Rápido y curioso: La universidad de la calle

Hace semanas que la Universidad pública está de paro. Algunas personas comulgan con la causa, pero otras se preguntan si no es contradictorio defender la educación ‘dejando de educar’. Por otra parte, aunque tenemos una Universidad pública gratuita y de calidad (‘Universidad’ a partir de ahora) que enorgullece a muchos argentinos y argentinas, lo cierto es que las oportunidades de acceso no son realmente iguales para todos. Algunos dudan, entonces, de si ‘el problema de la Universidad pública’ no es en el fondo un reclamo relevante sólo para algunos, casi privilegiados, lejos de ser urgente en una sociedad donde más de la cuarta parte de la gente sobrevive en la pobreza (la última medición en base a datos de INDEC nos reportaba un 25,7% de personas en la pobreza, y es de esperar que este año el porcentaje suba varios puntos por cómo vienen cambiando la inflación y los ingresos).

Pero lo cierto es que esa pobreza y las desiguales oportunidades para acceder a la educación no van a modificarse si damos pasos hacia atrás: trabajar por la igualdad puede requerir más, pero difícilmente menos educación. Entonces, un poco la clave estaría en saber si, en efecto, los reclamos se alzan ante una amenaza real de deterioro de la educación pública. En ese caso, el paro podría interpretarse, ya no como ‘menos educación’, sino como una enseñanza activa acerca de la importancia de defender un derecho fundamental.

¿Por qué los reclamos?

El conflicto que origina los paros y protestas universitarios estas semanas tiene que ver con dos cuestiones: por un lado, se habla de un ‘ahogamiento económico que pone en riesgo el funcionamiento de la infraestructura universitaria’, debido a que las partidas presupuestarias no se estarían ejecutando en tiempo y forma, de modo que se estaría complicando incluso pagar los servicios y asegurar que la Universidad continúe funcionando hasta el final del año lectivo.

Por otra parte, los docentes de la Universidad reclaman que sus ingresos están perdiendo frente a la inflación y desde mayo se encuentra congelada la negociación salarial: el gobierno ofrece una recomposición del 15% en tres tramos (dos de los cuales ya se otorgaron aún sin existir acuerdo). Los docentes reclaman que con ese aumento se produce una reducción de sus salarios, porque la inflación proyectada para este año duplica ese porcentaje. Ahora bien, circulan por las redes y los medios algunos datos que generan confusión, porque parecería que los salarios docentes le vienen ganando a la inflación. ¿Es así?

El tema de las paritarias

La negociación paritaria sirve para negociar los aumentos salariales, que en algunos casos no es más que recomponerlos frente a la pérdida de valor de compra por causa de la inflación. Cada año, cuando llegan las negociaciones, ya tenemos la inflación acumulada hasta esa parte del año pero no conocemos con exactitud cuánto va a ser en diciembre (porque las metas de inflación, como bien sabemos, pueden fallar fuerte). Por eso, cuando un año nos quedamos cortos, puede que el año siguiente la negociación trate de recuperar, además, lo rezagado el año anterior.

Otra cuestión a considerar es que en las paritarias de la gran mayoría de los trabajadores (y, entre ellos, de los docentes universitarios) los años paritarios son distintos a los años calendario, que es sobre los cuales usualmente se toma la inflación como parámetro. En general, a diciembre de cada año hay una ‘mezcla’ de la paritaria del año previo y la del año corriente. A modo de ejemplo: si un sindicato arranca su paritaria en mayo y arregla un aumento en junio, otro en noviembre y otro en enero, tendremos una disincronía entre el año paritario (de mayo de este año a abril del próximo) y año calendario.

A este tema hay que sumarle que los aumentos pueden aplicarse de una vez o de manera gradual, con resultados bastante distintos en lo que refiere al ingreso anual, y a cómo el salario acompaña (o no) el aumento de los precios. No es lo mismo que se dé 30% de aumento en el mes 1 de la paritaria, que llegar a ese 30% recién en el mes 12: en ambos casos, al final del año paritario el salario nominal será 30% mayor. Pero ese salario anual será muy distinto (mucho menor en el segundo caso que en el primero, a pesar de que al final del período sean iguales).

Vemos primero, entonces, cómo fue variando cada mes el monto (nominal) del salario básico de un docente universitario con dedicación exclusiva (que cumple una jornada completa, de 40 horas semanales), respecto del mismo mes del año anterior, y cómo fue variando a su vez la inflación (incorporando lo que falta de 2018 de concretarse la propuesta salarial oficial y de producirse una inflación del 32%, supuesto hoy completamente optimista dado el reciente salto del dólar).

La línea roja muestra la inflación de cada mes respecto al mismo mes del año anterior. Las barras azules representan el incremento nominal del salario de cada mes respecto al mismo mes del año anterior. Algunos meses los salarios quedaron rezagados respecto del aumento de precios, y otros meses los superaron. En 2018, el salario lleva tres meses con pérdida de poder adquisitivo.

Como vimos en el gráfico, encontramos resultados muy diferentes si observamos un mes puntual, u otro. Si hablamos del salario docente usando el de mayo como referencia, vamos a encontrar que le ganó a la inflación, pero si consideramos junio vamos a encontrarnos con el resultado contrario. De ahí surgen buena parte de las confusiones informativas de los últimos días.

Ahora, en el gráfico de abajo vemos cuánto varió el poder adquisitivo respecto al mismo mes del año anterior. El poder adquisitivo es lo que el salario puede comprar, y depende del monto nominal del salario y de cómo variaron los precios. Si los salarios le ganan a la inflación, sube el poder adquisitivo (puedo comprar más cosas con mi salario) y viceversa.

Pero para ver una tendencia clara, incorporamos el promedio anual, que muestra cómo varió el poder adquisitivo del salario docente en todo el año, y no sólo en el último mes de ese año o en un determinado mes.

Cada barrita azul representa la variación del poder adquisitivo del salario docente respecto al mismo mes del año anterior. La línea roja es el promedio de las 12 barritas de cada año, de modo que indica cómo varió en promedio el poder adquisitivo del salario docente en todo el año. Si se aplica el aumento propuesto por el gobierno, la tendencia de este año sería de una caída en torno al 4%.

Con la propuesta oficial y con proyección de inflación del 32%, el poder adquisitivo del salario anual del docente universitario sería este año 7,5% menor a 2015, o 4,3% menor al año pasado (cuando todavía no se había recuperado de la caída de 2016).

En el siguiente gráfico vemos cómo evoluciona el poder adquisitivo del salario universitario cada año desde 2014.

Considerando el salario medio de 2015 como referencia (que equivale a 100%) en el gráfico vemos cuánto representa desde entonces el salario medio en cada año. La mayor caída la vemos en 2016. El año pasado el salario se recuperó parcialmente de esa caída pero este año se registra una pérdida. Si se aplicara la propuesta paritaria del gobierno, en diciembre el salario medio quedaría incluso por debajo del de 2016.

Lo cierto es que, ya sea que a un 4,3% lo valoremos como más o menos grave, objetivamente la propuesta de recomposición salarial para el personal universitario no alcanza a compensar la pérdida de los salarios frente a la inflación de este año, y el salario real de los docentes quedaría debajo del peor nivel que ha tenido desde 2014.

Un dato adicional: en diciembre de 2018, el poder adquisitivo del docente universitario sería 11% inferior al de diciembre de 2015.

¿Un montón de docentes?

Otra cuestión que se comentó estos días es que el problema de las Universidades tiene que ver con que administran mal y que gastan excesivamente en salarios. Hace apenas días, un integrante de la jefatura de Gabinete twiteó que tenemos casi un docente cada 9 alumnos (8,82 para ser exactos). Bueno, el problema es, de nuevo, cómo se muestran los datos.

Evidentemente, no es lo mismo tener a todos los profes trabajando en el total de los cursos a los que asiste cada alumno, que repartir el trabajo del dictado de cursos entre diferentes profesores. Los programas de estudios están hechos para que cursemos varias materias por año, que serían más o menos 8 (pero depende mucho de carrera y universidad). Y no todos los profesores dictan esas 8 materias.

A la vez, el dictado de una materia puede estar repartido entre varios docentes con dedicaciones de menos horas que la exclusiva, o sea con dedicación semi exclusiva (20 horas) o dedicación simple (10 horas). Así, por ejemplo, puede ocurrir que la mitad de las clases las da un docente y la otra mitad las da otro. Si necesitamos dar 40 horas de curso, y en lugar de poner un mismo docente a dictar las 40 horas de clase contratamos dos docentes para que dicten 20 horas de clases cada uno, la cantidad de docentes en las aulas no se va a multiplicar. Aplicando los números de 8,8 alumnos por docente:

-Cada 880 alumnos vamos a tener 100 profes trabajando en el año para su formación.

-Pero si cada curso está ‘repartido’ entre al menos dos docentes sin dedicación exclusiva (que están empleados por una jornada laboral parcial), sólo la mitad de esos profes van a estar en simultáneo frente al aula. Es decir que en vez de 100, serían 50 profes.

-Entre los 50 van a ocuparse de 8 materias diferentes, que son las que los alumnos van a cursar al año. Vamos a tener realmente, en cada curso, 6,25 docentes para los 880 alumnos.

O sea, 140 alumnos por cada profe, que no es lo mismo que 8,82, y que probablemente tampoco sea un número exacto, pero ejemplifica bien cómo el mismo dato puede significar algo distinto cuando lo miramos con otra perspectiva.

¿El problema son las Universidades nuevas?

También se ha argumentado que la dificultad para financiar la Universidad pública tiene que ver con la expansión de recursos que requirió la creación de Universidades en este siglo, durante la gestión previa. Sin embargo, al observar la distribución del presupuesto de 2018 entre las diferentes Universidades, encontramos que el total de las 17 Universidades nacionales creadas desde 2003 demandan apenas el 4,4% del presupuesto de las Universidades Nacionales. En contraste, el 51,2% del presupuesto corresponde a las 7 Universidades más grandes, que son la de Buenos Aires (17,5%), la de Córdoba (6,9%), la de La Plata (6,8%), la Tecnológica Nacional (6,5%), la de Rosario (5%), la de Tucumán (4,7%) y la de Cuyo (4%).

Mover la Universidad cada día

La otra parte del reclamo apunta a un ahogamiento del financiamiento destinado al funcionamiento de la Universidad. Pero ¿qué tiene de cierto el reclamo?

Cuando miramos los cambios del presupuesto, vemos que el de 2018 tuvo un incremento de 110% respecto al de 2015. Pero eso es en términos nominales, y todos sabemos que cuando hay inflación, para comprar lo mismo que comprábamos antes vamos a necesitar más plata. Si consideramos la inflación acumulada en 2015, 2016 y 2017, el aumento de los precios alcanzó 118%. O sea que el presupuesto no sólo no creció, sino que de hecho perdió 8 puntos en la carrera contra la inflación.

Pero hay una cuestión adicional, y es que más allá de si el presupuesto de las Universidades Nacionales es o no suficiente, lo que se reclama es ante todo una demora en la entrega del presupuesto pautado. Y cuando vamos a ver en qué medida se ha ejecutado el presupuesto encontramos que, según los datos de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios), al finalizar el primer semestre de 2018, se había adjudicado menos del 25% del presupuesto anual para el funcionamiento de las Universidades Nacionales. Es decir, cerca de la mitad de lo que correspondería para la primera mitad del año.

Además del atraso en los pagos de presupuesto para el funcionamiento de las Universidades, CONADU afirma que los atrasos alcanzan otras áreas, como el Fomento de la Actividad de Investigación de los docentes universitarios, o el caso del Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR), que con un presupuesto vigente de más de 3000 millones ha recibido apenas 154 millones, que constituye menos del 6% del presupuesto anual.

Por otro lado, CONADU detalla que se produjo un recorte en el presupuesto universitario en torno a 1000 millones de pesos que, si bien no afecta el funcionamiento universitario, deteriora el financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y otros programas. Los $655,9 millones que fueron recortados del presupuesto de las SPU afectan sobre todo los Proyectos Especiales (-90,9%), Infraestructura (-40,3%) y Conducción, gestión y apoyo a las políticas de educación superior (-31,2%).

Al problema del atraso en los pagos se le suma un problema adicional: los costos del funcionamiento de la Universidad crecieron este año muy por encima de la inflación. Esto se debe a dos factores: el primero es el incremento de las tarifas de servicios, que constituyen una parte relevante de los costos de funcionamiento de la Universidad; el segundo tiene que ver con la fuerte devaluación de este año (por arriba de la inflación), dado que algunos costos se encuentran atados al dólar más que a los precios del mercado interno en la medida que requieren de importaciones (como en el caso de algunos equipos y materiales de investigación).

En definitiva, hoy estamos más ante un retraso en el cumplimiento del presupuesto que ante un recorte genuino. Pero la magnitud de esa demora es tal que las Universidades se ven forzadas a funcionar disponiendo de alrededor de la mitad de los recursos que le corresponden, en un año particularmente difícil debido a la devaluación y el aumento sustancial de las tarifas.

Lo cierto es que si el Estado se propuso reducir el déficit fiscal, alguien debe pagar los costos. Pero la decisión sobre de dónde sacar esa plata, lejos de ser simplemente una cuestión técnica, constituye una elección política. Si la educación, su calidad y las condiciones laborales de sus trabajadores son tratados como factores de ajuste, entonces lo que tenemos es un esquema de prioridades en el que la educación se concibe más como un gasto que como una inversión. Pero en un sistema democrático, la sociedad puede movilizarse y reclamar activamente que esas prioridades se reconsideren.

Gracias a Jorge Aliaga por acercarnos algunos de los datos para hacer esta nota.

 

Fuente: elgatoylacaja.com.ar

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