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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Nada está sobre los DDHH

10 Oct,2019

por Waldemar Cubilla

El Estado de Excepción establecido, mediante el decreto 884 por el gobierno del presidente Lenín Moreno el pasado jueves 3 de octubre, no puede ser usado como excusa para violentar LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA bajo ningún criterio ético ni jurídico, como ha venido sucediendo desde la mencionada fecha hasta hoy, 7 de octubre de 2019. Durante este lapso se han denunciado incontables actos de violación de los mismos, perpetrados por las fuerzas policiales y militares. Hasta el momento se cuentan aproximadamente 500 detenidos en el territorio ecuatoriano. Los responsables de estos actos son el presidente de la República, Lenín Moreno, por ordenar el Estado de Excepción, así como los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; la ministra del Interior, María Paula Romo, y las fuerzas policiales y militares, por ejecutarlos. 

Dicho decreto 884 señala que su fin es “precautelar la seguridad y los derechos de todas las personas” en el país. Sin embargo, la policía y las fuerzas armadas han sido las primeras en ATENTAR CONTRA LA SEGURIDAD Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS que han decidido manifestarse contra las medidas económicas dispuestas por el gobierno de Lenín Moreno el pasado 1 de octubre de 2019, ya que desde muchos sectores se considera que dichas medidas ATENTAN CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES Y LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Asimismo, periodistas y medios independientes han sido agredidos en el cumplimiento de su labor periodística e informativa, tal como se puede apreciar en numerosos videos, fotos y testimonios de las personas han sido subido a las redes sociales. El mencionado decreto que LIMITA LA LIBERTAD DE MOVILIDAD Y DE ASOCIACION, atenta contra el derecho a la vida, la integridad y la libertad de las personas. 

La Constitución Política, en su artículo 1, define al Ecuador como un “estado constitucional de derechos” y en su artículo 425 dice: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; (...) en caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la corte constitucional, las juezas y jueces, autoridades aplicación de la norma jerárquica superior”. Es evidente que la constitución es una norma jerárquicamente superior a un simple decreto, como el 884, mediante el cual administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la el presidente Lenín Moreno decretó el “ESTADO DE EXCEPCIÓN”. Un decreto, como un estado de excepción, no puede vulnerar el Espíritu de Derechos que gobierna la Constitución. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, ratificada y por tanto obligatoria para el Estado ecuatoriano, en su Artículo 27, sobre la Suspensión de Garantías, numeral 2, señala que “La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: (...) 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); (...) y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos”. 

Por otra parte, la Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha realizado observaciones que señalan que un ESTADO DE EXCEPCIÓN NO ES VÁLIDO CUANDO LA POBLACIÓN ESTÁ PROTESTANDO POR POLÍTICAS PÚBLICAS, tales como las medidas económicas anunciadas el 1 de octubre de 2019, las cuales sienten amplios sectores de la población ecuatoriana que van en detrimento de sus derechos. Y la Sentencia Zambrano Velez y otros vs. Ecuador, de la Corte Interamericana, determina lo siguiente: “51. Este Tribunal hace notar que en determinados estados de emergencia o en situaciones de alteración del orden público, los Estados utilizan las Fuerzas Armadas para controlar la situación. Al respecto, la Corte estima absolutamente necesario enfatizar en el extremo cuidado que los Estados deben observar al utilizar las Fuerzas Armadas como elemento de control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones excepcionales y criminalidad común. Tal como ha señalado este Tribunal “Los estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales (...)”. 

El Art. 426 de la Constitución del Ecuador señala que “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicaran directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sea más favorables a las establecidas en la constitución aunque las partes no invoquen expresamente. Los derechos consagrados en la constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y la aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni negar el reconocimiento de tales derechos”. Es decir que aun si un decreto, como el 884 que dispone el estado de excepción, ordenara LA SUPRESION TEMPORAL DE CIERTAS LIBERTADES, JUECES Y DEMAS AUTORIDADES DEBERAN APLICAR LOS ARTICULOS 1, 425 Y 426 DE LA CONSTITUCIÓN. Así como también LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ya que estos últimos son más favorables a los derechos, tal como reza el Art. 425. Asimismo, la Declaración Universal de los derechos humanos es “Irrenunciables, indivisibles y no jerárquicos”. NO SE PUEDE ATENTAR CONTRA EL DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA MOVILIDAD, POR EJEMPLO. En el supuesto de que las movilizaciones realizadas por organizaciones sociales, indígenas, campesinas, de mujeres, de estudiantes y otras pudieran poner en riesgo la continuidad de un gobierno, esto NO IMPLICA QUE PONGAN EN RIESGO LA CONTINUIDAD DEL ESTADO NI DE LA REPÚBLICA. ESTADO NO ES LO MISMO QUE GOBIERNO. Históricamente en Ecuador, la salida de varios gobiernos a causa de las movilizaciones populares no ha implicado ningún peligro para la continuidad del Estado ni de la República. Simplemente un gobierno ha dado paso a un nuevo gobierno. Los responsables de las VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION ECUATORIANA cometidos desde el 3 de octubre hasta hoy, así como aquellas que pudieran cometerse en los días subsiguientes, esto es, el presidente de la República, Lenín Moreno, como autor del estado de excepción; los ministros de Defensa, Oswaldo Jarrín; del Interior, María Paula Romo, y las fuerzas policiales y militares, ejecutantes de los mismas, DEBERÁN SER PROCESADOS EN LOS TRIBUNALES NACIONALES Y LE PODRÍAN GENERAR UNA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL AL ESTADO ECUATORIANO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS con el consiguiente pago de indemnizaciones que la misma eventualmente podría disponer. 

Hacemos un llamado a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos: ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo y otros a DENUNCIAR Y RECHAZAR LA UTILIZACIÓN DEL “ESTADO DE EXCEPCIÓN” COMO UN MECANISMO JUSTIFICATORIO DE GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA.

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