Represión en Jachal

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Otra prueba del poder judicial y político trabajando para las corporaciones mineras que además de optimizar las ganancias, gracias a las prebendas gubernamentales, envenenan el territorio, detonan los glaciares y contaminan los ríos. Ese brazo armado, llamado policía, demuestra, cada vez que actúa, para qué fue creado; para defender los intereses corporativos, contra las poblaciones que reclaman por el derecho a la vida, por el derecho al agua. Sin embargo, siempre están custodiando a los poderosos. Esa policía que pagamos con los dineros públicos funcionan como cuerpos de élite privada.


Cortar una entrada del camino minero para realizar una protesta parece, en estas democracias empresariales, que constituye delito. Entonces, el envenenamiento reiterado de las aguas de los ríos por parte de la empresa Barrick Gold, vertiendo cianuro y otros metales pesados y que les permitan seguir operando, ¿no constituirá delito contra el ambiente, por lo tanto contra la vida?; ¿Acaso no hay violación de las Leyes ambientales y de Ley 26.639. “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”?
Señores jueces, señores funcionarios, esas violaciones a la ley es lo constituye delito y es lo que deberían atender y causarles preocupación por las poblaciones afectadas.
Pero, no. Deciden, en cambio, reprimir a la población, para sostener la “gobernabilidad”, un término polisémico, que el Banco Mundial usa para definir las alianzas público-privadas, lo que habría que redefinir como gubernamentales-privadas, puesto que lo público es el objeto de apropiación, la desposesión de lo “común”, de lo que es de todos para el beneficio de unos pocos.
Tratan de legitimar con la “gobernabilidad”, que según la RAE, viene de “gobernanza”, “arte o manera de gobernar”, aún las violaciones de las leyes que ustedes mismos votaron y entonces hablan de preservar la “institucionalidad”, ¿con instituciones al servicio de las corporaciones?; ¿con corporaciones que violan sistemáticamente el derecho a una vida digna y a un ambiente puro y saludable?; ¿qué “institucionalidad” es esa?
La “institucionalidad” de la desposesión de derechos, de bienes simbólicos, de tierras, de acuíferos, de ríos…
Si esa es la “institucionalidad” que ustedes pregonan, si esa es la “gobernabilidad” que defienden, la del negocio privado con la cosa pública, pues entonces están ejerciendo una acción corruptora, en varios sentidos. Según el mismo diccionario de la RAE, la palabra corromper, tiene varias acepciones: 1) “Alterar y trastrocar la forma de algo”; 2) “Echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo”; 3) “Hacer que algo se deteriore”; 4) “Pervertir a alguien”; 5) “Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera”; 6) “Incomodar, fastidiar, irritar”; 7) “Oler mal”.
¿Qué ocurriría si hiciéramos un plebiscito donde se nos preguntara a la población, si la “gobernabilidad” e “institucionalidad” están viciadas de algunas de las acepciones del verbo “corromper?
Es hora de abandonar este sistema de “democracias empresariales” con un paradigma de desposesión sistemático; el plebiscito, como herramienta de la autodeterminación de los pueblos está en la propia Constitución. Lo implementan poco, porque por lo general, los intereses de la población chocan con los intereses político-corporativos y a veces, ganan, como en Loncopué, Neuquén, donde el NO! a la megaminería contaminante fue rotundo, así como en otras localidades.
Cuanto más mandan a reprimir a sus fuerzas policiales a los vecinos que protestan, porque les arrebataron Derechos, como en este caso (y en tantos otros), al agua y a un ambiente saludable, más muestran los procesos de “corruptividad” (si se me permite el término), que atraviesan sus “gobernabilidades” e “institucionalidades”, en todas sus acepciones.

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