Modificaciones al código penal argentino: terror a las masas

Entrevista con Ismael Jalil, abogado de CORREPI, por Mario Hernández

M.H.: ¿Cuál es tu opinión acerca del Comisario Potocar, Jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a quien se ha detenido a raíz de casos de corrupción? Un Comisario en jefe de la Policía designado hace menos de cuatro meses.

 

I.J.: No hay sorpresa. Hace muchos años Rodolfo Walsh ya los había calificado como “la secta de la mano en la lata”. Este es un sistema de muy vieja data con el cual se maneja la policía. Cuidado con considerar que esto es ajeno al manejo institucional desde el punto de vista político. Aquí hay pleno conocimiento de estas actividades, no tengo ninguna duda de eso porque amparados en un discurso que pretende ser de autonomía y de no vinculación con el poder político en realidad lo que se oculta es que todas estas redes de corrupción dentro de la policía tienen que ver con la fabricación de una caja que va superando el nivel de la comisaría en sí mismo y la atraviesa para llegar a algunos resortes del poder.

Esto es sumamente conocido. Hace unos años atrás, cuando estuvimos participando del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, uno de los integrantes de una de las empresas que conformaban la UGOFE, explotación ferroviaria tercerizada del Roca, reconoció que las coimas que recibían no quedaban solamente ahí sino que “seguían su rumbo”. Esto se inscribe en el mismo contexto, la fabricación de una caja extra que nunca termina en el ámbito en donde la plata se coloca ilegalmente sino que sigue atravesándola para conformar la caja superior que otros disfrutan. En este contexto queda revelado que la institución policial está completamente sacudida y contaminada, que es parte de la esencia misma de su funcionamiento y que, por lo tanto, no puede sorprender a nadie.

 

M.H.: ¿Por qué ahora?

 

I.J.: Acá entran a jugar algunas internas políticas, yo no estoy en condiciones de decirte porqué ahora, pero entiendo que tiene que ver con esas internas y con que en definitiva hay determinadas cuestiones que exceden el conocimiento a través de la información que surge a través de los medios.

Me parece que hay una segunda lectura que al menos en esta ocasión no me atrevo a deslizar, porque no tengo certezas. Aun así no se me escapa que hay toda una maniobra política para reposicionar a las fuerzas y estos suelen ser golpes de efecto, no es casual que se haga justo en este momento donde la intensificación del aparato represivo del Estado es una de las actividades centrales del gobierno de Cambiemos. No descartaría que formara parte de ese juego de golpes sobre la opinión pública para generar consenso y legitimidad frente a las medidas que están tomando para recrudecer el aspecto represivo.

 

M.H.: En cuanto al proyecto de modificación del Código Penal. Hay varios trascendidos pero no hay una información clara, se habla de que serían modificados delitos como el uso de armas, la coacción, la coacción agravada, la interrupción del tránsito, etc.

I.J.: En términos generales hay una pauta que uno sigue a partir del editorial que sacó Morales Solá en La Nación el último domingo. Ahí da una pista de lo que puede estar pasando con este proyecto que tiene como eje central el acuerdo que existe entre el gobierno de Cambiemos y lo que Morales Solá llama “la oposición seria” que incluiría gente del FPV, como Pichetto en el Senado y el gobernador de Salta, Rodolfo Urtubey. Un acuerdo que pareciera ser el básico para enfrentar las políticas de ajuste que unos y otros están con intenciones de disparar. Que ya dispara Cambiemos y que seguramente continúen después de las elecciones. Creo que prevén un grado de respuesta por parte de la población que va a ser de una confrontación muy ardua. Ningún pueblo puede soportar la situación que se está viviendo, necesariamente la protesta se va a hacer cada vez más fuerte y, por lo tanto, para ellos aparece la necesidad de contar con instrumentos que algún modo intensifiquen esta capacidad represiva. Hay algunos delitos que tenían contemplados penas de 15 días a un año que se transforman a penas de 6 meses a un año, como es la desobediencia; por ejemplo, si te intiman para levantar un piquete. Ni hablemos del agravamiento por el uso de la cara tapada y hasta tocar con las manos a cualquiera de los agentes de las fuerzas de seguridad. Cosas impensadas hace un tiempo atrás ya están siendo evaluadas como nuevas figuras típicas, es decir, como nuevos delitos del Código Penal que tienden a hacer ejemplares con alguna detención que no llega a ser excarcelable.

Si me pidieras un título para esto te diría: “Terror a las masas”, eso es lo que están expresando y en función a ese terror, porque no son giles y saben lo que se viene con la aplicación del programa de ajuste, lo que están haciendo concretamente es un endurecimiento de penas que va de la mano de todo ese marco represivo que el gobierno de Macri ha demostrado ampliamente que tiene pensado profundizar.

 

M.H.: El proyecto elimina el régimen de progresividad de la institución penal para la mayor parte de los condenados y lo reduce a su mínima expresión para el resto. ¿Qué significa esto?

I.J.: Esa es la reforma de la 24.660 que es la Ley de ejecución penal. Ese es el otro proyecto que ya tiene estado parlamentario, ya fue tratado en el Senado y tiene que ver con la eliminación del criterio progresivo. La pena reconoce desde el punto de vista formal y discursivo del sistema una especie de progresividad, significa que va disminuyendo en sus efectos en la medida que el condenado va creciendo en su proceso de reinserción. Esto es lo que se dice, lo que se intenta blanquear cuando se intenta la reinserción social del condenado. Para que esto ocurra se van dando determinadas cuestiones que ponen a prueba la salida transitoria, la salida laboral, la libertad condicional, la libertad vigilada, etc. Todas medidas que van progresivamente desembocando en la libertad final del condenado. Lo que pasa con esta reforma de la 24.660, lo que va a hacer, es llenar las cárceles de mayor cantidad de presos, armar más cárceles, poner todo un dispositivo que cierra y que va de la mano de la profundización del aspecto represivo de Macri. Entonces, lo que van a terminar haciendo es demostrar lo que sostenemos desde Correpi hace muchos años, que la reinserción social es un verso, porque en realidad es un valor agregado, lo central para el sistema va a seguir siendo la sanción, la condena y cuanto más dura mejor para el sistema.

Obviamente, las consecuencias que le dejan a la población son feroces, porque en las condiciones que tenemos, hay cerca de 80.000 presos, la mayor cantidad de presos que registra nuestra historia es ahora, de los cuales 1.140 son jóvenes y solo 96 son menores de edad imputables; con lo cual estamos planteando hoy por hoy una realidad que nos desborda totalmente pero que indica que la voluntad desde el punto de vista de los que gobiernan es profundizarla, hacerla más grave aún.

La respuesta que dan es que van a hacer más cárceles. Tengo dos elementos claves en esto, yo hace 32 años que ejerzo la profesión de abogado y en el foro penal, cuando yo empecé, en un mes podía recorrer tranquilamente todas las cárceles de Capital y de la Provincia de Buenos Aires, hoy estamos en el orden de casi 70 unidades penitenciarias.

Cuando Duhalde era gobernador inauguró Florencio Varela y las unidades de la zona, sejactaban de que tenían calabozos para dos detenidos con dos literas, en esos mismos lugares hoy hay 5 y 4 detenidos. Esta situación no es más que la fábrica de mayor violencia, porque tienen la necesidad de demostrar que van a ser inflexibles con los pobres, porque las cárceles están llenas de pobres y lo que ellos llaman delincuentes en su gran mayoría han delinquido con delitos contra la propiedad, lo cual revela algo; y dejan afuera siempre a los que provocan el mayor daño que son los que se valen del poder para cometer los delitos más atroces como la trata de personas, el narcotráfico, etc., que cuentan con los avales de las fuerzas de seguridad y la propia justicia y luego lavan la guita que sacan de ahí en los circuitos de reinversión del dinero que manejan muchos empresarios devenidos en políticos.

La Haine

 

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