Paraguay: conmoción y crisis política. El luminoso espejo roto

La furia de los ciudadanos que incendiaron el Congreso, en Asunción, y el brutal asesinato de un joven político por la policía, han frenado hasta ahora la posibilidad de que Horacio Cartes y el ex presidente Fernando Lugo compitan por la reelección. Paraguay se halla fragmentado y en una de sus peores crisis políticas desde la caída de la dictadura.

“¡Señores, es increíble lo que está pasando! ¡Están quemando el Congreso!”, exclamaba con evidente asombro el reportero Santiago González, con su voz entrecortada por los efectos del humo y los gases lacrimógenos. Las imágenes trasmitidas en directo por la televisión mostraban a personas enfurecidas arrojando piedras, rompiendo vidrios, destruyendo documentos, arrancando placas de legisladores a quienes consideraban traidores o “senarratas”, mientras altas lenguas de fuego empezaban a devorar el lujoso edificio del Poder Legislativo, en el centro histórico de Asunción, ante el llamativo repliegue de los policías y la muy tardía llegada de los bomberos.

Eran poco más de las 19 horas del viernes 31 de marzo y los “zócalos” de la mayoría de las pantallas televisivas hablaban de “un nuevo marzo paraguayo”, evocando la grave crisis política de marzo de 1999, cuando el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña inició una gran revuelta popular que dejó ocho muertos, más de 700 heridos y la caída del gobierno de Raúl Cubas, apadrinado por el general Lino Oviedo.

La reciente furia ciudadana contra el Congreso marcó el estallido de otra crisis, arrastrada desde principios de 2016, cuando dirigentes del gobernante Partido Colorado habían empezado una abierta campaña a favor de la reelección del actual presidente, Horacio Cartes, a pesar de que la Constitución, en su artículo 229, establece que los mandatarios no pueden ser reelectos “en ningún caso”.

Senado paralelo

La discusión acerca de la posibilidad de modificar la carta magna divide desde hace más de un año a dos bandos políticos claramente diferenciados, pero de composición compleja y contradictoria.

En el grupo pro enmienda se unió el sector oficialista del Partido Colorado (derecha tradicional) con sus adversarios del Frente Guasú, liderado por el ex presidente Fernando Lugo (izquierda socialista), y un sector disidente del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (Plra, derecha liberal), encabezado por el senador Blas Llano.

En el sector anti enmienda convergen la disidencia del Partido Colorado con el oficialismo del Plra y partidos más pequeños de izquierda (Avanza País) y de centro (Partido Democrático Progresista e independientes).

Hasta hace pocos días sólo el primero de estos grupos buscaba que el Congreso aprobara un proyecto de referendo para enmendar la Constitución e incorporar la reelección presidencial para las elecciones de abril de 2018. Gran parte de la ciudadanía no se sentía partícipe de la puja, porque en ambos bandos existen figuras políticas muy resistidas e involucradas en varios episodios de autoritarismo y corrupción.

“Ésta es principalmente una pelea entre mafias por conservar el poder”, destacaba el periodista y analista Miguel López. La situación cambió el martes 28 de marzo, cuando un grupo de 25 senadores pro enmienda realizaron una maquiavélica maniobra en el Senado –que la mayoría de los analistas calificaron como un atraco al Congreso–, instalando un “Senado paralelo” (el senador colorado Julio César Velázquez, vicepresidente segundo, asumió la presidencia de facto del Senado paralelo, desconociendo la autoridad del presidente y del otro vice, que estaban en la misma sala) que modificó el reglamento interno para poder aprobar el proyecto de enmienda.

El episodio generó una creciente indignación ciudadana y movilizó las simpatías hacia los anti enmienda, como lo demostró una masiva marcha de protesta por las calles de Asunción en la noche del jueves 30. “No al golpe parlamentario”, “Evitemos la violación de la Constitución”, eran las principales consignas. La pelea contra la enmienda había dejado de ser principalmente política y pasó a ser una lucha ciudadana.

Arde el Congreso

En la tarde del viernes 31 de marzo los 25 senadores de la alianza Cartes-Lugo-Llano volvieron a reu­nirse en una pretendida “sesión extraordinaria” del Congreso, excluyendo a los otros 18 senadores opositores y disidentes, desconociendo la autoridad del presidente, y a velocidad vertiginosa aprobaron el proyecto de enmienda.

Tras conocerse la maniobra, cientos de ciudadanos acudieron a protestar ante la sede del Congreso, pero una numerosa dotación de policías les cerró el paso. Cuando intentaron cruzar la barrera policial, los agentes dispararon balines de goma a cuerpos y rostros de los manifestantes, destrozando la mandíbula del diputado liberal Edgar Acosta, hiriendo al presidente del Plra, Efraín Alegre, y a un custodio que protegía al presidente del Senado, Robert Acevedo.

La salvaje represión fue observada en directo por televisión, motivando que más personas acudieran a la plaza. La policía comenzó a replegarse cuando un grupo de manifestantes atropelló las vallas del Congreso y tras romper las puertas ingresó al local, provocando serios destrozos y arrojando bombas molotov. En pocos minutos brotaron llamaradas en toda la primera planta.

“Se incendia el Congreso, parece una obra de arte de alta belleza estética”, comparó el músico Luis Szarán, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Asunción. En medio de la preocupación generalizada, muchas personalidades, en sus posteos en las redes sociales, consideraron que se estaba cumpliendo una especie de “justicia poética” contra una clase política caída en el desprestigio.

Al otro lado de la ciudad, un fastuoso escenario estaba listo para recibir al presidente Horacio Cartes a inaugurar el flamante mayor viaducto de Asunción, construido con una inversión de 22 millones de dólares. “Presidente: No nos abandones, queremos que continúes. El pueblo pide la reelección”, rezaban los carteles que iban a coronar el lanzamiento de la campaña por un nuevo mandato. Ante el escándalo generado, Cartes prefirió no asistir y mandó al vicepresidente, Juan Afara. El impacto propagandístico del “superviaducto” quedó opacado por el incendio del Congreso y por las trágicas consecuencias que le siguieron.

Policía de cacería

“¡Han incendiado el Congreso! ¿Cuántos detenidos hay?”, preguntó un asesor del presidente Cartes al comandante de la Policía nacional, Críspulo Sotelo, poco antes de la medianoche del viernes, según un informe televisivo. “Todavía ninguno”, fue la respuesta del jefe policial. La enérgica orden que sobrevino fue salir a cazar prisioneros.

En una de las noches más negras que se recuerden de los últimos años en Paraguay, los diversos cuerpos policiales efectuaron una redada indiscriminada por las calles céntricas, ignorando los derechos cívicos más elementales.

Además de capturar a muchos manifestantes en los alrededores del Congreso, procedieron a arrestar a personas que caminaban por las calles o que estaban cenando en bares céntricos. También varios automovilistas fueron interceptados por las patrullas policiales, obligados a descender y tumbarse cuerpo a tierra. Muchos fueron golpeados, esposados y conducidos a las comisarías. En total, 211 personas resultaron detenidas, muchas sin haber participado de la manifestación. Varios denunciaron haber sido torturados y que los agentes policiales les robaron sus pertenencias, especialmente dinero y teléfonos celulares.

El episodio criminal más grave ocurrió a las 0.22 de la madrugada del sábado 1 en la sede del Plra, uno de los dos partidos más antiguos e importantes de Paraguay. Más de 30 policías ingresaron al local, sobre la calle Iturbe, sin portar orden judicial, rompiendo la puerta a golpes y efectuando disparos, provocando una corrida generalizada de quienes se hallaban dentro, principalmente jóvenes militantes de la organización política.

Rodrigo Quintana, un dirigente de 26 años de edad, presidente de un comité político del interior del país, fue alcanzado por un disparo de escopeta con balines de plomo, munición gruesa, y quedó tendido en el piso. Las grabaciones de la cámara de vigilancia del local muestran que uno de los policías, luego identificado como el suboficial Gustavo Florentín, de la Agrupación de Seguridad, le dispara a Rodrigo y, tras verlo caído, lo pisa y lo deja agonizante. Los demás ocupantes son detenidos y obligados a tirarse al suelo; a ninguno se le permite ayudar al compañero herido, hasta que éste muere, irremediablemente, sin recibir auxilio.

“Nunca, ni en las peores épocas de la dictadura, en el directorio de nuestro partido fuimos víctimas de una acción tan salvaje y arbitraria, totalmente fuera de la ley”, aseguró a Brecha el presidente del Plra, Efraín Alegre.

El escándalo del crimen provocó la destitución del ministro del Interior, Tadeo Rojas, y del comandante policial, Críspulo Sotelo. El gobierno trató de presentar como único culpable al suboficial Florentín, pero diversas grabaciones de video demuestran que toda la cúpula policial estuvo involucrada en el operativo represivo ilegal.

Diálogo imposible

En medio de una creciente indignación ciudadana, tras recibir una exhortación del Papa Francisco y de la embajada de Estados Unidos, el presidente Horacio Cartes se vio obligado a convocar a una mesa de diálogo con los titulares de ambas cámaras del Congreso y los presidentes de los partidos políticos, con la mediación del arzobispo de Asunción, monseñor Edmundo Valenzuela.

La primera y última reunión se realizó el miércoles 5, tras la cual los opositores y disidentes comunicaron que no iban a continuar, debido a que Cartes y sus aliados no estaban dispuestos a echarse atrás con su plan de aprobar la enmienda y convocar al referendo para decidir la reelección.

La tensión en las calles volvió entonces a cobrar intensidad. Al cierre de esta edición de Brecha las manifestaciones ciudadanas se suceden en Asunción y en diversas ciudades del Interior, pero también el Frente Guasú y los partidarios del gobierno anuncian sus propias movilizaciones para apoyar la enmienda. Mientras, se espera que la Corte Suprema de Justicia –generalmente muy servil al gobierno– resuelva sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por los opositores y disidentes pidiendo que declare ilegales las sesiones del “Senado paralelo”.

Mientras tanto el país sigue profundamente fragmentado. La crisis divide y enfrenta a amistades de toda una vida, a compañeros y compañeras de causa, a militantes de izquierda y de derecha, a colegas y parientes. Personas que han compartido luchas históricas y que arrastran solidarios lazos afectivos hoy se atacan unas a otras con insultos y amenazas en las redes sociales y en los grupos de Messenger o WhatsApp, se borran o se bloquean mutuamente en sus cuentas de Twitter o en sus perfiles de Facebook, según cuál sea la postura que asumen con respecto a la enmienda.

“Violadores de la Constitución”, “ratas de la oligarquía”, “asesinos”, “narcoterroristas”, “cómplices de Cartes y Lugo”, “sicarios mediáticos”, son algunos de los epítetos que se intercambian desde uno y otro bando, en una pelea que no sólo provoca rupturas afectivas o ideológicas, sino que levanta muros de intolerancia cada vez más altos, cerrando las posibilidades a la reflexión o el diálogo.

“Paraguay es como un gran espejo muy luminoso, que se ha roto en muchos fragmentos”, había escrito, poco antes de morir, el gran novelista paraguayo Augusto Roa Bastos.

Andrés Colman Gutiérrez, desde Asunción

Brecha, 7-4-2017 http://brecha.com.uy/

 

 

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