Movimientos sociales y Estado. Notas para pensar la construcción de poder popular

I.

El fin de ciclo de los llamados gobiernos progresistas y la consolidación de un nuevo conservadurismo en la región, marcan una coyuntura compleja para el desarrollo de propuestas emancipatorias.

En esta presentación propongo algunas notas para pensar las actuales condiciones en que es posible un proyecto que tenga por horizonte la construcción de poder popular.

Por eso, en una primera parte quisiera reflexionar sobre la relación entre Movimientos sociales y Estado. ¿Cuál es la importancia de reflexionar sobre el concepto de Estado? Que de acuerdo al modo en que se concibe al Estado, es decir, la forma en que se comprende la relación entre sociedad civil y sociedad política, de allí se deduce una estrategia de cambio, de transformación del conjunto de la sociedad.

No pretendemos, en este trabajo, reflexionar sobre los cambios en la forma del Estado en nuestro país post 2001. Nuestra intención es, al menos de forma analítica, delimitar las distintas claves de interpretación del Estado que están presentes en las organizaciones populares[1]. En tal sentido, durante los últimos 15 años en nuestro país tuvo muchísima fuerza una lectura que parte, en el mejor de los casos, de una ingenua interpretación del rol del Estado. Esta lectura entiende al Estado como un árbitro en el conflicto social, desterrando cualquier análisis de las correlaciones de fuerza entre las clases sociales. Desde esta visión, a mayor “presencia” del Estado, se logra una mayor equidad en la resolución de los conflictos.

El basamento teórico de esta interpretación retoma fuertemente el posestructuralismo laclosiano.[2] En dicha lectura, desaparece cualquier análisis de las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase. Desaparece, en definitiva, la lucha de clases.

A su vez, es una clave de lectura que reduce la política a los confines del Estado. Que iguala Estado con Sociedad Política. Y si hay algo que nos dejan como enseñanza los procesos más avanzados de Nuestra América en el ciclo de luchas de resistencias al neoliberalismo[3], es que la política atraviesa al Estado pero claramente excede al Estado.

La condición de posibilidad de esta lectura es un desarme teórico. Y en donde más se hace evidente este desarme teórico es en la Academia.

Es necesario, entonces, comprender al Estado como condensación de relaciones sociales. En su dimensión material (que se expresa en instituciones), su dimensión ideal (que se expresa en creencias, concepciones), que se deducen de determinadas correlaciones de fuerza (lucha de clases) y entendido como un triple monopolio de los recursos, la coerción y la legitimidad.

A modo de ejercicio analítico podemos distinguir tres formas, tres modalidades de concebir al Estado que se encuentran presentes en las organizaciones populares. Esto no quiere decir, obviamente, que se den de forma pura en cada caso, sino que varias de estas visiones se encuentran al mismo tiempo operativas en las praxis del movimiento popular.

A la primera de estas visiones voy a llamarla instrumentalista. Es la concepción que ve en el Estado un mero instrumento al servicio de las clases dominantes y privilegia, por lo tanto, la dimensión material y monopólica de lo estatal. Si el Estado sólo es un conjunto de instituciones que detentan el monopolio de los recursos, la coerción y la legitimidad, la solución es tomar el poder de esa maquinaria y ponerla al servicio de las clases trabajadoras, las clases subalternas. Esta visión olvida que todo Estado también construye formas de ver, de percibir, que garantizan la reproducción de la relación entre dominantes y dominados de una sociedad. Por eso Bourdieu[4] afirma que el Estado nos brinda “categorías de pensamiento” que naturalizan el orden social, categorías que aplicamos espontáneamente a cualquier cosa, incluso al Estado mismo.

A la segunda visión vamos a denominarla institucionalista. Desde esta perspectiva el Estado, como ámbito organizador de la sociedad, es un campo de disputa. Por lo tanto, ganar porciones del Estado, ocupar posiciones dentro de la estructura estatal, se transforma en una estrategia para llevar adelante transformaciones en el conjunto de la sociedad. La visión instrumentalista no asigna un peso significativo a las correlaciones de fuerza. Desde esta visión, ocupar lugares en el Estado se transforma en un fin en sí mismo, con el objetivo de dar disputa “desde adentro” del aparato estatal. De allí que en esta clave de interpretación, se vuelve primordial una estrategia de acceso al entramado institucional.

Por último, identificamos una visión relacional del Estado. La perspectiva relacional advierte que el Estado es la materialización de una correlación de fuerzas. Esto significa que todas las dimensiones del Estado, tanto materiales como ideales, están atravesadas por el conflicto de clases o grupos de intereses contrapuestos. El Estado, entonces, no es impermeable a la lucha de clases. Esta lectura no niega la disputa de la estatalidad, fundamentalmente porque reconoce la imposibilidad de negar el Estado, la inviabilidad de situarse por fuera de su alcance. Sin embargo, una visión relacional del Estado implica tomar en cuenta las correlaciones de fuerza de las que se parten para disputar la estatalidad y, sobre todo, implica tomar conciencia de que esa disputa nunca tiene como horizonte el propio Estado, si no la creación de condiciones para su subversión.

Así como la visión instrumentalista privilegia el enfrentamiento directo con el Estado como estrategia de transformación; la visión institucionalista toma como estrategia privilegiada la presión y negociación con el Estado. En cambio, una mirada relacional del Estado implica que sólo con presión al Estado no se logra un cambio en las relaciones de fuerza. Por lo tanto, desde esta visión es indispensable, además, disputar el sentido de las creencias y las concepciones que regulan la vida social. La presión al Estado no basta, si no se impugnan al mismo tiempo las ideas que sustentan a la sociedad burguesa.

II. 

En un segundo momento de esta exposición quisiera repasar brevemente las características de las sociedades en las que vivimos desde el último cuarto del siglo XX a esta parte para comprender las nuevas formas de territorialidad.

El capitalismo en su fase neoliberal, esto es, la formación social en la que el capital financiero se vuelve hegemónico, se vuelve el centro del proceso de acumulación, llevó adelante transformaciones que tienen al menos dos consecuencias muy importantes sobre el conjunto de la sociedad.

Por un lado, para retomar un concepto de David Harvey[5], se profundizan los procesos de “acumulación por desposesión” que tienen como consecuencia el saqueo de los bienes comunes. Esto implica la mercantilización de todo un conjunto de áreas que hasta ahora quedaba por fuera de la lógica capitalista de obtención de ganancias. La privatización de servicios públicos o la mercantilización de la naturaleza –con efectos devastadores como la agroindustria o la minería a cielo abierto– son solo algunos ejemplos. Pero sobre todo, los procesos de acumulación por desposesión, en tanto significan violentos procesos de despojo sobre las poblaciones, generaron nuevas conflictividades, que se observan en diferentes ámbitos de la sociedad: en el trabajo (flexibilización y desregulación laboral), en los territorios (desplazamiento de pueblos originarios), conflictos urbanos (expulsión campesina y periferias de las ciudades), sociales y en los cuerpos (profundización de las violencias de género).

La búsqueda de nuevos espacios de valorización del capital nos condujo definitivamente a sociedades que se explican no solamente por la contradicción capital-trabajo, sino también por la contradicción capital-naturaleza. De hecho, la actual crisis que atraviesa el sistema capitalista desde el 2008 se presenta no solo como una crisis económica mundial, sino como una verdadera crisis civilizatoria y ecológica.

Pero también, las transformaciones del capitalismo actual, con el principal objetivo de optimizar y maximizar las ganancias, nos condujeron a un proceso de interconexión entre los mercados formales, informales e ilegales.[6]

Hoy el capital se valoriza optimizando sus costos laborales a partir de la expansión de los mercados informales (que pendulan entre la legalidad y la ilegalidad) y en el desarrollo de los mercados ilegales.

En la actualidad, los mercados formales necesitan tanto de los mercados informales como éstos de los mercados ilegales. Podemos ver un ejemplo claro en la industria textil, donde grandes empresas (las grandes marcas de ropa e indumentaria) producen una parte de su producción en “talleres formales” (con empleados en blanco, pago de impuestos, etc.) y otra parte, con el objetivo de reducir costos, en “talleres clandestinos” (donde se extiende el trabajo en condiciones de esclavitud). Parte de esta producción se vende en las grandes vidrieras de malls y shoppings centers, y otra parte se distribuye en centros comerciales informales. De igual forma, el mercado inmobiliario ofrece vasos comunicantes donde esta tríada se vincula con fuerza. El “boom” de la construcción se asienta en fideicomisos en los que ingresan inversores de todo tipo y permiten el blanqueo de grande cantidades de dinero ilegal (evasión, narcotráfico, etc.), y se sostiene sobre la base del trabajo informal de los obreros de la construcción y la vista gorda de los controles municipales.

Foto: Alejandro Rodriguez

Esta nueva dinámica de la economía capitalista con centro en las finanzas –caracterizada por la interrelación entre lo formal, lo informal y lo ilegal–, en la medida en que incorpora al crimen como un elemento inherente al proceso de valorización del capital, genera nuevas formas de violencia que se diseminan por el conjunto de la sociedad.

Por lo tanto, estos dos aspectos que señalamos: a) la profundización de los procesos de “acumulación por desposesión” y b) la interconexión de los mercados formales, informales e ilegales, tienen consecuencias sobre las nuevas formas de territorialidad.

Si entendemos que el territorio es el espacio apropiado por una determinada relación social que lo produce y lo mantiene a partir de una forma de poder; es decir, si entendemos que son las relaciones sociales las que transforman el espacio en territorio[7], podemos ver que en las sociedades actuales estamos atravesados por una territorialidad hegemónica (que es la territorialidad del capital) que nos fragmenta a partir de regular selectivamente las relaciones sociales de solidaridad y facilitar el desarrollo de relaciones sociales conflictivas y contradictorias en el territorio.

Al mismo tiempo, la propia dinámica de la acumulación capitalista transformó algunas funciones estatales. En la actualidad, asistimos a un proceso de desmonopolización de la fuerza en tanto el Estado ya no es el único que detenta el monopolio de la violencia. Por supuesto que el Estado no abandona su carácter coercitivo. De hecho, sobran ejemplos cotidianos en los que vemos una profundización de la represión estatal. Lo que estamos afirmando es que, como consecuencia de la expansión de los mercados ilegales (que son parte constitutiva de la valorización de capital), se consolidan nuevos actores con capacidad de ejercer la coerción, paralelamente al accionar estatal.

III.

Tratemos entonces, para terminar, de pensar las condiciones actuales de un proyecto emancipatorio desde la construcción de poder popular.

El ciclo de resistencias al neoliberalismo en nuestro país, que se inicia en la década del 90 y tiene su punto de inflexión entre los años 2001 y 2002, mostró a los movimientos sociales como uno de los puntos más altos de la conflictividad social. Sin embargo, en ese contexto de alza de la lucha popular, los movimientos sociales no lograron capacidad de elaboración de un proyecto que interpele a las mayorías populares.

Si durante el ciclo de resistencias primó en los movimientos sociales una visión instrumentalista del Estado, a partir de una estrategia de enfrentamiento; durante el ciclo kirchnerista, en cambio, muchos de estos movimientos sociales protagonizaron un viraje en relación a la esfera estatal que los llevó a desarrollar una mirada institucionalista, que terminó abonando a la desmovilización –una estrategia desplegada desde el Estado– del sujeto colectivo que había tenido lugar durante el ciclo de resistencia.

Habiéndose agotado las condiciones en que se mantuvieron gobiernos progresistas que consolidaron una matriz neodesarrollista en Latinoamérica, las posibilidades de construcción de un proyecto emancipatorio con vocación de poder implica reelaborar las miradas del Estado que caracterizaron a los movimientos sociales durante las últimas décadas.

Dadas las características de las actuales sociedades latinoamericanas, en donde se profundizan los procesos de informalización de amplias capas de la población, las posibilidades de construcción de un sujeto popular con capacidad de transformación implica revertir la fragmentación del tejido social que imponen las territorialidades hegemónicas.

Si es cierto que la fragmentación social es una consecuencia metabólica de la fase neoliberal del capitalismo; se trata, entonces, de revertir la fragmentación en el campo popular.

Y las posibilidades de revertir esa fragmentación no radican en ensayos de unidades coyunturales, sino en la recuperación de tradiciones de lucha con horizonte socialista que se encuentran presentes en la cultura popular, como memoria histórica de los sujetos colectivos.

 

(*) Esta conferencia fue presentada en la mesa “Territorialidad, sujetos colectivos y poder popular”, en el III Encuentro Interdisciplinario sobre Cuestión Social y Políticas Públicas “Trabajo, Territorialidad y transformaciones familiares en la sociedad contemporánea”. Tandil, junio de 2018.

 

[1] No obstante, respecto a la discusión sobre los cambios en la forma Estado post 2001, es necesario reconocer que los límites entre el Estado Neoliberal (1976-2001) y el denominado Estado Posneoliberal (2002-2015), son difusos. Lo que caracteriza a este último es: en lo social, una estrategia de desmovilización popular para licuar la protesta; en lo económico, un cambio hacia un patrón de acumulación neodesarrollista, que disminuye los niveles de desocupación (aunque carente de una política de desarrollo industrial no dependiente), es débil en términos redistributivos y continúa con la desposesión de los bienes comunes; y en lo político, una combinación de cooptación e institucionalización y una decisión de apoyarse en estructuras burocráticas (el PJ y la CGT).

[2] Véanse sobre todo Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, Hegemonía y estrategia socialista, Buenos Aires, FCE, 2004 [1987]; Ernesto Laclau, Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, Buenos Aires, Nueva Visión, 1993.

[3] Este ciclo de resistencias se abre con el “Caracazo” en 1989, tiene sus momentos más importantes con la aparición del EZLN en México y las movilizaciones campesinas en Ecuador, en 1994; la rebelión popular de diciembre de 2001 en Argentina; y las Guerras del Gas (2000) y del Agua (2003) en Bolivia.

[4] Pierre Bourdieu, “Espíritus de Estado. Génesis y estructura del campo burocrático”, en Revista Sociedad, FCS, Buenos Aires, 2002.

[5] David Harvey, “El `nuevo imperialismo`. Sobre reajustes espacio-temporales y acumulación mediante desposesión”, en Herramienta, nº 27, Buenos Aires, 2004.

[6] Ver Esteban Rodríguez Alzueta, “La violenta regulación del territorio en el capitalismo criminal”, en VVAA, Tiempos violentos, Herramienta, Buenos Aires, 2014.

[7] Seguimos a Bernardo Mancano Fernandes, “Movimientos socioterritoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales”, s/d.

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