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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Muerta por abandono del Estado

18 Aug,2019

por Sonia Tessa

Hacinamiento y falta de atención médica de mujeres presas

Docentes de la Universidad de San Martín alertaron que la muerte de Patricia Solorza, condenada por un homicidio cuando en realidad se trató de un aborto, no es un hecho aislado. El hacinamiento y la falta de atención médica afectan a toda la población carcelaria, y para las mujeres las injusticias son mayores. Un informe de la Defensoría General de la Nación reveló que entre 2011 y 2016 se formaron al menos 167 causas contra mujeres por el delito de aborto propio.

Patricia Solorza habla desde un video que puede verse en youtube. Todo es esperanza en su voz. “Y poder salir de acá, después de cinco años y seis meses privada de mi libertad, salir a la sociedad y decirle que estoy preparada, con esas herramientas que ellos me están brindando”, expresa sobre su paso por la Diplomatura de Arte y Gestión Cultural de la CUSAM, el Centro Universitario San Martín en la Unidad Penitenciaria 48 de la provincia de Buenos Aires. La experiencia transformadora de la educación no pudo concretarse en una vida afuera. Patricia murió, a los 41 años, víctima de la desatención sanitaria en la cárcel, tal como contó 

Las12

 la semana pasada. “Su muerte era evitable, ocurrió por abandono de un Estado que la debía proteger”, dijeron les docentes del CUSAM, quienes alertaron que no se trata de un caso aislado.

“A diferencia de las cárceles federales, que tienen hospitales penitenciarios, acá hay apenas un sector de sanidad, con muy poco personal. Si vos tenés algún tipo de enfermedad o tenés que hacerte un tratamiento, te tienen que llevar. Una chica le contaba que tenía que hacerse algo en un diente y la médica le dijo que ella no podía porque era ginecóloga”, relató una docente de la CUSAM. “Solamente te sacan a un hospital si te estás muriendo. Cualquier cosas que tienen las personas que están presas, les recetan un ibuprofeno, un calmante. La atención médica es una ficción, no existe. No hay controles ginecológicos para las mujeres, no hay medicamentos, porque no llegan o están vencidos. Esto sucede hace un montón de tiempo, los medicamentos los llevan los familiares, las visitas”. Y claro, las mujeres que están detenidas son las que menos visitas reciben –sólo las van a ver otras mujeres- y sus familias están en malas condiciones para comprar, por ejemplo, medicamentos.

Patricia había sido condenada por homicidio agravado por el vínculo, pero –aún con las dificultades para reconstruir la historia- el castigo se debió a un aborto del segundo trimestre. Patricia no fue la única mujer criminalizada por ejercer su derecho a decidir, aunque sí víctima de un disciplinamiento extremo, al forzar una calificación que sí o sí está penada con cárcel.

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Un informe de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación elaborado el año pasado reveló que entre el 1º de marzo de 2011 y el 29 de febrero de 2016 se formaron al menos 167 causas contra mujeres por el delito de aborto propio. Mendoza, con 59 causas abiertas y Ciudad de Buenos Aires, con 58, encabezan ese ránking. Entre 2011 y 2015, el Registro Nacional de Reincidencia no informó ninguna condena por aborto propio, y sí 46 por aborto, en distintas circunstancias: 14 fueron por aborto seguido de muerte y cuatro por aborto sin consentimiento de la mujer.

No fue fácil para la Defensoría acceder a los datos. Las provincias de Salta, San Juan y Tucumán no contestaron el pedido, mientras que Buenos Aires, Jujuy y La Pampa sólo informaron cantidad de causas iniciadas, sin los demás datos solicitados. El informe relevó que en al menos siete oportunidades, la causa se inició cuando la mujer intentó buscar ayuda médica. Otro dato del informe es que siete mujeres de las que tienen causa abierta estuvieron detenidas, por períodos que abarcan entre 10 horas y 26 días.

“Aunque las posibilidades de terminar con una condena son prácticamente nulas, los procesos penales iniciados operan en sí mismos como un castigo, por la angustia y las dificultades que genera en la vida cotidiana de las mujeres para conducirse según su plan de vida”, dice el informe de la Defensoría, que lo califica como una violación a los derechos humanos.

Mientras la Justicia bonaerense castigaba a Patricia, ella pudo cumplir en la cárcel el sueño de estudiar. “Cuando me dijeron que podía formar parte de la Diplomatura se me pasó por mi mente toda mi vida, porque yo, una chica que de niña tuve problemas para estudiar, porque tuve una infancia muy fea, con un padre golpeador, abusador, de una educación primaria ausente, porque teníamos que estudiar o mi hermana o yo, y prefería que estudie mi hermana, debido a las condiciones económicas que tenía mi familia. Hoy la Universidad, el estar en contexto de encierro, me abrió muchas posibilidades de poder estudiar”, relató Patricia –que estudiaba también Trabajo Social- ante una cámara que registró su testimonio.

Patricia estaba detenida, reclamó atención médica por dolores y durante dos meses se la negaron. Tenía que ser operada de vesícula pero el traslado llegó tarde, y con una infección ya en marcha. “Ocurrió por el abandono del Estado que la debía proteger”, dice un comunicado colectivo de docentes de Trabajo Social (IDAES), de CUSAM y la colectiva IDAES. La muerte de Patricia no es una excepción, sino la consecuencia lógica de políticas carcelarias crueles: “Las condiciones en las cuales viven nuestrxs estudiantes y las personas privadas de su libertad ambulatoria en las cárceles provinciales y nacionales, no se condicen con el derecho a la salud que establece la Constitución Nacional”, agregan les docentes.

“Hace tiempo que vemos con preocupación los efectos que genera la problemática de la sobrepoblación carcelaria en el Complejo Penitenciario Conurbano Norte. En los últimos tres años y medio, la población de esta cárcel creció un 200 por ciento y supera el doble de su capacidad, con condiciones de hacinamiento, propicia para la propagación de enfermedades –alerta el cuerpo docente-. Escuchamos de operaciones que no suceden en los tiempos necesarios, medicamentos que no llegan, tratamientos y estudios que no se realizan, falta de controles básicos. En el último mes, además de Patricia, fallecieron otras cuatro personas en el penal, también por desatención sanitaria. Aunque este es un problema que afecta a toda la población carcelaria, sabemos que para las mujeres estas injusticias son aún mayores”.

Para llegar a la Universidad, que está en la Unidad de varones, las mujeres detenidas necesitan una autorización judicial y ser trasladadas por personal penitenciario, lo que no sucede en todos los casos. “Estos obstáculos generan desigual acceso a la educación y es para nosotrxs una preocupación central alentar la participación y permanencia de más mujeres en el CUSAM. Es por ello que la muerte de Patricia, una de nuestras estudiantes mujeres más comprometidas, además de generarnos profunda tristeza, nos desafía a seguir en esta apuesta”, continúa el texto elaborado colectivamente.

 

Patricia esperaba salir con otras perspectivas, las que le daba su educación. “Toda mi familia me espera ansiosa para que llegue ese día y poder demostrar que por medio de la educación y por medio de la Universidad llegué a ser otra Patricia, la que antes desconocía todas las cosas de la educación, lo que tenía para brindarme”, termina el mensaje de la mujer que ya no podrá cumplir su sueño. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/212325-muerta-por-abandono-del-estado

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