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Qué hay detrás de la redada judicial contra organizaciones sociales, culturales y políticas en Córdoba

Organizaciones sociales y políticas que firmaron una denuncia contra la violencia institucional y el rol de los fiscales en la consagración de la impunidad de esos delitos fueron allanadas, en una redada judicial que secuestró redoblantes de murga, cajas de leche y que se llevó detenido al fletero que trasladó el equipo hasta la marcha contra el gatillo fácil que se realizó lunes pasado. El raid del fiscal Gustavo Dalma incluyó partidos políticos. “Nadie cruza ese límite sin tener una espalda política ancha”, sintetiza una de las abogadas testigo del atropello judicial. Qué dice la denuncia sobre la relación entre el Estado policial y el Poder Judicial. Y cómo se relaciona con el tratamiento de la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado.

Abogadas, abogados y organizaciones sociales denunciaron el 31 de mayo el rol del Poder Judicial en la impunidad del gatillo fácil en Córdoba. Presentaron un informe completo, causa por causa y fiscal por fiscal que demostraba cómo funciona la máquina de la violencia institucional. El 31 de julio ampliaron esa denuncia y la presentaron con una movilización que los acompañó hasta la sede del Fiscal General de esa provincia. Primero les dijeron que la dejen en mesa de entradas, pero ante la evidencia de una multitud movilizada, el fiscal general Alejandro Moyano aceptó recibir a los abogados. Prometió responderles en breve.

Hoy, cuando se cumple exactamente un mes, esa respuesta parece estar presente en la redada judicial que azotó a 11 organizaciones sociales, culturales y políticas, muchas de ellas firmantes de esa denuncia.

El operativo policial fue sincronizado y ordenado por el fiscal Gustavo Dalma. El resultado: allanaron siete  organizaciones sociales, dos domicilios particulares y dos partidos políticos opositores (PO y Partido para la Victoria), en los que secuestraron cajas con leche, bombos y redoblantes de murga, banderas con los rostros de chicos acribillados por gatillo  fácil y afiches con la cara de Santiago Maldonado.

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En el allanamiento al comedor de Casa 1234, al leer el acta con el material incautado, alguien preguntó:

-“Por qué se llevan esos pañuelos”.

El policía respondió:

-“Porque tienen símbolos anarquistas”

¿Y desde cuándo el símbolo anarquista es un delito?

-“Tenemos órdenes expresas de buscar simbología anarquista”, respondió el oficial.

En ese operativo el allanamiento estuvo a cargo del cabo primero Nicolás Funes y se realizó sin testigos, aunque luego convocaron a cuatro personas para que firmaran el acta. Lo hicieron “en disconformidad”.

Otro saldo de la redada judicial: tres detenidos. Uno de ellos es el fletero que trasladó el equipo de sonido al acto que este lunes manifestó contra el gatillo fácil. Su domicilio fue allanado durante la mañana, como los 11 restantes.

El segundo detenido es familiar de una de las víctimas más emblemáticas de la violencia institucional en esa provincia. Estaba limpiando la mesa del comedor que funciona en su barrio. Fue apresado por otra causa, pero en el marco de esa redada.

El tercero es un vecino del comedor que funciona en la calle Vélez Sarfield 1234. El cargo: “resistencia a la

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