Los pliegues invisibles de la ciudad neoliberal

Agronegocio y boom inmobiliario, la contracara de un conflicto padecido por miles de personas en todo el país. El derecho a la vivienda y el caso cordobés.

Las luchas por la tierra y la vivienda digna son hoy una de las dinámicas de participación popular que con mayor ímpetu cuestionan las lógicas del agronegocio y el desarrollismo inmobiliario: las resistencias a la ciudad neoliberal se encuentran en el centro del debate sobre otros modos de entender y habitar el mundo.

Los números se muestran ásperos y exceden a los colores políticos que han gestionado las distintas esferas de gobiernos en lugares diversos. Sin embargo, no hay dudas de que la tendencia “amarilla” del actual proceso de profundización neoliberal exhibe signos de agravamiento de la situación.

Hace apenas unos días, la Asociación Civil TECHO presentó los resultados de su “Relevamiento de Asentamientos Informales 2016”. El informe se planteó “identificar, caracterizar y geo-referenciar los asentamientos informales” en diez zonas clave del país: provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma; provincia de Córdoba; Gran Corrientes y Gran Resistencia; departamentos Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente de la provincia de Misiones; Plaza Huincul, Cutral-Có, Arroyito y Alto Valle de Neuquén; Alto Valle de Río Negro; Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal en Salta; San Miguel de Tucumán y Área Metropolitana de Rosario.

Según el Relevamiento existen actualmente al menos 2432 asentamientos en los once territorios relevados, donde viven aproximadamente 650.685 familias. Utilizando la media nacional de 4,6 miembros por cada familia, según el informe, se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país.

 

Cuadricular el espacio

En la actualidad, configurar, modelar y transformar el espacio son tres modos básicos a través de los cuales el capital organiza el vínculo social, en un contexto en el que los flujos de capitales internacionales, presentes en la ciudad como “viento de cola” del sistema económico mundial, dominan la producción del espacio con el objetivo de crear oportunidades de inversión y frentes de negocio. Palabras más, palabras menos, así explica este complejo entramado la investigadora de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), Mercedes Ferrero.

Se sabe: las últimas décadas estuvieron signadas (y no solo en nuestro país) por procesos de ocupación del espacio por parte de una pequeña minoría que solo profundizaron modelos de exclusión de masas enteras de la población, tanto en el ámbito urbano como rural.

“Se estima que al menos 2.993.151 personas viven en asentamientos informales, en el territorio donde habita el 67% de la población del país”

El mencionado informe de la Asociación TECHO identificó que en la provincia de Córdoba existen un total de 170 asentamientos informales, en los que viven 18.755 familias. En el 65% de esos asentamientos los hogares no cuentan con conexión formal a la red pública de energía eléctrica. Por otra parte, el 95% de ellos se ven impedidos del acceso a la red pública de agua corriente. Además, casi la totalidad (99%) están privados de la conexión a la red cloacal pública. Cerca del 70% está amenazado por un factor de riesgo (basural, ribera de un curso de agua, camino de alto tráfico, pendiente) dentro del mismo barrio o a menos de 10 metros del mismo y el 55% se inunda cuando llueve. Los números suenan y resuenen con contundencia. Así y todo, el informe no abarca a la totalidad de las personas que no poseen un acceso adecuado al hábitat, sino sólo las que se encuentran en el mayor estado de gravedad, es decir, no cuentan con título de propiedad, ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos (red de agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal). Así que el lector podrá sacar sus propias conclusiones.

 

Tierra para la Vida Digna

“A quienes ocupan tierra para vivir y para producir; a quienes se organizan por la auto-urbanización y la auto-gestión territorial; a quienes resisten los intereses inmobiliarios por el agua, los bosques y la vida; a quienes enfrentan los intereses del agro-negocio luchando contra las fumigaciones, el avance de la agricultura intensiva y promoviendo la producción de alimentos sanos”. Con estas palabras el Encuentro Provincial de Luchas por la Tierra convocó a su Tercer Encuentro Anual, que se realizó el pasado sábado 19 de noviembre en la ocupación de tierras de “Parque Las Rosas”, en la Ciudad de Córdoba.

“Contra el despojo, la contaminación, la expulsión y la muerte que nos ofrecen los de arriba”, según expresaron sus organizadores, cientos de personas que habitan en espacios urbanos, rurales y periurbanos de la provincia se congregaron durante un día para proyectar sus intervenciones.

El Encuentro Provincial de Tierras surgió en julio de 2014, luego de las violentas y conflictivas jornadas que se vivieron en el año 2013 en Córdoba en torno a la temática. Se realizó en la localidad de Piedra Blanca, una comunidad periurbana situada al sur de la capital (cerca del Penal de Bouwer), en el predio en donde funciona una cooperativa auto-gestionada de pollos (Gallo Rojo). Un mes después, el fin de semana del 16 y 17 de agosto, sesionó en los terrenos de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba el 1° Encuentro Nacional por la Tierra y la Vivienda, del que no se han realizado otros encuentros, al menos hasta el momento. En noviembre de 2015 se llevó adelante en la localidad de Cuesta Blanca el Segundo Encuentro Provincial de Tierras, que coaguló un año intenso de trabajo e intercambio político entre las distintas experiencias. Desde entonces, de manera rotativa en cada lugar, funciona una vez por mes un espacio de encuentro entre los territorios más dinámicos del Encuentro. Allí elaboran estrategias jurídicas para enfrentar los intentos de desalojo, se plantean ejes de articulación en torno a la edificación, los desarrollos productivos, el acceso a servicios y la preservación medioambiental, entre otros temas. También funcionan como un espacio de referencia para otros conflictos, nuevos o viejos, e incluso para agrupar a experiencias que se han conformado alrededor de la problemática de la vivienda aunque no tanto de la tierra, como el caso (muy conocido en Córdoba), de las 22 familias que han sido estafadas (en el populoso barrio de Villa El Libertador) por Héctor Raúl Messio, un desarrollista urbano que pretendió -sin éxito- desalojarlas de sus viviendas luego de un proceso de estafa con títulos de propiedad adulterados.

“Las últimas décadas estuvieron signadas (y no solo en nuestro país) por procesos de ocupación del espacio por parte de una pequeña minoría que solo profundizaron modelos de exclusión de masas enteras de la población”

Hasta el momento los encuentros se han realizado en espacios que venían de protagonizar conflictos y, además de ser parte del proceso organizativo, requerían de un amplio apoyo solidario por la situación en la que se encontraban.

En 2014 fue en Piedra Blanca, comunidad que había protagonizado una ocupación de tierras y estaba fuertemente intimidada por la policía. En 2015 en el barrio Comechingones en Cuesta Blanca, comunidad que también en 2013 había transitado un momento de fuertes conflictos, que tuvo como saldo detenciones, represión y quince personas imputadas por la Justicia, incluso uno de los abogados de los ocupantes. Este conflicto adquirió una fuerte repercusión mediática, ya que la ocupación se realizó en una zona cercana a Villa Carlos Paz, que algunos consideran “paradisíaca”, y en la cual han puesto sus ojos los desarrollistas urbanos.

Este año se eligió como sede del Encuentro las tierras en donde el Encuentro de Organizaciones realizó una ocupación en septiembre del año pasado. Parque Las Rosas es uno de los tantos “barrio-ciudad” creados por la gestión de José Manuel De la Sota.

 

Un gueto para la Docta

El último gran plan habitacional provincial presentado por el gobernador José Manuel De la Sota en Córdoba fue en 2001. Su nombre fue “Mi Casa, Mi Vida”. El programa consistió en edificar “barrios-ciudades” para reubicar allí a unas 28.000 personas (según datos oficiales del gobierno provincial) consideradas vulnerables por riesgos ambientales. Tanto Candela de la Vega, autora de “Política habitacional y ciudadanía: el programa Mi Casa mi Vida” (2010), como María Alejandra Ciuffolini, autora de “El derecho a la y en la ciudad: Un estudio sociopolítico sobre el Programa Mi casa, mi Vida” (2011) aseguran en sus trabajos que la iniciativa gubernamental creó más exclusión social y que el hacinamiento y la violencia se multiplicaron en estos lugares. Ambas docentes e investigadoras de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad
 Católica de Córdoba (UCC), e integrantes del Colectivo de Investigación El Llano en Llamas, sostienen que si bien las mejoras habitacionales, de servicios y equipamiento son indudables en estos lugares respecto de los anteriores sitios de vivienda de sus habitantes, es igualmente cierto que el proyecto se constituyó en la intersección de las políticas de seguridad y de reordenamiento territorial urbano, dando lugar a un nuevo fenómeno que es la periferización de la pobreza. Proceso que, de alguna manera, dio paso una década después a una creciente criminalización de la pobreza.

El mismo colectivo de investigación realizó entre abril de 2013 y junio de 2014 un relevamiento sobre la “criminalización de la lucha por la tierra en Córdoba”, en el que establecen que el porcentaje de detenidos y/o judicializados en ocasión de conflictos por la tierra en la provincia ascendió al 80% del total de los casos analizados en ese período.

Criminalización de la acción directa y desigualdad habitacional parecen ser las dos caras de una misma moneda cordobesista. Según especialistas en la materia, si se considera de manera conjunta el hacinamiento crítico y las condiciones deficitarias de vivienda, el porcentaje de hogares afectados en Córdoba es del 13%, mientras que los problemas de propiedad afectan a un 35%. De ello resulta que casi la mitad de los hogares de la provincia registra algún problema habitacional. Más exactamente: el 48% de los hogares cordobeses tienen al menos uno de los tres problemas habitacionales relevados.

Los números por sí mismos no suelen explicar situaciones, pero a veces ayudan a entender la gravedad de un determinado tema. En dos décadas de gestión consecutiva, Unión por Córdoba no parece haber hecho justicia al viejo lema peronista que sostiene que donde hay una necesidad, existe un derecho.

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