Terrorismo de Estado para “depurar”

A 45 años del “documento reservado” de Perón

En una reunión secreta con la presencia de Juan Domingo Perón, el entonces presidente provisional Raúl Lastiri, José López Rega y altos funcionarios del gobierno peronista, el 1° de octubre de 1973 se dio la orden que marcaría el inicio del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo de 1976.

Hace 45 años, el 1° de octubre de 1973, en una reunión secreta realizada con la presencia del presidente electo Juan Domingo Perón, altas figuras del Partido Justicialista y del gobierno que por entonces encabezaba el yerno de López Rega, Raúl Lastiri, dieron lectura y redacción final a lo que se llamó una “orden reservada” del Consejo Superior Justicialista con el fin de “depurar el movimiento de la llamada “heterodoxia marxista”.

Después de la Masacre de Ezeiza, perpetrada el 20 de junio de ese año por grupos parapoliciales y de la derecha peronista, este documento reservado marca el principio oficial del Terrorismo de Estado perpetrado por los gobiernos de Perón y su sucesora, Isabel, antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

La “orden reservada” del Consejo Superior Justicialista para los delegados del Movimiento el 1° de octubre de 1973 – y que, a raíz de una filtración de la reunión secreta en que se dio, se publicó en los diarios La Opinión y Crónica al día siguiente – no sólo aporta una prueba documental que conecta con la represión estatal las acciones de las bandas parapoliciales que sembraron el terror antes del golpe del 24 de marzo de 1976 sino que muestra que tenían un objetivo claramente definido: acabar con la llamada “heterodoxia marxista”, esto es un sector de la población.

La Opinión revela el texto del documento reservado en su portada.

El documento asimila los intereses del Movimiento Nacional Justicialista en el gobierno con los del propio Estado. Esta utilización del aparato estatal en la represión de un sector de la población por el hecho de no compartir la ideología del gobierno permite calificar a los crímenes cometidos por esos grupos parapoliciales como delitos de lesa humanidad.

La orden decía que esa “depuración” debía hacerse con “todos los medios a su alcance”, lo que implícitamente incluía la eliminación de los disidentes. Entre las “directivas” que imparte, la número 9 es precisa: “Medios de lucha: Se utilizará todos los que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad. La necesidad de los medios que se propongan, será apreciada por los dirigentes de cada distrito”.

La importancia de los personajes que participaron de esa reunión secreta no deja dudas de que la “orden reservada” bajó desde la más alta jerarquía del Estado. Allí estaban el presidente electo Juan Domingo Perón; el presidente interino en ejercicio, Raúl Lastiri, y varios ministros del gabinete nacional, entre ellos José López Rega. Según La Opinión del 2 de octubre de 1973, el lector del documento fue el senador justicialista José Humberto Martiarena. Luego de la filtración, el gobierno negó durante tres días la existencia de esa “orden” hasta que la evidencia no le dejó otra opción que reconocerla.

La investigación del historiador de la Universidad de General Sarmiento Hernán José Merele sobre el asesinato del abogado y militante del peronismo revolucionario Antonio Tito Deleroni y su compañera, Nélida Chiche Arana, perpetrados el 27 de noviembre de 1973, demuestra que ese atentado fue uno de los primeros consumados como acción terrorista del Estado en el marco de esa “orden reservada”. Fue realizado en una zona “liberada” por la policía bonaerense y la detención de uno de sus autores se debió solamente al accionar de un desprevenido policía federal que fue testigo del hecho. El resto huyó sin problemas. Al ser capturado, el autor material de las muertes, Julio Ricardo Villanueva, se identificó como un “depurador”, es decir, un integrante de los grupos encargados de la “depuración ideológica” del Movimiento a la que alude la orden reservada. Las actuaciones del caso desaparecieron rápidamente tanto de la comisaría en cuya jurisdicción se perpetraron los crímenes como del juzgado encargado de la instrucción.

Pocos después de este doble crimen, la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A) asesinaría al diputado del peronismo revolucionario Rodolfo Ortega Peña, mientras que la banda parapolicial de la Concentración Nacional Universitaria platense, capitaneada por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, perpetraría en una sola noche un raid que tuvo cuatro víctimas: el dirigente sindical Carlos Ennio Pierini, el referente histórico de la resistencia peronista en La Plata Horacio Chávez, su hijo Rolando, y el docente universitario Luis Macor. Para entonces, en la provincia de Buenos Aires, la CNU se había puesto a las órdenes del nuevo gobernador, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, y operaba en zonas liberadas por la policía bonaerense.

Al mismo tiempo, la CNU marplatense, el Comando Libertadores de América en Córdoba, y el Comando Pío IX en Salta, Tucumán y otras provincias argentinas realizaban acciones de similares características, iniciando una escalada de terror que ya no se detendría.

En el resto del país también comenzaron a actuar, con igual modus operandi, patotas integradas por culatas sindicales y policías. Los “blancos” del accionar de todos estos grupos paraestatales eran los mismos: estudiantes y docentes identificados con la izquierda o el peronismo revolucionario, dirigentes sindicales combativos y disidentes dentro del Justicialismo. Las calles quedaban sembradas de cuerpos acribillados con un objetivo que iba más allá de eliminar al “blanco” elegido: sembrar el terror entre la población.

Esa “política” para el tratamiento de los cuerpos de las víctimas sólo cambiaría con la llegada de la dictadura, que instalaría su desaparición como método privilegiado.

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