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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Ocho claves para comprender la crisis en Centroamérica

24 Jul,2019

por Edelberto Torres-Rivas

Como aporte para comprender la situación centroamericana en que se desarrolló la revolución sandinista,  desde Contrahegemonia ofrecemos a lxs lectores una selección del texto del guatemalteco Edelberto Torres-Rivas, escrito en 1981.

1. LA RUPTURA HISTÓRICA

El carácter de las luchas sociales que hoy en día califican la situación centroamericana como una situación de profunda crisis política, es resultado de un largo proceso de desequilibrios y problemas creados por el crecimiento económico, y nunca satisfechos, pero especialmente de reivindicaciones permanentemente pospuestas, de derechos reiteradamente violados, en suma, de luchas sociales y políticas pacíficas y legales, pero legalizadas y reprimidas por el Estado. Esto es particularmente agudo en la década de los setenta. Es éste un período distinto en la acumulación de problemas, caracterizado porque la burguesía centroamericana renuncia una y otra vez a la búsqueda del consenso nacional y opta definitivamente por un tipo de dictadura militar en que las formalidades legales se mantienen en nombre de la democracia para dar paso a formas extremas de terrorismo de Estado.

La noción de crisis como acumulación de problemas sólo es cierta a medias, porque explica parcialmente la situación. Nuestra clase dominante ha demostrado desde hace mucho tiempo una incapacidad estructural para resolver adecuadamente los efectos sociales y políticos que produce el tipo de crecimiento económico. Por lo menos, los problemas que genera el estilo de desarrollo impuesto por los intereses de la burguesía local y los del gran capital internacional. ¿Por qué la crisis, aquí y ahora, y no antes, si se trata de una incapacidad permanente?

Siendo el nivel de la política el sitio donde la crisis se produce y se desarrolla, ella tiene en común la irrupción autónoma de las masas populares en la escena política, acompañada esta presencia popular con medios extremadamente violentos de lucha. Es a través del enfrentamiento armado que las masas populares han estado ganando por fin su condición de sujetos de la historia, con desiguales niveles de profundidad. Es ésta sin duda la culminación de un proceso en que no es posible el regreso al grado de desorganización/reorganización de las antiguas formas políticas de dominación y control. Hoy en día, el “equilibrio” ya no puede restablecerse de la manera tradicional, reprimiendo a las masas.

En Nicaragua, la rápida reconstitución de un nuevo tipo de poder a la caída de la dictadura somocista, señala una experiencia ejemplar.

En El Salvador, la sangrienta experiencia demócrata cristiana sólo prueba que ya no hay espacios para el gradualismo porque la calidad de los problemas acumulados, más que la impaciencia de las masas, bloquea por sí misma cualquier solución intermedia.

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En Guatemala, en cambio, se pone a prueba otra estrategia, pero cada vez más próxima en sus resultados a El Salvador: no hay voluntad reformista para encarar los muy graves problemas sociales ni disposición para el diálogo. El negocio de la política es asumido por la clase dominante como un juego “suma cero”, donde la concesión menor es la derrota.

La crisis política surge como un desafío a la continuidad. Por eso hablamos de ruptura. La causa necesaria —si pudiera plantearse la complejidad del fenómeno en términos tan lógicos— es la pesada carga de los factores objetivos, las determinaciones de la estructura que se hacen presentes en la conciencia de las masas dominadas. La causa suficiente pasa a ser entonces la irrupción de las clases subalternas, cuya praxis política rompe toda posibilidad de contención, incluida la del terrorismo estatal. El peso de los factores subjetivos, también acumulados en muchos años de derrotas y sacrificios, traduce lo objetivo en una determinación de cambio. La continuidad ya no es posible porque el tiempo de la normalidad se agotó. La crisis aparece como una impaciencia colectiva y es vivida por las clases dominantes como una gran desobediencia popular.

Tal vez es este elemento factual lo que mejor califica este proceso que va cristalizando lentamente desde mediados de la década: una desobediencia generalizada que es, en la otra óptica, una falta de autoridad. Y la autoridad que no se respeta expresa siempre un poder que se debilita, que se desacredita y pierde eficacia. De ahí el recurso de la fuerza física, la utilización de la violencia extrema como método permanente. Centroamérica está tan llena de estos ejemplos que es pueril ilustrar esta obviedad.

Sin duda la situación de crisis no necesariamente genera una situación revolucionaria. Por extremas que sean las manifestaciones de la debilidad burguesa en su capacidad hegemónica, sólo la fuerza de la organización de las clases dominadas puede subvertir —es decir, perturbar primero y desorganizar, después — el orden en el cual ya no confían. La crisis política en la actualidad es sin duda un desafío total porque se produce en el espacio en el que la clase dominante construye y ejecuta la dirección de la sociedad. Tampoco esto asegura una situación revolucionaria, y menos aún lo irremediable de la victoria.

En la naturaleza crítica que atraviesa la sociedad centroamericana hay un aspecto nuevo que se disimula por la tradición militarista. Pero hoy en día la dictadura militar, por el control que el Ejército realiza sobre la sociedad, es la materialización institucional de la crisis, de sus peores síntomas. No señalamos con esto la ausencia de democracia que acompaña siempre la actuación militar, sino el recurso a la fuerza en la amplitud y profundidad que ha experimentado la sociedad centroamericana en los últimos años. Se trata de un hecho distinto. En Guatemala, donde no hay todavía una guerra civil declarada, la represión oficial es responsable, solamente bajo el actual gobierno de Lucas, de más de 5.000 asesinatos políticos, si allí incluimos la destrucción de aldeas campesinas en Chimaltenango, Quiché y Baja Verapaz.

En El Salvador, los enfrentamientos abiertos entre el Ejército y la guerrilla sólo han causado el 10 por ciento de las 20.000 muertes registradas oficialmente. El resto es represión oficial directa.

En estas condiciones, ya no es posible convertir el antagonismo interno en una modalidad aceptada de participación, para hacer del conflicto social un factor dinámico. Se transforma, por la respuesta oficial, en una subversión total, en una situación límite en que su actividad se convierte en una fuerza de ruptura, de una ruptura crítica: es el fin de las concepciones reformistas, una ruptura con las anteriores formas de organización política de las clases dominadas, una nueva combinación de las formas de lucha, el descubrimiento de nuevos sitios para hacer la política y hasta una madurez provisional para establecer el trabajo unitario. Todo esto es actuar en el presente en una perspectiva de futuro, para hacer de la ruptura histórica un verdadero punto de partida.

2. LAS DERROTAS Y LOS AÑOS DE DESESPERANZA

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, fundado en 1961, había sido derrotado en Pancasán en 1963, y casi liquidado en su expresión urbana, en Managua, en 1969. A partir de ese momento habría de llevar una existencia grupuscular y crepuscular, hasta reorganizarse en 1974. A su vez, en 1971 el Partido Conservador firmó por enésima vez una alianza electoral con Somoza; la transacción entre los corruptos partidos tradicionales permitió que la dinastía viviera uno de los momentos de máximo poder en su larga historia. Solamente los efectos sociales posteriores al terremoto de 1972, la persistencia de los sandinistas y los otros acontecimientos ya conocidos, permitieron que después de 1978 el fin del Somozato fuese un hecho previsible.

Debe reconocerse, en el conjunto de la región, y con la excepción de Costa Rica, que las fuerzas políticas moderadas no tuvieren ninguna oportunidad real para ser reconocidas como alternativa frente a gobiernos autoritarios y abiertamente respaldados por Estados Unidos. Pero también tales fuerzas no buscaron eficazmente su victoria y se paralizaron más por el miedo a la revolución que por la represión militar. Al fin y al cabo, estas fuerzas políticas —el arevalismo, el Partido Revolucionario, la Democracia Cristiana en Guatemala; la Democracia Cristiana (DC) salvadoreña y sus antiguos aliados de 1972; las fracciones conservadoras antisomocistas, los grupos social-cristianos y liberales, en Nicaragua— siempre vieron en los sectores populares una “fuerza auxiliar” para sus luchas. Siempre temieron el comportamiento autónomo y radical de la clase obrera, por ejemplo, y terminaron casi siempre en transacciones con la fracción más reaccionaria de la burguesía, con los jefes del ejército y con el imperialismo. En todo caso, fue ésta una etapa de destrucción política de los problemáticos procesos de crear una alternativa democrática; esta opción implicó siempre la integración parcial de sectores populares, lo cual reiteradamente se reveló difícil o imposible.

La década de los setenta fue particularmente importante en conflictos sociales. No es posible reseñarlos uno a uno. Pero en estos años en que se gestaba la crisis en el interior de la sociedad, si bien el signo de la adversidad marcaba el accionar de las clases do minadas, no hubo conformismo ni componenda. Por ejemplo, las huelgas de Aceros S.A. en 1967, y de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES), en 1965 y 1972, se convirtieron en huelgas generales, brutalmente reprimidas. La ciudad de San Salvador fue, hasta cierto momento, el sitio calificado del conflicto, el respiradero de las masas urbanas y de las desplazadas del campo. En Guatemala, después de 1974 se experimenta un as censo en las luchas sociales y en la organización sindical.

La Mar cha de los Mineros, desde Ixtahuacán a la ciudad capital, movilizó más de 300.000 personas en 1977; la huelga general con ocasión del aumento del precio del transporte urbano marcó el momento más importante en la capacidad de movilización de masas, en agosto de 1978. En Nicaragua, a partir de 1973 se suceden exitosos movimientos reivindicativos de los obreros de la construcción, de los hospitales y de sectores fabriles. En todos estos conflictos, el movimiento estudiantil estuvo activo. A unos y a otros, la represión militar los golpeó duramente.

A partir de 1975-1978 los factores que caracterizan la crisis centroamericana —como adelante se indica— estaban ya presentes, con una potencialidad que rivaliza con su carácter imprevisible.

Los acontecimientos que van teniendo lugar constituyen una secuencia de hechos “imprevistos”, pero largamente gestados.

Lo que no debe confundir el análisis es el carácter superficialmente coetáneo de las diversas crisis nacionales. La visión regional que intentamos no contradice en nada el carácter esencialmente nacional de cada conflicto y las formas particulares de constituirse. En los tres países, los orígenes tienen larga data. En Guatemala, a partir de la experiencia nacional-revolucionaria arbencista, en 1954; en El Salvador, después de la matanza campesina de 1932 y los 45 años de gobiernos militares; en Nicaragua, desde 1937, cuando la intervención militar norteamericana se prolonga en la dictadura dinástica y plebeya de los Somoza. Esta coetaneidad es esencialmente diversa y con tiempos de crisis distintos.

Sólo la torpeza que acompaña a la mala fe puede proponer como explicación para fundar una estrategia, la llamada “teoría del dominó”. Pero no hay duda que una victoria alimenta a otra.

Lo que las crisis tienen en común es que la dinámica social ya no está determinada por enfrentamientos entre fracciones del capital, sino por enfrentamientos entre clases opuestas, en un nivel cualitativamente distinto.

3. EL ESCENARIO DE LA CRISIS

Las peculiaridades de la sociedad centroamericana son resultado del proceso histórico de constitución de su sociedad burguesa, de su Estado, y en particular de sus clases, lo que señala el marco general del proceso que se busca analizar.

Conviene hacer algunas precisiones factuales y proponer algunas hipótesis para caracterizar el escenario en el que el conflicto crítico se produce. Lo primero es que a partir de la posguerra, pero esencialmente en las dos décadas de los sesenta-setenta, la región centroamericana conoce el período de crecimiento y diferenciación económica más importante de su historia; hubo crisis y hubo estancamiento, pero en una visión de mediano plazo el crecimiento ha sido importante y, sobre todo, superior al de épocas anteriores, al punto de que, de no haber ocurrido estos importantes cambios económicos y sociales, esta profundización del capitalismo, no habrían sucedido algunos de los hechos que probablemente con curren a la explicación. La crisis propiamente económica de que se habla frecuentemente hoy en día en Centroamérica tiene una triple explicación: es consecuencia del desarrollo de los últimos años y no de su estancamiento, tiene en parte origen externo y ha sido agudizada por efectos de los conflictos políticos más recientes.

En la posguerra, el sistema económico pareció desdoblarse por efecto de la dependencia externa para dar paso, sobre el viejo modelo agrario exportador, a uno que impulsaba el desarrollo “hacia adentro”, estimulado por el proyecto de mercado común. Se desarrolló con apoyo del Estado un importante esfuerzo por la industrialización sustitutiva y al mismo tiempo por la diversificación agrícola, procesos independientes entre sí por las políticas del Estado, en la asignación de los recursos y por el destino final del producto. Un rasgo particular de este doble mecanismo de acumulación de capital es que se realiza no por clases sociales distintas, y por ello en conflicto, sino por grupos económicos familiares locales y por el capital extranjero, todos dependiendo de la demanda externa, y hoy en día sujetados por el capital financiero internacional.

La sociedad centroamericana continuó siendo una sociedad agraria. Hubo un importante crecimiento diversificado con nuevos productos (algodón, carne, azúcar), crecimiento que se basó en renovados procesos de concentración de la tierra, en el cultivo extensivo y en la ocupación de las mejores tierras. En el interior, el sector agrario se movió con altos niveles de productividad para los géneros de exportación, pero con bajísimos para la producción de alimentos de mercado interno. Una economía que produce divisas pero no alimentos, en una etapa en que la frontera agrícola prácticamente se ha agotado y la población por lo menos se ha duplicado al mismo tiempo. Así, el sector primario contribuye contradictoriamente al funcionamiento del sistema, pues se revela incapaz histórica mente para generar empleo y niveles de ingreso, que han colocado al 40 por ciento de la población en el umbral de la pobreza absoluta.

La agricultura de mercado interno, históricamente deficitaria, profundizó su crisis en un contexto radicalmente nuevo: la destrucción parcial de las economías tradicionales de autoconsumo por efectos tan disímiles como la utilización de fertilizantes o la penetración del capital financiero; este resultado, sumado a la creciente monetarización de los intercambios agrícolas en todos los niveles, ha hecho aún más vulnerable el consumo de la población rural.

Este conjunto de elementos ha tenido un efecto profundamente favorable para la acumulación de capital en parte por la vía de la plusvalía absoluta, y en parte por aumentos en la productividad que no corresponden a la remuneración del valor de la fuerza de trabajo; en otras palabras, las diferencias sociales no han hecho sino aumentar con el crecimiento económico. Los mecanismos de acumulación en el sector de la industrialización (sustitutiva) crearon un nuevo foco de concentración de la riqueza; un recurso tan escaso como el capital se puso definitivamente en pocas manos y se le dotó de un excesivo proteccionismo por parte del Estado, lo que explica en parte las debilidades hoy en día manifiestas pero inherentes al proyecto de integración económica regional. Por cierto, ese inmoderado proteccionismo industrial no perjudicó a la agricultura de exportación, sino indirectamente al sector artesanal (rural y urbano), a los productores de alimentos básicos y a los sectores cuya capacidad de organización y defensa de su nivel de salarios era muy baja.

En el centro de este conjunto de caminos aparece siempre el Estado. Todos conducen a él cuando de la burguesía se trata: la concentración del capital bancario y el acceso al crédito público, las tasas de interés, la regulación manipulada de aranceles, la política de exoneración fiscal, los impuestos y la represión al movimiento sindical, todo ello constituye un permanente subsidio al capital a expensas del trabajo, en condiciones que van más allá de lo normal en otras sociedades latinoamericanas. Este tipo de capitalismo político hace del Estado y de los favores públicos un rasgo particularmente crítico hoy en día, y de la burguesía, una clase reducida en su importancia social, altamente concentrada funcionalmente, es decir, dueña monopólica del total de las fuerzas productivas por las ventajas que le depara el control absoluto del poder político.

El dilema entre crecimiento y distribución, en este contexto, resulta hipócrita; no tanto porque la disyuntiva constituya un rasgo inherente al crecimiento capitalista sino porque la distribución de la riqueza es en cualquier instancia un problema político, que depende de la capacidad de organización y lucha de la clase obrera, de su conducción independiente para defender el salario y sus otras reivindicaciones corporativas, todas ellas implacablemente reprimidas en cualquier momento que se examine en los últimos 25 años.

Las causas internacionales de la crisis no pueden ser de ninguna manera desestimadas. El imperialismo es responsable de algunas de las contradicciones básicas. Los conflictos políticos completan un escenario económico definitivamente favorable para el desarrollo de la crisis que estamos considerando.

4. LA CRISIS INTERBURGUESA

El movimiento revolucionario centroamericano nace en el seno de una crisis interburguesa, gestada en distintos momentos y con una cadencia impuesta por la naturaleza de las contradicciones que debe resolver; en todo caso, en la década de los setenta, el movimiento revolucionario se desarrolla enfrentado no a un poder reaccionario unido y sólido, sino en una situación largamente alimentada por una crisis de hegemonía, en que a las contradicciones que plantea el ascenso de masas, se superponen los conflictos internos en el seno de las clases dominantes.

La crisis interburguesa no tiene un origen común ni se expresa de igual manera en cada uno de los países de la región; no obstante, en todos estos fenómenos subyace una forma específica de perpetuarse o resolverse, es decir, de combinarse las contradicciones propias de la dominación oligárquica y las que además plantea la sociedad burguesa, en trance de constitución. Lo oligárquico alude más que a la forma del Estado y al desarrollo de sus aparatos materiales, al estilo de la conducción política-ideológica de las clases agrarias, basadas en la exclusión “natural” de los dominados y en una identificación sin mediaciones entre los intereses dominantes (los cafetaleros por excelencia) y los más generales, atribuidos a la nación. Una nación construyéndose como una identidad particular alimentada por una cultura excluyente.

Es ésta la forma incompleta como se resolvieron los conflictos de la oligarquía, ahora superpuestos a la crisis de constitución de un régimen burgués moderno.

La crisis interburguesa es el resultado de la manera como se van modificando en el interior de la clase dominante las relaciones entre las diversas fracciones entre sí y en su vinculación con el Estado y, obviamente, con el capital internacional.

Pero fueron las condiciones políticas para ampliar las bases de la acumulación y reproducción ampliada, todas ellas articuladas a factores externos, las que provocaron reacomodos de los intereses económicos, que se expresaron como tensiones y pugnas referidas o reflejadas en el Estado, como el sitio donde ellas se resuelven, y no en el mercado, donde se originan. La competencia interburguesa se traduce en crisis institucional.

Pero fue en Nicaragua donde las fracciones burguesas rijosas mantuvieron una constante ruptura, que se hizo definitiva después de 1975. La competencia económica interburguesa ya conocida (el grupo Somoza, el del Banco de América, más próximo al Partido Conservador, y el del Banco de Nicaragua, al Partido Liberal) correspondió también a los partidos políticos en conflicto.

La crisis internacional de 1974-1975 sacó a flote en toda la región la diferenciación económica de clases que se había venido produciendo desde la posguerra. El movimiento popular creció al enfrentar a una burguesía golpeada por la recesión internacional, confundiéndose así la crisis general del sistema con la crisis particular, nacional, de cada una de esas burguesías.

Convendría no exagerar, en abstracto, la naturaleza de la crisis interburguesa; ella se mantiene como una contradicción no antagónica y puede resolverse de diversas maneras en función de la real amenaza popular. Así, la insurrección armada en Nicaragua resolvió de manera revolucionaria las diferencias interburguesas al impedir el intento de compromiso que hubiera significado el éxito de la mediación, medida que buscaron desesperadamente el imperialismo y algunos grupos empresariales. En Guatemala, la movilización de los dominados se ha producido en un prolongado período contrarrevolucionario, que ha fortalecido el eje burguesía/ejército. Aquí todavía hay una salida reaccionaria a la crisis interburguesa. En El Salvador, en la mitad de ambas experiencias, el papel determinante de la sublevación popular sólo alcanzó a activar la crisis interburguesa y a provocar una importante escisión en octubre de 1979, pero hasta ahora, y sobre todo después de enero de 1980, ha sido una solución reformista casi frustrada.

Más que un espejo que refleja lo que sucede en sus proximidades, el Estado es el escenario del conflicto donde la clase disfraza su condición de actor de la historia para disimularla como fuerza institucional, anónima, que sólo el juego político puede de velar. Por ello, las diferencias interburguesas provocan sismos institucionales. Sabemos bien que el Estado no es el Estado-dela-burguesía, pero tampoco es el Estado-de-todos. La burguesía procede así porque es en el Estado donde puede alcanzar su unidad de clase, cuando lo pone a su servicio, y porque en sociedades atrasadas el margen de autonomía relativa es sustancialmente menor; de tal modo que el Estado se constituye en el terreno en el que las fuerzas sociales dominantes terminan de constituirse, de la misma manera como también lo hacen las dominadas, pero en una referencia exactamente opuesta: en el partido, en el movimiento político.

La crisis interburguesa en la región tiene aún dos características sobresalientes más:

1. La falta de una organización política propia y la ausencia de líderes burgueses que encabecen movimientos policlasistas de alguna envergadura. Nos referimos a la articulación orgánica de intereses políticos propios de una clase que se va definiendo en el ejercicio del poder. Es cierto que la crisis política que se vive es también la crisis de todas las formas de organización partidaria en general, pero esto es más cierto para las fuerzas de izquierda.

Partidos de derecha en crisis no hay porque no han existido. La burguesía no necesitó de este canal de mediación-participación seguramente porque su representación en el Estado es directa y total y porque sólo el juego democrático liberal requiere de partidos.

2. La ausencia de un discurso ideológico dominante, de naturaleza burguesa y capaz de fundar su dirección hegemónica. De hecho, la burguesía centroamericana no sólo no ha formado su gran partido político ni ha tenido un líder nacional indiscutido, sino que su orfandad ha llegado al punto de haber hecho suya la más pobre de las defensas ideológicas: la del anticomunismo, como argumento para gobernar y pretexto para reprimir. La indigencia de esta ideología es que define de manera negativa la defensa del statu quo, sin constituir una alternativa doctrinaria y mucho menos proponer una forma ideológica e intelectual de afirmación burguesa.

Finalmente, la importancia de la crisis interburguesa varió sensiblemente en la década de los setenta, cuando el Ejército aparece como el pivote de una estructura autoritaria que parece sellar momentáneamente las diferencias internas. En todo caso, su naturaleza no se agota como expresión de un conflicto interno, sino en el hecho más importante de que la crisis interburguesa califica y condiciona las relaciones con las clases dominadas. En efecto, a la débil unidad de la burguesía contrarrevolucionaria corresponde un abierto conflicto con las clases dominadas. La crisis política en Centroamérica no es expresión de contradicciones secundarias, no resueltas en el interior de la clase dominante, sino una abierta lucha de clases que pone en cuestión las bases mismas de la dominación burguesa.

5. EL CARÁCTER DE LA PRESENCIA POPULAR

Después de 1975, la movilización obrera y campesina se expresa no sólo en una mejor definición de sus intereses sino también en un radicalismo de nuevo tipo que hace del movimiento popular un movimiento autónomo. Centroamérica no solamente no es ajena a esta renovación profunda de los conflictos sociales, sino que allí la presencia popular tiene, desde sus mismos orígenes, algunos rasgos particulares que explican el papel que hoy en día juega en la crisis.

Lo característico de la nueva etapa que estamos analizando es que la masa popular empezó a tener perfiles más precisos, a pesar de tratarse en muchos casos de grupos sociales heterogéneos, sometidos a prácticas muy tradicionales y, por tanto, con tendencia a la desorganización, a la corporativización de la protesta o a la virulencia de corto plazo.

Es bien sabido que las clases populares están sujetas a una doble acción: la de las clases que las dominan y explotan y la de su propia historia. Por lo general, la influencia exterior a ellas ha sido más decisiva y durante un largo período han tendido a expresar una voluntad equívoca, a mitad de camino, facilitando victorias que no eran las propias. Pero en su conjunto, las clases populares definen hoy su actuación en una perspectiva de realizar su propia historia: se juegan a ser agentes de su propio destino.

Es éste el sentido más íntimo de la crisis: las formas de participación, el sentido final de la protesta, la respuesta violenta a la violencia y, tal vez lo más importante, la congruencia creciente entre posiciones de clase y prácticas de clase, con el proletariado urbano y agrícola en el centro del conflicto. Esto es más cierto para Guatemala y El Salvador y fue menos evidente, sin duda, en Nicaragua.

En los últimos 15 años, podemos subrayar las siguientes características del movimiento popular en Centroamérica:

1. El movimiento obrero y campesino, cuando se organiza, lo intenta de una manera autónoma, independiente del control estatal (Ministerios de Trabajo) o del apoyo patronal; salvo fugaces experiencias de direcciones sindicales al servicio de la burguesía, y por ello mismo, sin la permanencia necesaria para producir la capitulación o la componenda de largo plazo, la conducta obrera ha estado marcada por una condición de oposición al orden político, y con ello por un carácter semilegal, concitando la intolerancia de la burguesía y la más o menos inevitable represión policial.

El carácter independiente de la organización de la clase trabajadora y la consiguiente invalidez burguesa para controlarla produjo, entre otros, dos resultados: la legalización del conflicto social y la represión violenta, por un lado, y la reivindicación de la democracia política, por otro, que se convirtió así en una demanda obrera de primera importancia. Ambos antecedentes deben ser recordados a la hora de examinar la crisis actual.

2. Probablemente por lo ya señalado, el movimiento sindical fue muchas veces “ilegal”, pero sólo en la medida en que el orden político no pudo volverlo legal y asimilarlo; la reivindicación popular surge en la oposición y tiende a crecer clandestina. Ninguna práctica reformista puede prosperar si no se resuelven y absorben de manera normal y prevista los conflictos sociales más elementales.

Aun antes de la actual crisis, lo que es popular es sospechoso y atrae como procedimiento de control, la represión.

3. La imposibilidad de un pacto social, como los que reiteradamente se experimentaron en las sociedades de América del Sur, tiene en la experiencia centroamericana una característica que podría calificarse como contrapopulismo, producto sin duda de esa transacción no resuelta entre el carácter “oligárquico” de la dominación política y el mundo recién formado de relaciones capitalistas. Lo cierto es que la protesta social, localizada geográficamente o reducida a sus límites organizativos iniciales, tendió paulatinamente a rebasar los márgenes impuestos por su origen corporativo para ganar rápidamente una dimensión política.

En la década de los setenta con más frecuencia, pero aun antes, la más modesta demanda gremial tendía a ser planteada con intolerancia y a formar parte de una amenaza al orden vigente.

La rápida descomposición de un conflicto gremial, por la ausencia de mediaciones burguesas —partidos de masas, sindicalismo amarillo, ideologías populistas, etc.—, lo hacía alcanzar pronto una dimensión estrictamente política y nacional. Lo corporativo particular era abandonado más o menos velozmente, tal vez más por la intolerancia burguesa y la respuesta represiva que por conciencia de clase; lo cierto es que se fue formando a los sectores populares en una experiencia nacional-popular de nuevo tipo. De nuevo tipo porque es práctica revolucionaria.

En resumen, el retraso orgánico-ideológico (que fue terminando en esa década) pareció compensarse con una combatividad sin límites salariales o de reivindicación alimenticia.

Cualidad contradictoria de una situación de atraso que produce enfrentamientos frontales con el sistema; los fracasos no hicieron sino estimular la resistencia, y de esta desigualdad salió fortalecida la experiencia de clase, y no lo contrario. De la derrota y no de la domesticación surgió el actual movimiento revolucionario de Centroamérica, esa voluntad colectiva-popular que hoy ha puesto en jaque mate a la burguesía centroamericana.

La suma de todo esto es una presencia popular de nuevo tipo que se expresa en nuevas formas de organización de la protesta, nuevos actores históricos, nuevos elementos ideológicos-políticos, etc.

Es significativo, en primer lugar, que los estudiantes universitarios y de secundaria paulatinamente han dejado de ser los sujetos elementales de la protesta política. Su papel en las luchas democráticas ha sido fundamental, pero su condición de actores sustitutivos de otras clases ha perdido importancia relativa, si con ello se alude a su condición estamental. De las escuelas y universidades han salido numerosos militantes y cuadros políticos de primera importancia, justamente porque han perdido su condición estudiantil.

Es importante señalar, en segundo lugar, el fracaso de los partidos políticos de izquierda para organizar y dirigir las luchas populares.

Esto es particularmente relevante para los más viejos de ellos, los partidos comunistas. Representantes únicos de la clase obrera y del campesinado durante años, llenos de experiencia en el trabajo clandestino y ferozmente golpeados como víctimas permanentes de la represión estatal, los partidos comunistas nunca lograron convertir su cualidad ideológica en una praxis de vanguardia.

Quizá su error fundamental radique en que con diversos grados de profundidad, le han reconocido a la burguesía un papel dirigente en la revolución demoburguesa, error histórico que condujo a más de una importante derrota. La tragedia de estos partidos ha sido, paradójicamente, que conocieron primero a la  oligarquía terrateniente antes que a la burguesía y exageraron el papel revolucionario de ésta. La concepción etapista del desarrollo social y de la revolución los llevó a olvidar el entrelazamiento de aquellos, y con ello, a buscar hegemonías y alianzas distintas para cada período, imputadas a la teoría pero negadas por la realidad.

En la búsqueda de alianzas, precluidas por la historia, no previeron el arribo de la nueva crisis revolucionaria que plantea nuevas alineaciones de clase; con ello, quedaron desarmados política y militarmente.

¿Cómo se organiza la protesta y la lucha? ¿Desde posiciones de clase (sindicato, partido) o de masa? Esto es clave para el desarrollo de la conciencia de clase, de una situación que supere el nivel meramente “instintivo” de la protesta. Ya no queda duda de que el enfrentamiento se ha ido produciendo sin la mediación del o los partidos, sino activando directamente los movimientos sociales.

Examinemos rápidamente el carácter de la nueva organización y los nuevos sujetos de la acción: se trata de organizaciones que surgen o se recomponen recogiendo autocríticamente dos tipos de experiencias: la inoperancia del partido y la derrota del foco guerrillero. La antinomia de la década de los sesenta fue trágica como división funcional de tareas: el movimiento de masas dirigido por unos y la lucha insurreccional a cargo de otros. El divorcio fue tajante y sangriento. Actualmente las llamadas organizaciones político-militares (para subrayar justamente su unidad dual) se han hecho cargo de esas experiencias, resolviendo en la praxis concreta una original y productiva combinación de la lucha económica con la lucha política y la lucha armada, y por ello estableciendo vínculos nuevos entre el sindicato, la conducción política y la guerrilla.

En este sentido, todas las experiencias son originales: las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en Guatemala, con una fuerte influencia en el movimiento sindical; la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), implantado exclusivamente en las zonas rurales, especialmente en la región de población campesino-indígena; y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), probablemente con mayor experiencia, realizando una exitosa actividad múltiple con la concepción de que la lucha de masas debe conducir a una lucha armada de masas de carácter nacional, aunque siguiendo un poco el “modelo” de construcción de un ejército para derrotar a otro ejército. En El Salvador la experiencia es relativamente distinta, pero marcada por la misma preocupación de desarrollar con imaginación y audacia todas las formas posibles de enfrentamiento.

La experiencia del Frente Sandinista es igualmente diversa y probablemente más conocida. La larga secuencia de derrota producto de una concepción estrechamente militar y de otros factores internos, lo dividió en los tres grupos ya conocidos, que pasaron a realizar tareas políticas de acuerdo a una concepción particular de la lucha contra la dictadura. A la concepción de la guerra popular prolongada se sumó la necesidad del trabajo político-urbano de masas y luego la estrategia insurreccional que combinara todas esas formas de enfrentamiento. En Nicaragua se pusieron juntas por vez primera en América Latina, y de forma original, la lucha guerrillera en el campo, las formas urbano-insurreccionales, la huelga general, el trabajo campesino, en los barrios, en las fábricas, y además en la conquista de una importante fracción de la mediana burguesía y de los intelectuales, hasta rodear al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) un conjunto de organizaciones políticas, de masas, que le dieron una extraordinaria fuerza a la acción militar que se producía en su interior.

Las organizaciones populares que surgieron más o menos después de 1975 constituyeron una solución de ruptura a la organización y al control tradicionales. El Frente Sandinista se aproxima más a la figura de un ejército popular, pero en la ofensiva final supo rodearse de las organizaciones de masas, prácticamente del pueblo entero, de quien recibió apoyo total. De ahí nuestra expresión de que en la lucha contra Somoza el Estado enfrentó a la sociedad. Las que se organizan en Guatemala y El Salvador no constituyen propiamente un partido, pero tampoco son un ejército: son movimientos policlasistas que adoptan una forma transicional de frente, con una estructura político-militar en la cúspide y una amplia dispersión de organizaciones de masas en la base, a través de vínculos que no siempre son orgánicos ni ideológicos.

¿Cuál es el principio nacional-popular de estas verdaderas coaliciones inéditas de masas que reclutan en todos los sectores de la sociedad?

Las luchas populares adquieren un rango nuevo después de 1975 porque la violencia resultó ser una forma inmediata de incorporación, porque ella misma constituye una respuesta igualmente inmediata. Así, el conflicto logra una dimensión hasta entonces desconocida. La organización de las masas en el campo adquiere esa dimensión de “derrota de antemano” para la burguesía porque ella, la organización independiente, durante muchos años pareció imposible. La represión y el control no podían ser vencidos por medios tradicionales.

La lucha armada de los campesinos y de los grupos sociales marginales otorga al enfrentamiento una violencia igualmente nueva. La capacidad destructiva de estos últimos, canalizada adecuadamente, se puso a prueba en las Milicias Sandinistas, reclutadas entre los desocupados de la ciudad.

Nada de lo que se viene analizando podría explicarse, finalmente, sin la proteica contribución de los grupos religiosos... Son los movimientos cristianos de base, formados por sacerdotes y laicos, bajo las más diversas denominaciones, los que se convierten en protagonistas directos en la lucha popular, fundidos literalmente a las masas. La práctica de los movimientos sacerdotales y laicos radicalizados se traduce en una decodificación del discurso teológico tradicional de la Iglesia jerárquica y en una propuesta político-ideológica: la teología de la liberación.

Con la unidad de las organizaciones políticas y militares se produce una confluencia de las clases dominadas de la sociedad y aun de las que la no-explotación ha marginado; también la convivencia de distintas formas de conciencia radical, que en el movimiento popular son varias: el pensamiento marxista clásico, la rebeldía jacobina, la voluntad del demócrata radical, pequeñoburgués; la sensibilidad de los cristianos de izquierda, y sin duda el hondo rencor, preclasista, de los desclasados urbanos, y sobre todo de las etnias indígenas (en Guatemala). Esta suma de fuerzas sociales se perfilan mejor en la lucha misma; hace falta que se superen muchas dificultades reales para que la unidad “coagule” en un frente orgánico poderoso, que no sea la suma de organizaciones, sino una auténtica vanguardia nacional. Las clases nacionales son ahora las clases explotadas por el sistema que en la actualidad, por fin, se hacen presentes, en desorden, para dar sentido político al carácter nacional-popular de la historia que están escribiendo y de la alternativa que proponen.

6. EL ESTADO CONTRARREVOLUCIONARIO EN CRISIS

La dictadura militar cobró forma, primero, en Guatemala, a raíz del golpe institucional del 30 de marzo de 1963, que impidió la elección del doctor Juan José Arévalo y colocó en el centro del poder a las Fuerzas Armadas como institución. En El Salvador, aunque siempre ha habido militares al frente del gobierno, es a partir del golpe del 25 de enero de 1961 que se produce la “institucionalización” definitiva del Ejército como ejecutor del poder del Estado. En Nicaragua, la estructura dinástico-plebeya de los Somoza aseguró de antemano el control del poder, con apoyo directo de la guardia pretoriana. En los tres casos, la dictadura militar produce efectos similares:

1. Son regímenes que descansan en el ejercicio sistemático de la represión y, después de 1975, en el abierto terror generalizado.

2. Son regímenes que expresan, en consecuencia, un profundo vacío hegemónico, que se produce en el interior del bloque dominante y permea toda la sociedad. Es, en consecuencia, un Estado débil pero artillado.

3. Son regímenes que dejan de apoyarse en las instituciones donde tradicionalmente se produce el consenso y el ritual de la representación clasista. Por ello, la minusvalía de la función parlamentaria, el irrespeto por el fuero judicial, la uniformidad de una prensa de derecha (que es una manera eminente de terminar con la libertad de prensa), no dejan mejor parados los procesos electorales a través de los cuales se produce el intento legitimador.

En suma, una desvalorización total de los elementos propiamente democrático -burgueses del orden actual.

Por una u otra razón, el Estado perdió la capacidad de controlar, primero, y desarticular, después, las luchas sociales. La crisis del Estado es ahora una crisis de toda la sociedad y queda plantea da cuando las masas aparecen paulatina pero inexorablemente ganando espacio, reconocimiento e influencia, teniendo a la cabeza organismos político-militares de orientación marxista.

Se produce una coincidencia fatal para el orden burgués, las condiciones objetivas que la estructura económico-social ha ido formando a lo largo de muchos años, como acumulación de problemas permanentemente pospuestos, pueden ser expresadas subjetivamente por la audacia y firmeza de la organización popular. Esta coincidencia, en definitiva —la victoria de las condiciones subjetivas—, explica el carácter del enfrentamiento de clases, la ruptura que produce ese aislamiento de la dictadura militar. Pero no explica la naturaleza final de la crisis.

Ella tiene que ser buscada en la forma como esa ruptura se produce en el interior del Estado y de la clase dominante. Las contradicciones de clase no se producen fuera del Estado, sino que lo atraviesan en todas dimensiones. La política de terrorismo estatal sólo es la respuesta a esas contradicciones; lo que llamamos la “fuga por adelantado” de la burguesía es otra reacción inevitable.

En virtud de esa “fuga”, la burguesía centroamericana tiene sus raíces de clase dominante más en el exterior que en el espacio político donde pretende ser clase dirigente. Y además, se comporta sin sentido histórico, sacrificando su existencia de clase a las urgencias del momento.

La contradicción que todo esto supone es que la burguesía, en virtud de su carácter monopólico, de su control concentrado de riqueza, y por su asocio con el capital extranjero, constituye una fuerza política débil, reconcentrada en el Estado. Sólo así tiene sentido el dictum de que la burguesía es el sujeto del Estado, porque ahí se perfila mejor; pero también, que la Nación es el espacio del Pueblo, ya que sólo ahí se define lo general, que lo expresa.

La sola defensa desde el Estado, sin alianzas políticas, fue el comportamiento de la burocracia del aparato somocista; las burguesías de los otros países parecen estar crecientemente solas, aunque con el respaldo del imperialismo. En el sector de las clases dominadas sucede lo contrario, y la ofensiva popular constituye justamente un amplio frente que a veces se define como la nación en movimiento. Así fue en Nicaragua, sin duda. A ello tendía el movimiento revolucionario en El Salvador, sobre todo, en la experiencia de la gran huelga general del 24-25 de junio de 1980; hacia allí debería marchar el movimiento revolucionario guatemalteco. Sólo ganando una mayoría cualitativamente importante la victoria será segura.

En resumen, están en crisis las instituciones estatales en donde se organiza la dominación de la burguesía (elecciones, parlamento, cooptación popular, pasividad campesina, etc.). Los sectores dominados han puesto a prueba la capacidad burguesa de esa dominación. Y la respuesta ha sido, desde hace años, el terror y la violencia. A ella se ha respondido con iguales métodos.

Si el poder es la capacidad de una clase para satisfacer sus intereses inmediatos e históricos, la burguesía local ha renunciado a su futuro y a la nación. Su fuerza adquiere a veces la convicción del suicida. Sabemos que esto no es posible. Pero la dirección en que se mueven las cosas no asegura su reproducción como clase ni las formas políticas hoy en día vigentes pueden hacerlo con relación al sistema de relaciones de producción. La reproducción política de la sociedad ya no está asegurada tan plenamente. El Estado, por ello, se con vierte abiertamente en un poder contrarrevolucionario, tal como aparece en su cotidiana actividad en Guatemala-El Salvador. Su crisis, así planteada, se convierte entonces en una crisis del sistema mismo.

7. ¿POR QUÉ LUCHAN LAS FUERZAS POPULARES?

Aunque la claridad ideológica no constituye un rasgo constitutivo del movimiento político-militar de las masas en Centroamérica, todo este cruento proceso significa una ruptura con el reformismo, que es la acción tras objetivos contenidos o previstos en la acción misma, y una reacción contra el voluntarismo, que es la búsqueda de objetivos que apuntan a la transgresión de la necesidad o a la oportunidad de alcanzarlos.

¿Existe un proyecto revolucionario, capaz de comprender la magnitud de la crisis? El actual movimiento revolucionario es tributario de numerosas acciones reivindicativas que terminaron casi inevitablemente en una crítica de lo existente, en una definición por rechazo. Y junto a ese acto de conciencia, una autoproclamación del socialismo como meta. ¿Qué socialismo? ¿Acaso existe uno y para siempre ya establecido, como modelo inevitable?

Cuando no hay cultura burguesa implantada con raigambre histórica, la lucha por la democracia y la libertad se convierten en un acto de rebeldía. La burguesía puede renunciar a la democracia porque se expresa directamente en y a través del Estado. Las clases populares han debido hacer suyas tales banderas, pero de una manera equívoca. No se debe luchar por la democracia burguesa.

La primera de las reivindicaciones de las fuerzas populares —de los programas de las organizaciones político-militares, especialmente— es la implantación de un régimen democrático. Esa es una demanda antiburguesa en Centroamérica, dada nuestra singular condición histórica caracterizada por un desarrollo del capitalismo sin una revolución política burguesa.

La demanda de un gobierno popular es consecuencia de la concepción participatoria y libre de la democracia. Es la sustitución de una clase por otra, lo cual en términos muy simples significa la derrota de una de ellas por la otra. Un gobierno popular es el poder para los vencedores. Las consecuencias que esto tiene son previsibles en general, pero dependen de las condiciones particulares que articulan coyunturalmente esa victoria. No debe olvidarse que en la tradición centroamericana una huelga fabril degenera en una huelga nacional, de la misma manera como la demanda corporativa se transforma por la magia de la represión en protesta contra el sistema. Las luchas sociales se convierten en revoluciones y éstas en movimientos de liberación nacional porque el Estado y la burguesía se apoyan cada vez más exclusivamente en el imperialismo norteamericano. De ahí que lo antiimperialista sea, a contrario sensu, constitutivo de las luchas populares.

En todo caso, el proyecto revolucionario no es un proyecto acabado, no es algo estatuido (previsto) en un cuerpo programático.

Al contrario de lo que sucedió en la década anterior, en los setenta, el proceso revolucionario se ha desarrollado como una afirmación de la práctica, original y creativo. La revolución nicaragüense ya es un buen ejemplo de una voluntad que en la práctica crea sus propias respuestas programáticas. Obviamente no se parte de cero, pero lo teórico está función del tipo de sociedad que se intenta destruir y no de lo que se quiere crear. En otras palabras, no existe una racionalidad fundante, una ideología que permita la construcción de un contra-modelo de la sociedad.

La conquista de la independencia nacional, la liquidación del latifundio, la implantación de la democracia, el desarrollo de las fuerzas productivas, la popularización de la cultura, son objetivos inconclusos de la dominación burguesa en sociedades dependientes, en la época del imperialismo. La burguesía no fracasó propiamente en la realización de estas tareas porque para su existencia como clase, ellas no resultaron decisivas, pero no hay duda de que la ejecución de las mismas sólo puede hacerse en su contra y a pesar de ella. La coalición de fuerzas sociales, donde el proletariado, el campesinado y las capas pequeñoburguesas forman el destacamento principal, asegura esta posibilidad.

Todo proceso revolucionario tiene que afincarse en lo más progresivo de la tradición nacional; las fuerzas populares pueden sacar su fuerza del pasado, pero su carácter está dado por el porvenir.

La figura de Sandino antiimperialista, de Farabundo Martí asesinado por la oligarquía, la reivindicación de nuestro pasado indígena, la re-creación de nuestra historia, todo ello puede darle a la crisis centroamericana una salida original que haga ratificar lo excepcional de cada proceso nacional y lo genérico de toda revolución auténtica. De todas maneras, las enseñanzas son más modestas. El movimiento popular y sus vanguardias lo son cada vez más porque están siendo capaces de desentrañar el carácter histórico de la revolución en proceso —lo democrático-revolucionario—, las vías de su desarrollo —la combinación de diversas formas de lucha de masas con el enfrentamiento armado— y por que han comprendido, tal vez sin conocer a Gramsci, que hay que actuar con gran pesimismo de la inteligencia junto a un férreo optimismo de la voluntad.

8. LA DIMENSIÓN INTERNACIONAL

La comprensión de la crisis centroamericana se completa si hacemos intervenir en el análisis a los actores externos, a las llamadas fuerzas internacionales, viejas y nuevas, que se presentan adquiriendo una extraordinaria presencia interna y convirtiéndose, en consecuencia, en factores igualmente decisivos en el curso y eventual solución de los conflictos.

Como algunas pocas regiones del planeta, Centroamérica es objeto de política exterior, especialmente de Estados Unidos, que ha actuado desde el siglo pasado, pero particularmente después de la guerra hispanoamericana de 1898, con una influencia total.

Las crisis internas que han vivido las sociedades centroamericanas, tarde o temprano se han resuelto reflejando de alguna manera la voluntad del gran vecino.

La crisis de Nicaragua puso de manifiesto una nueva realidad, que no tiene raíces estrictamente nacionales sino que se explican por los cambios en la correlación de fuerzas producidas a nivel mundial. La crisis nicaragüense tuvo una dimensión internacional y fue en el plano de las relaciones de fuerzas entre intereses internacionales que se contribuyó a resolver el fin de la dictadura de Somoza. No es que el conflicto interno, que encabezaba el Frente Sandinista, se hubiese internacionalizado. Es que con ocasión de las luchas populares contra el desacreditado gobierno somocista se materializó por vez primera en la región un conjunto de influencias, de orden diverso, que trasladaron al plano externo una parte del conflicto interior.

Lo que esto demuestra, a partir de la crisis nicaragüense, es la erosión de hegemonía en esta región de los Estados Unidos. No es el fin de una omnipotencia, pero tratándose de la región más segura para la política imperialista, donde contaba con los aliados más confiables, esta pérdida relativa de influencia tiene que ser interpretada como un golpe a los designios seculares de control en esta zona. Esta situación nos interesa por los efectos que pueda tener en el desenlace de la crisis salvadoreña, o en el curso que pueda tener el conflicto cada vez más virulento en Guatemala y, por supuesto, en el destino cada vez más comprometido de la revolución nicaragüense.

Con relación a la crisis centroamericana es necesario distinguir el enfoque especial de la Administración Carter. Interesada en apoyarse en nuevos sectores sociales, menos comprometidos con la violación de los derechos humanos, con la corrupción y la violencia oficial, la política exterior se dio a la búsqueda de una “tercera fuerza”, que en el caso de Nicaragua se expresó gráficamente  en el rechazo de ambos contendientes: ni sandinismo ni  somocismo. ¿Quién, entonces? Una fuerza que evite los riesgos de la penetración soviética o el costo de los viejos y desacreditados aliados. Esa tercera fuerza estaba representada en Nicaragua por algunas de las organizaciones que formaron UDEL (frente amplio, dirigido por los conservadores) y por un grupo de “notables”, empresarios y líderes de los partidos tradicionales. La ofensiva del sandinismo desbarató toda posibilidad de apoyarse en este sector para resolver la crisis, hizo fracasar, literalmente, los intentos de articular una democracia “viable” (sic) en una zona donde no es confiable el proceso electoral ni la solución reformista.

La Administración Reagan se inclina por volver al statu quo ante, es decir, tener una zona segura menos para las inversiones que para los intereses estratégicos de los Estados Unidos. En la óptica oscura de la geopolítica no hay aliados confiables, pero en todo caso lo viejo por conocido es mejor. Con ellos, los políticos corruptos y los militares ensangrentados, es posible restaurar el orden interno incluso al precio de continuar o incrementar —donde eso aún sea posible— la violación de los derechos humanos.

La visión que esto implica es simplista: de nuevo, un mundo bipolar en el que la Unión Soviética, a través de Cuba, y ahora por intermedio de Nicaragua, intenta nuevos avances expansivos.

Se ha producido sin duda una internacionalización del interés por el destino de la democracia. Y Centroamérica es, coyunturalmente, el sitio donde ese destino se juega. Para Estados Unidos es importante porque la credibilidad perdida puede empezar a recuperarse en el interior de su propio traspatio. Para algunos gobiernos latinoamericanos y otras fuerzas internacionales es importante porque aquí puede triunfar o fracasar una concepción distinta de la política de las grandes potencias y porque defendiendo la libre determinación y la democracia afuera, la aseguran un poco más, adentro.

Ambas tendencias se mueven en apoyo de fuerzas internas y a partir de la existencia de las mismas. La dimensión internacional ha demostrado ser importante en la crisis de la sociedad centroamericana, pero son las fuerzas sociales en pugna las que, sin duda, tienen la última palabra.

Texto completo en: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/rivas/04ocho.pdf

 

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