¿Por qué se abre la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba?

Esta segunda semana de mayo de 2017, se inaugurará la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba. Después de tres años y tres meses de un proceso de lucha y organización popular. Finalmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concluye las obras de refacción y abrirá las puertas para que funcione la escuela infantil Nº 14 del DE 5°, una escuela de nivel inicial de jornada completa para 100 chicos y chicas de entre 3 y 5 años.

El edificio escolar ubicado en Manuel García 370, en el barrio de Parque Patricios, fue recuperado por familias y docentes en febrero de 2014, cuando se conocían los nefastos resultados de la primera inscripción online a la escuela pública. Por esos días, la falta de vacantes en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel inicial, se hacía más visible y confirmaba las denuncias de docentes, familias y organizaciones sociales: una política sistemática del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de vaciamiento y desfinanciamiento de la educación pública.

El edificio había sido utilizado por diversas instituciones escolares durante más de 10 años hasta el año 2009, cuando el Gobierno de Mauricio Macri decidió abandonarlo. En febrero del 2014, frente a la preocupante falta de vacantes en el barrio, entre docentes y familias se ocupó la escuela comenzando la lucha por su recuperación y puesta en funcionamiento.  El 3 de abril de 2014, un día antes de un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba por parte de las fuerzas de seguridad de Neuquén en el marco de una protesta docente, se logró que la Legislatura Porteña  aprobara por unanimidad el proyecto de ley de expropiación del inmueble de Manuel García 370 para que allí funcionara una escuela pública de nivel inicial. Luego, tras nueve meses durmiendo en la escuela, aguantando el frío del invierno y el frío del Gobierno, en noviembre del 2014 comenzaron por primera vez las obras en la Escuela Fuentealba.

Desde ese momento hasta hoy han transcurrido 30 meses. Una obra que debía llevar entre 10 a 12 meses fue sistemáticamente paralizada por falta de materiales, falta de pago a trabajadores e irregularidades en la designación y control de gestión de las empresas.

Durante esos 30 meses se desplegó un rico y complejo proceso de lucha. Tras la persistente y sistemática falta de vacantes para el acceso a la escuela pública que el método de inscripción online no hizo más que revelar, y la comprensión de que el reclamo administrativo individual “uno a uno” resultaba insuficiente, el hartazgo de familias damnificadas y docentes comprometidos no se hizo esperar y tomó un decisivo curso de acción. Fueron identificados varios inmuebles aptos para la construcción de escuelas, entre ellos el de Manuel García 370 que era, precisamente, una escuela abandonada. La oportunidad de visibilizar y traccionar el conflicto estaba configurada: ¡chicxs sin escuela… y escuelas sin chicxs!

En esa situación, por iniciativa de familias de chicxs sin vacantes, docentes de la zona sur de la ciudad y organizaciones estudiantiles, docentes y territoriales, conscientes y comprometidas con esa problemática, hacia finales de febrero de 2014 decidieron ocupar el edificio escolar abandonado. Pero esa ocupación, debió ser  activa. En consecuencia, comenzaron las campañas de difusión en los medios de comunicación que aceptaron asumirlas, que al principio fueron pocos. Se sostuvo una intensa actividad de relacionamiento e interpelación con todos los legisladores de la ciudad, de todos los bloques y, principalmente con las comisiones de educación, finanzas, asuntos legales. La propuesta fue clara y concisa: expropiación del inmueble y comienzo inmediato de las obras de refacción.

Mientras tanto, se multiplicó la participación y se diversificaron las iniciativas de familias, vecinos y docentes. Se sucedieron reportajes, profusión de materiales de difusión (volantes, audios, videos) para medios y redes, se realizaron radios abiertas, conferencias de prensa, concientización de la situación en escuelas y profesorados, y muchas otras, mientras se continuaba con la ocupación del edificio.

No fue una ocupación confortable, claro. A la suciedad y humedad propias de un ambiente deteriorado y abandonado, hubo que sumarle el comienzo del otoño y la llegada del frío, sobre todo por las noches. La presencia policial en las inmediaciones y el asedio permanente a los ocupantes, agregaron condimentos picantes al proceso de lucha. El apoyo de la comunidad, la numerosa participación de familias, estudiantes y docentes, el respaldo de los sindicatos Ademys y UTE, junto con el apoyo de organizaciones sociales y territoriales, tampoco se hizo esperar y añadió una mayor diversidad de sabores. A fuego lento, durante dos meses de cocción, la lucha comenzó a fructificar: había logrado tratamiento en el recinto para le ley de expropiación.

El 3 de abril de 2014 fue sancionada esa ley y luego se produjo la asignación de partida presupuestaria especial para el inicio de obra. El escenario dejaba por delante la etapa más compleja: no desocupar el edificio hasta que las obras se comenzaran a ejecutar (recién a principios de noviembre de 2014) y -de ahí en más- sostener la lucha en el tiempo hasta que la escuela recuperada se abra como una nueva escuela pública de la zona sur.

Ese mantenimiento activo del proceso requirió la realización de actividades bien diversas por parte del grupo impulsor: movilizaciones, encuestas de relevamiento de la demanda de vacantes en la zona, festivales, convocatoria a los sindicatos docentes y construcción de compromisos públicos de los funcionarios del área de educación y de infraestructura escolar. Los funcionarios macristas no pudieron eludir los sueños de la comunidad, vehiculizados por la dinámica popular pertinaz sobre las instituciones del estado. La estrategia conjugó diferentes frentes de lucha, demandó la participación de diversos sectores (según la fase), se trabajó sobre las tensiones espontaneismo- dirección, autonomía- planificación, movimiento- organización. De modo tal que los sueños de la comunidad organizada se convirtieron en la pesadilla de aquel puñado de funcionarios. Y así las obras comenzaron.

El Gobierno, aún habiendo reconocido en julio de 2016 que dejó sin el derecho de acceder a la educación pública a más de 11.000 niños y niñas en edad escolar obligatoria, continúa al día de la fecha sin darle prioridad a la construcción de más escuelas y jardines.

Aunque la problemática se extiende por todos los barrios de la Ciudad, la zona sur es la más afectada tanto por la falta de construcción de escuelas, como por el abandono y los problemas de infraestructura escolar. Ahí, la política estatal es la proliferación de Centros de Primera Infancia (CPI), dependientes del área de Desarrollo Social que representan una nueva forma de tercerizar la educación en el nivel inicial. Según la página del Gobierno de la Ciudad los Centro de Primera Infancia deben “garantizar el desarrollo saludable de niñas y niños de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires”. No son instituciones educativas. El Ministerio de Educación y Deportes suelta las riendas de la responsabilidad que le compete en cuanto a la cobertura educativa de su mentada  “primera infancia”, y la regala a organizaciones de la sociedad civil para que la gestionen a gusto y piacere. Aún sin tener personal con título docente, o espacios que no cumplen con la normativa necesaria, incluso sin una acreditación oficial con la cual egresar de los mismos. De los 72 CPI, 63 se encuentran al sur de Rivadavia y tan solo 9 al norte. Así el nivel inicial se binariza entre escuelas infantiles para aquellos privilegiados que pueden lograr inscribirse online y ganar la sortija de la vacante y aquellos que deben transcurrir sus días en los centros de primera infancia o quedar “en lista de espera” para acceder al derecho a la educación.

Como en Venezuela 3269 donde la comunidad educativa sigue de cerca las obras del GCBA para la construcción de la futura Escuela Infantil Azucena Villaflor -también recuperada por familias y docentes-, como en Diógenes Taborda y Santo Domingo -donde se pelea junto a las familias del barrio Zavaleta por la construcción de un polo educativo-, como en cada barrio, la pelea es hasta que no haya ni un chico, ni una chica, sin vacantes, y es permanente, para no dar lugar a privatizaciones, vaciamientos y negocios con la educación.

Si bien la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba no resuelve el problema estructural de la falta de vacantes, sí es una victoria de la lucha. Pero esta no es cualquier victoria popular: es un caso testigo del abandono y la desidia estatales y deja claro que las escuelas que cierra el gobierno las puede abrir el pueblo con lucha y organización.

Prof. Estefanía Barone
Docente de Primaria de Zona Sur de Ciudad de Buenos Aires.
Integrante de la Agrupación Docente – Estudiantil “Simón Rodríguez”,
en la Corriente Popular Juana Azurduy.

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