Repitamos otro 19 de julio de 1979: ¡Abajo la dictadura cívico-militar Ortega-Murillo!

Para ampliar la información sobre el difícil momento que atraviesa el pueblo de Nicaragua compartimos el análisis del Partido Socialista Centroamericano.

La lucha democrática en Nicaragua se ha prolongado en el tiempo. Comenzó el 18 de abril con una modesta protesta estudiantil que fue reprimida en los días subsiguientes, convirtiéndose en una semi insurrección estudiantil y popular que fue reprimida violentamente. Este hecho sangriento marcó un antes y un después en Nicaragua.

Enormes manifestaciones populares se produjeron en las semanas siguientes, las que también fueron reprimidas salvajemente. El número de muertos y heridos fue aumentando con los días. La represión ha sido brutal. El gobierno Ortega-Murillo mientras convocaba al Dialogo Nacional, fingiendo querer encontrar una salida pacífica y negociada a la rebelión popular, a balazos obligo a las masas a replegarse, a no salir a las calles, bajo el riesgo de ser asesinado por la bala de algún francotirador de las tropas especiales de la Policía Nacional.

Estas masacres continuas, combinadas con las tensas negociaciones en el Dialogo Nacional, forman parte de la estrategia de contener la insurrección desarmada, que ya lleva más de dos meses. Debido al agotamiento de las tropas de la Policía Nacional que no podían contener el avance popular, el gobierno Ortega-Murillo sacó a las calles a fuerzas paramilitares, simpatizantes armados, protegidos por la Policía Nacional, quienes se encargaron de la labor sucia de matar selectivamente y sembrar el terror en los barrios populares.

Los tranques en las carreteras y las barricadas en los barrios, surgieron como una necesidad de defenderse ante los ataques de los paramilitares. Pero el gobierno Ortega-Murillo continuó su ofensiva militar contra los tranques y barricadas. Necesita infundir el miedo y el terror para acabar con la insurrección que, desgraciadamente, esta desarmada. Ya no podemos poner la otra mejilla. Sin lugar a dudas, ha llegado la hora de organizar milicias populares de autodefensa en todos los barrios.

Ante el volumen de fuego de los paramilitares, apoyados y escoltados por la Policía Nacional y el Ejercito, es obvio que muchos luchadores tienen que emprender la retirada. Muchas veces esta retirada ha sido planificada, en orden.

El objetivo es claro: el gobierno Ortega-Murillo necesita replegar a los luchadores a sus casas, que nadie salga, que todos se escondan, mientras negocia con el gobierno de Estados Unidos, la OEA y los grupos económicos de la burguesía, una posible salida negociada para adelantar las elecciones generales. Los paramilitares se han convertido en la nueva “Mano Blanca”, en un pequeño y sanguinario ejército irregular que actúa criminalmente a la luz del día, ante la mirada atónita de los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ya tenemos más de 325 compañeros asesinados, más de 2,000 heridos y centenares de presos y secuestrados. Y las cifras siguen subiendo día a día. Estamos viviendo un “deja vu”, una espantosa reedición de los crimines del somocismo, pero con paramilitares enmascarados que, sin el menor rubor, usan la pañoleta rojinegra y la bandera del FSLN para matar, secuestrar y torturar a los luchadores.

Y es que el régimen político ha cambiado abruptamente en Nicaragua, se ha convertido en una nueva dictadura. Desde octubre del año 2016, cuando el FSLN destituyó a los diputados de la oposición burguesa y Daniel Ortega nombró a su esposa Rosario Murillo, como candidata a la vicepresidencia, no solo se sentaron las bases de una dinastía, sino que ambos fueron electos en unos comicios donde no había oposición real. Sin contendientes y con una alta abstención, el FSLN se apropió de todo: se recetó mayoría absoluta dentro de la Asamblea Nacional, y repartió algunas diputaciones entre los partidos colaboracionistas. La Asamblea Nacional dejo de ser un foro de discusión para convertirse en una simple caja de resonancia de la pareja presidencial. En la crisis actual, la Asamblea Nacional simplemente no existe.

Estos cambios dieron un salto de calidad con las masacres de abril, mayo y junio. El gobierno Ortega-Murillo no se sostiene por la voluntad popular, sino por la represión del aparato militar de la Policía Nacional, el Ejército y los paramilitares.

Es imprescindible luchar hasta derrocar a esta nueva dictadura cívico-militar. Por eso, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a todos a luchar unidos contra la dictadura Ortega-Murillo, participando en las marchas y convertir el Paro Nacional del viernes 13 de julio en la ofensiva final contra la dictadura. El Paro Nacional debe ser indefinido hasta que caiga el gobierno. Al mismo tiempo, impulsemos la desobediencia civil no pagando impuestos. No hay otro camino para terminar con el terror y la represión de los paramilitares.

“Ortega y Somoza, la misma cosa” se canta en las movilizaciones

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