NO HAY EQUIPARACIÓN POSIBLE

Un amplio espectro político-ideológico de personalidades del mundo académico y cultural firmó la siguiente declaración

 

No hay equiparación posible

 

Quienes por razones profesionales, políticas y personales nos sentimos comprometidos con la consolidación del estado de derecho, recibimos con alarma la noticia de la audiencia de apelación que se llevará adelante el próximo 21 de marzo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la que se atenderá la solicitud de reapertura de la causa relativa a la muerte de Argentino del Valle Larrabure (caso por el que hubo investigación, instrucción, juicio y condenas entre 1975 y 1983). Dicha solicitud contraviene lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Derecho Penal Internacional al proponer la equiparación de los delitos cometidos por las organizaciones revolucionarias armadas de los años setenta y aquellos cometidos por el Estado.

 

En términos estrictamente jurídicos, los primeros, han prescripto; mientras los segundos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles e inamnistiables.

 

Existen irrefutables razones jurídicas que impiden el tratamiento de los actos armados de los grupos revolucionarios de los años setenta como crímenes de lesa humanidad, tal como pretende hacerlo la querella en el caso Larrabure. De esas razones, se destaca, en primer lugar, la esgrimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arancibia Clavel” en el que se establece que un crimen de lesa humanidad es aquel cometido por el Estado en un ataque general y sistemático contra la población.

 

En segundo lugar, si bien actualmente en el Derecho Penal Internacional la categoría de crímenes de lesa humanidad no sólo comprende aquellos cometidos en conexión con una política estatal o bajo su  amparo, sino también actos cometidos en virtud de una política “organizacional”, esta inclusión de agentes no estatales sólo es posible cuando esos agentes participan de las características de los autores estatales en tanto ejercen algún dominio o control sobre territorio o población y llevan adelante una política similar a la de la acción estatal. Y ninguna de las organizaciones de la izquierda armada argentina revistió alguna de estas características. Nunca. Afirmar lo contrario es faltar a la verdad histórica.

 

La desatinada pretensión de equiparar la violencia revolucionaria o insurgente a la desplegada por las Fuerzas Armadas desde el Estado encuentra otras objeciones no menos definitorias. La responsabilidad del Estado en la violación de derechos básicos y en la trasgresión y/o eliminación de normas de contención jurídicas, cívicas y éticas que debieran contener los conflictos en un marco de regulación es incomparable con la negación de estas normas por parte de una fuerza revolucionaria o insurreccional, puesto que la propia función del Estado es velar por aquellas normas. Al negar éstas y reemplazarlas por la ilegalidad, el Estado daña de manera incomparable la posibilidad misma de la vida política.

 

Finalmente, debe señalarse la indecible e inconmensurable desproporción respecto de los métodos empleados. La planificación y ejecución de la política de desaparición de personas, el empleo sistemático de la tortura más inhumana, el establecimiento en todo el territorio nacional de cientos de centros clandestinos de detención y exterminio, la apropiación de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, no tienen parangón alguno en la violencia revolucionaria argentina. La modalidad y naturaleza de la represión planificada y ejecutada por el Estado transgredió los principios éticos que fundamentan la existencia y preservación de una comunidad y supuso un verdadero quiebre civilizatorio, y allí no hay simetría posible.

 

La reapertura de una causa que ya ha sido juzgada, y la búsqueda de equiparación del hecho al que refiere con los crímenes de lesa humanidad, vulnera el estado de derecho, desconoce la abismal distancia jurídica, histórica, política y ética que separa ambos fenómenos y, al hacerlo, banaliza el Mal.

 

FIRMAS

 

Vera Carnovale. Historiadora (CeDInCI/UNSAM-CONICET)

Marina Franco. Historiadora (IDAES/UNSAM-CONICET)

Horacio Tarcus. Historiador (CeDInCI/UNSAM-CONICET)

Hilda Sábato. Historiadora (CONICET)

Graciela Fernández Meijide

Maristella Svampa. Socióloga y escritora (CONICET)

Carlos Altamirano (UNQUI)

Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora)

Hugo Vezzetti (UBA)

Claudia Hilb. Politóloga (UBA-CONICET)

Vicente Palermo. Politólogo. (CONICET)

Elizabeth Jelin (CIS-IDES-CONICET)

Dora Barrancos (Historiadora. CONICET)

Laura Malosetti Costa. Historiadora del Arte (UNSAM-CONICET)

Sofía Tiscornia (Antropologa, UBA)

Vicente Zito Lema (escritor, periodista y abogado)

Rafael Spregelburd (actor)

Guillermo Rozenwurcel. Economista (CONICET-Club Político)

Emilio García Méndez (Presidente Fundación Sur Argentina)

Horario Verbitsky (periodista, El cohete a la luna)

Daniel Lvovich. (Historiador, UNGS CONICET)

Adrián Gorelik (UNQ- CONICET)

Ezequiel Adamovsky (Historiador, UBA-UNSAM-CONICET)

María Cristina Tortti. (Socióloga e Historiadora, UNLP)

Alejandro Katz. (Ensayista y Editor, UBA)

Alejandra Dandan (periodista, El cohete a la luna)

Graciela Daleo (Socióloga, UBA)

Diego Tatián (Filosofó, UNC)

Patricia Funes. (Docente-investigadora, FSOC/UBA)

Ezequiel Saferstein. (Dr. en Ciencias Sociales, CeDInCI-UBA-CONICET).

Ana Clarisa Agüero. Historiadora. (UNC-CONICET)

Rubén Chababo (Sec. DDHH de la Universidad Nacional de Rosario)

Monica Gordillo (Historiadora, UNC)

Javier Trímboli. (Profesor de Historia, UNLP-UNIPE)

Federico Lorenz (Historiador, UBA-CONICET)

Mario Pecheny. Sociólogo. (UBA-CONICET)

Víctor De Gennaro. (Unidad Popular)

Stella Maris García (CTA)

Angela Cardella (Co-vicepresidente APDH)

Eduardo Anguita. (Periodista y Escritor)

Sergio Bufano. (Periodista y Escritor)

Carlos Gabetta. (Periodista)

Quique Pesoa. (Periodista. Locutor)

Alfredo Grande. (Medico Psiquiatra)

Carlos Eduardo Risso (Dibujante)

Miguel Bonasso. (Diputado Mandato Cumplido)

François Gèze (editor, Francia)

Miguel Bensayag (Profesor universitario. Psiquiatra, integrante Collectif Malgré tout Francia)

Sandro Chignola (Universitá di Padova, Italia)

Marina Risso (INDDHH, Uruguay)

Hernán Ramírez, (Historiador, Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, CNP,Brasil.

Ricardo Rodrigo. (Editor. Director de RBA Editores. Barcelona. Catalunya)

Francis Saint-Dizier, (médico Cinélatino, Rencontres de Toulouse, Francia, Présidente)

Juan Pro. Historiador. (Prof. Historia Contemporánea. U Autónoma de Madrid, España)

Carla Peñaloza Palma. (Historiadora, Académica, Universidad de Chile)

Pau Nadal. Departament Ensenyament. Generalitat de Catalunya

Siguen más de mil firmas

4 comentarios sobre “NO HAY EQUIPARACIÓN POSIBLE

  • el abril 4, 2018 a las 19:41
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    Adhiero a los conceptos del comunicado.

  • el abril 4, 2018 a las 19:43
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    Adhiero a los conceptos del comunicado.

  • el abril 7, 2018 a las 12:16
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    Un crimen es un crimen. No importa cómo, por qué o cuando. Hablar de prescripciónes jurídicas lo considero una indecencia, en todos los casos. No se puede construir una sociedad justa sobre la base de categorizar asesinatos buenos y asesinatos malos. Quitarle la vida a un ser humano, no importa la razón que sea, es y será siempre un crimen.
    Comprendo a Norma Morandini por negarse a firmar esta declaración; como ella, también yo soy familiar de una persona detenida desaparecida.

  • el abril 8, 2018 a las 20:24
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    Adhiero a lo expresado en el comunicado.

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