo por dos años, y un congelamiento en el nivel de los salarios, los cuales se habían visto afectados severamente por la devaluación de la moneda. Ante el ataque directo a los trabajadores, la CGT vandorista, que poco tiempo atrás había saludado el golpe de Estado, cargó contra el gobierno decretando una serie de medidas de fuerza. La respuesta de Onganía no se hizo esperar. La central obrera fue intervenida y las huelgas fueron reprimidas con ferocidad, con lo cual para el año 67 la CGT capitulaba ante los embates del poder político y entraba en un estado de congelamiento de sus acciones que duraría hasta que el bloque hegemónico que los militares habían establecido comenzara a resquebrajarse por otros costados.

3.2 La reestructuración de la sociedad en su conjunto

En este panorama, si bien la represión a las huelgas y a los movimientos de des- contento que protagonizaban los directamente perjudicados por el sistema económico y político fue la piedra angular del accionar del gobierno, no obstante este aspecto no constituyó la totalidad del régimen dictatorial. Efectivamente el “onganiato” no se limitó a utilizar al Estado para imponer las condiciones de orden con miras a asegurar la rentabilidad del capital sino que se propuso también, de acuerdo a la Doctrina de Seguridad Nacional, “depurar” la sociedad y extirpar los nichos donde se incubaba la “subversión”. En este camino, se decidió por intervenir las universidades nacionales y provinciales, consideradas semillero del marxismo internacionalista y lugares donde el “exceso de pensamiento” (33) podía hacer peligrar la misión encomendada a la Revolución Argentina, terminando –una vez más– con la autonomía de las instituciones de educación superior. Tristemente célebre es el episodio del 29 de julio de 1966 en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, donde a la resistencia del cuerpo de profesores y de alumnos con motivo del desalojo, siguió una jornada represiva conocida como “la noche de los bastones largos”, símbolo de la barbarie ignorante de los detentadores del poder, y generadora además de una masiva “fuga de cerebros” del país –entre ellos el futuro premio Nobel de medicina Dr. César Milstein–, la cual, como sabemos, tampoco se detendría.

Por último, también se intentó modificar las pautas de conducta de la sociedad en su conjunto, combatiendo todas las actitudes que eran juzgadas como indecorosas y que no encajaban en el estilo de vida “occidental y cristiano”. Una campaña moralista abarcó diversos ámbitos, desde la ley de censura a los medios de comunicación y a la cinematografía, hasta las razzias callejeras coti- dianas en las cuales se detenía a personas de actitud tan sospechosa como la de lucir el pelo más largo de lo que el pudor y las buenas costumbres aconsejaban, hasta las famosas incursiones a los hoteles alojamiento del comisario de la poli- cía Luis Margaride, en busca de delincuentes de la talla de aquellos que habían decidido incurrir en la flagrante ilegalidad extramatrimonial.

Segunda parte: las tensiones

4. Contradicciones del régimen

Pese a la apariencia de solidez de la Revolución Argentina en todos sus aspectos, y no obstante la sistematicidad con que se habían planeado los tres tiempos –eje del proceso de reconstrucción del país– ninguno de ellos llegaría a cumplirse de acuerdo con lo estipulado. Si el tiempo económico encontraría rápidamente sus propias limitaciones, nadie creería seriamente que el tiempo social había sido previsto como realmente posible. En cuanto a la apertura política, la cerrazón del régimen y la creciente personalización en la figura de Juan Carlos Onganía hacían dudar de su posible concreción, y colocaban además al líder del golpe ante una mirada de disgusto dirigida incluso por parte de aquellos que integraban la propia coalición gobernante. No por vocación democrática, sino por temor a verse opacado por el fruto de su propia invención, el general Alejandro Agustín Lanusse (34), quien detentaba el poder de la institución militar como cabeza superior del Ejército, comenzó a pensar en el modo de desplazar a Onganía del puesto de Presidente de la Nación.

En cuanto al proyecto económico, si bien éste avanzaría hasta un punto de no retorno, no conseguiría establecerse de manera definitiva. Su dinámica de fun- cionamiento incubaría sus propias contradicciones llevando en poco tiempo a una economía estancada y con los mismos problemas cíclicos de siempre. Re- sulta bastante obvio para el observador atento de esos años, como para nosotros hoy, que las empresas transnacionales no iban a reinvertir sus ganancias en el país sino que las repatriarían a sus casas matrices en el exterior. Sólo los gurúes del mercado y los apologistas del sector monopolista del capital podían supo- ner que por el solo hecho de invitar a los inversores con tentadoras ofertas de orden social, los mismos iban a fortalecer la economía del país. Por el contrario, y como era de esperar, el drenaje de divisas en concepto de remesas, sumado al hecho de no fortalecer al sector exportador a causa de las retenciones que gravaban las actividades del campo, redundó en poco tiempo en el ya conocido estrangulamiento de la balanza de pagos.

En lo que respecta a la tensión con los trabajadores, la mencionada capitulación de la CGT frente al gobierno no llevaría a la inactividad de los obreros perjudicados por el sistema económico, sino que generaría una fractura en el movimiento constituyéndose una organización paralela de carácter combativo, conocida como la CGT de los Argentinos (CGTA), encabezada por el líder de los gráficos Raimundo Ongaro. Por otra parte, otras formas de lucha obrera comenzarían a desarrollarse en los años venideros, y cristalizarían en la experiencia del clasismo. Pero no nos adelantemos, ya que luego volveremos sobre estos nuevos actores sociales. Lo que nos interesa poner en relieve aquí es que la represión no sólo no había logrado contener la protesta y el conflicto laboral, sino que la misma, ante las respuestas abstrusas y obcecadas del gobierno, se radicalizaría en escala creciente.

En este sentido, y como corolario del proceso que se había abierto en 1966, el quiebre de la situación de empate y la imposición de una fracción de la burguesía por sobre las otras, de ninguna manera ponía fin a los conflictos inherentes al capitalismo, sino que abrían la puerta de par en par a la condensación de la contradicción principal: la lucha de clases entre capital y trabajo, que en el período que comenzaba cobraría ribetes nunca vistos en la historia de Argentina hasta el momento. Así, el cierre de todos los canales de participación política, la intervención de las universidades y de los sindicatos, sumado a la feroz represión tanto en la vida laboral como en el ámbito de la cotidianidad, llevarían indefectiblemente a que una olla a presión sin válvulas de escape previstas y sin posibilidad de darle algún tipo de cauce al conflicto, tomara la forma de un frente opositor heterogéneo pero con un mismo interés, que se constituiría de manera inevitable en una bomba de tiempo. La cuenta regresiva del onganiato se había iniciado en el mismo momento de su llegada al poder, y esa bomba tendría su primer y estruendoso estallido en la ciudad de Córdoba el 29 de mayo de 1969. De allí en más, el gobierno de la Revolución Argentina comenzaría a fraguar su retirada.

4.1 El Cordobazo

4.1.1 Estructura social y antecedentes

La insurrección popular de la ciudad de Córdoba que pasará a la historia como el Cordobazo, ha generado una infinita cantidad de materiales e investigaciones que parten de la más variada gama de opiniones y polémicas sobre sus características (35). Aun así puede señalarse una amplia coincidencia en el planteo de que el Cordobazo implicó, en la historia de Argentina, una verdadera divisoria de aguas marcando claramente un antes y un después.

Una de las preguntas sin duda clave para comenzar a analizar el hecho es acerca de sus disparadores inmediatos, así como las causas de su estallido en la ciudad de Córdoba, antes que en otros lugares del país. De acuerdo a lo que hemos venido planteando hasta aquí, pensamos que un comienzo posible de respuesta debería partir del análisis de la estructura económica y social de esta provincia, estructura sujeta a grandes cambios a partir de la década del cincuenta. Ya desde el segundo gobierno peronista, Córdoba había ido mutando su paisaje de provincia agrícola y de centro administrativo por un perfil decididamente industrial. Desde esa época el gobierno había desarrollado en los alrededores de la capital provincial un complejo industrial, posteriormente denominado IME (Industrias Mecánicas del Estado), especializado en la fabricación de motores para la Fuerza Aérea, vehículos de uso militar y motocicletas, como la conocida Puma. Esta transformación generó por supuesto una importante demanda de mano de obra industrial y de personal técnico calificado. La instalación de la Fiat italiana en 1954 y posteriormente la empresa automovilística Kaiser (36) de origen norteamericano terminarían este proceso, modificando la estructura social de la región de manera definitiva.

De esta manera, aparecía un nuevo proletariado en la zona proveniente del interior de la provincia y de las aledañas, convocado por la posibilidad de con- seguir trabajo en las grandes empresas y obtener salarios más altos en comparación con otros empleos. Para la década del sesenta, las empresas que se instalaban en el área se beneficiaban por tanto de la preexistencia de una mano de obra con importantes niveles de calificación. La provincia contaba además, desde los años del gobernador Amadeo Sabattini, con una decisiva infraestructura en la provisión de energía hidroeléctrica barata, además de ofrecer toda una gama de ventajas impositivas y de mecanismos proteccionistas garantizados no sólo por los gobiernos provinciales sino también por el nacional. A esto se agregaba que desde 1960, durante la presidencia de Frondizi, se había dado un aval a la estrategia empresarial de esas firmas de crear sindicatos por empresa quebrando el centralizado poder de los sindicatos únicos por industria, de modo de garantizarse direcciones sindicales fuertemente dóciles que ahorraran a las patronales cualquier posibilidad de conflictividad laboral. En ese camino la empresa Fiat sería pionera, consiguiendo durante el gobierno de Illia la personería gremial de los sindicatos de las plantas fabriles de Concord (Sitrac), el de Materfer (Sitram) y el de Grandes Motores Diesel (Sitragmd).

La provincia se transformaría así en el segundo centro industrial del país des- pués de Buenos Aires, con una clase trabajadora altamente concentrada en las principales industrias y en los nuevos barrios obreros que surgían alrededor de las grandes empresas. Esta tardía y acelerada industrialización se estructuraba sin embargo en base a una modalidad parcial y deformada, dado que el predo- minio de las industrias mecánicas implicaba la existencia de un polo moderno basado en capital intensivo pero no diversificado. A esto se sumaba que los apoyos estatales con los que contaba ese sector no serían extendidos a otras ramas de la industria, las que continuaron con formas mucho más atrasadas tanto en tecnología como en organización de la producción (37).

Junto al naciente proletariado “moderno” se encontraban por un lado un grupo de sindicatos de larga data, influenciados por el ala combativa del sindicalismo peronista y, por otro, un sindicato local del gremio de Luz y Fuerza, este último con características muy particulares. Tras la creación de la empresa provincial de energía EPEC (Empresa Pública de Energía de Córdoba) en 1948, había surgido una dirección del sindicato pluralista y claramente orientada hacia posiciones de izquierda. Su líder Agustín Tosco, un marxista independiente, llegaría a la secretaria general a la temprana edad de 27 años, y su figura alcanzaría proporciones de leyenda en la época. Tosco era el emergente más visible de un sindicato cuya excepcionalidad no sólo radicaba en su posición estratégica, dada su capacidad de paralizar la ciudad, sino fundamentalmente en las formas de organización a través de una impronta muy marcada de democracia de base. La misma se evi- denciaba en la gran cantidad de delegados, a través del peso que éstos tenían en las decisiones del sindicato, en la práctica constante de asambleas de los trabaja- dores y en la obligación de sus dirigentes de retornar periódicamente a cumplir sus tareas laborales –empezando por el propio Tosco–, práctica que la burocracia sindical típicamente peronista había abandonado hacía ya largo tiempo (38).

La clase obrera cordobesa había alcanzado niveles importantes de organización y politización en los años previos al Cordobazo, aspecto que se demostraría relevante tanto en el levantamiento como en los años posteriores. A esa politización contribuía el menor peso político en la provincia de la burocracia sindical, hecho que algunos análisis atribuyen a que la tardía industrialización cordobesa habría impedido la consolidación de un aparato de control más fuer- te en los gremios (39). Se agregaba además un clima laboral cultural donde los trabajadores de las grandes fábricas habían establecido entre ellos vínculos solidarios que excedían ampliamente a las plantas fabriles –entre otras cosas por la cercanía entre lugar de trabajo y vivienda–, lo que redundaba tanto en una mayor homogeneidad de clase como en una fuerte capacidad de influencia del proletariado sobre otros sectores sociales (40).

Junto a la clase trabajadora, era muy visible el peso social del movimiento estudiantil, conformado por jóvenes de Córdoba y de las provincias más cercanas en un número cercano a los treinta mil. Esa población juvenil convivía en su mayoría en el barrio Clínicas y compartían una serie de vivencias cotidianas que contribuía a darles una cultura común. Un elemento de homogeneización era sin duda el fuerte descontento con las políticas implementadas por la dictadura hacia la universidad que, en su faz represiva, ya habían provocado en septiembre de 1966 el asesinato del estudiante de ingeniería Santiago Pampillón. Este movimiento estudiantil fue estrechando lazos cada vez más acentuados con el movimiento obrero en los años anteriores al Cordobazo.

Sobre esa particular configuración social incidió una serie de acontecimientos locales y nacionales que contribuyeron a la insurrección de Mayo. La mecha había sido encendida por el gobierno al derogar el denominado “sábado ingles” (ley por la que una semana laboral de 44 horas tenía una paga para los trabajadores de 48 horas). Sumado a esto, la policía no iba a permitir la realización de una asamblea convocada por la delegación del SMATA de Córdoba (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor) convocada para discutir los pasos a seguir ante la medida, asamblea que sería brutalmente reprimida. Paralelamente, gremios como la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) se encontraban involucrados en luchas alrededor de la problemática de las quitas zonales –leyes que permitían a ciertas empresas del interior del país pagar salarios más bajos que los de Buenos Aires a sus trabajadores– que, aunque habían sido derogadas recientemente por el Ministerio de Trabajo, continuaban siendo aplicadas con total impunidad por las empresas.

Menos inmediatamente visible, pero no menos sentido por los trabajadores, influía el esfuerzo persistente del capital por consolidar un régimen de acumulación basado en el incremento de la plusvalía relativa que, si bien era una ofensiva patronal de características nacionales, se expresaba con particular intensidad en las industrias de tecnología de punta en Córdoba. Allí las gran- des empresas automotrices como IKA-Renault o Fiat se enfrentaban a una fuerte competencia por el mercado automotriz con otras firmas instaladas en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires desde el gobierno de Frondizi, que las había llevado de tener un control casi absoluto del mercado a fines de los cincuenta, a una participación inferior al 40 por ciento para 1969. De esta manera el ataque patronal asumía un rostro aun más descarnado en Córdoba, dada la necesidad empresarial de redimensionar costos, lo que implicaba para los trabajadores un aumento de la velocidad de las líneas de montaje, presiones de todo tipo para aumentar la productividad y una jornada de trabajo, si no más larga, sí cada vez más intensa. El descontento que esta situación provocaba en los obreros de las grandes empresas es un factor subjetivo que puede rastrearse en los actores del Cordobazo, pero que se expresaría sobre todo a partir de los acontecimientos posteriores.

Para agregar aun más temperatura a la conflictividad social, el gobernador de Córdoba Carlos Caballero, un connotado miembro de la vieja oligarquía cordobesa, había puesto en funcionamiento el denominado Consejo Consultivo Económico Social, con eje en la participación de las corporaciones provinciales, evidenciando el carácter filofascista del régimen, lo que aumentaba la irritación de los sectores populares y aun de los medios, cansados del autoritarismo dictatorial y molestos por el reciente aumento de los impuestos dispuesto por el gobernador. Además de los aspectos locales, en Córdoba se catalizaría una ola de conflictividad contra las políticas del onganiato de características nacionales. En ese sentido, como se ha señalado en otros trabajos sobre la cuestión (41), el Cordobazo sería tanto culminación y síntesis de un proceso de luchas previas como punto de partida para el desarrollo de una radicalización social posterior.

Por último, y como antecedentes insoslayables, deben tenerse en cuenta algunos hechos puntuales como una seguidilla de asesinatos cometidos por las “fuerzas del orden” en los días previos al Cordobazo. Así, el 15 de mayo caía en Corrientes –a manos de la policía– el estudiante de medicina Juan José Cabral, en una movilización de protesta contra la privatización del comedor universitario de la Universidad Nacional del Nordeste, lo que había desencadenado una suba de más del 500 por ciento en sus precios. La ola represiva continuó con un nuevo asesinato en Rosario –el del estudiante de Económicas Ramón Bello– ante las marchas de repudio por la muerte de Cabral. El asesinato de Bello llevó nuevamente a una masiva movilización, donde otra vez el accionar represivo se cobró una nueva víctima, la del estudiante secundario Luis Norberto Blanco de 15 años de edad. En esta ocasión, la respuesta enfurecida de los manifestantes generó enfrentamientos que se prolongaron por horas en distintos puntos de la ciudad en los que las fuerzas de seguridad fueron desbordadas. En un verdadero antecedente de lo que sucedería en Córdoba, Rosario fue declarada zona de emergencia y las tropas del Segundo Cuerpo del Ejército ocuparon transitoriamente sus calles.

Sobre ese mapa de acontecimientos se trazarían entonces las líneas del Cordobazo.

4.1.2 Los hechos

En lo que constituía un acontecimiento inédito, tanto la CGTA como la CGT liderada por Vandor habían acordado una huelga general nacional para el 30 de mayo.

Los líderes cordobeses de los dos encuadramientos sindicales no se limitaron a dar su apoyo a la medida, sino que extendían la misma por 24 horas, de manera que la protesta se iniciara el 29 de mayo y, a propuesta de Tosco, se transformara en un paro activo con abandono de tareas y movilización por el centro de la ciudad. Para garantizar la medida se integró a la organización a representantes del movimiento estudiantil y se planificó detalladamente tanto el recorrido de las diferentes columnas como la resistencia, si el gobierno intentaba disolver la manifestación.

El inicio de la jornada se tiñó rápidamente de sangre cuando la policía, intentando detener el avance de la columna de los trabajadores del SMATA, provocó la muerte del obrero Máximo Mena. La indignación por la represión comenzaba a transformar la movilización en un comienzo de insurrección. Los enfrentamientos se multiplicaban por todo el casco céntrico, y para el mediodía las hogueras se extendían por un radio de 150 cuadras mientras la policía, agotado el parque de municiones de balas de plomo y de gases lacrimógenos, iniciaba una apresurada retirada.

En el marco de la rebelión popular, donde ahora sí primaba la espontaneidad, los residentes del centro se unían a los manifestantes colaborando con todo tipo de elementos para garantizar las barricadas, mientras oficinas de empresas extranjeras como la Xerox y Citroën eran incendiadas. Pero en un hecho que dice mucho sobre el imaginario social y el tipo de sociedad de la época, práctica- mente no se registraban hechos de saqueo y pillaje (42).

Al caer la tarde, las tropas del Tercer Cuerpo del Ejército avanzaban sobre la ciudad de la que los manifestantes se habían adueñado, mientras el epicentro del conflicto se trasladaba del casco céntrico a los barrios periféricos, particularmente al Clínicas, donde los estudiantes se hacían fuertes. El general Sánchez Lahoz, comandante del Tercer Cuerpo, dijo días después en una analogía particularmente gráfica de la situación: “Me pareció ser jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo desde sus balcones y azoteas”(43)

Los detenidos fueron juzgados por la justicia militar a través de un consejo de guerra especial que en sus condenas más emblemáticas condenaba a Tosco a ocho años y tres meses de prisión y a Elpidio Torres, secretario general del SMATA, a cuatro años y ocho meses de pena. Según cifras no oficiales, el Cordobazo culminaba, después de dos días, con más de sesenta muertos, centenares de heridos y alrededor de trescientos encarcelados.

4.1.3 Consecuencias y derivaciones

Las implicancias de los acontecimientos fueron múltiples. En primer lugar, el mito de la “paz social” en la que los militares basaban la legitimidad de la Revolución Argentina, a partir del supuesto consenso pasivo de la mayoría de la población, se resquebrajaba en pedazos poco antes de cumplirse los tres años de su llegada al poder. De manera inmediata las repercusiones de la insurrección provocaban la renuncia del ministro de Economía Krieger Vasena y su reemplazo en la cartera por Dagnino Pastore. No obstante, el gobierno no pre- tendía modificar el rumbo de la política económica, aunque el mismo quedaba, luego de la insurrección, herido de muerte.

Por otro lado, el Cordobazo marcaba la masificación de una resistencia popular contra la dictadura que se alejaba de los canales institucionales para asumir niveles de violencia que comenzaban a gozar de una legitimidad creciente. En particular, la unión en las calles del movimiento obrero con la población estudiantil –que terminaba con un largo divorcio entre los dos sectores sociales– implicaba la posibilidad de una convergencia social que por su número, capacidad de movilización y potencialidad radical, aterrorizaba al poder militar y al establishment. A su vez la burocracia sindical quedaba clara- mente cuestionada en su política de contemporización con el régimen mientras crecía un desafío, cada vez mas evidente, a su capacidad de control sobre los trabajadores por un conjunto de experiencias sindicales que asumían nuevas metodologías y objetivos.

Por su parte, el aumento de la conflictividad social repercutía directamente sobre las Fuerzas Armadas, agudizando sus contradicciones internas. Las masivas movilizaciones profundizaban las tensiones entre un Onganía que seguiría actuando en los días venideros como si nada hubiera cambiado y los altos man- dos de las Fuerzas Armadas, quienes se sentían los convidados de piedra a la hora de las decisiones clave del gobierno mientras pagaban el precio de asumir los costos políticos de la represión en las calles.

De manera aun más determinante, el Cordobazo abría una etapa donde un amplio espectro de nuevos actores sociales, que habían surgido lentamente en los años anteriores, encontraban amplias perspectivas de desarrollo. Crecientes sectores de la sociedad prestaban oídos más receptivos a las interpelaciones de dirigentes obreros antidictatoriales, antipatronales y antiburocráticos, organizaciones guerrilleras, curas tercermundistas, coordinadoras estudiantiles que no agotaban sus planteos en el enfrentamiento a la dictadura vigente sino que cuestionaban el capitalismo como sistema y se proponían, cada vez mas explícitamente, construir una sociedad a la que comenzaban a definir como socialista. Si el onganiato se había propuesto finalizar con la crisis de dominación, el

Cordobazo era la prueba más contundente de que la misma se reabría en un grado de profundidad mucho mayor, desplegándose una situación de “crisis orgánica”. Evidentemente el Cordobazo señalaba un punto de inflexión no so- lamente en el derrotero de la Revolución Argentina, sino que el proceso que germinaba en el país comenzaba a mostrar que ya nada volvería a ser igual que antes.

4.2 La crisis orgánica y los nuevos actores sociales

Ya hemos señalado, cuando hablamos sobre la crisis de hegemonía (44), que la visión del mundo que sostienen las clases dominantes no puede imponerse a las clases subalternas solamente a través de la coerción. Para estabilizar su dominio deben jugar un rol de dirección intelectual y moral que permita “convencer” a la mayoría de la sociedad de que los valores e ideas funcionales a su reproducción como clase dominante son valores “beneficiosos” para el conjunto de la sociedad.

También hemos comentado que los distintos autores que han analizado el período que nos interesa, han acordado en que en la sociedad Argentina posterior a 1955 las clases dominantes se encontraban en una situación de incapacidad para recrear esas condiciones de dominio legítimo y consensual, lo cual nos permite hablar de crisis de dominación. Retomando nuevamente los argumentos de Portantiero, vimos que se llegaba a una situación donde los diferentes actores sociales eran capaces de vetar los proyectos antagónicos, pero sin contar con los recursos suficientes para imponer de manera perdurable los propios (45), configurándose una situación de empate fundamentalmente entre las distintas fracciones de la burguesía. Siguiendo ese análisis, si la Revolución Argentina llegaba para quebrar esa situación de paridad imponiendo la hegemonía de la fracción de la burguesía industrial más concentrada, por los diversos aspectos que reseñamos anteriormente y que se expresaron nítidamente en el Cordobazo, esos planes desembocaron en la reapertura de la crisis de hegemonía en su máximo nivel de intensidad, desplegándose una situación de “crisis orgánica”. Entendemos por tal un proceso donde las contradicciones sociales se han agudizado de tal manera que “la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente, sino sólo dominante, detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en aquello en lo cual antes creían, etc. La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo…” (46) Esta crisis hegemónica se expresa en una “crisis de autoridad… o crisis del Estado en su conjunto”(47), donde el dominio es cuestionado en diversos planos por las clases subalternas y éstas comienzan a recorrer, aunque de manera embrionaria y contradictoria, un camino donde se esbozan al menos en potencia las líneas de un proyecto propio y ajeno a las estrategias y la primacía ideológica de quienes detentan el poder.

De esa manera, el campo mas dinámico de la conflictividad deja de ser el plano de la lucha dentro de las clases dominantes –donde las clases subalternas asisten como espectadoras pasivas o sólo como apoyo a las fracciones burguesas en conflicto– para trasladarse a un enfrentamiento entre los dominados, que actúan con creciente autonomía, y los dominadores, que ven amenazada la totalidad del sistema de dominación que han construido.

A fines de los sesenta, la crisis de dominación de la burguesía argentina tenía su punto de partida en la convergencia de una diversidad de reclamos que, conjugados, marcaban un grado de desafío inédito al poder. Al viejo reclamo democrático de poner fin a la proscripción del peronismo y permitir el retorno de Perón al país se agregaban las demandas de amplios sectores sociales –particularmente intensas en los estratos medios– cansados del autoritarismo y que, desde la perspectiva de los trabajadores, se expresaba en sus luchas para enfrentar la ofensiva del capital en el nivel de las fábricas. Al ligarse a una situación de profundización de las contradicciones dentro de las clases dominantes y desarrollarse la acción de las clases populares a través de formas de acción no institucionales –y por lo tanto no reabsorbibles por el sistema de dominación vigente– que indicaban la búsqueda de un nuevo orden social, terminaba de esbozarse la crisis orgánica. Esta se potenciaba con la existencia de un Estado, que, al decir de Portantiero, se caracterizaba por su vulnerabilidad ante las demandas de las distintas coaliciones sociales dado que carecía estructuralmente de una organización burocrática con capacidad de generar un orden político estable, por lo que al sostenerse sólo en el autoritarismo, se vería desbordado por una sociedad civil fuertemente movilizada (48).

La crisis de dominación involucraba todos los planos de la realidad (político, social, cultural, económico) y era el trasfondo que facilitaba el desarrollo de los nuevos actores sociales impugnadores del orden establecido. Todas las estrategias que se desarrollarán en los años venideros tienen su fundamento último en su existencia y son tanto indicadores, causa y consecuencia de la crisis de dominación.

4.2.1 La rebelión obrera

La avalancha de desobediencia civil tuvo su epicentro en la aparición, como ya mencionamos, de un nuevo activismo sindical. Frecuentemente se ha analizado ese proceso separándolo básicamente en dos afluentes, en una visión que prioriza la diversidad de orígenes y las diferencias políticas por sobre las confluencias comunes. Así, se divide la actuación de la CGTA por un lado y la del denominado clasismo por el otro (49). A la central obrera nacida en 1968 se la muestra motorizada centralmente por aquellos sindicatos directamente afectados por la reestructuración económica diseñada por Krieger Vasena (ferrocarriles, empleados del Estado, gremios azucareros tucumanos, etc.), de tamaño más pequeño y provenientes de ramas de la producción cuya organización se caracterizaba por ser más “atrasada” que las industrias de punta. Se señala además la existencia de un hiato cronológico entre las dos expresiones de la resistencia obrera dado que la CGTA tiene su período de auge entre 1968 y 1969, mientras que el clasismo se expande fuertemente a partir del Cordobazo, teniendo su centro de desarrollo en el interior del país y particularmente en Córdoba.

En el segundo caso se analiza su nacimiento como un proceso surgido en el seno de las modernas plantas industriales instaladas en el país desde la década del cincuenta. La preocupación principal que motoriza las luchas del clasismo no es esencialmente la marginación, la desocupación o el conflicto salarial, sino que se encuentra en la pelea por modificar las condiciones del trabajo dentro de las fábricas. Como vimos, el origen de esta problemática se debe al desafío que el capital les plantea a los trabajadores al presionar por aumentar la productividad y los ritmos del trabajo para modificar el modelo de acumulación. Por eso, la prédica gremial del clasismo se orienta hacia los ritmos de producción, la insalubridad de ciertas tareas, las clasificaciones y categorías de los obreros, en esencia a disputarle al capital el escenario del control de la planta fabril.

Si esta clasificación en dos vertientes de la resistencia obrera se basa en señalar diferencias importantes que hacen necesaria su particularización, no es menos cierto que es necesario marcar las interrelaciones existentes para acercarnos al grado de complejidad de ese proceso social tan rico y matizado. Un ejemplo de lo que afirmamos lo ofrece el Sindicato de Luz y Fuerza cordobés liderado por Agustín Tosco. Si por prácticas y discurso se lo debe filiar, con poco lugar a dudas, en la corriente clasista, no por ello puede olvidarse el rol decisivo que jugó en la consolidación de la CGTA ni las relaciones tensas que mantuvo, en ciertas coyunturas, con sindicatos típicamente clasistas como el Sitrac-Sitram. Es útil indicar a su vez que grupos de militantes de la izquierda peronista, de peso indudable en la CGTA, tendrían poco tiempo más tarde un papel determinante en la organización del Peronismo de Base, agrupamiento que manteniendo su identidad peronista, puede ser, en razón de su discurso y sus prácticas, perfectamente asimilable al clasismo (50).

Estos señalamientos nos hablan de un cruce de experiencias cuya profundización como campo de estudio aún está pendiente. Precisemos finalmente que no es tan clara la separación mecánica que se traza –y de la que análisis sobre la CGTA como el que reseñamos parten de manera explícita o implícita– entre la mayor o menor combatividad de los sindicatos de orientación peronista a partir de una línea que filia posturas más conciliadoras a sindicatos de sectores más desarrollados y de mejores salarios por un lado, y de mayor intransigencia a los de sectores mas “atrasados” y con sueldos más bajos por otro. Como ha señalado Daniel James (51). esa división no necesariamente guarda relación con la experiencia empírica y omite la importancia de factores políticos en las posturas públicas de mayor o menor confrontación que asumían los sindicatos liderados por dirigentes peronistas.

Puntualizados estos aspectos, veamos la trayectoria de ambas vertientes. En el caso de la CGTA, es difícil imaginarse buena parte de los acontecimientos posteriores a 1968 sin su labor contestataria y su influencia ideológica. La nueva central desarrollará su accionar en un contexto de debilidad del movimiento obrero y de fortaleza de la dictadura, por lo que su rebelión ayudará a galvanizar el espíritu de lucha de sectores de la población justo en el momento en que el proyecto gubernamental aparecía como indetenible y se esparcía un sentimiento de desaliento en buena parte del activismo político-social. Su existencia dejará una herencia decisiva porque “señaló el renacimiento de dos reconciliaciones importantes y estrechamente vinculadas, la primera entre la clase obrera y la izquierda y la segunda entre la clase obrera y el movimiento estudiantil”(52). Si su trayectoria se tornó efímera se debe, en nuestra opinión, fundamental- mente a dos factores. El primero fue indudablemente el rol de Perón. En la medida en que la preocupación principal del general exiliado pasaba, a principios de 1968, por contrarrestar el peso del vandorismo en el movimiento obre- ro, esa actitud lo llevó a alentar el surgimiento del ala sindical disidente. Para eso recibió a Ongaro en Madrid, envió cartas a Argentina alabando al dirigente gráfico y llamó a la disolución de las 62 organizaciones –el brazo político de los gremios peronistas– hegemonizadas por Vandor. Cuando desde su perspectiva la situación política se modificó y juzgó el ascenso de la CGTA como política- mente incontrolable, tendió puentes con Vandor abogando desde España por la unificación del gremialismo en una única central obrera, terminando por des- autorizar a la central combativa hasta ordenar su disolución y la reunificación en la CGT. Estos virajes tácticos no eran nuevos en Perón. Cada vez que surgía un sector que podía disputarle la dirección del movimiento, el líder recurría a los grupos más intransigentes del peronismo para dejarlos de lado una vez que el peligro había pasado y necesitaba asumir un rostro más conciliador con los factores de poder (53). Lo cierto es que la obediencia irrestricta de muchos sindicalistas combativos a las órdenes de Perón –aunque otros desobedecieron su llamado– debilitó a la CGTA limitando sus posibilidades de crecimiento.

El segundo factor que llevó a la desaparición de la central fue la intensidad de la represión estatal que, paralelamente, marcaba los límites estructurales que te- nía el ensayo de confrontar abiertamente con el Estado desde estructuras sindicales, en un país donde las prerrogativas de injerencia del poder estatal en los gremios era decisivamente alta. Una coyuntura determinada le dio la posibilidad al gobierno de lanzar el ataque final contra la central rebelde: el asesinato de Vandor el 30 de junio de 1969 en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica. Los ejecutores –cuya procedencia recién se conocerá años más tarde– formaban parte de una organización de la izquierda peronista que finalmente confluiría en “Descamisados”. Siempre quedará una franja de oscuridad sobre el grado de conocimiento y aval que Perón tuvo sobre el hecho. Lo cierto es que Onganía aprovechó la ocasión para decretar el Estado de sitio, intervenir los sindicatos ligados a la CGTA, ilegalizar de manera definitiva a la central y detener, por sexta vez consecutiva en un año, a Raimundo Ongaro bajo la falsa acusación de estar relacionado con el crimen. Los militantes, condenados a la clandestinidad total, huérfanos de mínimas estructuras y de recursos financieros que hasta ese momento provenían de los gremios, no podían sostener a largo plazo la organi- zación y la central rebelde, finalmente, se extinguió.

Mientras eso sucedía, en las plantas automotrices de Córdoba se daban los procesos que desembocarían en la aparición del clasismo. En los primeros meses de 1970 la conducción burocrática del Sitrac de la planta Concord de Fiat fue repudiada por los trabajadores tras la firma de un convenio colectivo de trabajo con la empresa que no contenía ninguno de los reclamos más sentidos por las bases, hecho agravado por la negativa a reconocer como delegado de sección a un operario que formaba parte de la oposición a la dirigencia oficial. A partir de allí se inició una escalada del conflicto donde se trazaron claramente los campos enfrentados: los dirigentes gremiales, la empresa y los funcionarios gubernamentales por un lado y la inmensa mayoría de los trabajadores por el otro. La pulseada terminó –tras una toma de la planta de Concord por tres días– con la victoria de los reclamos obreros. Una nueva dirección sindical surgida de las bases emergía de la lucha. El ejemplo pronto se trasladó a Fiat Materfer, donde también los representantes sindicales del Sitram fueron repu- diados y desplazados, tras una toma de planta que reeditaba los pasos seguidos por los empleados de Concord. Una vez que ambos sindicatos contaron con representaciones producto de masivas asambleas generales, pasaron a actuar en conjunto sembrando la semilla de una lógica sindical diferente.

Catapultados por un novedoso espíritu de lucha de los trabajadores amasado tras años de prepotencias patronales y defecciones sindicales, la nueva generación de activistas sindicales puso en marcha formas organizativas que poco tenían que ver con las adoptadas por el sindicalismo tradicional. Junto a las asambleas abiertas como principal método de decisión, se resolvió que todos los dirigentes conserva- ran sus puestos en la planta de manera que no existieran representantes gremiales pagos, dándoles por añadidura un inmejorable grado de contacto con las problemáticas cotidianas que afectaban a las distintas secciones (54).

Al mismo tiempo las metodologías utilizadas para sostener la lucha contra las patronales también adquirían un perfil distintivo y particularmente radicalizado. Toma de plantas con rehenes de la gerencia, paros activos con movilización recurriendo a la solidaridad de la población circundante, huelgas de hambre aunadas a un discurso frontalmente anticapitalista y antiburocrático conformaban su sello particular que, con su apego a la acción directa, recogía prácticas anteriores del movimiento obrero argentino.

La creación de sindicatos de planta motorizada por Fiat para garantizarse trabajadores dóciles se volvía paradójicamente en contra cuando, en un contexto diferente, las dirigencias sindicales mostraron su impotencia para contener la agitación de las bases al carecer de los sofisticados aparatos de control con que contaban los sindicatos nacionales (55). Los planteos y métodos del clasismo muy pronto fueron recogidos por otras expresiones de organizaciones de base en las fabricas, particularmente en Córdoba. En 1972 la dirección del SMATA era obtenida por una lista clasista liderada por René Salamanca, un trabajador me- cánico miembro del Partido Comunista Revolucionario (PCR).

Partiendo de la problemática de las condiciones de trabajo, de la que la burocracia sindical no podía hacerse eco por su propia lógica de construcción, el clasismo reintroducía ejes que tenían larga historia en el movimiento obrero argentino (56). Ya durante el primer gobierno peronista el peso adquirido por las comisiones internas en las fábricas había encontrado la reacción del capital, que en el marco de la crisis económica del segundo gobierno peronista, intentó hacer retroceder los niveles de organización obrera, fracasando en la tentativa. El golpe de 1955 centró su furia en esos órganos obreros de base y fue finalmente durante el gobierno de Frondizi cuando su protagonismo comenzó a menguar en paralelo con la consolidación del vandorismo que se constituía en base a una práctica que era ajena a las reivindicaciones relacionadas con los reclamos diarios de las plantas que no tuvieran que ver con lo salarial. En el marco de la “Revolución Argentina”, el clasismo expresaba esas tradiciones anteriores in- troduciendo además un discurso de corte anticapitalista y socialista.

Algunos estudios sobre esta corriente obrera realizan una distinción dentro del clasismo, basada en la diferenciación de dos momentos. Uno de surgimiento “producto de un movimiento genuino de las bases” (57) y otro posterior, con protagonismo en su dirección de las multifacéticas expresiones de la izquierda. Esa línea de reflexión se basa en la postura de que la lucha económica y reivindicativa habría jugado un rol más preponderante que la lucha por un cambio de sistema en la conciencia de los trabajadores que adhirieron al clasismo. Ante estas aseveraciones, aunque ciertas en algunos aspectos, pueden anteponerse ciertos reparos. Al plantearse las bases obreras el cuestionamiento de los aspectos celulares del modelo de acumulación en las fábricas, su lucha llevaba necesariamente implicado el desafío a la burocracia sindical y obviamente a la dictadura militar, cuya razón de ser determinante se encontraba en la necesidad de reestructurar la acumulación capitalista. De esta manera el accionar reivindicativo asumía objetivamente –mas allá de la discusión sobre la mayor o menor conciencia de sus protagonistas– un perfil político de desafío al núcleo del sistema encarnado en la complicidad entre las empresas monopólicas transnacionales, las Fuerzas Armadas y la dirigencia sindical nacional. Al mismo tiempo pensamos que es mucho mas fructífero pensar la relación entre la subjetividad de los trabajadores y la prédica de las organizaciones de izquierda como una articulación dialéctica, y por ende con contradicciones, de influencia mutua y recíproca, en lugar de instancias separadas. No se puede entender el estado de rebelión fabril existente en las plantas automotrices de Córdoba sin reconstruir la acción de larga data de corrientes políticas de izquierda en el seno del movimiento obrero mas concentrado.

En buena medida la lucha del clasismo creció porque conjugaba con buena parte de la sociedad debido a que una lucha contra el autoritarismo en la fábrica naturalmente se vinculaba con la lucha contra el autoritarismo en la sociedad. Aunque al principio esta expresión tuvo, como indicamos, un carácter fuertemente regional con eje en Córdoba, poco a poco –pero seguramente no con la velocidad que sus protagonistas deseaban y, sobre todo, necesitaban dado el tamaño de los enemigos que enfrentaban– sus principios hallarían eco en el complejo industrial principalmente siderúrgico y petroquímico montado entre Buenos Aires y Rosario a la ribera del río Paraná y, posteriormente –alrededor de 1972–, en el conurbano bonaerense, quebrando la relativa calma en que se había mantenido la conflictividad laboral en la zona comparada con el interior del país.

Por último, es también importante señalar que las agrupaciones obreras que formaban parte del ideario clasista, nunca llegarían a conformar una estructura política gremial unificada. El intento más cercano fue probablemente el Congreso realizado en la ciudad de Córdoba en agosto de 1971 convocado por Sitrac- Sitram, pero a los efectos prácticos, no llegaría a consolidarse.

4.2.2 Los Sacerdotes del Tercer Mundo

Cuando, a fines de la década del cincuenta, el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli fue elegido Papa en un largo cónclave, para asumir como Juan XXIII, la Iglesia entraba en una etapa de cambios que para muchos resultaría inesperada. Pre- ocupado por el alejamiento de millones de fieles de las creencias cristianas e influido por los vientos nuevos que surcaban el mundo, el Papa comenzó a impulsar una serie de medidas que buscaban generar reformas de notable importancia en la institución eclesial. Para ello en 1959 convocaba al Concilio Vaticano II –que comenzaría en 1962– iniciando un proceso interno de discusión que se reforzaría con la Encíclica (58) Pacem in Terris (1963) donde, además de defender la necesaria vigencia de los derechos humanos en el mundo, se oponía a la carrera armamentista característica de la Guerra Fría y abogaba por la necesidad del diálogo y el entendimiento entre marxistas y cristianos. Ese rumbo sería mantenido, en líneas generales, por su sucesor Pablo VI, quien prestaría particular atención a los acontecimientos de América Latina y daría luz a la encíclica Populurum Progressio (1967), en la cual se señalaba el carácter legítimo de las rebeliones de las poblaciones que sufrieran tiranías manifiestas y prolongadas que atentaran contra los derechos humanos, lo que sería interpretado por miles de religiosos en el mundo como una nueva visión de la institución sobre la problemática de la violencia.

Poco antes de llevarse a cabo la conferencia del episcopado latinoamericano en la ciudad de Medellín en Colombia, dieciocho obispos de Asia, África y América Latina daban a conocer públicamente un documento que alababa las virtudes del sistema socialista. “La Iglesia no puede menos que regocijarse al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de la moral de los profetas y el evangelio”(59).

En Argentina, a fines de 1967, tres sacerdotes tradujeron el documento enviando una copia a una lista de religiosos de todo el país para manifestar la adhesión a los postulados de los obispos del Tercer Mundo. La magnitud de la respuesta superó todas sus expectativas. Más de trescientos sacerdotes respondían positivamente y muchos hacían saber su voluntad de no reducirse solamente al apoyo formal, conminando a la organización de una reunión para discutir colectivamente los pasos a seguir. Se gestaba así el primer encuentro que se llevaría a cabo el 1º de mayo en Córdoba –en coincidencia más que simbólica, se haría en paralelo con el acto que la CGTA llevaba adelante en la misma ciudad– donde los religiosos elegirían un secretariado nacional que entre sus primeras tareas debía elaborar una carta dirigida al Papa y a los obispos reunidos en Medellín sobre un tema nodal de la época: la violencia.

De esa manera casi casual –donde incluso el nombre de Sacerdotes para el Tercer Mundo surgió de un bautismo periodístico que los protagonistas hicieron propio– nacía un movimiento social que tuvo un rol protagónico en los acontecimientos venideros. Según lo afirma uno de sus fundadores, “los movimientos no se crean, no se fundan, los movimientos históricos reales, verdaderos, nacen, cuando son auténticos, nacen. Y nacer no es lo mismo que inventar, decretar, crear; es una cosa completamente distinta y tiene que surgir de una serie de condiciones históricas que en un momento determinado hacen que eso sea viable y nazca”(60).

Esas condiciones a las que se hace referencia no eran sólo un reflejo de los cambios operados en la Iglesia a nivel mundial. El movimiento expresaba la fuerte sensación de malestar de cientos de curas con el apoyo que le brindaba a la dictadura la cúpula eclesial, hecho visible en la simpatía, más o menos pública, que ésta demostraba hacia los planteos preconciliares de los voceros gubernamentales y en la llegada de cientos de cuadros provenientes de las usinas educativas eclesiales a ocupar funciones de gobierno.

Su creación se engarzaba con la subjetividad de sus integrantes potenciando un proceso que era previo. La mayoría de los sacerdotes llevaba adelante su compro- miso religioso en barrios obreros –reeditando la anterior práctica de trabajo en las fábricas impulsada por los curas obreros–, en las villas miseria y barriadas más pobres del país. Al vivir de cerca y en muchos casos compartir una vida de privaciones y sacrificios, surgía un sentimiento de rebelión contra las injusticias del poder que, de manera creciente, los llevaba a la conclusión de que ninguna de las tareas de ayuda y caridad podían ser verdaderamente efectivas sin un profundo cambio de las estructuras económico-sociales que engendraban la pobreza.

Aunados los factores de experiencia cotidiana, los cambios posconciliares de la Iglesia y el rechazo al compromiso institucional con la dictadura, se articularon las condiciones que pusieron en marcha al movimiento. El impacto de las tesis católicas radicales no se agotó en la creación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) sino que se hizo extensivo a otros ámbitos. Un ejemplo de ello es la aparición de la revista Cristianismo y Revolución, creada a fines de 1966 y dirigida por el ex seminarista Juan García Elorrio. La publicación hizo una contribución enorme a la difusión del explosivo cóctel político que combinaba creencias cristianas, peronismo, socialismo y –particularmente en este caso– un apoyo explícito a la lucha armada. El propio Elorrio –antes de su dudosa muerte al ser atropellado por un automóvil– articuló el impulso a la publicación con la mucho más clandestina tarea de estructurar una organiza- ción guerrillera a la que denominó Comando Camilo Torres (61). Aunque el agrupamiento jamás entró de hecho en acción, en él hicieron sus primeros pasos los que pocos años más tarde serían la dirección política de Montoneros (62).

En líneas generales, la radicalización de elementos cristianos tuvo un fuerte impacto sobre la juventud. Particularmente aquellos que acompañaban las tareas religiosas y sociales de los curas tercermundistas recorrerían un camino de incorporación a la vida política que se asemejaba en mucho al tránsito realizado por sus mentores.

Comenzaba como un sentimiento de rebelión ante las injusticias sociales con las que se encontraban y se consolidaba en una visión del mundo que incluía una nueva forma de concebir la doctrina cristiana. En un proceso, donde germinarían las primeras semillas de lo que luego se condensaría en la Teología de la Liberación, se articularían visiones que, a partir de una determinada lectura del evangelio y la vida de Jesús, definían que no se podía ser verdaderamente cristiano sin realizar una opción preferencial por los más pobres. Por eso la tarea central era contribuir al cambio radical de las estructuras que generaban la pobreza.

Rescatando la perspectiva de una sociedad socialista donde conciliaban las tradiciones comunitarias cristianas con la ideología marxista, los tercermundistas eran un afluente clave del torrente social que se enfrentaba a la dictadura. A través de ayunos, huelgas de hambre, proclamas y movilizaciones, tuvieron un destacado papel en el conflicto desatado alrededor de las villas miseria cuando Onganía promulgó una ley de erradicación de las mismas que se proponía el traslado compulsivo de sus habitantes a unos núcleos habitacionales transitorios que, como pronto se comprobó, eran inexistentes.

El tercermundismo influyó además en el trayecto de peronización de los sectores medios –aunque una parte de sus miembros no se identificaron jamás con el peronismo, lo que fue una fuente de tensiones dentro del movimiento y una causal de su desaparición cuando se acercó la nueva coyuntura de 1973– ya que un sector mayoritario de ellos hacía cada vez más pública su adhesión a la fuerza proscripta, abogando para que no se repitiera la situación de separación entre los trabajadores y la Iglesia vivida durante el segundo mandato de Perón.(63)

La prédica del MSTM ayudó también a legitimar el uso de la violencia contra el gobierno militar. Aunque la mayoría de sus miembros no se integraron a las organizaciones armadas, haciéndose eco de la autoprofética frase del sacerdote Carlos Mugica: “estoy dispuesto a que me maten, pero no a matar”(64), sí proclamaban el carácter de justicia existente en todas las formas de rebelión contra el sistema, porque éstas eran un producto de los abismos sociales que desarrollaba el capitalismo con su accionar. Un documento emitido por el MSTM develaba sus concepciones de la época: “la luz de la Revelación cristiana nos permite ver con claridad que no se puede condenar a un oprimido cuando éste se ve obligado a utilizar la fuerza para liberarse, sin cometer con él una nueva injusticia (…) en la consideración del problema de la violencia en América Latina se evite por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta de los opresores que sostie- nen este nefasto sistema con la justa violencia de los oprimidos, que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación”(65).

4.2.3 Las organizaciones armadas

Es frecuente la idea de ubicar el nacimiento de las organizaciones guerrilleras en el país en la etapa de fines de los sesenta y principios de los setenta. En realidad ése fue el momento de su máxima expansión, pero no el de su génesis. La primera experiencia fallida podemos situarla en el año 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi, cuando un grupo de militantes peronistas conocidos con el nombre de Uturuncos llevó adelante acciones en Tucumán y Santiago del Estero (66). Luego de este primer intento, en agosto de 1963 una escisión por izquierda del grupo de ultraderecha Tacuara protagonizó un asalto al Policlínico Bancario, llevándose su recaudación para financiar futuras acciones guerrilleras urbanas, objetivo que no se cumplió por la caída en prisión de la mayoría de sus miembros durante 1964.

El gobierno de Arturo Illia conoció otros dos intentos de desarrollar focos guerrilleros. El primero fue el del Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) que se instaló en la provincia de Salta. Su líder, el periodista Jorge Massetti, estaba directamente bajo la conducción de Ernesto “Che” Guevara desde el exterior (67). A principios de 1964 un cerco militar de Gendarmería aniquiló el núcleo de la organización desbaratando el proyecto. Por último, y de manera paralela –y probablemente acordada con el EGP–, un grupo de activistas provenientes del trotskismo se acercó a la Revolución Cubana y al Che, proponiéndose la creación de una organización político-militar prontamente abortada por una explosión accidental de un arsenal donde murieron sus principales líderes en julio de 1964 (68).

Esta breve reseña –junto a la reiterada noticia aparecida en los diarios de la detención en diversas zonas del país de supuestos guerrilleros– es suficiente- mente indicativa de que la génesis de las organizaciones armadas data de los primeros sesenta y, por sobre todo, nos señala que la compleja gama de factores políticos, económicos, culturales y sociales que llevaron al explosivo desarrollo posterior de la vía armada estaba, al menos parcialmente, presente antes del golpe de Estado de 1966. Aun así, el fracaso de los primeros intentos nos ad- vierte sobre el lugar todavía marginal que ocupaban los diseños guerrilleros en el escenario político del período anterior al onganiato.

Ya durante la Revolución Argentina nuevamente miembros del movimiento peronista llevaron adelante la tentativa de un foco armado en Taco Ralo, provincia de Tucumán, durante 1968. Aunque la Gendarmería descubrió tempranamente el campamento y detuvo a la mayoría de sus integrantes, la reciente organización bautizada por sus integrantes como Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) sobrevivió a su tropiezo inicial y –a diferencia de los intentos anteriores, lo que nos orienta a tener en cuenta un contexto más favorable para el desarrollo de estas prácticas– comenzó una etapa de crecimiento visible para 1970. Las condiciones sociales presentes en el país tras el Cordobazo favorecían el despegue de un amplio número de organizaciones armadas. Según nos recuerda uno de sus protagonistas, “hacia 1970, siete grupos armados claramente estructurados actuaban en la Argentina: Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), peronistas-marxistas; Fuerzas Argentinas de Liberación (FAL), marxistas- leninistas; Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), trotskistas-guevaristas; Guerrilla para el Ejército de Liberación (GEL), chinoístas-nacionalistas, y tres caracterizados como peronistas de izquierda: Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Descamisados y Montoneros”. (69)

Provenientes de un heterogéneo arco ideológico, esa diversidad se reflejó en un conjunto de problemáticas que las diferenciaban entre sí. La más obvia se centraba en la identidad política expresamente peronista que asumían algunas de ellas, mientras que las provenientes del tronco marxista-leninista tendían a interpretar el peronismo como una expresión más del sistema que combatían. Una parte de las organizaciones preferían acentuar su carácter clasista y su opción por una sociedad socialista (caso del ERP). Otras, sin negar el socialismo como objetivo final, planteaban como contradicción principal la existente entre el imperialismo norteamericano y la nación argentina, por lo que priorizaban un discurso marcadamente nacionalista. Tal fue el caso de Montoneros. Otro elemento de disentimiento se encontraba entre quienes pregonaban el armado de un partido revolucionario como meta principal, desde el cual dirigir la lucha armada, como la relación establecida entre el PRT y el ERP, y quienes se definían simplemente como organizaciones político-militares.

Más allá de estas disimilitudes –que para los protagonistas no eran precisamente menores–, existía un conjunto de aspectos y concepciones que las unían de hecho a partir de la opción común por la lucha armada. En primer lugar, las acercaba un análisis que enfocaba la violencia organizada como una forma superior de lucha que permitía superar el espontaneísmo de los conflictos sociales anteriores, al que ubicaban como uno de los principales déficits de las luchas populares. Si el Cordobazo era, para ellos, la demostración evidente del espíritu revolucionario existente en las clases explotadas, lo que faltaba desde su perspectiva, era dotar de organización y de estrategia a esa lucha a través de la constitución del brazo armado que dirigiera el enfrentamiento.

En segundo lugar, todas coincidían en poner en el centro de su accionar el problema del poder del Estado y en criticar las tradiciones más antiguas de la izquierda argentina –sobre todo del Partido Comunista Argentino y el Partido Socialista– por sus estrategias de cambios graduales, por etapas y centralmente electorales. Eran esas prácticas, juzgadas como reformistas, las que no habían permitido avanzar, según pensaban, en el camino de modificar las desigualda- des de la sociedad capitalista. Concebían a la revolución no como una meta a largo plazo sino como una tarea a abordar de forma inmediata, por lo que el eje de discusión se centraba en cuáles eran las vías más adecuadas para acceder al poder del Estado pensado como única herramienta posible de reestructuración de la sociedad. Seguros de que las clases dominantes habían demostrado de sobra su predisposición a aniquilar tempranamente cualquier alternativa de cambio, descartaban de plano por irrealizable la posibilidad de acceder al poder por la vía pacifica y postulaban la necesidad de la destrucción de los organismos represivos del Estado y su reemplazo por un nuevo sujeto: el ejército popular. En tercer lugar, y aunque ya señalamos que no puede reducirse la experien- cia guerrillera a la influencia de un factor externo, sin duda todas ellas fueron influenciadas por la Revolución Cubana. Una de las tesis surgidas como corolario del triunfo revolucionario caribeño es la del foco guerrillero, enunciado primeramente por el Che y condensado en una teoría, con pretensiones de validez para toda América Latina, por el intelectual francés Regis Debray (70). Sus proposiciones sugerían por un lado que la experiencia cubana era la prueba viviente de que el accionar guerrillero podía vencer a un ejército regular. Además postulaba que el escenario principal del enfrentamiento sería el rural, con el campesinado como sujeto revolucionario más importante. Por último, sostenía que en América Latina estaban dadas las condiciones objetivas para un cambio revolucionario, por lo que la tarea principal consistía en generar y/o acelerar las condiciones subjetivas –conciencia de las masas– para lo que el foco guerrillero era esencial. A través de su ejemplo, de sus acciones cotidianas, éste actuaría como un irradiador de conciencia hacia las clases explotadas que, en la medida en que la guerrilla se desarrollara, irían pasando de la simpatía política a la lucha frontal al convencerse de que el triunfo era posible.

Hacia fines de los sesenta, teniendo como ejemplo cercano a los Tupamaros uruguayos, las organizaciones armadas adaptaron la teoría del foco a las condiciones sociales de Argentina. Dado que nuestro país se caracterizaba por un importante desarrollo industrial, con una clase obrera numerosa y altamente organizada, en una sociedad donde la mayoría de la población vivía en grandes centros urbanos, y teniendo en cuenta las fracasadas experiencias anteriores que ponían en tela de juicio la viabilidad de la guerrilla rural, concluyeron que el teatro principal debían ser los grandes centros urbanos. Esa readecuación dejaba en pie buena parte de los supuestos básicos de la tesis foquista, por lo que sería fuente de tensiones y contradicciones que teñirían el posterior desarrollo de las organizaciones (71).

Un último elemento que hacía las veces de argamasa entre las distintas organizaciones guerrilleras era una concepción estratégica que, más allá de los matices, podemos sintetizar en la idea de “la guerra integral, popular y prolongada”. La guerra integral implicaba que desde hacía tiempo el país vivía una guerra civil declarada unilateralmente por las clases dominantes, por lo que este enfrentamiento debía llevarse adelante adoptando todos los medios posibles de lucha. Era popular porque todo el pueblo debía comprometerse en el conflicto, dejando afuera sólo a las clases sociales y fracciones comprometidas con el dominio imperialista. Y era prolongada, porque no podían fijarse límites espaciales y temporales al proceso de construcción de la herramienta clave: el ejército popular. Se trasladaba así al país una tesis surgida en otras geografías –centralmente, pero no únicamente, Vietnam (72)– donde el eje del enfrentamiento se focalizaba contra ejércitos de ocupación extranjeros aislados socialmente, lo que como comprobarían tardíamente, se asemejaba muy poco a la situación de las Fuerzas Armadas en Argentina.

Aunadas por similares concepciones organizativas centralizadas y celulares, por una subjetividad convergente que priorizaba como norte de la construcción revolucionaria la acción y el hacer, antes que la reflexión sobre la propia práctica, y principalmente por la experiencia cotidiana común de enfrentamiento a la dictadura, todos esos elementos favorecían al menos potencialmente el acercamiento entre sí, aunque nunca llegarían a unificarse. En este sentido, las contradicciones y orígenes diversos que hemos señalado pesaban tanto o más que los aspectos que las acercaban. De hecho –como veremos más adelante–, en el momento en que Lanusse convoque al “Gran Acuerdo Nacional” acercándose la posibilidad de elecciones y, con ello, el posible triunfo del peronismo, las divergencias entre quienes sostenían la identidad peronista y los que mantenían su filiación marxista-leninista aumentarían (73).

En su proceso de génesis ya se encontraban presentes aspectos que contribuirían a su posterior derrota. Sin pretender un análisis en profundidad, mencionemos que es posible, aun en su momento fundante, percibir tanto las improntas militaristas que los llevarían a subordinar permanentemente la acción política a la acción militar, como la imposibilidad de readecuar su estrategia ante posibles cambios en la etapa histórica, el vanguardismo y sectarismo que les impedía anudar alianzas –y llevaría a que se vieran a sí mismos no como una parte más de un sujeto social diverso que se enfrentaba a la dictadura sino como su núcleo y dirección política–, y la ausencia de mecanismos democráticos en su interior. Todos estos elementos recorrían en forma de tensión el cuerpo de las organizaciones armadas, anudadas, al menos en parte, en las concepciones estratégicas con las que comenzaban a avanzar.

Sin embargo, nada de esto era automáticamente visible en el lapso que mediaba entre el Cordobazo y las elecciones de marzo de 1973. Impulsadas por la crisis orgánica que cubría a Argentina, las fuerzas de las organizaciones guerrilleras se multiplicaron. Prestigiados por su nivel de entrega, los militantes que tomaban el camino de las armas eran vistos por el activismo de la época como “los mejores de nosotros”. Legitimados además por porciones crecientes de la sociedad que justificaba su lucha, aumentaron su incidencia social (74). Así, superando los limites de su primigenia base de reclutamiento, proveniente en general de la clase media y en particular del estudiantado, se insertaron crecientemente en fábricas, barriadas populares y experiencias sociales de todo tipo.

Una generación abandonaba sus proyectos individuales y se lanzaba a la tarea de cambiar el mundo con la certeza de que había llegado la hora de tomar el cielo por asalto.

4.2.4 Las Ligas Agrarias

La agitación social no se remitió exclusivamente a los centros urbanos, sino que impactó también en el campo, generándose luchas del campesinado que dieron lugar a la aparición de una nueva organización social conocidas con el nombre de Ligas Agrarias.

Nacidas originariamente en la provincia del Chaco, alrededor de las reivindicaciones de los cultivadores de algodón, después de su primer congreso realizado en 1971, su influencia se extendió a las provincias del noroeste, a los producto- res de tabaco de Corrientes, a los de yerba mate de Misiones y a las colonias agrícolas de Formosa (75). Agrupando sobre todo a pequeños productores rurales, las ligas canalizaron el descontento por la crisis de las economías regionales provocada por el redimensionamiento económico del país ensayado por la dic- tadura y, sobre todo, enfrentaron a las grandes empresas monopolistas que, al manejar todos los canales de comercialización, buscaban maximizar sus ganancias pagando precios ínfimos a los agricultores.

Voceros de un reclamo de fondo que cuestionaba la estructura latifundista de la tenencia de la tierra, impulsando medidas de acción directa que iban desde las concentraciones hasta las huelgas donde se negaban a vender la producción a los grandes acopiadores, promoviendo, como una característica de época, la elección de sus autoridades a través de asambleas, las Ligas Agrarias fueron otro de los múltiples actores de la protesta social.

En síntesis, tanto las nuevas formas de organización de los obreros –CGTA y clasismo–, como el movimiento de los Sacerdotes del Tercer Mundo, las múltiples experiencias de las organizaciones armadas como las acciones de las Ligas Agrarias, constituyeron indicadores de que la Argentina de fines de los años sesenta estaba siendo testigo privilegiada de un proceso en germen, proceso que desde el Cordobazo en adelante iría in crescendo hasta constituirse en una verdadera situación revolucionaria. Si la dictadura de 1966 había venido para quedarse, sus fisuras internas y, fundamentalmente, las impugnaciones a las que la sociedad desde sus diversas formas de manifestarse la sometía una y otra vez demostraban que su tiempo se estaba terminando. De este modo, las contradicciones del régimen demostraban una vez más que la crisis de hegemonía no había sido eliminada por el golpe de Estado de 1966, sino que, por el contrario, tras un brevísimo interregno en el que la imposición por la fuerza de un proyecto económico y social dejaba a los sectores perjudicados sin capacidad de reacción, había dejado el margen necesario para que las fuerzas sociales se reconstituyeran y se direccionaran en contra de un enemigo común. De allí en más, desde todas las aristas, la sociedad en su conjunto contribuiría a expulsar a los dictadores del gobierno y se iría delineando un proyecto alternativo de sociedad. Este proyecto sería amputado brutalmente en una escalada de violencia desde el Estado nunca antes vista en Argentina, inaugurando en 1976 un genocidio sistemático sólo comparable tal vez con la experiencia del nazismo alemán.

5. La violencia

Antes de continuar con el derrotero de la dictadura militar que dominó el país entre 1966 y 1973, hagamos un alto para reflexionar sobre una cuestión que creemos fundamental y que tiene, como hemos visto, su semilla en los procesos de movilización que acabamos de reseñar. Nos referimos, claro está, al problema siempre abordado y nunca resuelto de la violencia política en Argentina. Desde la óptica del poder, particularmente de la cúpula de las Fuerzas Arma- das, la situación de levantamientos populares y acciones armadas con la que tendrían que enfrentarse de manera cada vez más frecuente después del Cordobazo era interpretada a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional que analizamos anteriormente. A la luz de esta perspectiva, el conflicto social era entendido como el producto de una conspiración subversiva mundial que se enmarcaba en el enfrentamiento entre el mundo comunista y el Occidente cristiano, donde activistas radicalizados se montaban sobre ciertas problemáticas sociales para desviarlas hacia la destrucción de los valores básicos de la sociedad “bien entendida” (es decir, propiedad privada, familia y religión cristiana). Toda actitud crítica era visualizada como un vehículo para la infiltración marxista y, por lo tanto, susceptible de ser eliminada.

Años después, con el retorno de la democracia desde 1983, la esencia del enfrentamiento social de las décadas del sesenta y setenta se reduciría a la lucha entre dos actores en lo que se popularizó –como vimos al principio de este trabajo y se verá en el capítulo de este libro correspondiente al período 1983- 1989– como la “teoría de los dos demonios”. Desde esta visión el conflicto se reducía a la disputa entre las Fuerzas Armadas y las organizaciones guerrilleras. Se postulaba que los dos actores tenían en común una lógica que buscaba imponer su ideología a través del aniquilamiento del contrario, por lo que ambos, elitistas y autoritarios por naturaleza, habían introducido en el país una espiral de muerte y violencia a la que la mayoría de la población asistía como observa- dora impotente e inerme, transformándose en víctima de las acciones de militares y guerrilleros (76).

De esta manera, un enfrentamiento que sólo podía explicarse a través de un análisis profundo de la sociedad adquiría un carácter extra-social ajeno a la comunidad que lo había engendrado; igualaba el genocidio del terrorismo de Estado con las acciones violentas de otros actores sociales, ocultando la relación de fuerzas totalmente asimétrica entre uno y otro. Esta visión construida a posteriori por la intelectualidad del retorno a la democracia contribuyó a echar un velo sobre el papel del poder económico, cúpulas eclesiales, clase política, ciertas dirigencias sindicales y embajadas extranjeras en lo que se constituiría en la mayor masacre de la historia del país producida durante la última dictadura militar (1976-1983). Por sobre todo, les facilitaba a ciertas franjas sociales la ausencia de cualquier atisbo de autocrítica sobre su papel en lo sucedido y convergía –más allá de la condena a la represión ilegal desatada por el Estado– con la visión de las Fuerzas Armadas en un aspecto central: su carácter profundamente ahistórico, omitiendo y soslayando las causas de la violencia política en Argentina.

En la base de la construcción de esa visión estuvo la hipótesis de que la izquierda, especialmente las organizaciones armadas, y el resto de la sociedad –léase fundamentalmente clase obrera– carecieron de puntos de contacto. Por carácter transitivo, en este tipo de análisis para los cuales la violencia fue patrimonio exclusivo de esos grupos, ésta aparece también como un elemento extraño al conjunto social y, por ende, disruptivo. Partiendo de esas premisas, en un trabajo que puede ser ilustrativo de toda una corriente de pensamiento, Peter Waldmann planteó que la guerrilla constituyó una aberración del entramado social. En “Anomia social y violencia” (77) el autor sostuvo que los “terroristas” (sic) fueron rechazados no sólo por los trabajadores sino por la sociedad en su conjunto, constituyendo un germen externo a la misma. Waldmann reproduce allí la lógica del funcionalismo norteamericano, el cual recurre al elemento anómalo para explicar el desarrollo de una sociedad que no es como “debería haber sido”. En este esquema, en consecuencia, la guerrilla y la cultura de izquierda son elementos disruptores de un orden social que debería ser naturalmente homeostático (78). El modelo, entonces, es muy sencillo: todo fenómeno que no encaja en una lógica de autorreproducción cíclica y que introduce alteraciones es ajeno. Como sustento de estas ideas, el sociólogo alemán recurre a negar sistemáticamente la realidad señalando que, por ejemplo, la lucha armada no pudo ser una respuesta a la violencia “desde arriba”, dado que la dictadura de Onganía en realidad no habría sido verdaderamente represiva (79). En este modelo que se emparenta fácilmente con la necedad, la violencia aparece no sólo en su carácter alienado, sino que también se absolutiza; la violencia es en sí misma, sin importar el contexto histórico en que se genera o sobre quién se aplica. De hecho Waldmann se anticipa a la formulación de la teoría de los dos demonios cristalizada en el citado prólogo del Informe de la Conadep señalando la idea acerca de que las organizaciones armadas generaron una suerte de “subcultura de la violencia”, construyendo un imaginario falso y justificando su accionar “subversivo”(80). El autor termina de coronar su explicación diciendo que en Argentina nunca ha habido una situación revolucionaria, por lo que la violencia de los “terroristas” ni siquiera se encuentra contenida en un contexto histórico proclive a generarla. Teniendo en cuenta su marco teórico, vemos que esa afirmación, antes de ser una conclusión es más bien la premisa desde la cual parte todo su trabajo, y que justifica en definitiva el carácter extraño de la “violencia” y de las organizaciones de izquierda en la sociedad81. La idea, por lo tanto, gira en torno de un mismo y reiterativo eje, y es que la violencia no forma parte del desarrollo de una sociedad sino que presenta una disfuncionalidad.

Para entender el contexto histórico en que se moldeó la subjetividad de la sociedad en la etapa que nos ocupa, es necesario señalar que la violencia política, aun cuando se condensa y sale a relucir en las primeras planas a partir fundamentalmente del Cordobazo y de los momentos posteriores, no nace allí sino que es un componente estructural de la experiencia social, cuando menos desde el golpe de 1955 (82). Sólo acercándonos a la comprensión de las vivencias de una generación nacida a la vida política en el marco de la proscripción del peronismo y de la violencia política desde el Estado, podemos comenzar a analizar los acontecimientos posteriores.

5.1 Los proscriptos

El golpe de 1955 simbolizó la expresión acabada de una revancha clasista con- tra el poder organizado de la clase trabajadora, cuyo carácter se evidenciaba en la proscripción del justicialismo, la intervención a los sindicatos, los fusilamientos de Lanús y José León Suárez, el secuestro del cadáver de Eva Perón, las listas negras, las detenciones y torturas, por mencionar los hechos más notorios. El retorno a la vida electoral partía de la impunidad sobre todo lo actuado por los militares –de hecho, Frondizi dictó una amnistía que impedía toda investigación sobre la represión de la autodenominada Revolución Libertadora– y articulaba un sistema semidemocrático que tenía como pilar fundamental la tutela de las Fuerzas Armadas sobre los gobiernos de turno y la exclusión de la mayoría electoral.

Desde el peronismo se habían ensayado todas las formas de lucha para quebrar ese modelo y, si bien esos diversos caminos le permitieron jaquear a los diferentes gobiernos, no lograron el objetivo de permitir la legalización plena del movimiento ilegalizado ni el retorno de Perón al país. En una somera síntesis de esas luchas podemos señalar las elecciones de 1962, momento en que Frondizi se negó a entregar la gobernación de la provincia de Buenos Aires a la fórmula peronista triunfante encabezada por Andrés Framini; el fracasado retorno pacífico de Perón al país en 1964 cuando el gobierno de Illia hizo detener el avión que lo traía en el aeropuerto de Río de Janeiro; la derrota de las asonadas ensayadas por los militares peronistas que permanecían residualmente dentro de las Fuerzas Armadas –Juan José Valle en 1956, Miguel Ángel Iñiguez en 1960–; la práctica masiva de acciones directas y violentas simbolizadas en la resistencia peronista con intentos insurreccionales, como la huelga del frigorífico Lisandro de la Torre en enero de 1959; la notable cantidad de elecciones donde el peronismo hacía visible su repudio votando en blanco al punto de convertir esa opción en la primera fuerza; y una larga lista de etcéteras.

Si todas esas luchas no lograron sus objetivos de máxima, dos conclusiones se hacían evidentes para franjas crecientes del activismo peronista. La primera era un profundo descreimiento en los partidos políticos y en un régimen parlamentario al que se asociaba con la proscripción generándose reflexiones que iban desde “el desprecio a los partidos políticos, [hasta] pensar que las elecciones solo servían para entrampar al pueblo, y de ahí a buscar nuevas formas de en- frentamiento con el régimen, había un solo paso” (83).

La segunda, íntimamente relacionada con la anterior, consistía en un balance sobre la resistencia peronista que, si bien era elevada a la categoría de mito por su dosis de heroísmo y entrega, al mismo tiempo era reevaluada en lo que se entendía eran sus falencias principales: su falta de organización dado su carácter espontáneo y, por ende, la ausencia de políticas centralizadas capaces de enfrentar con éxito al poder del Estado. Muchos comenzaban a convencerse de que sólo una estrategia que generara organizaciones clandestinas revolucionarias dispuestas a asumir la vía armada podía tener alguna perspectiva de éxito. Cuando la nueva dictadura apareció en el escenario para anunciar que venía a quedarse por largos años, no hizo más que confirmar esas certezas.

5.2 Respuestas al onganiato

Fue la propia acción de la dictadura la que llevó a que distintos sectores sociales, incluso claramente antiperonistas, comenzaran a visualizar el uso de la violencia como la única alternativa posible para enfrentar la violencia del régimen. El intento de remodelar a la sociedad no se remitía –como hemos visto– solamente al plano económico y político sino que incluía también la esfera cultural. Se trataba de modificar las conductas sociales cotidianas a través de la represión directa a toda forma de expresión contestataria.

La búsqueda gubernamental de restablecer la autoridad del poder sobre la sociedad a un nivel celular que cruzaba la realidad de las fábricas, centros educativos y todas las relaciones sociales, públicas y privadas, puso progresivamente al descubierto el carácter estructuralmente coercitivo del régimen, generando un fuerte descontento social particularmente visible en los sectores medios que originalmente habían apoyado la llegada del nuevo gobierno.

Como lo señaló con perspicacia una figura estelar del proyecto gobernante, el intento de terminar con el funcionamiento de las instituciones políticas, en el marco de una sociedad altamente politizada, terminó provocando el efecto opuesto al buscado ya que “los jóvenes que no pudieron hacer política pretendían, infructuosamente, desarrollarla en las aulas y los locales partidarios. Termina- ron atorando de política a las distintas instituciones del país, incluyendo a la Iglesia católica” (84).

La cerrazón de todos los caminos de participación y la lógica asfixiante de la vida cotidiana en la dictadura tiene un ejemplo evidente en el nivel de la universidad. Tras la eliminación de la autonomía universitaria, con “la noche de los bastones largos” ya descripta, se descargaron una serie de golpes ininterrumpidos sobre ese sector. Los planes de estudios y los planteles de profesores se readecuaron a las ideas católicas integristas vigentes; se otorgaron los comedores universitarios a concesionarios privados con su consiguiente encarecimiento; aumentaron las trabas para ingresar y todos los centros estudiantiles quedaron prohibidos, eliminándose además la participación estudiantil en el gobierno de las universidades. Esa experiencia sería fundante de la radicalización estudiantil de la etapa y para una parte del movimiento estudiantil se conjugaría con otro proceso: el de la peronización. Si muchos de ellos provenían de familias connotadamente antiperonistas, en el nuevo contexto comenzarían a sostener que si el sistema había mantenido largamente la proscripción del movimiento y su líder mientras que la clase trabajadora conservaba fielmente esa identidad política, solo podía deberse a que el peronismo era, si no revolucionario en sí mismo, cuando menos la puerta de entrada al socialismo. De esa manera, ese ejercicio de comparación y rebelión ante las enseñanzas recibidas los conduciría a una lectura del peronismo y del propio Perón que comenzaba a rozar el extremo del total acriticismo, ele- mento que tendría más de una consecuencia posterior.

La dinámica de cambios que operaba en el movimiento estudiantil era el emergente de un fenómeno preexistente y más de fondo En la década del sesenta una nueva experiencia de surgimiento de una contracultura surcaba todos los ámbitos, abarcando la música, la vestimenta, el cine, nuevas formas de relacionarse y de entender el sexo, pasando por el cine y la literatura. El descontento con el mundo heredado, la búsqueda de renovadoras formas expresivas y la experiencia compartida de la represión del onganiato le daban a ese multifacético mapa expresivo un lenguaje común, una cierta percepción y sensibilidad compartida que generaba un campo cultural propio y convergente. Por supuesto, la diversidad de experiencias de la que se nutría, necesariamente implicó clivajes distintos, surgiendo una “diferencia más sutil entre el joven comprometido con la política y el joven pelilargo del rock” (85), entre quienes argumentaban la necesidad de lanzarse a cambiar de raíz las estructuras del sistema y quienes centraban su acción en el plano de la estética o en todo caso ensayaban formas de socialización y convivencia distintas, apartándose de la sociedad de consumo, como lo intentó el movimiento hippie.

Para los que se hicieron cargo de la primera opción, el contexto represivo y el enfrentamiento social más agudo los lanzaron de lleno al plano del compromiso político. Dos ejemplos, de los centenares posibles, nos ubican en esa parábola de construcción de una subjetividad radicalizada. El primero tiene que ver con algunos de los participantes de la experiencia del Instituto Di Tella, centro que alcanzó larga fama en los sesenta por sus prácticas culturales modernistas, innovadoras y vanguardistas. Ante los nuevos dilemas que la dictadura militar imponía, una parte de sus participantes criticaba la praxis del Di Tella como la expresión de un mero diletantismo pequeñoburgués que finalmente contribuía a hacer olvidar y ocultar la situación de explotación de millones de argentinos. Cada vez más comprometidos con las organizaciones sociales emergentes, en conjunto con la CGTA, realizaron la muestra Tucumán Arde. Los artistas expusieron a través de fotos, grabaciones y testimonios la extrema pobreza vigente en la provincia, encabezándola con un cartel que señalaba “Visite Tucumán, jardín de la miseria”. Aunque prontamente clausurada por la dictadura, el hecho simbolizó claramente la concepción de entender como indisociable el hecho artístico de la denuncia y la propuesta de cambio de la sociedad.

El mismo camino se evidencia en el caso del periodista y escritor Rodolfo Walsh (86), quien prácticamente para la misma época anotaba en su diario personal reflexio- nes como “tiene que ser posible recuperar la revolución desde el arte (…) recuperar, entonces, la alegría creadora, sentirse y ser un escritor pero saltar desde esa perspectiva el cerco, denunciar, sacudir, inquietar, molestar (…) las normas de arte que he aceptado –un arte minoritario, refinado, etc.– son burguesas; tengo capacidad para pasar a un arte revolucionario, aunque no sea reconocido como tal por las revistas de moda. Debo hacerlo”87. El dilema de Walsh no era individual, era colectivo y representativo de toda una franja de intelectuales que, acicateados por el refuerzo de las lógicas disciplinadoras del poder, iniciaban su tránsito hacia las primeras líneas del conflicto social.

A su vez, como vimos, la ofensiva del capital para aumentar la productividad, el deterioro de las condiciones de trabajo y el encarecimiento del costo de vida llevaban a potenciar una clase obrera cada vez más dispuesta al enfrentamiento que, como no sucedía desde hacía mucho tiempo, se conectaba con las percepciones de amplias franjas de la clase media.

De esta manera la acción de la dictadura contribuía a engendrar su propia oposición y, paradójicamente, a prestar legitimidad a las metodologías de acción directa que se propagarían en la etapa. El tópico común acerca de que la violencia engendra violencia pareció ser la divisa más acertada para graficar la diná- mica de una época, aunque en el sentido inverso a como lo han querido los apologistas de la teoría de los dos demonios.

5.3 La situación internacional

Finalmente debemos mencionar un dinámico contexto internacional que se interrelacionaba con los procesos internos del país aportando unas veces influencias directas, otras, un clima de efervescencia y vientos de cambio que se dejaban oír en todas las latitudes.

El cada vez más perceptible agotamiento del modelo capitalista keynesiano de posguerra potenciaba que en el denominado “primer mundo” se instalara una ola de conflictos sin precedentes cercanos. Desde el insurreccional Mayo francés protagonizado en 1968 por los estudiantes de París, pasando por la primavera de Praga en Checoslovaquia, que desafió a la ortodoxia soviética, hasta los estudiantes mexicanos masacrados por el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en lo que se conoció como “la noche de Tlatelolco”, la insubordinación civil sacudía al mundo.

Mientras en África y Asia los movimientos de liberación dibujaban un nuevo mapa, el propio Estados Unidos se encontraba cada vez más empantanado en la guerra de Vietnam. Paralelamente, el establishment norteamericano se enfrentaba con un alto crecimiento de la protesta social al interior de sus fronteras, con epicentro en el rechazo a la guerra, la movilización de la población negra por la conquista de sus derechos civiles y el descontento de amplias capas de la población estudiantil universitaria, al tiempo que su propia hegemonía en América Latina se encontraba amenazada. Si el triunfo de la Revolución Cuba- na llevó al hecho inédito de un país socialista a kilómetros del Imperio, la posterior derrota y asesinato de Ernesto “Che” Guevara en su campaña boliviana de 1967 junto al fracaso de la primer oleada guerrillera en el continente, lejos de disminuir la simpatía hacia la experiencia caribeña, la había aumentado de manera exponencial, convirtiendo al Che en arquetipo moral de miles de jóvenes en todo el planeta.

En el cercano Uruguay, los Tupamaros sorprendían al mundo con sus primeras acciones armadas efectuadas con escaso derramamiento de sangre y una audacia innovadora. De manera mucho más inesperada, golpes de Estado llevados adelante por las Fuerzas Armadas de Panamá y Perú asumían a través de sus líderes –Omar Torrijos y Juan Velazco Alvarado respectivamente– un perfil nacionalista y visiblemente antinorteamericano. El año 1970 trajo otro ejemplo original. Una coalición de izquierdas triunfaba en las elecciones chilenas y Salvador Allende llegaba al gobierno con su proyecto de “vía pacífica al socialismo”.

Esa revuelta situación internacional aportaba ejemplos, figuras míticas, ideologías y estrategias a todos los que en el país habían agotado la paciencia con la dictadura potenciándoles la certeza de que el mundo había entrado en una etapa de cambios revolucionarios indetenibles.

De ese complejo entrelazamiento de causas internas y externas, políticas, eco- nómicas, sociales y culturales que hemos reseñado, surgía la subjetividad que construía distintas formas de lucha –huelgas, tomas, movilizaciones, insurrec- ciones, acciones armadas– que incluían diversas gradaciones de violencia, como un aspecto natural de las luchas populares y autolegitimado en la necesidad de respuesta a “la violencia de arriba”.

Comprender esto y adentrarse en las percepciones de la época, es un camino alternativo a la construcción de juicios de valor sobre la problemática de la violencia, hechos desde una sociedad radicalmente diferen- te, como la que hoy nos toca vivir, y por lo tanto ajenos al tiempo que la engendró. No fue, por consiguiente, un producto importado por la “sub- versión mundial” ni ajeno y externo a la sociedad argentina. Había sido parido, lenta pero inexorablemente, por el propio proceso histórico y por las movilizaciones sociales que las clases dominantes del país contribuye- ron como nadie a crear.

En este camino, el recurso a la fuerza no fue sino el desarrollo lógico e históri- co de una herramienta válida en el marco de esa situación particular. Por lo tanto, creemos que la violencia setentista debe ser entendida como un aconte- cimiento social, efecto de la sociedad jerárquica y desigualitaria y signo visible del conflicto que, siempre existente en el marco del capitalismo, discurrió esta vez y para el horror posterior de las clases medias, sin falsos eufemismos. Te- niendo esto en cuenta, creemos que la etapa debe ser revisada en una opera- ción dialéctica de identificación y toma de distancia, sin que la crítica desapa- rezca para dejar lugar a la identidad, pero donde la “vindicación” no excluya la toma de partido88.

Tercera parte: la retirada

Una vez analizadas las múltiples fracturas del régimen de junio y las alternativas que de sus propias contradicciones comenzaron a surgir, nos queda retomar la dinámica histórica de la Revolución Argentina para ver cuál fue el destino de ese proceso que tuvo su eclosión en los últimos años de la década del sesenta.

6 El fracaso de reflotar la dictadura

Desde la herida mortal que implicó el Cordobazo, el gobierno de Onganía asistió a un lento pero inexorable deterioro de su poder político que terminaría por provocar su caída.

En el plano económico los indicadores señalaban el desmejoramiento de la ba- lanza de pagos, la caída de reservas del Banco Central, la interrupción de las inversiones de capital extranjero, la suba de las tasas de interés y la reaparición de las presiones inflacionarias, lo que ponía en evidencia que el problema de fondo era que la gran burguesía monopolista había perdido su confianza en el gobierno y lo juzgaba incapaz de mantener el orden. Al mismo tiempo las organizaciones del campo, representativas de la burguesía agraria, hacían oír su voz de descontento de manera cada vez más intensa, tanto por su antiguo reclamo en contra de las retenciones a las exportaciones como por las nuevas medidas gubernamentales que, para intentar detener la acelerada suba de los precios de la carne, fijaban precios máximos y una periódica veda de venta de carne en el mercado interno. Las diferencias dentro de la clase dominante se agudizaban y, si Onganía pervivió por algún tiempo al derrumbe, esto se debió sin duda a la perplejidad del bloque dominante ante la situación de aceleramiento de las luchas populares.

En las Fuerzas Armadas se acentuaba cada vez más la contradicción ya señalada entre un Onganía cada vez más aferrado a su proyecto corporativista y la visión de los altos mandos, particularmente del jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse, quien veía la necesidad impostergable de reconstruir un cierto grado de consenso. Ese tema avivaba la polémica interna centrada en si el control final de las decisiones gubernamentales residía en la Junta de Comandantes o exclusivamente en el propio Onganía.

A su vez las luchas sociales agregaban nuevas insurrecciones y puebladas (89), como la reedición del Rosariazo, en septiembre de 1969, mientras las acciones de las organizaciones guerrilleras crecían en cantidad y calidad. Por allí vendría el hecho que terminaría de catapultar a Onganía fuera del poder. El 29 de mayo de 1970, a un año exacto del Cordobazo, la organización político-militar Montoneros se daba a conocer públicamente a través del secuestro y posterior ejecución del ex presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu. El hecho terminaría de acelerar los tiempos de un golpe interno, y en junio de 1970, los co- mandantes de las tres fuerzas derrocarían a quien ellas mismas habían entronizado en el poder.

La Junta Militar colocaba en la presidencia al desconocido general Roberto Marcelo Levingston, por entonces agregado militar en la embajada argentina en Estados Unidos. Su atractivo para los jefes militares residía en su carencia de mando efectivo de tropas, por lo que calculaban –equivocadamente– que sería un simple “títere” de las decisiones tomadas por la cúpula militar.

De este modo, tras un período de reacomodamiento, Levingston llevó adelante un proyecto propio de poder a partir de la llegada de Aldo Ferrer al Ministerio de Economía. El mismo consistió en el intento de reestructurar la política de alianzas de la dictadura con el objetivo de conseguir una dosis de legitimidad mayor para su gobierno. En palabras de Portantiero, “así como las Fuerzas Armadas habían sido el eje del proyecto neodependiente, debían transformarse ahora en principal sostén de un proceso tendiente a permitir que la burguesía agraria y el capital nacional ganaran posiciones, en detrimento del capital monopolista, que debería dar un paso al costado, y, en algunos aspectos, sufrir las consecuencias de medidas económicas que los perjudicaban”. (90)

Para hacer posible la recreación del bloque dominante, Ferrer lanzó una batería de medidas donde se ponía en marcha una redistribución del crédito bancario más favorable para los sectores pequeños y medianos del capital agrupados en la CGE (Confederación General Económica), al tiempo que retornaba al esquema proteccionista elevando los aranceles aduaneros a la importación. La nueva divisa de la política económica pasó a ser la del “compre argentino” en detrimento de la anterior internacionalización prevista por Krieger Vasena. Asimismo, para atraer a la burguesía agraria se dispuso suspender el impuesto a la exportación de carnes mientras que, buscando ampliar la base de sustentación a la burocracia sindical, se otorgaban módicos aumentos salariales y la promesa de un pronto retorno a la negociación paritaria.

El proyecto partía de la firme decisión de no llevar adelante ninguna apertura electoral y, el propio Levingston se encargó de remarcar públicamente que la Revolución Argentina se prolongaría al menos por cuatro o cinco años más. A cambio, se abogaba por la creación de un supuesto movimiento nacional que no era otra cosa que la búsqueda de articular una expresión política como sostén del régimen, intento que, dada la debilidad del gobierno, obtendría un escaso eco entre la clase política de Argentina.

La búsqueda de relanzar la dictadura muy pronto demostró su inviabilidad estructural y Levingston apenas prolongó su estadía en la Casa Rosada por nue- ve meses. Lejos de cerrar las brechas abiertas en las clases dominantes, el inten- to de articulación de un nuevo bloque de poder aceleraba las tensiones vigen- tes. La burguesía industrial monopólica reaccionó virulentamente ante lo que juzgaba como la dilapidación de todas las reformas llevadas adelante durante el período de Krieger Vasena. Ante esa reacción, Levingston se sintió tentado a redoblar la apuesta y muy pronto se encontró embarcado en un enfrenta- miento con algunas de las grandes empresas asentadas en el país. Esa puja, más verbal que real, terminó de revelar la soledad del gobierno, ya que ni siquiera sus supuestos beneficiarios, particularmente el empresariado nacional, estaban dispuestos a embarcarse a fondo en el forcejeo con las fracciones más concentradas del capital industrial. O’Donnell explica esa actitud remisa de los sectores mas débiles de la burguesía señalando que “su interés es fortalecer su posición de negociación ante el capital transnacional y sustraerle la explotación directa de algunas actividades estratégicas, pero de ninguna manera excluirlo del mercado interno. Su imbricación con aquel capital, y la del conjunto de esta sociedad, es tan profunda que esa exclusión provocaría lo que menos quiere como burguesía: el colapso de la economía y/o un gran salto adelante hacia una alternativa socialista (…) Ni los fabricantes de repuestos para automotores, ni los de productos de venta masiva elaborados con tecnología importada (…) querían ir más allá de conquistar una sólida cabecera de puente en el gobierno para desde allí renegociar con el capital transnacional las modalidades de su vinculación”91.

De este modo, al sobreactuar en su discusión con la burguesía monopólica, Levingston se convertía en un obstáculo de la renegociación pendiente entre las dos fracciones de la burguesía industrial, lo cual indudablemente acentuaba su aislamiento. En segundo lugar, la obcecación del gobierno en negar la posibilidad de elecciones profundizaba el descontento social y lo alejaba de toda negociación seria con los representantes de los principales partidos que, ante los nuevos tiempos, se apresuraban a retornar como actores protagónicos dada la probabilidad de reapertura democrática. Un síntoma de este clima fue la “Hora del Pueblo” constituida en noviembre de 1970, donde una junta interpartidaria compuesta por peronistas y radicales, junto a otros partidos menores, exigía públicamente un pronto llamado a elecciones generales con fecha precisa.

Por otra parte, el proyecto encarnado por Levingston necesitaba de un apoyo monolítico de las Fuerzas Armadas que a esa altura resultaba impensable. Desgastadas por el ejercicio del poder y jaqueadas por la movilización popular, no podían ya jugar ese rol. La puja entre un presidente que pretendía imponer su voluntad por sobre la de la Junta de Comandantes en Jefe parecía reeditar la situación ya vivida con Onganía, situación que no sería tolerada por el alto mando del Ejército.

Por último y por sobre todo, los intentos de recomposición del bloque dominante se encontraban delimitados y condicionados por la insubordinación civil, que se hacía sentir de manera incansable. Ninguno de los actores sociales que lideraban la protesta estaba dispuesto a comprar el espejismo de un régimen dictatorial súbitamente reconvertido a propuestas “populares”. Por el contrario, se reforzaban sus alas más radicales, como lo demostraría, en marzo de 1971, el estallido del segundo Cordobazo, conocido como el Viborazo (92).

La jornada de lucha dispuesta por la CGT provincial el 12 de marzo culminó con la muerte del trabajador de Fiat Adolfo Cepeda, a manos de unidades policiales, para desembocar finalmente en los hechos del 15 de marzo, cuando una concentración masiva derivó en una insurrección aun más intensa que el primer Cordobazo. A diferencia de la experiencia anterior, esta vez el foco principal del conflicto se había instalado en los barrios obreros de la ciudad, rápida- mente controlados por los manifestantes y con fuerte presencia de las organiza- ciones armadas junto al protagonismo de los sindicatos clasistas de Sitrac-Sitram. Mientras Camilo Uriburu renunciaba a la gobernación –según lo retrataban los medios gráficos de la época, “devorado por la víbora”– el gobierno asistía atónito a una sucesión de puebladas en otras ciudades del interior del país (Casilda en Santa Fe, Orán en Salta y Cipolleti en Río Negro). El episodio terminaría, como no podía ser de otra manera, con Levingston derrocado y Lanusse final- mente en la Presidencia.

7. Lanusse: el “Gran Acuerdista”

El ciclo de los “azos” se mostraba entonces como la punta del iceberg de un proceso mucho más complejo y profundo. A la movilización de la sociedad en su conjunto venía a sumarse, como vimos, el crecimiento exponencial de las organizaciones armadas, el estudiantado en pie de lucha y la experiencia del movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. En este contexto de agitación y ebullición –que algunos autores como Portantiero han calificado de “situación revolucionaria”(93) en referencia al concepto leninista (94) –, la Revolución Argentina estaba agotada. La cuestión que se planteaba ahora era la de encontrar una puerta de salida “digna” para las cabezas visibles del golpe de junio, y por otro lado establecer una agenda política que debía convocar a elecciones presidenciales para el año entrante, llamando a lo que se conoció como el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN). Sin embargo, este acuerdo ocultaba más de lo que mostraba. A través del mismo, Lanusse intentaba encolumnar a todos los sectores de la sociedad en un mismo frente que condenara las acciones armadas de los grupos más radicalizados, aislándolos, para luego proceder a su aniquilamiento. Para esto devolvió a la legalidad a los partidos políticos y se levantaron las sanciones impuestas a la CGT en un intento de normalización de la vida institucional.

Además, la lógica del GAN intentaba salvaguardar la unidad de las Fuerzas Armadas, asegurándose que, en el próximo gobierno, éstas conservarían un peso decisivo en el aparato del Estado. En este mismo sentido, se buscaba además evitar bajo todo concepto que el próximo gobierno investigara el accionar de los militares durante la dictadura de la Revolución Argentina. Como parte de la misma dinámica, se intentaba impedir que se llevara adelante la tan temida amnistía de los combatientes guerrilleros y los líderes obreros encarcelados en el período. Este último intento sería infructuoso.

Lanusse no ocultaba su intención de allanar el camino para ser ungido nueva- mente presidente de los argentinos, pero esta vez con la legitimidad del voto popular. En su aspiración de máxima, él mismo debía ser el candidato de la unidad nacional, para lo cual se jugaría una carta riesgosa e inédita desde el año 55: convocar al peronismo a formar parte de las negociaciones buscando el aval del mismísimo Perón para el Gran Acuerdo. En una política de acercamiento y seducción hacia el viejo caudillo, Lanusse llevó a cabo algunos gestos por demás simbólicos, como la devolución del cadáver de Evita luego de su largo exilio forzado, el reintegro de su grado de general, así como la suma acumulada de todos sus salarios incautados desde 1955 hasta la fecha.

Lo que impidió este esquema fue, por un lado, que la ofensiva popular y el conflicto social no se detuvo, lo que dificultaba a los sectores más negocia- dores a acercarse demasiado al gobierno de Lanusse a riesgo de quedar atrapados en el repudio social. Por otra parte, Perón no fue tan fácilmente tentado, y hacia fines de 1972 rompió con las negociaciones y tomó distancia de Lanusse.

Evidentemente el líder pensaba que sólo él podía ubicarse al frente de la movilización social, por lo cual su posición de fuerza le permitía no tener que hacer concesiones de ningún tipo. Sin embargo, ni el mismo Perón controlaba a los sectores sociales que encarnaban la oleada revolucionaria. Lo que sí podía hacer – y así lo hizo– era integrar en su estrategia hechos que no dependían de su voluntad. De esa manera su juego político se articulaba sobre la base de dos patas: por un lado, buscaba acuerdos políticos sumamente amplios, incluyendo a sus viejos rivales radicales, para abrir la puerta de negociaciones que le permitieran conseguir las elecciones sin proscripciones. Por el otro, buscó golpear permanentemente a la dictadura, negándose en todo el período a cuestionar las acciones de la guerrilla y alentándola secretamente para que avanzara, integrándola como acto- res legítimos del movimiento peronista bajo el rótulo de “formaciones especia- les”. De esa manera en un doble juego de pinzas se reservaba una vía pacífica que le permitiera retornar al poder, a la vez que utilizaba la carta de una revolución radicalizada para obligar a Lanusse y al establishment a negociar desde una posición de debilidad. Este carácter múltiple del diseño político del General hacía que los heterogéneos actores del movimiento peronista creyeran que la decisión final del líder se inclinaría hacia el término de la estrategia que más beneficiaba a cada una. Los políticos del movimiento y la burocracia sindical esperaban ser los protagonistas privilegiados de la salida institucional, mientras que las organizaciones armadas peronistas –particularmente Montoneros– veían al General Perón como el estratega de una salida revolucionaria que reemplazaría al sistema capitalista por su proclamado socialismo nacional.

Embarcado en esa respuesta al GAN, Perón endureció cada vez más su postura desplazando a su delegado personal en el país, Jorge Daniel Paladino –de evidentes y promiscuos contactos con el gobierno–, reemplazándolo por Héctor J. Cámpora, un viejo político cuyo principal capital era su lealtad personal total hacia el líder. Con Cámpora se reforzaban los sectores duros del peronismo mientras Lanusse se encontraba jaqueado, tanto por la oposición popular como por el rechazo de ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que se negaban a admitir la salida electoral y ame- nazaban con concretar un golpe que prolongaría la dictadura.

Ante la negativa de Perón de integrarse al GAN, Lanusse redobló la apuesta e introdujo las famosas cláusulas por las cuales él mismo quedaba imposibilitado para presentar su candidatura en las elecciones presidenciales del año entrante, pero Perón tampoco podría hacerlo en virtud de carecer de un mínimo tiempo estipulado de residencia en el país. Además, en lo que respecta al conflicto social, en el último tramo del año 1972 se acentuó la represión por parte del gobierno. En este marco, el 22 de agosto de ese año las Fuerzas Armadas asesinaron en Trelew a un grupo de activistas de las organizaciones ERP, Montoneros y FAR que habían ayudado en la fuga de seis de sus más altos jefes del penal de Rawson. Fue la tristemente célebre “masacre de Trelew”. En esta misma dirección se transformaron también los mecanismos de confrontación con la guerrilla y se comenzó a ensayar la estrategia de desaparición de personas –incluso antes de la masacre de Trelew–, la intensificación del uso de la tortura clandestina y la exterminación física del enemigo. Algunos analistas e historiadores han calificado certeramente a este período como el laboratorio de lo que sería la represión y el terrorismo de Estado implantado brutalmente el 24 de marzo de 197695.

El 17 de noviembre de 1972 el avión que traía de vuelta a Perón tocaba suelo en el aeropuerto de Ezeiza. El líder llegaba a Argentina tras diecisiete años de exilio forzado, y lo hacía para ungir al candidato que lo representaría en las elecciones. Contra muchos pronósticos, Héctor J. Cámpora sería quien llevaría las insignias del justicialismo en el frente que se había conformado tras la divi- sa de “Cámpora al gobierno, Perón al poder” –el frente conocido como FREJULI (Frente Justicialista de Liberación). Perón imponía a su candidato por encima del propuesto por la CGT liderada por José Ignacio Rucci, el economista Antonio Cafiero. Nuevamente, como en las circunstancias de 1966 que rodearon el derrocamiento de Illia, las vísperas de elecciones presidenciales dirimían la lu- cha por el manejo del movimiento peronista entre el propio Perón y los líderes de la CGT y las 62 organizaciones, y al igual que en aquel año, el viejo General confirmaba una vez más su liderazgo indiscutible desplazando a la burocracia sindical del protagonismo en la campaña electoral.

Perón cimentaba de esta manera una alianza social sumamente heterogénea, apoyada en los sectores radicalizados de las organizaciones armadas peronistas, la burguesía ligada al capital nacional, obviamente el movimiento obrero, los sectores medios y parte de la intelectualidad recientemente –y no tanto– peronizada. Esa alianza ciertamente eficaz a la hora de los comicios no lo sería tanto una vez restaurado el justicialismo en el poder.

El gobierno de Lanusse, en un último manotazo de ahogado, modificó la ley electoral instaurando el mecanismo de segunda vuelta si la primera fuerza no alcanzaba el 50 por ciento de los votos, con la esperanza de contraponer una alianza que reuniera a todos los sectores antiperonistas en un hipotético ballottage. Un 49 por ciento de la población que votó por la fórmula Cámpora- Solano Lima el 11 de marzo del 73, contra un ínfimo 21 por ciento obtenido por los radicales Balbín-Gamond, dio por tierra con la estrategia de Lanusse. Luego del interregno camporista y pasando por un efímero mandato provisio- nal de Raúl Lastiri –en razón de la acefalía desatada por la renuncia conjunta de Cámpora y Lima–, el tan odiado por muchos pero siempre aclamado por las mayorías volvía triunfalmente a vestir la faja presidencial. Perón en el gobier- no, lejos de cerrar viejas heridas, abriría una caja de Pandora de final –en ese momento– incierto. Este nuevo capítulo en la historia argentina, sin embargo, es para nosotros tema de otro trabajo.

Conclusiones

La Revolución Argentina se propuso reestructurar la sociedad en su totalidad. Detrás de un discurso integrista y autoritario se articularon los intereses de la burguesía más concentrada y del capital transnacional. Estos intereses, que por un largo tiempo habían buscado la vía para transformar la estructura económi- ca y el modelo de acumulación, encontraron finalmente la puerta de entrada de la mano de la institución militar. Aquello que no se había logrado por el cami- no de la institucionalidad, se implantaba ahora por la fuerza. No obstante, la sociedad no permaneció impasible, y la presión que venía acumulándose desde el golpe de Estado de 1955 estalló finalmente en los años de la dictadura de Onganía. Aquella situación de “crisis de hegemonía” pasaba a ser ahora una “crisis orgánica”, en la cual no solamente la burguesía se hallaba fracturada como clase sino que a esa falta de homogeneidad se oponía un enemigo cada vez más organizado y decidido. Los últimos suspiros de la Revolución Argentina son entonces testigos de un marasmo social de apariencia incontenible por los sectores dominantes. Aquel proyecto que se mostraba contundente y sin fisuras, que se presentó como una autocracia refundadora de la Nación, no hizo más que avivar el fuego de la rebelión. Así, si bien la movilización de masas, tanto como las organizaciones armadas, no fueron hijos directos de la dictadura mili- tar del 66, sí lo fueron la radicalización de la lucha, el crecimiento exponencial de la violencia política y la institución de un punto de no retorno. De allí en más, las cartas estaban echadas y la salida tenía sólo dos caminos posibles: la revolución o el genocidio. El final es hoy, para todos nosotros, tristemente conocido.

 

Notas

  1. Cabe aclarar que tanto los golpes de 1930, 1943 y 1955 fueron golpes de Estado que impusieron un gobierno de corte militar. No fue así en 1962, dado que, tras el derroca- miento de Arturo Frondizi por la acción de las Fuerzas Armadas, un civil –José María Guido– asumió la Presidencia, preservando al menos mediante una máscara la legalidad institucional.
  2. Juan Carlos Portantiero: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual”, en Oscar Braun (comp.), El capitalismo argentino en crisis, Buenos Aires, Siglo XXI, 1973.
  3. Nos referimos al ciclo económico en el sentido de las fases sucesivas de crecimiento, crisis y retracción de la actividad económica en Argentina, la cual tiene su origen en la particu- lar estructura económica de dos sectores (industrial y agropecuario) no integrados entre sí. Vale esta aclaración momentánea a modo de introducción, ya que volveremos sobre esta cuestión con más profundidad en el punto 2.3. En relación con el concepto de fracción de clase –en este caso fracciones de la burguesía– nos referimos a los distintos sectores que conforman a la clase económicamente dominan- te en el marco del sistema capitalista. Para el caso de Argentina, éstas serían la burguesía ligada a las actividades del sector agropecuario, cuyos intereses giran en torno de la expor- tación de sus productos; la burguesía industrial vinculada al sector de la industria nacio- nal, cuya mira estaría puesta en la realización de sus productos en el mercado interno; y por último, la burguesía ligada al capital más concentrado a nivel internacional, represen- tante de los intereses de las grandes corporaciones y grupos empresarios. Cabe aclarar que, de acuerdo al momento histórico, estas tres fracciones pueden presentarse formando alian- zas –ya sea entre dos de ellas, o entre las tres– o pueden asimismo verse enfrentadas por proyectos económicos divergentes.
  4. Es bueno recordar el compromiso militante de Juan Carlos Portantiero en el momento en que escribe la primera versión del trabajo que estamos mencionando y la finalidad política de las conclusiones de su análisis, realizado en el año 1973, en la coyuntura de desgaste y fracaso de la “Revolución Argentina”.
  5. Guillermo O’Donnell: “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”, Desarrollo Eco- nómico vol. 16, Nº 64, enero-marzo de 1977.
  6. Guillermo O’Donnell: El Estado burocrático autoritario, Buenos Aires, Ed. De Belgrano, 1982.
  7. Guillermo O’Donnell: Modernización y autoritarismo, Buenos Aires, Paidós, 1972.
  8. Samuel Huntington: El orden político en las sociedades en cambio, Buenos Aires, Paidós, 1972, citado en Guillermo O’Donnell: “Modernización y golpes militares”, Desarrollo Económico, vol. 12, Nº 47, octubre-diciembre 1972, p. 526.
  9. Si bien el período 1946-1955 no es inmediatamente anterior al golpe de Estado de 1966 que estamos analizando, O’Donnell considera esos años como los generadores del fenóme-no del pretorianismo de masas, al cual vienen a poner fin las Fuerzas Armadas en junio de 1966.
  10. Discurso de Juan Domingo Perón del 25 de agosto de 1945 en la Bolsa de Comercio, citado en Hugo del Campo, Sindicalismo y peronismo, Buenos Aires, CLACSO, 1983, pp. 152-153.
  11. Alfredo Pucciarelli: “Dilemas irresueltos en la historia reciente de la sociedad argentina”, Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 2, Nº 5, noviembre de 1997.
  12. Ibid., p. 116 (cursiva nuestra).
  13. Cabría incluir en esta tipificación los trabajos paradigmáticos en este sentido de Marcelo Cavarozzi, Autoritarismo y democracia (1955-1983), Buenos Aires, CEAL, 1983, así como los escritos de Waldo Ansaldi (et alia), Argentina en la paz de dos guerras, Buenos Aires, Biblos, 1994. Nótese en el trabajo de Cavarozzi la fecha de producción y la coincidencia con el inicio de la gestión alfonsinista y los debates en la Cámara de Diputados del proyec- to de la Ley Mucci sobre las prerrogativas de los sindicatos. Las conclusiones de Cavarozzi apuntan a poner de relieve el papel “desestabilizador” de los sindicatos y de los trabajado- res en la historia reciente de Argentina, de modo de legitimar el recorte de los poderes sindicales y cargar la responsabilidad sobre los hombros de la clase obrera de los sinsabores del gobierno radical.
  14. Podemos referirnos, por ejemplo, a las elecciones que llevan a Justo al poder en 1932, o la maniobra que expulsa del gobierno a Raúl Alfonsín, ambos golpes de Estado sin la parti- cipación de los militares, ni durante ni después de los mismos.
  15. Véase en cuanto a la construcción histórica de la democracia de masas los trabajos pioneros de Eric Hobsbawm, La era del Capital, 1848-1875, Buenos Aires, Crítica, 1999, en par- ticular el capítulo 6 (“La fuerza de la democracia”).
  16. Creemos que un momento en la historia argentina en que ocurre esto es en los comicios de 1973, donde las elecciones que llevan a Cámpora al gobierno se constituyen en un fenó- meno netamente clasista. La maniobra de Perón para forzar la renuncia del presidente electo y el intento de poner un paño de agua fría al movimiento que se manifestaba en esas elecciones –y que era fruto sin duda de la experiencia condensada de la clase obrera desde 1955 en adelante– reafirman el carácter de ese proceso y la posibilidad que tienen las masas de invertir el sentido de las instituciones (democracia burguesa) que tienen su origen en intenciones disciplinadoras.
  17. El 11 de septiembre de 1973 en Chile podría ser un ejemplo paradigmático donde el juego democrático debió ser interrumpido ante la inversión herética que de él había hecho el pueblo chileno tres años antes.
  18. A raíz de la disputa por la conducción del movimiento entre Perón y Vandor, el justicialismo se presentó a las elecciones para gobernador en Mendoza dividido en dos listas: una de ellas llevaba como candidato a Corvalán Nanclares, candidato de Perón, y la otra presen- taba a Serú García representando al vandorismo. Aunque ninguna de las dos listas ganó la gobernación, el candidato de Perón derrotó al segundo demostrando que el General exi- liado mantenía a pleno su capacidad de conducción política del movimiento.
  19. Si bien el gobierno de Illia no condenó la intervención en Santo Domingo por parte de Estados Unidos, sí se negó a enviar tropas de apoyo a Norteamérica, como lo sugería la cúpula de las Fuerzas Armadas.
  20. Es importante señalar que, desde 1959, la situación latinoamericana se polarizaba cada vez más por los coletazos de la Revolución Estados Unidos, inmerso en plena Guerra Fría, estaba abocado a impedir cualquier atisbo de “contagio” de la experiencia de Cuba hacia otros países de la región, lo que llevaba a que cualquier política que no siguiera estrictamente los dictados de la potencia del norte fuera vista con malos ojos. Es claro que el gobierno de Illia no iba en la dirección de la Cuba socialista, pero detrás del fantas- ma del comunismo se ocultaban evidentemente los intereses de las empresas estadouni- denses y de los capitales invertidos en Argentina. Así, las leyes sobre petróleo y de medi- camentos fueron tildadas como leyes “socializantes”.
  21. Juan Carlos Onganía había encabezado la fracción azul del ejército, en los enfrentamientos entre azules y colorados de septiembre de 1962 y abril de A partir de allí, durante el gobierno de Illia, ocuparía la jefatura del ejército, hasta su reemplazo por el General Pistarini en 1965. El triunfo militar de los azules haría crecer su figura no solamente dentro del ejército, sino también como una posible pieza de recambio favorable al esta- blishment .
  22. Se han señalado repetidas veces los vínculos de la Iglesia católica con las Fuerzas Armadas en la Argentina a partir de una serie de coincidencias estructurales, como su compartida noción de jerarquía y verticalidad, su cadena de mandos rígida y no democrática. Además, en la coyuntura histórica posterior a 1955 ambas instituciones compartían un acérrimo antiperonismo. La Iglesia católica fue un sustento clave del régimen instaurado el 28 de junio de 1966, el cual se reconoció rápidamente como portavoz del integrismo y de la “moral” y el estilo de vida occidental y Véase para estos temas la obra de Loris Zannatta, Del Estado Liberal a la nación católica. Iglesia y ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.
  23. La diferencia que posicionaba al peronismo en clara ventaja con respecto al resto de los partidos era sin duda ese carácter bifronte del sindicalismo que ha señalado con justeza Daniel James en Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora 1946-1976, Buenos Aires, Sudamericana, 1988, el cual colocaba al movimiento obrero organizado no sólo como representante de los trabajadores sino como cara política de un peronismo forzado a jugar desde la clandestinidad desde 1955.
  24. Por ejemplo, el Ingreso per cápita, al tomar en consideración sólo los valores promedio de los ingresos anuales de la población, omite la cuestión fundamental de la distribución interna de la riqueza de un país.
  25. Daniel James: cit., p. 154.
  26. La mención a la “rueda maestra” hace referencia a un viejo discurso de los años cuarenta donde el entonces ministro de Economía Federico Pinedo sostenía que la rueda maestra de Argentina era y debía ser la producción agropecuaria destinada a la exportación.
  27. Dicho análisis es el que realiza Guillermo O’Donnell en “Modernización y golpes milita- res”, cit.
  28. Alain Rouquié: “Hegemonía militar, Estado y dominación social”, en Alain Rouquié (comp.), Argentina, hoy, México, Siglo XXI, Véase también Alain Rouquié, Poder militar y sociedad política en la Argentina, 2 vols., Buenos Aires, Emecé, 1982.
  29. Daniel James, cit., pp. 290-291.
  30. Se invertía el sentido del plan económico de Federico Pinedo desarrollado en el último golpe militar de marzo de En esa ocasión, Pinedo llevó adelante una devaluación de la moneda sin ningún tipo de compensación hacia los sectores industriales, lo cual beneficiaba a los sectores exportadores de la burguesía terrateniente, dado que los mismos percibían sus ganancias en divisa extranjera a través de la venta en el mercado internacional, pero mantenían sus gastos de inversión y salarios en un peso bruscamente devaluado. Así, a lo largo de la historia argentina, el manejo de la política cambiaria se constituyó en el mecanismo por excelencia para realizar transferencias entre sectores de la economía.
  31. De este período datan, por ejemplo, las faraónicas obras de la represa hidroeléctrica del Chocón en la provincia de Neuquén, el túnel subfluvial que une la ciudad de Santa Fe con su vecina Paraná, o la inauguración del complejo Zárate Brazo Largo que atraviesa el río Paraná.
  32. En este segundo grupo de ramas de actividad podríamos mencionar el destino de los ingenios azucareros del Tucumán, cuyos cierres determinaron niveles de desocupación y pobreza que nunca más, hasta el día de hoy, lograrían superarse, así como la clausura de diversos ramales del ferrocarril, condenando al olvido y a la desaparición a las economías de innumerables localidades cuya actividad se sostenía exclusivamente por su cercanía a las vías.
  33. Esta frase se haría famosa años más tarde, al ser acuñada por el ministro de Bienestar Social de la dictadura de Jorge Rafael Videla, refiriéndose a la juventud
  34. Alejandro Agustín Lanusse alcanzó la jefatura del Ejército a partir de octubre de 1968 tras el alejamiento de Julio Alsogaray, su predecesor en el
  35. Entre la diversidad de polémicas que se han generado sobre el Cordobazo se pueden mencionar el debate acerca del carácter espontáneo u organizado de la jornada; la discusión acerca de si en la conciencia de los actores primaron factores económicos reivindicativos, o más directamente políticos; sobre su carácter de hecho excepcional o no; acerca del papel que jugaron en su concreción los trabajadores industriales y un largo etcétera. Para una bibliografía parcial pero demostrativa de esta multiplicidad de enfoques, véase la biblio- grafía al final del
  36. A partir de 1967 la mayoría del paquete accionario de las industrias Kaiser Argentina (IKA) fue adquirida por la empresa automotriz de origen francés Renault
  37. James Brennan: El Cordobazo: las guerras obreras en Córdoba 1955-1976, Buenos Ai- res, Sudamericana, p.
  38. Ibid., pp. 150-160.
  39. James Petras: “Córdoba y la revolución socialista”, en Juan Carlos Cena (comp.), El Cordobazo. Una rebelión popular, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 2000, 255.
  40. Daniel James, cit., p. 302.
  41. Mónica Gordillo: “Hacia el Cordobazo”, en Juan Carlos Cena (comp.), cit., pp. 306-307.
  42. Sobre este aspecto en particular del Cordobazo, véanse testimonios en Gordillo, cit., p.311.
  43. Citado en Oscar Anzorena, Tiempos de violencia y utopía, Buenos Aires, Contrapunto, 1988, p.
  44. Al final del punto 1 de este
  45. Juan Carlos Portantiero: cit., p. 84.
  46. Antonio Gramsci: “Oleada de Materialismo y crisis de Autoridad”, en Mabel Thwaites Rey (et alia), Gramsci Mirando al Sur, s/d, 49.
  47. Ibid., p. 50.
  48. Juan Carlos Portantiero: “Economía y Política en la crisis argentina: 1958-1973”, Revista Mexicana de Sociología, Nº 2, 1977, 12.
  49. Juan Carlos Torre: Los sindicatos en el gobierno. 1973-1976, Buenos Aires, CEAL, 1989, 40, 113 y 114.
  50. James Brennan: cit., p. 350.
  51. Daniel James: “La izquierda peronista (1955-75)”,
  52. James Brennan: cit., p. 164.
  53. Lo que aconteció con la CGTA tenía un antecedente cercano en un suceso del año 1964 cuando Perón potenció el nacimiento de una corriente combativa, el Movimiento Revolu- cionario Peronista (MRP), para, posteriormente,
  54. James Brennan, cit., p. 228.
  55. Daniel James: Resistencia e integración, cit., p. 301.
  56. Juan Carlos Torre, cit.
  57. James Brennan, cit., p. 220.
  58. Las encíclicas son documentos solemnes elaborados por los pontífices.
  59. Citado en Richard Gillespie, Soldados de Perón, Buenos Aires, Grijalbo, 1987, p. 81.
  60. Conferencia de Miguel Ramondetti, ex secretario general del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, citada en Cuadernos del Centro de Estudios José Carlos Mariátegui: Los 70 en los 90, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras,
  61. En homenaje al cura colombiano que se había incorporado públicamente a una agrupa- ción guerrillera de ese país y que murió combatiendo en
  62. Nos referimos, por ejemplo, a Fernando Abal Medina, Gustavo Ramus y Mario
  63. Muchos de esos sacerdotes habían saltado el abismo que mediaba entre su procedencia social y familiar profundamente antiperonista y su posterior integración al peronismo, idea que abrazaron con la fe de los El caso más connotado es sin dudas el del cura Carlos Mugica.
  64. Richard Gillespie, cit., p. 82. La mención a la frase autoprofética se debe a que el sacerdote Carlos Mugica fue asesinado el 11 de mayo de 1974 por la organización paramilitar AAA (Alianza Anticomunista Argentina o Triple A) formada por el entonces ministro de Bienestar Social José López Rega.
  65. Citado en Martín Caparrós y Eduardo Anguita, La voluntad, tomo 1, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p.
  66. Ernesto Salas: La guerrilla olvidada de la resistencia peronista, Buenos Aires, Biblos, 2003
  67. Gabriel Rot: La historia de Jorge Ricardo Massetti y el Ejército Guerrillero del Pueblo, Buenos Aires, El Cielo por Asalto,
  68. Axel Castellano y Sergio Nicanoff: La historia del “Vasco” Bengoechea y las Fuerzas Ar- madas de la Revolución Nacional, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación, Cua- derno de Trabajo Número 29, 2004
  69. Juan Gasparini: Final de cuentas, Buenos Aires, Puntosur, 1988.
  70. Regis Debray: Révolution dans la Révolution, et outres essais, París, Maspero, 1969; La critica de las armas (2 ), México, Siglo XXI, 1975; La guerrilla del Che, México, Siglo XXI, 1988.
  71. No está de más señalar que limitarse a caracterizar a las organizaciones armadas como foquistas llevó en más de una oportunidad a un enfoque estereotipado que quitó rigurosi- dad al análisis de una experiencia sumamente En muchos casos, la adaptación de la teoría del foco distó de ser acrítica y no impidió una implantación social de la guerrilla más diversa de lo que muchos estudios sobre el tema señalan. Grupos armados, como las FAP, desarrollaron concepciones fuertemente cuestionadoras del ideario foquista sin por eso renunciar a la idea de violencia organizada como componente imprescindible del cambio revolucionario.
  72. Ante la posibilidad del triunfo de las fuerzas comunistas en ese país de la Península de Indochina, Estados Unidos intervino, a partir de la década del 60, enviando masivamente tropas y Esa guerra se constituiría en la única –hasta el momento– derrota militar de la potencia norteamericana.
  73. Nuevamente cabe una aclaración que marca la intensidad del debate ideológico en esa Ni siquiera las organizaciones guerrilleras de raigambre peronista llegaron a unificarse plenamente. Aunque entre 1970-71 consiguieron articular un espacio común denomina- do OAP (Organizaciones Armadas Peronistas) que les permitía realizar acciones conjun- tas, visiones diferentes sobre la caracterización del movimiento peronista los llevaron a la fractura. En 1972-73 Montoneros absorbió –a través de fusiones– a la mayoría de los grupos armados peronistas, pero nunca en su totalidad.
  74. Un estudio de la encuestadora IPSA realizado en esa época determinaba que, en zonas como la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la simpatía de la población hacia las acciones de la guerrilla superaban el 50 por ciento de los casos Véase Martín Caparrós y Eduardo Anguita, op. cit., p. 504.
  75. Oscar Anzorena, cit., p. 208.
  76. Para ratificar lo que afirmamos véase el prólogo de Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional para la Investigación de la Desaparición de Personas, Buenos Aires, Eudeba,
  77. Peter Waldmann: “Anomia social y violencia”, en Alain Rouquié (comp.), Argentina, hoy, México, Siglo XXI,
  78. Nuevamente, como cuando analizamos los conceptos de democracia y autoritarismo, nos encontramos con posturas que parten de una idealización platónica de los términos y los ubican en el mundo de lo normativo, lejos de las contradicciones propias de la vida
  79. Peter Waldmann, op  cit., p. 220.
  80. Ibid., p. 241.
  81. Ibid., p. 248.
  82. Nicolás Iñigo Carrera: “Apuntes sobre el Cordobazo”, en Juan Carlos Cena (comp.), cit., p. 295. Además, si planteamos la cuestión desde una perspectiva más amplia, pode- mos pensar que la violencia es un elemento constitutivo permanente de las relaciones entre el Estado y el conjunto de la sociedad.
  83. Oscar Anzorena, cit., p. 81.
  84. Alejandro Agustín Lanusse: Mi testimonio, Buenos Aires, Lasserre Editores, 1977, p.
  85. Sergio Pujol: “Rebeldes y Una cultura de los jóvenes”, en Daniel James (comp.), Nueva Historia Argentina, tomo 9, Buenos Aires, Sudamericana, pp. 311-312.
  86. Rodolfo Walsh se transformó en el paradigma del intelectual comprometido políticamen- te con las clases populares, por lo que algunos lo denominaron “el anti ” Excelente escritor, obtuvo el Premio Municipal de Literatura por sus cuentos policiales, pero se hizo masivamente conocido por sus investigaciones periodísticas como Operación Masacre – donde ponía al descubierto la trama de fusilamientos clandestinos en los basurales de José León Suárez, ordenados por la dictadura de Aramburu– pasando por El caso Satanowsky y Quién mató a Rosendo. Uniendo su oficio a la militancia política ayudó a fundar la agen- cia de noticias cubana Prensa Latina, fue director del semanario CGT, órgano de prensa de la CGT de los Argentinos. Miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y, posteriormente, de Montoneros. Tras su denuncia pública en una carta abierta al gobierno dictatorial encabezado por Videla, un grupo de tareas de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) intentó secuestrarlo y Walsh murió combatiendo.
  87. Citado en Martín Caparrós y Eduardo Anguita, cit., pp. 254-255.
  88. Omar Acha: “La historia vindicadora en Osvaldo Bayer”, Revista de Sociedad, Cultura y Política, vol. 6, Nº 16, julio de 2001.
  89. Pablo Pozzi y Alejandro Schneider: “El Cordobazo y el auge de masas”, en Juan Carlos Cena (comp.), cit., p. 330. Los autores introducen en este trabajo una diferenciación entre las categorías de “pueblada” y de “insurrección”. La segunda se caracterizaría no sólo por cuestionar al régimen sino también al sistema capitalista en su conjunto. La primera, en cambio, parte de reivindicaciones locales, su eje está puesto en poner en tela de juicio el régimen y en términos de participación social cuenta con el protagonismo de los nota- bles de la localidad y el pueblo en general, con una tendencia a que este último rebase a los primeros y éstos, a su vez, pongan límites a la movilización popular.
  90. Juan Carlos Portantiero: “Clases dominantes y crisis política…”, cit., p. 108.
  91. Guillermo O’Donnell: El Estado burocrático…, cit., p. 339.
  92. El nombre tiene su origen en un discurso del gobernador de Córdoba Camilo Uriburu, quien a poco de asumir afirmó: “Declaro sí, que confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabe- za, pido a Dios, me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo” (citado en Oscar Anzorena, cit., p. 162). El anacrónico lenguaje medieval con que el funcionario se refería a la protesta social muy pronto encontraría su respuesta.
  93. Juan Carlos Portantiero, cit., p. 84.
  94. Lenin describía una situación revolucionaria como aquella instancia en la cual los de arri- ba ya no podían gobernar mientras que los de abajo ya no aguantaban más.
  95. Eduardo Luis Duhalde: El Estado terrorista 15 años después, una mirada críti- ca, Buenos Aires, Eudeba, 1999.

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