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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Murió impune Alcides López Aufranc

Fue el General que reprimió el Cordobazo, introdujo la “Escuela Francesa” de Guerra Antisubversiva probada en Argelia y que sucedió a Martínez de Hoz en la presidencia de Acindar. Concentraba en su trayectoria personal todas las perversiones de los represores genocidas y todo el cinismo de los empresarios enriquecidos con la tortura. A pesar de ello nunca fue judicializado ni siquiera amonestado por su publica y orgullosa defensa del Terrorismo de Estado. Falleció el 26 de abril del 2015, día de la euforia derechista en Buenos Aires y su impunidad tiene nombres y apellidos: Oyarbide en Buenos Aires y Bailaque en Rosario.

Así como hay fechas que contienen los más diversos acontecimientos históricos (por ejemplo el 22 de agosto donde viven el recuerdo del renunciamiento de Evita (1953), con el secuestro de Tito Messiez en Rosario (1977) y los fusilamientos de Trelew (1927) junto a la ejecución de Sacco y Vanzetti (1927)), hay personajes que condensan en sí mismos casi toda la pluralidad del sujeto social que ostenta el Poder Real en nuestro país, desde la Conquista Imperial Española pasando por la Republica Conservadora, el Peronismo en todas sus versiones, las dictaduras militares y los gobiernos civiles.

Un conglomerado de militares, empresarios, curas, intelectuales, jueces y otros sujetos que componen el bloque de poder que a veces gobierna sin mediaciones (los gobiernos de Videla o Menem, por ejemplo) y a veces mantiene el Poder a pesar de que en el gobierno haya sectores que buscan distanciarse en uno o más aspectos (Cámpora, Illia, Néstor Kirchner).

Y hay hombres que ostentan en su biografía casi todos los matices y casi todas las funciones de los que ejercen el PODER (así, con mayúsculas para que se perciba que es el real y no el imaginario).

Nacido en 1921, se graduó como Oficial y adhirió al bando de los “azules” en los debates internos posteriores al golpe gorila del 55; las diferencias entre “azules” y “colorados” no eran más que de forma: cuál era el mejor modo de derrotar la subversión comunista que cobraba fuerza en Nuestra América luego del triunfo de la Revolución Cubana. Los “azules” apostaban a un acuerdo con la burocracia sindical y el propio Perón para derrotar el comunismo y la izquierda peronista; los colorados querían hacer tabla rasa con todo. En 1962/63 hubo enfrentamientos hasta armados y en ellos nuestro General adquirió fama de valiente y osado, tanto que se ganó el nombre del Zorro del desierto de Magdalena, aunque nunca disparó un solo tiro de su batallón de tanques. Ganaron los azules y pocos años después los “institucionalistas” del 63 produjeron el golpe de Estado de 1966 que llevo a Onganía al gobierno militar y aceleró los preparativos del Genocidio.

Un poco antes, durante los dos años que arrancan en 1957 había estudiado en París en la Ecole de Guerre todos los secretos de la estrategia francesa de guerra antisubversiva desplegada en Argelia; de allí surgieron las prácticas de ampliar la tortura y dar centralidad a los Servicios de Inteligencia. “En la práctica”, dijo Marie Monique Robin a Página/12 en el 2004, “la llegada de los franceses a la Argentina conllevó a una ampliación masiva de los servicios de inteligencia y de la utilización de la tortura como el arma principal de guerra contra la subversión en el concepto de la guerra moderna”. Los “decretos de aniquilación” firmados por Isabel Perón fueron inspirados en textos en lengua francesa. Durante la guerra de independencia de Argelia, las fuerzas policiales fueron puestas bajo la autoridad del Ejército, y en particular de los paracaidistas, quienes generalizaron las sesiones de interrogatorio, la utilización sistemática de la tortura y las desapariciones.

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A pesar de que nunca negó su pasado y aún más lo reivindicó con orgullo en una antológica entrevista grabada en video, nunca fue convocado por Tribunal alguno.

Es que el General Alcides López Aufranc no solo fue militar; en 1976 cuando Alfredo Martínez de Hoz tuvo que dejar el directorio de Acindar para ocuparse de los negocios de toda la clase desde el Ministerio de Economía, lo reemplazo al frente de la empresa que simbolizó como pocas la fusión de Poder Económico y Dictadura. Bajo su presidencia se obtuvieron los créditos para construir la Planta Integrada y liquidar el monopolio de producción de acero a partir de mineral de hierro que tenía Somisa; se absorbieron otras siderurgias como Gurmendi, Santa Rosa y Genaro Grasso, se impuso una disciplina militar al interior de las plantas que liquidó el Convenio Metalúrgico y elevó la productividad por trabajador de manera que en mi libro “Tito Martín, el villazo y la verdadera historia de Acindar” intenté describir del siguiente modo:

“El balance empresarial de 1992 informa a los accionistas la reducción de 2.000 operarios en Villa Constitución (de 3.600 a 2.300) con mantenimiento de los niveles de producción anteriores al conflicto del 91’ y una reducción general de gastos del orden del 10%.  Y aún más, la flexibilización impuesta terminó con el convenio colectivo e impuso la polifuncionalidad de los trabajadores quedando estos a disposición discrecional de la empresa para la tarea, el modo y tiempo de efectuarla que ésta desee abriendo paso a nuevos niveles de superexplotación generando reubicaciones y despidos masivos. Lo que en su momento se disciplinó a fuerza de tanquetas, falcón verde y la gendarmería, ahora se impondría por medio del chantaje más brutal: “aceptación o despido”. Una vez más se adelantaba a su tiempo. Recién en 1995, Menem conseguiría aprobar por el Parlamento la ley de flexibilización laboral para hacer en todos lados lo que Acindar hacía desde el 1991 en sus plantas industriales. Todos estos años, y aún ahora, Acindar ha clamado contra el “costo argentino” al que identifican con el alto costo de su mano de obra. En un trabajo elaborado en 1985  habíamos logrado establecer que en una hora de trabajo, el “obrero promedio” de Acindar producía un valor equivalente a su salario mensual. En 1989 el economista Julián Lemoine publicó en el desaparecido diario Sur un extenso estudio donde logra establecer que al 19 de mayo de 1989 el costo de la mano de obra por tonelada de acero producida es de 16.7 dólares con un salario por hora (incluidas primas, insalubridad, peligrosidad, etc.) de 48 centavos de dólar por hora. Esto significaba que la productividad de ese momento era superior un 7 % a la coreana, un 42 % a la brasileña, un 59 % a la japonesa y un 85 % a la norteamericana y que la estructura de costos de la empresa era la siguiente:

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Incidencia proporcional de cada rubro en el costo final del producto

Laborales 23, 339 %

Materias Primas Nacionales 21, 089 %

Materias Primas Importadas 15, 455 %

Servicios Públicos 12, 968 %

Costos de producción 3, 682 %

Costos de comercialización 1, 098 %

Amortizaciones 9. 173 %

Financiero 13. 000 %

TOTAL      100. 000 %
En 1988 recibe el premio Konex al mérito en el rubro “ejecutivos de la industria”; y vaya si lo tenía merecido: había logrado incrementar ferozmente los beneficios de la empresa bajo la dictadura y continuarlos con la ayuda del gobierno de Alfonsín.

En el año 2010, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre inició una demanda penal contra el directorio de Acindar por las acciones represivas directas (el Operativo del 20 de marzo de 1975 pactado con Isabel y López Rega y sus consecuencias (ocupación militar de la zona y la empresa casi hasta el final de la dictadura) y por las acciones económicas que hemos descripto brevemente más arriba. Para finales del 2013 conseguimos declarar en la causa y que permitan declarar a un grupo grande de sobrevivientes y estudiosos del accionar de Acindar. En el 2014 pedimos la indagatoria del General Alcides López Aufranc, Arturo Acevedo y otros ejecutivos de la empresa. Parecía que al fin derrotábamos la impunidad de los empresarios pero en el último minuto un juez rosarino abrió una causa y a pedido del fiscal rosarino.

Tiempo Argentino lo reflejaba así en su edición del 22/06/2014: Justo cuando el juez federal porteño Norberto Oyarbide se disponía a indagar y procesar a la ex presidenta Isabel Martínez y a un grupo de ex militares y directivos de la empresa Acindar, por el operativo represivo desatado en Villa Constitución en marzo de 1975, su par de Rosario, Marcelo Bailaque, solicitó que la investigación pasara al fuero en Santa Fe. Bailaque planteó la inhibición de Oyarbide para investigar los delitos de lesa humanidad perpetrados contra trabajadores metalúrgicos en aquel momento, por entender que esos hechos se produjeron en terreno santafecino, y solo él puede analizarlos. Para la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, principal querellante, el sorpresivo interés demostrado ahora por el magistrado intenta congelar la causa. Y acaso archivarla para siempre. El pedido de Bailaque, además de inconsistente, es absolutamente extemporáneo, y llega 40 años más tarde. Nunca antes la justicia santafecina se mostró tan ansiosa por saber cómo, con la venia de Isabelita, fuerzas conjuntas de seguridad y matones de las Tres A secuestraron a 300 trabajadores para sofocar aquellos reclamos gremiales conocidos como El Villazo, en una movida que contó con la complicidad de la empresa. Y es singular que lo haga ahora, antes de que por primera vez varios de sus antiguos directivos sean detenidos.

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La maniobra de Bailaque, además, tira un salvavidas al ex general Alcides López Aufranc, sucesor de Alfredo Martínez de Hoz en la Dirección de Acindar cuando el ex ministro de Economía tuvo que dejar el puesto para hacerse cargo de la caja recaudadora de la dictadura. Increíblemente, el genocida Aufranc esquivó distintas denuncias en su contra a lo largo de estas cuatro décadas, gracias a la cintura de sus abogados. Hay otros que también estaban a punto de ser detenidos, y ahora, gracias al juez rosarino, deben estar respirando aliviados. Como Arturo Acevedo, integrante del grupo familiar fundador, y los directivos Pedro Aznárez y Roberto Pellegrini.

En esa nota se mencionaba una carta del General al directorio de Acindar que resultaba prueba contundente de su compromiso con el Plan de Exterminio y de Reconversión capitalista. Juzguen Uds. mismos: “A comienzos de 1976 –arranca el texto–, el país marchaba aceleradamente hacia su desintegración en medio del caos político y económico, e inmerso en una violencia que inicialmente fue fomentada y luego se hizo ingobernable.” “A partir del 24 de marzo de 1976 –agrega–, en que las Fuerzas Armadas, interpretando adecuadamente la gravedad de la situación, asumieron la responsabilidad histórica de tomar el poder para reordenar el país, se opera un cambio sustancial. Se restablece la disciplina laboral, se combate la subversión con toda intensidad y se encaran medidas económicas que permiten afrontar los compromisos de la deuda externa y reducir la inflación. Se limita el gasto público y se aumenta la recaudación impositiva.”

Para el genocida, “pese a los inconvenientes señalados”, “es evidente que en la República se respira otro aire, y que la capacidad y decisión de quienes han asumido la responsabilidad histórica de recuperar el país, permite ser optimista sobre el futuro. Cuando se hayan roto esas trabas al progreso y desaparezca la subversión, la Argentina iniciará un despegue acelerado, alcanzando en pocos años niveles de progreso y bienestar tales, que harán difícil recordar lo que fue nuestro pasado reciente.”      López Aufranc finaliza: “No deseo terminar esta carta a los accionistas sin rendir un homenaje a los hombres que han dado su vida en la lucha contra la subversión y en defensa de nuestro tradicional estilo de vida, y a todos aquellos que han abandonado su tranquilidad e intereses personales para entregarse de lleno a la noble tarea de reorganizar y recuperar nuestra querida patria”.

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