¿Recalculando, o el fracaso político de la política monetaria?: mentiras, verdades y límites en la renovación de apuro en la política económica de Cambiemos

Pocas horas después de la aprobación del presupuesto de la Administración Nacional para 2018, la reforma tributaria y la ley de responsabilidad fiscal, que vinieron a acompañar el ajuste previsional, las principales espadas del equipo económico del gobierno nacional convocaron de improviso a una conferencia de prensa el jueves 28 de diciembre de 2017 a las 8:45 hs, para anunciar cambios en la política monetaria.

Nos mean y dicen que llueve”, dicho popular.

I

Pocas horas después de la aprobación del presupuesto de la Administración Nacional para 2018, la reforma tributaria y la ley de responsabilidad fiscal, que vinieron a acompañar el ajuste previsional, las principales espadas del equipo económico del gobierno nacional convocaron de improviso a una conferencia de prensa el jueves 28 de diciembre de 2017 a las 8:45 hs, para anunciar cambios en la política monetaria. El jueves 28 de Diciembre, liderados por el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña (nombrado “CEO del año” (sic) por la revista Forbes Argentina), en un lenguaje técnico -con evidentes tintes neoliberales- el Ministro de Hacienda Dujovne, el Secretario de Finanzas Caputo, y el presidente del ‘independiente’ Banco Central (BCRA) Sturzenegger, presentaron un mapa de ruta para los años por venir.

II

En pocas palabras, señalaron que el ajuste fiscal en marcha continuará. Luego del acuerdo firmado con la mayoría de los gobiernos provinciales, el recorte será apuntalado por la ley de responsabilidad fiscal que congela el gasto público en términos reales (es decir, puede aumentar igual que la inflación pero no más), e impide aumentar el tamaño relativo de la actividad estatal en tareas fundamentales (como la educación, la salud, la cultura, etc.); la planta de personal no puede subir más que la población. El objetivo de reducir el déficit fiscal y achicar/reformar el Estado poco a poco continúa.

Confirmaron además que dado que la economía da señales de reactivación (crecimiento del 5,2% en Octubre de 2017, comparado con un año antes), pretenden que la política monetaria no conspire contra ello. Por ese motivo, guardaron en un cajón la tan mentada ‘independencia del Banco Central’ y decidieron articular la política monetaria y fiscal, bajo el control político del Ministro Dujovne. Ahora bajar la inflación es un objetivo secundario de la política económica. Por eso, el presidente del BCRA propone ahora bajar las tasas de interés y tener objetivos más modestos: bajar la inflación de 24% en 2017 a 15% en 2018 (en lugar de 10%, como proyectaba hasta hace unos días). Minutos después de la conferencia de prensa, el BCRA estaba activamente comprando LEBAC con el objetivo de aumentar su precio y -consecuentemente- reducir su rendimiento (es decir, la tasa de interés). En paralelo, Indicaron que dejarán que el dólar flote (es decir, suba): la baja de tasas de interés seguramente facilite ese aumento de la moneda extranjera; inmediatamente, el dólar subió por encima de los 19,40 pesos (aumentando casi 10% en menos de un mes).

Por otra parte, el equipo económico sabe que el contexto global de crisis persistente y aumento en las tasas de interés en Estados Unidos favorece la devaluación de nuestra moneda. El aumento del dólar permitirá -de manera parcial- limitar la estampida importadora, al encarecer el gasto en dólares (importaciones, viajes al exterior).

Junto al continuado -y ya anunciado- aumento en las tarifas de los servicios públicos, es previsible que aun el 15% de inflación para 2018 sea un objetivo difícil de alcanzar, a menos que las negociaciones paritarias continúen a la baja.

Reconocen además un cambio en la forma de financiamiento del déficit del Estado. El Banco Central continuará reduciendo la emisión de dinero para financiar el gasto público, como viene ocurriendo desde 2016. Asimismo, el Tesoro Nacional seguirá emitiendo deuda (Letras del Tesoro / Letes) pero con el objetivo de ir reemplazando deuda externa (en moneda extranjera) por deuda interna. ¿Quién le prestará al Estado? ¿Será la ANSES (es decir, jubiladxs, pensionadxs, beneficiarias de asignación universal por hijx, etc.) que verá reducidas sus erogaciones en alrededor de 100 mil millones de pesos, debido a la aprobación del ajuste previsional? (Ver al respecto) Hace solo unos días, el Tesoro Nacional pidió prestado a la ANSES más de 91 mil millones de pesos, a través de la emisión de Letes. Parece que la caja de lxs jubiladxs -como suele llamarse- está siempre disponible al auxilio de otrxs (excepto de lxs beneficiarixs de la ANSES).

III

No hay grandes cambios en realidad, sólo algo de realismo liberal-desarrollista. Sobre las espaldas de un ajuste fiscal progresivo pero sostenido, y del avance de las reformas/ajustes permanentes (la laboral está en las gateras y se anuncia el intento de aprobarla/imponerla en Febrero de 2018), el gobierno pretende poner sobre lxs trabajadorxs del sector público la carga del potencial crecimiento de la economía.

Si la economía crece rápido, aumentará la recaudación de impuestos, seguramente más que la inflación. Esto compensará -al menos parcialmente- la reducción de impuestos recientemente votada en el Congreso (reforma tributaria). Con el gasto público congelado, o en baja, esto reduce el déficit. Claro está, el Estado tendrá menos recursos para llevar adelante sus acciones.

Si bajan las tasas de interés, se abarata el crédito y la economía puede crecer más rápido. Esto puede aumentar el empleo, aun si es de baja calidad. En la previa de la elección de 2019, esto será para Cambiemos una buena noticia en aras del proyecto de consolidación de su hegemonía política (aún endeble) (ver más acá).

El dólar más alto y subiendo, hará más difícil bajar la inflación, pero tiende a bajar el poder de compra de los salarios y mejora la rentabilidad de las grandes empresas (en especial, las exportadoras). Si esa suba es muy acelerada, seguramente haga caer el consumo, contradiciendo el objetivo de sostener el crecimiento económico.

La burbuja de la deuda del Banco Central y el Estado nacional continuará en el horizonte, como una bomba haciendo tic-tac, esperando estallar. Este cambio en la política económica, desplaza un poco en el tiempo el previsible ‘boooom’.

IV

El re-ajuste en el ajuste de Cambiemos se sostiene en dos supuestos de fondo: la posibilidad de imponer límites al crecimiento del poder de compra de los salarios (paritarias por debajo de la inflación) y la capacidad de las fuerzas gobernantes en todos los niveles (nacional, provincial, y municipal) de contener y canalizar la conflictividad social asociada al ajuste en el Estado.

Frente a la política de ajuste fiscal está la resistencia al recorte en derechos sociales adquiridos a través de las luchas históricas del pueblo. Esa resistencia no pudo aun frenar el ajuste por el lado impositivo (la reforma tributaria fue aprobada). Ahora, sin embargo, gana preeminencia inmediata la batalla contra el ajuste en el gasto público.

Si logramos superar en la negociación salarial los techos y la inflación esperada (¿15%?), y ponemos un freno a los despidos en el Estado, estaremos marcando un límite, en la etapa actual, al cercenamiento de derechos provistos a través de la vía estatal en servicios (educación, salud, etc.) o transferencias monetarias (AUH, asignaciones familiares, jubilaciones u otras transferencias).

En los hechos, esto supondrá una batalla cuerpo a cuerpo contra el capital en su forma (de timba) financiera y (explotación) productiva. (ver al respecto a Kalecki, 1943). El capital financiero pretende dominar al Estado (y a la sociedad) a través de la deuda, imponiendo las condiciones para su refinanciación permanente. El capital productivo intenta lo propio, tratando de reducir y limitar la capacidad regulatoria y redistributiva del Estado (es decir, limitando la recaudación de impuestos y el gasto deficitario). La reducción del tamaño del Estado y la continuidad de la política de endeudamiento operan -paradójicamente- en el mismo sentido: restringen la posibilidad y capacidad de usar al Estado a favor del pueblo.

La necesidad de re-calibrar la política anti-inflacionaria (elevadas tasas de interés) expresa los límites impuestos por el pueblo trabajador al ajuste salarial y al recorte en el gasto público.

El encarecimiento del crédito (tasa altas) es un arma del capital para limitar las demandas salariales, pues aumenta la presión sobre las empresas para frenar esos incrementos. De esa forma, pretende mellar la inflación sin tocar sus causas estructurales: la voracidad del capital para apropiar ingresos a través de su poder de fijación de precios.

Sin embargo, las tasas altas ponen en riesgo la política de reducción paulatina del déficit público, pues transforman al endeudamiento en una bola de nieve potencialmente incontrolable, a pesar de las expresiones de deseo del secretario de Finanzas sobre su ‘sustentabilidad’.

En el presente, no hay shock posible para ajustar el déficit. La caída lenta (y no acelerada) en el gasto excedente es producto de la resistencia de las y los trabajadores del sector público y de lxs millones de beneficiarios de los derechos que recibimos a través del Estado. El gobierno sabe que enfrenta una situación social y política explosiva a corto plazo.

El 2018 dirá si somos capaces como pueblo de rechazar social y políticamente el intento del gran capital, en la piel de Cambiemos, de avanzar en la consolidación de una nueva forma de Estado más acorde a sus necesidades e intereses mediatos. Por lo pronto, la imagen y confianza en el gobierno han caído brutalmente luego de este diciembre intenso.

La batalla de la Plaza de los Dos Congresos del 18 de diciembre de 2017 alimenta nuestra confianza en que -más temprano que tarde- venceremos. Como siempre, el futuro es incognoscible, impredecible e incierto; sólo la lucha es científicamente previsible, como diría Gramsci.

Mariano Féliz*

* Dr. en Economía y Dr. en Ciencias Sociales. Profesor de la UNLP. Investigador del CONICET. Integrante de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay (SEC). Esta nota se terminó de escribir el viernes 29 de diciembre de 2017.

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