-Toc toc. -¿Quién es? -La falta de vacantes otra vez…

-Toc toc. -¿Quién es? -La falta de vacantes otra vez…

Agustina Julián, profesora de nivel inicial en Bajo Flores y Soldati
Estefania Barone, profesora de nivel primario en Soldati y Lugano
Y trabajadorxs de CPI
Agrupación docente estudiantil Simón Rodríguez

Una nueva publicación de listados, nuevos mensajes “en lista de espera”. La situación con las vacantes para el ciclo lectivo 2018, no parece más alentadora que la del 2017. Pocas esperanzas quedan para quienes recién logren inscribirse en la segunda etapa que comienza este jueves 7 de diciembre. Son más de 12.000 chicxs que nuevamente están a la espera de acceder a un derecho constitucional. Podríamos escribir el nombre de cada unx de ellxs, sus familias, sus realidades y sus historias. Porque sí, detrás de ese número, que no vamos a naturalizar, hay un niñx con su derecho vulnerado; y eso sin adentramos en todos los demás derechos que el Estado debería garantizar y no lo hace, que hacen a una vida digna. Porque detrás de ese número hay un niñx con una voz a ser escuchada, es desde cada una de esas voces que comenzamos a escribir lo que continúa.

 

¿Cómo responde el gobierno a cada unx de estxs niñxs y sus familias?

La respuesta que se repite y no sorprende, el cinismo y la mentira. El gobierno de la Ciudad niega e invisibiliza la falta de vacantes, la vulneración del derecho a la educación de miles de chicxs, como parte de una decisión política que sostiene desde hace años: el vaciamiento de la educación pública. A las familias que se acercan desesperadas a reclamar su vacante a la supervisión del distrito escolar que le corresponde según la escuela donde validaron la preinscripción, las reciben con respuestas desalentadoras: “es muy chiquito”, “probá más adelante, recién a partir de sala de 4 es obligatorio”, “volvé en marzo”, y la lista de frases desafortunadas podría continuar. En el Ministerio de educación el trato no mejora, si es que reciben a las familias que se acercan con niñxs a upa y en cochecitos. En el mejor de los casos las recibe un funcionario de segunda o tercera línea, que se acerca con una agenda en mano a atenderlas en la vereda con los portones del Ministerio cerrados a su espalda. Toman nota de los datos que ya tienen y que la experiencia de años anteriores nos recuerda que sólo piden “como si” fueran a resolver algo. Ante el problema estructural de la falta de construcción de escuelas, se hacen los desentendidos o responden unos días más tarde mostrando cuadros y láminas de supuestos planes de construcción de escuelas que sólo quedan en promesas. Eligen desentenderse del artículo 24 de la Constitución de la CABA que reserva a la Ciudad “la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.

Otra respuesta que no tarda en llegar, porque forma parte de la política de este gobierno, es la oferta de los Centros de Primera Infancia (CPI). Estos espacios fueron creados en el año 2009 (Decreto Nº 306/09) en el ámbito de la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social. Con su proliferación, al día de hoy la Ciudad ya cuenta con 72 CPI, la mayoría en la zona sur, “tienen como misión principal garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años de edad en situación de vulnerabilidad social”. La gestión de los CPI se hace en forma asociada entre el Estado (gobierno de la CABA) y las organizaciones sociales/ONGs/sociedades de fomento donde están emplazados estos centros. El Gobierno asume las responsabilidades de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto y supervisar las actividades desempeñadas en cada CPI, mientras cada organización, por su parte, se hace cargo de la implementación y la contratación del personal, por lo cual tanto los requisitos como las condiciones de contratación son determinados por ellas.

Los CPI se ofrecen como “solución” frente a la falta de vacantes, por lo tanto, en lugar de ir a un jardín público, 10.213 chicxs van a algún CPI. Como bien describe la frase, los espacios fueron creados para “garantizar el crecimiento y el desarrollo”, en ningún momento hablan o proponen Educación, en ningún momento proponen Espacios Pedagógicos, en ningún momento aclaran que NO son jardines y que NO dependen del Ministerio de Educación. De esta manera el Nivel Inicial continúa fragmentándose entre escuelas infantiles para aquellxs privilegiadxs, que logran inscribirse de forma online y obtener la vacante en la escuela pública, y aquellxs que deben transcurrir sus días en los Centros de Primera Infancia.

Dentro de la estructura en donde se alojan los CPI, el campo pedagógico queda desdibujado o a merced de la voluntad de quienes organizan y llevan adelante la tarea en cada uno de estos espacios. Así, la experiencia educativa (o no tanto) depende del CPI que haya designado la varita de las vacantes mentirosas. En la mayoría de los espacios no están dadas las condiciones edilicias ni pedagógicas para llevar adelante una tarea “educativa” (por más buena intención que tengan quienes están allí trabajando). Los espacios son reducidos, hay 30 niñxs de 2 años conviviendo en un espacio de 3m x 3m y lxs trabajadorxs están precarizadxs: algunxs tercerizadxs y otrxs, directamente, en negro.

Tampoco se puede obviar el hecho de que los Centros de Primera Infancia reciben subsidios de acuerdo a la cantidad de niñxs que concurren; es decir, cuanto más niñxs más plata se distribuye para las distintas actividades que se realizan. Lxs trabajadorxs cobran parte de ese dinero, no hay un salario fijo y, en la mayoría de los casos se cobra en “concepto de viáticos”. En la página del GCBA afirman que “trabajan 1300 personas encargadas de garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los chicos que asisten; así la ayuda es doble, ya que la Ciudad le da una mano a más de 4.000 padres y madres a través del cuidado de sus hijos mientras ellos trabajan o estudian”. Entonces 1.300 personas precarizadas están a cargo de 10.213 chicxs, en condiciones imposibles de llevar adelante cualquier tarea, y son quienes le “dan una mano” a 4.000 padres y madres. Explícitamente el gobierno de la Ciudad confirma que los CPI son espacios asistencialistas.

No hay derecho, hay servicio; hay honra al benefactor, que se jacta de garantizar vacantes y deshonra al que recibe, que es el “vulnerado”. Lo posiciona en un lugar de carencia inamovible, en un margen inhabitable, invisible para las políticas públicas. El Estado sigue perpetuando políticas focalizadas, que proponen recorridos paralelos y degradados, que poco apuestan a un cambio social y emancipador.

Le preguntamos al gobierno, ¿las escuelas dónde están?

Desde la primera inscripción online en 2014, no sólo se despersonalizó y se volvió cada vez más excluyente el acceso a la escuela pública, sino que también se visibilizó el problema estructural de la Ciudad: la falta de construcción de escuelas, especialmente las infantiles, las del primer ciclo del Nivel Inicial. Año a año el gobierno reconoció que miles de chicxs se quedaban sin su vacante. Reconocieron 7.000 en 2014, 11.432 en 2015, 11.958 en 2016, y en 2017 se negaron a dar el número de chicxs con su derecho vulnerado a acceder a la educación.

La definición del presupuesto educativo da cuenta del plan estratégico de un gobierno y de las políticas públicas que se trazarán durante el próximo año. En este caso, el pasado 7 de noviembre, la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, presentó en la Legislatura porteña la partida que tiene asignada su área para el 2018. Serán 40 mil millones de pesos, un 18,8% del presupuesto total de la Ciudad, que se aleja casi 10 puntos del 28,2% que tenía destinado en 2007.

Si bien la funcionaria detalló que la inversión en infraestructura y mantenimiento educativo será de 2.014 millones de pesos, lo que “permitirá inaugurar 10 escuelas durante el 2018” y así crearán “1100 nuevas vacantes en el nivel inicial, uno de los más afectados por la falta de cupos”; estos números se alejan de la necesidad real. Y no sólo se alejan de la necesidad real sino que siguen pensando en números lo que deberían ser políticas concretas, tanto educativas como para las infancias.

Que hoy la ministra prometa inaugurar 10 escuelas durante el 2018, no sólo es insuficiente para las más de 11.000 vacantes que faltan, sino que se suma a las promesas de campaña que su espacio político viene anunciando y modificando, pero incumpliendo. En concreto, la construcción de escuelas sólo quedó en palabras. En campaña, Macri dijo que construirían “3 mil jardines de infantes en cuatro años”, promesa ratificada nada más y nada menos que en el marco de una multitudinaria jornada de lucha docente, pero no hubo obra alguna. Después, Alejandro Finnocchiaro, ministro de Educación de la Nación, anunció “Estamos reconvirtiendo ese objetivo (…) Lo que estamos pensando ahora es en la construcción de 10.000 aulas o salas. Es decir, en los lugares donde ya tenemos jardines de infantes, el objetivo ahora es ampliar su capacidad edilicia”.

Jardines y salas no son lo mismo, señor ministro. Abrir salas en jardines ya existentes implica perder espacios físicos (que son espacios pedagógicos), implica perder patios, implica perder aires libres, implica dividir salas en dos y llenar de niñxs ambas, superpoblándolas y perjudicando cada vez más las condiciones de enseñanza de lxs docentes, que son también las condiciones de aprendizaje de lxs chicxs.

No nos alcanzan 10 escuelas, no nos alcanzan 2.000 millones de pesos, no alcanzan 10.000 salas; vacantes para todxs en las escuelas públicas. Queremos vida, trabajo y niñez digna.

Como comunidad educativa ¿Que les respondemos?

Que frente a la desidia del gobierno y el abandono del Estado, las escuelas las abrimos como pueblo organizado. Buenos ejemplos de estas conquistas son nuestra querida “Carlos Fuentealba”, que ya lleva casi un año funcionando y la “Azucena Villaflor” que está pronta a finalizar las obras y abrir sus puertas. Si bien sabemos que la recuperación de estas escuelas no resuelve el problema estructural de la falta de vacantes, porque es necesaria la construcción de más escuelas, tenemos la certeza de que éstas no son cualquier victoria. La Escuela Carlos Fuentealba muestra cómo una comunidad educativa en lucha puede recuperar una escuela pública abandonada por el gobierno para garantizar el derecho a la educación de los chicos y chicas de la zona sur de la ciudad. Y la otra, la Azucena Villaflor, es la lucha por la licitación e inicio de obras en un galpón ocioso del Ministerio de Educación de la CABA. Son experiencias testigo de que luchando podemos seguir arrancando derechos para nuestro pueblo.

Como comunidad, entonces, le respondemos que continuaremos en el territorio, organizándonos en nuestros lugares de trabajo con nuestrxs compañerxs y con las familias. Reclamando que en cada espacio ocioso o edificio abandonado se construya una escuela pública. Haciendo un control popular de las obras para que el gobierno de la ciudad no las abandone ni las convierta en un CPI.

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=es&mid=1-x5SSCohQeY3wHNZcoO1yyFyYnsYStgY&ll=-34.5651081482773%2C-58.43170384999996&z=12

Le respondemos que esas voces que intentan silenciar, que intentan conformar, no se van a callar. Porque hay quienes las escuchamos y quienes nos organizamos junto a ellas para seguir gritando cada vez más fuerte lxs docentes, estudiantes y colectivos de familias sin vacantes, que queremos construcción de escuelas públicas y vacantes para todxs.

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