Reunión OMC. Desigualdad de género: una clave del libre comercio

El poder corporativo está relacionado de forma intrínseca todos los días de nuestras vidas. ¿De qué forma este nuevo impulso del librecambio y neoliberalismo tiene repercusiones en tanto relaciones de género? 

Las repercusiones de los acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio e inversión (TLCI) no son relaciones libres de matices, dilemas y tensiones. Uno de los principales objetivos que se encolumna con los preceptos de la OMC es la reducción de costos laborales que afecta a todxs lxs trabajadorxs y promueve a la baja las protecciones sociales. Sin embargo, la firma y el posterior éxito de estos tipos de acuerdos es posible porque se asienta sobre una arquitectura desigual con respecto a las relaciones de género, al mismo tiempo que sus efectos se refuerzan y profundizan en esa estructura que es a su vez patriarcal y heteronormada.

En primera instancia, estas medidas tiene implicancias debido a la sobre representación de las mujeres y lxs sujetos de la disidencia sexual en los trabajos más precarios, informales y no registrados. En palabras de Corina Rodríguez Enríquez, entre estos grupos existe una sobre representación en el borde siempre difuso y frágil entre la formalidad y la informalidad laboral.

Como mujeres trabajadoras remuneradas, el primer matiz de análisis se observa en que no todas están en las mismas condiciones. Algunas han podido insertarse en el mercado de trabajo formal, de manera estable y con protecciones de la seguridad social garantizadas. En contraposición, las más afectadas por estas políticas son las precarizadas, a las que se le suman otra serie de desigualdades que pueden agravar el panorama según la edad, la raza, la etnia, la identidad y/u orientación sexual, el nivel socioeconómico y las redes de socialización, como lo manifiestan las investigadoras de la Red de Género y Comercio. En Latinoamérica, 7 de cada 10 personas pobres son mujeres.

En la historia reciente podemos ver como los TLCI se basan en la desigualdad de género en el mercado de trabajo para la atracción de las inversiones, que buscan ocupar grandes contingentes de mujeres a muy bajo costo constituyendo cadenas globales de producción. En las maquilas y grandes cadenas de suministro estas políticas comerciales y de inversiones no han sido efectivas para la creación de más empleo y si lo consiguen, es a costa de la incorporación de las trabajadoras en formas muy precarizadas y en puestos de baja calificación.

El libre comercio en clave de género: dilemas y tensiones

Según un informe de Oxfam se estima que en el mundo hay unas 2 mil Zonas Económicas Especiales donde se instalan las maquilas. Emplean a más de 27 millones de personas en el mundo, de las cuales más del 50% son mujeres y en algunos casos de países dependientes constituyen el 90% del empleo total de estas zonas.

La división sexual es una clave para el éxito del negocio del libre comercio, sobre todo el exportador, basado en mano de obra barata y no sindicada. Esta fuerza de trabajo es muchas veces relocalizada para despojarla de redes familiares y contención que cuidar y en que lo único que se puedan enfocar sea en las extensas jornadas de trabajo.

No es casual que en un mundo en crisis de reproducción social y crisis de cuidados, donde son una constante en la arquitectura socioeconómica, vuelve a instalarse en el discurso mediático y político la flexibilización laboral (y el emprendedurismo propiciando el trabajo cuentapropista) como una fuente de promoción para la creación de empleo. Tanto por las formas de producción como las maquilas como por la apertura comercial en ciertos países dependientes donde estas políticas destruyan puestos de trabajo en fábricas y comercios, las socializadas mujeres son moneda de cambio y amortiguador en la división sexual del trabajo.

En este sentido, las cláusulas de género son utilizadas como una moneda de cambio progresista en los tratados. Un ejemplo, en línea con estas políticas, son los puntos fundamentales que viene elaborando el Mujeres20 (W20), el Foro de Mujeres del G20. Uno de los cinco pilares del acordado Plan de Acción insta en avanzar en políticas hacia la meta “25×25”, esto es, lograr reducir un 25% la brecha de participación laboral de cara al 2025. Pero este tipo de políticas conllevan dilemas y tensiones.

Mientras que toman reclamos sensibles e históricos de los movimientos feministas y sociales como las cláusulas instando a los Estados a trabajar en pos de incorporar mujeres al mercado de trabajo, y en la que muchxs actorxs depositan un consecuente “empoderamiento de género”, la contrapartida de esta inserción masiva es utilizar la brecha salarial existente, que no se pone en agenda, para tirar a la baja todos los salarios.

Es aquí donde también cabe preguntarse ¿todo trabajo remunerado empodera a las mujeres en su diversidad? Indefectiblemente la historia de estos últimos 40 años nos muestra que estas trayectorias de avance e incorporación no han sido libre de tensiones.

Algunas posiciones son críticas de que los ingresos masivos al mercado laboral formal o informal empoderen a las mujeres. Pero en un contexto de plena vulnerabilidad de la vida, donde muchísimas viven en contextos frágiles, precarios, y donde más allá del ideal liberal occidental de autonomía vía ingresos y acceso al consumo, muchas mujeres necesitan contar con ingresos propios para salir de o afrontar contextos de violencia física y simbólica o simplemente sostener a sus familias. En muchos casos, son jefas de hogar o bien aportan una parte importante de los ingresos, inclusive vía remesas en el caso de las migrantes.

 

Las trabajadoras del cuidado, en la mira entre la migración y el libre comercio

Otro de las manifestaciones sexualizadas de los TLCI son las dinámicas de algunas economías dependientes que negocian tratados para la facilitación y exportación de trabajadoras de servicio doméstico y cuidados que migran aportando mano de obra barata para el sostenimiento de la vida en los hogares. Este es el caso de países como Filipinas o Birmania, entre otros del sudeste asiático, que se convierten en máquinas productoras de mano de obra: las mujeres migran a países de la península arábiga o a los “tigres asiáticos” para trabajar de cuidadoras. Las trabajadoras domésticas pueden pagar hasta por cinco años su sueldo a las empresas reclutadoras generando una esclavitud por deudas, entre otras condiciones de extrema desprotección de la vida.

El caso de los países del sudeste asiático nos demuestra que hoy hay vidas que están jerarquizadas y que no todxs las personas se pueden dar el lujo de cuidarla de la misma manera. Es necesario que el reconocimiento de impactos de los TLCI atiendan no sólo la dimensión monetizada, mercantil y formal de los trabajos sino los efectos sobre las vidas, sobre los trabajos no remunerados y es aquí donde entra la arquitectura de la división sexual y heteronormada del trabajo.

En un contexto de plena vulnerabilidad, constante inestabilidad laboral y sensación de crisis en las economías, Amaia Pérez Orozco nos plantea que se da un doble proceso de intensificación de la carga global de trabajo de las mujeres (remunerado y no remunerado) y de un endurecimiento de las condiciones laborales (precarización del empleo y mayor penosidad de los arreglos del cuidado). Las mujeres, bajo el rol que se les asigna de cuidadoras, asumen la responsabilidad de sacar adelante a los hogares y las comunidades mediante su trabajo no remunerado. Estas relaciones funcionan como una válvula de escape al endurecimiento de condiciones de vida frente al deterioro de la economía, la privatización de servicios públicos, la precarización del empleo y el encarecimiento de bienes básicos.

 

 

Por qué una mirada feminista es importante frente al libre comercio

Aunque la experiencia de Argentina esté alejada de las maquilas, pero no de las ensambladoras en algunos polos industriales, estos acuerdos intentan interceder en las políticas de regulación de los Estados con el fin de conseguir una mayor rentabilidad para las corporaciones vía reducción de costos laborales, protección social y otras formas de captura del Estado y de los bienes comunes. Por eso, no es paradójico que luego del apoyo de las elecciones de medio término el gobierno cambiemita lleve adelante la triada de reformas laboral-previsional-tributaria a la par que ofrece a la Argentina como anfitriona de estas reuniones que pregonan una mayor seguridad y garantía jurídica para las grandes corporaciones a costa de las condiciones de vida de lxs trabajadorxs.

Esto implica el debilitamiento del papel del Estado y la ausencia en políticas de protección de la vida de corto y largo alcance. La reducción del gasto fiscal y los menores recursos en políticas públicas afecta a todxs, pero si pensamos en las poblaciones más vulneradas, veremos como planes específicos de asistencia van a estar amedrentados por estos contextos. Esto va desde menores recursos para la aplicación de programas de transferencia condicionada, la atención de violencia de género, el Programa Nacional de Salud y procreación responsable, poniendo en riesgo la efectiva implementación del cupo laboral trans, la Ley de Educación Sexual Integral, pero también menos políticas de agricultura familiar, de acceso público a la salud de calidad, tratamientos hormonales para personas trans, entre otras. Todas las políticas que pueden aumentar nuestra calidad de vida. En esta situación es impensable la posibilidad de un Sistema Integral de Cuidados que encare seriamente uno de los principales nudos de reproducción de la desigualdad de género.

Desde el enfoque de sostenibilidad de la vida, todas estas políticas van en una dirección directamente contraria: la excluyente prioridad de valorizar el capital, rindiéndole ganancias, quita toda posibilidad de descentrar los mercados y poner la vida en el centro. Los derechos de los pueblos quedan rezagados y desprotegidos. Instala la modulación de nuestras vidas con el control corporativo de datos y el comercio electrónico, relevando y cuantificando nuestras preferencias que no solo se utilizan económicamente sino que les dan una información muy valiosa a todos los gobiernos.

La MC11 de la OMC es no solo un espacio para que vuelva a nuestras agendas la reflexión y el análisis sobre el poder corporativo y cómo nuestras vidas son modificadas y estructuradas por las corporaciones, esas pocas manos no tan invisibles. Es una nueva oportunidad para complejizar los entramados de la violencia machista y los efectos en las distintas vivencias de las trabajadoras en toda su diversidad, que se estructuran bajo un sistema de división por clases, patriarcal y heteronormado. Es un llamado al movimiento feminista a involucrarse, otra vez, para sostener nuestras vidas.

 

fuente: APU Agencia Paco Urondo

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someonePin on PinterestShare on TumblrPrint this page

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.