Tucumán, el jardín de la tortura

En Tucumán, la marcha del 8M comenzará en la puerta del SIPROSA, la institución de salud pública provincial que obstaculizó que Lucía, la niña de 11 años violada, accediera a la ILE. Es que “la obstrucción al aborto no punible es sistemática”, denuncian desde la red de abogadas feministas del NOA. Una investigación de Milagro Mariona y Helena Guerrero.

—Ustedes tienen un nombre porque tienen vida y tienen la responsabilidad que les ha confiado el pueblo tucumano: voten por la vida.

Así exhortó el arzobispo Carlos Sánchez a los políticos tucumanos. Faltaba nada para que la Cámara Baja votara el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito. En el último acto patrio del 25 de mayo, en una convocatoria multitudinaria frente a la catedral, entre locro y empanadas, el cura nombró uno por uno a los diputados y senadores. La iglesia dejó la cancha marcada.

A los pocos días, la legislatura declaró a Tucumán como la primera provincia “provida” e invitó a los municipios a destinar fondos públicos para desarrollar acciones a favor “de las dos vidas”.

Mientras el movimiento feminista local se multiplicaba, “los celestes” activaron su aparato enquistado en el poder estatal. En la primera semana de agosto, cuando se decidía el futuro de la ley en el Senado, se realizó una marcha antiaborto encabezada por el gobernador peronista y ex ministro de Salud de la Nación Juan Manzur y también por su oponente número uno, la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, de la UCR/Cambiemos.

Luego del rechazo a la ley, lejos de fortalecerse la prevención de embarazos no deseados y de garantizar los abortos no punibles, el modo de operar para obstaculizarlos se legitimó.

Las direcciones hospitalarias designan a los profesionales más permeables a las órdenes “de arriba” y se dificulta la participación de quienes brindan consejerías acordes a las normativas. También el miedo los paraliza hasta omitir obligaciones. Los obstáculos en el ejercicio de derechos en relación al acceso a las ILEs se da en dos direcciones: el ejercicio de poder en base al conocimiento técnico de lxs médicxs, y el maltrato con la persona gestante que lo solicita, que desde que ingresan las llaman “mamá”.

Manipulando la información sobre la edad gestacional y la situación de salud de la persona gestante, lxs profesionales antiderechos argumentan la imposibilidad o el alto riesgo de realizar la práctica. El discurso hegemónico de la medicina deja fuera toda perspectiva integral de la salud. El segundo mecanismo es directamente el maltrato a la persona, buscando expulsarla del sistema público de salud. El ninguneo, el hacerlas sentir culpables, hacerles sentir dolor, hacerlas esperar, no creerles, no escucharlas.

A los profesionales de la salud que garantizan interrupciones legales del embarazo (ILEs) se los persigue. En algunos casos se da aviso a la policía. El año pasado, dentro del Hospital Avellaneda hostigaron a la tocoginecóloga Fabiana Reyna por haber garantizado un aborto no punible a una niña de 11 años. Ahora escrachan a Cecilia Ousset y José Gigena, quienes interrumpieron el embarazo de Lucía.

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El 11 de marzo Lucía empieza sexto grado. Tiene ganas de volver a la escuela porque para ella significa recuperar su vida lejos de médicos, hospitales, presiones y cerca de sus hermanas y amigas. Quiere olvidar este verano.
Lucía vive en Siete de Abril con su abuela y sus dos hermanas desde hace cuatro años, cuando fueron separadas de su mamá luego de haber sido víctimas de distintos tipos de violencia de parte de su expadrastro.

En Siete de Abril viven poco más de 500 personas. Se tarda dos horas para recorrer el camino desde la capital tucumana. Para llegar hay que pasar un puesto limítrofe con Santiago del Estero. Un letrero verde señala que a la izquierda se toma el camino a este pueblo y a la derecha se llega a la provincia vecina. Asoma entre plantaciones de soja y plantines de limoneros asoma un pequeño pueblo, sin cartel que lo nombre. Sólo un puesto de SENSA y una estación de servicio a los costados de la ruta avisan que es la entrada.

Lo único que sobresale del relieve es un gran silo de almacenamiento de granos. A la hora de la siesta hay un silencio que permite oír el viento. A lo lejos en una sola casa suena una guaracha.

El pueblo se fundó alrededor de una vieja estación ferroviaria que hoy está vacía. Una pintada blanca y celeste, que data del 2015, dice “no detengamos el progreso” y llama a votar a Manzur. Al frente, una plaza con mangrullos, hamacas y subibajas no muestra señales de niñxs jugando. El polvo se levanta de las calles sin pavimento cuando pasa el único ómnibus que peina las principales calles.

La escuela es de un verde turquesa, en lugar de un timbre tiene una campana plateada y el mástil en la entrada no llega a superar los cuatro metros. Es pequeña, no tiene más que media cuadra de largo. En Siete de Abril todo está cerca. Los movimientos extraños, los vehículos o las caras no conocidas llaman la atención. Nadie se acerca a preguntar, solo se mira desde las patios a quien pasa.

Lucía tiene 11 años. El 31 de enero ingresó al sistema público de salud embarazada de 20 semanas. Eliseo Víctor Amaya, la pareja de su abuela, la violó y la obligó a callar. Mientras todo esto pasaba, Lucía siguió yendo a la escuela. Cuando una consulta médica señaló el embarazo comenzó su largo peregrinaje para acceder a un aborto no punible. Pasaron 27 días, tuvo más de 8 entrevistas con profesionales de la salud, funcionarios de la salud pública, del Juzgado de Familia, Defensoría de Menores. Pasó por la cámara gessel y manifestó en distintas oportunidades su deseo de no estar embarazada. El 27 de febrero a la madrugada, y con fuertes denuncias e intervenciones del movimiento feminista, finalmente le realizaron la interrupción del embarazo.

Si en la escuela se hubieran trabajado las propuestas curriculares de la ESI, Lucía habría encontrado un espacio donde pedir ayuda. Quizás, si sus maestrxs hubieran tenido las herramientas habrían detectado las señales que deja el abuso y denunciado la situación. En la provincia de Santa Fe, a través de las escuelas se intervino en 368 casos durante el 2018. Lucía no pudo acceder a este derecho porque el gobierno tucumano se resiste a la aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral a pesar de que está contemplada, además, en la Ley de Educación Provincial. Sin embargo, la educación religiosa tiene un lugar privilegiado en la currícula de primaria.

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—Acá no se va hacer nada -dijo la subdirectora del Hospital del Este Eva Perón cuando estaló el caso Lucía.

En Tucumán, dos niñas de 10 a 14 años son madres cada semana. En el Hospital del Este Eva Perón se practican las interrupciones legales del embarazo. Este es uno de los dos hospitales que llevaban adelante esta práctica médica lícita, según los informes presentados por el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) a pedido de Católicas por el Derecho a Decidir.

El Hospital del Este Eva Perón es nuevo. Se inauguró en 2013 con un perfil materno infantil para descomprimir al Instituto de Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes”, y cubrir el este tucumano. Tiene un aspecto moderno. Los típicos azulejos del viejo paradigma higienista no recubren las paredes. Sus techos altos mantienen la frescura del ambiente en los calurosos veranos tucumanos. Las cámaras de seguridad vigilan todo: el estacionamiento, la puerta de la dirección, la sala de espera.

Centrado principalmente en la maternidad, la prevención es dejada de lado. El consultorio de salud sexual y reproductiva no cuenta con señalización, y los dispenser de preservativos están vacíos por orden de la dirección. Los anticonceptivos se entregan sólo en los consultorios. La mayoría de sus trabajadores y profesionales son personas jóvenes. No tienen trayectoria de sindicalización por lo que las resistencias a los atropellos son débiles.

Lucía comenzaba el quinto mes de gestación forzada cuando le hicieron la primera ecografía, el 31 de enero, en ese hospital central. Llegó en una ambulancia, derivada del Hospital de Garmendia, una localidad a unos pocos kilómetros de su pueblo. Las principales autoridades sanitarias ya estaban al tanto de su condición.

“Me duele la panza, siento que se me mueven las tripas”, le decía a su mamá. Lucía volvió a manifestar que no quería continuar con el embarazo, esta vez en cámara gessel. “Podes esperar y que lo tenga otra familia”, le prometió Vigliocco, mientras le acariciaba la panza. Pero ella no quería que esté en ningún lado.

El equipo de salud no podía entender que para Lucía, el embarazo no implicaba la gestación de una vida, sino la consecuencia de la agresión sufrida y la vulneración de sus derechos.

La gestación llevaba 22 semanas. Y Lucía no iba a tener derecho al aborto por las causales de riesgo de salud y violación pese que es una práctica licita contemplada desde 1921 en el Código Penal. La historia clínica de la niña ya preveía como fecha de parto mediados de junio.

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—Llamen a las del pañuelo verde, ellas van a hacer que me saquen esto -pidió Lucia.

El colectivo #NiUnaMenos recibió un mensaje por Facebook: “Necesito ayuda”. Una familiar de la niña decidió romper con el aislamiento al que la estaban sometiendo en el hospital. Solo la madre la acompañaba en la habitación. “Quiere que le saquen lo que tiene adentro, llora todo el día. No sé por qué lo demoran”, seguía el relato.

Estaban desesperadas porque habían firmado el consentimiento informado, el requisito que establece la ley para acceder a una ILE. Desde el sistema de salud le dijeron que recién le harían la intervención entre el 5 y el 11 de marzo, cerca del séptimo mes de gestación. Querían prolongar el sufrimiento de la niña para que el feto sea viable.

“Están obstruyendo el acceso a la salud.” Soledad Deza, de Mujeres x Mujeres y de la Guardia de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir, con el colectivo Ni Una Menos, realizaron presentaciones ante el SIPROSA y el Ministerio Público Fiscal para que se avance en el caso de acuerdo a la ley y cese la obstrucción de derechos.

La obstrucción al aborto no punible es sistemática. “El denominador común es la objeción de conciencia que se traduce de distintas formas, sea a través de la exigencia de requisitos médicos burocráticos innecesarios, como puede ser la extracción de muestras a través de una punción de líquido amnióticos a una víctima de violación de 13 años, o la exigencia de un plazo gestacional que no sale en la ley. La finalidad es la misma: negar la práctica o dilatarla. El objetivo final es imponer una maternidad”, explica Deza.

Desde que llegó el mensaje de Facebook, un equipo interdisciplinario feminista comenzó a diseñar las estrategias para lograr que el sistema de salud cumpla con la voluntad de la niña y la letra de la ley. Cada paso fue dado con el consentimiento de la familia de Lucía. “Le explicamos que no íbamos a hacer nada que ellas no quieran. Que estábamos ahí para acompañar sus decisiones”, relata Adriana Guerrero, miembra del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM). Así, el CLADEM junto a Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (Andhes) presentaron un Amicus Curiae (amigos del tribunal), una herramienta que permite que organizaciones especialistas puedan asesorar y ayudar a la justicia con una opinión fundamentada. “Lo que nosotros justamente decimos a través del amicus es que hay que escuchar a la niña y su voluntad. El Estado tiene que administrar y poner a disposición todos los mecanismos para que se garantice ese derecho”, explicó Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Andhes.

Fueron más de 12 casos los que la abogada Deza pudo contabilizar de memoria. En los archivos hay más. “La pregunta que siempre nos queda cuando hacemos balances es qué pasa con las mujeres que no dan con nosotras, que no llegan a contactarnos. Una política pública y el acceso a un derecho no pueden estar subordinados al acompañamiento de una abogada que apuntale la ciudadanía. Los derechos tiene que estar disponibles para todos, sin amenaza jurídica.”

Había urgencia y desesperación. Lucía no estaba bien, había intentado autolesionarse, le había subido la presión, en el hospital la mantenían aislada y tenía un régimen de visitas. Su familia estaba desbordada. No entendían el retraso.

En este contexto se realizaron presentaciones administrativas en la misma sede del hospital dejando constancia que la familia, tanto la mamá como la niña, habían expresado su voluntad de interrumpir el embarazo y se puso un plazo de 24 hs para que se realice la práctica.

En el hospital le empezaron a suministrar corticoides. “¿Para qué es eso?”, preguntó la madre de Lucía. “Para que maduren los pulmones”, contestó una enfermera.

“Exigimos que se aplique el protocolo ILE y que además cese la medicalización a la que estaba siendo sometida Lucía. Son maniobras dilatorias que buscaban prolongar el tiempo de gestación para hacer viable la vida extrauterina del feto”, contó Florencia Vallino, abogada de Andhes y de la niña.

Durante 2018 se registraron 137 nacimientos de niñas menores de 14 años en Tucumán de acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Cualquier embarazo que se produzca por debajo de esa franja etaria debe ser considerado un abuso sexual según los estándares internacionales que protegen los derechos de la niñez y la adolescencia. “Sabemos que en 2018 se practicaron 15 ILEs, según fuentes sanitarias. ¿Qué pasó con las 137 niñas que ingresaron al sistema de salud y salieron siendo madres?”, se preguntó Adriana Guerrero de CLADEM.

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El martes 26, Vigliocco contactó telefónicamente a José Gigena, quien forma parte de la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal, para que realice la práctica. Junto a su colega y esposa, Cecilia Ousset, llegaron sin conocer la historia clínica de Lucía. Las autoridades del Ministerio de Salud, el SIPROSA y del Hospital del Este tercerizaron la ILE debido a que todos los médicos de la institución se negaron por temor a represalias.

En este caso y otros similares, la fiscal Adriana Giannoni actúa de oficio para amedrentar tanto a médicxs como a las pacientes. La misma ministra de Salud Rossana Chahla declaró en un entrevista que fue Gianonni quien ordenó no interrumpir el embarazo. Ahora fue denunciada por coacción y abuso de autoridad.

A las cuatro de la tarde, el sistema de salud dejó trascender que se realizaría la práctica y le dio “la primicia” al diario La Gaceta antes que a la familia de la niña. Desde ese momento, llegó la prensa con cámaras y luego un grupo de personas fundamentalistas. El manejo de poder fue constante. Dejaron entrar a un cura, a un periodista y a la policía.
Pasadas las cinco horas de la noticia, las redes comenzaron a arder con el comunicado de la familia y las organizaciones que las acompañaban: “#URGENTE: El SIPROSA no está garantizando la Interrupción Legal del Embarazo de Lucia. Es responsabilidad de Rossana Chahla y Vigliocco el cumplimiento efectivo de la práctica”.

El Gobierno de Tucumán emitió un comunicado, a pasadas las 10 de la noche, notificando que se iba a proceder con la práctica y dejando al descubierto que las dilaciones que hicieron padecer a Lucía correspondían al fin último de “salvar las dos vidas”.

Lucía entró al quirófano a las 12 de la noche. Los grupos antiderechos acampaban en la guardia. La pareja de médicos del sector privado tuvo que entrar oculta. Les abrieron las puertas cuando dieron aviso por teléfono que se acercaban. Tenían miedo de ser agredidos.

La planta baja ya estaba a media luz y completamente vacía. El olor a desinfectante se mezclaba con el olor a humedad de la lluvia del exterior. Ya en la planta alta, donde estaba la habitación de Lucía, dos guardias tomaban los datos de las personas presentes.

Las feministas también esperaban afuera, alejadas de la institución. Aunque venían de noches sin dormir esperando el fallo por el femicidio de Paulina Lebbos, ahí estaban. El calor de febrero había dado un poco de tregua, aunque la pesadumbre por la espera se veía en las caras de todas.

Como sucedió en el caso de Jujuy, con la niña de 12 años a quien también dilataron el acceso al aborto no punible, a Lucía le practicaron una microcesárea en un quirófano desierto: el instrumentista y la enfermera que debían acompañar la operación se declararon objetores de conciencia y abandonaron la sala. Fue otra anestesista externa al hospital quien estuvo presente.

La recién nacida estaba con vida, en estado crítico y con prematurez extrema: pesaba poco más de 500 gramos. Enseguida fue entubada, ya que ninguno de sus órganos funcionaba correctamente, y hasta el momento se encuentra en neonatología.

Al otro día, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, viralizó un audio vulnerando la intimidad de la paciente menor de edad, exponiendo su nombre y llamando a ser “custodios” del producto de la violación.

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Ahora Lucía está contenta y aliviada a pesar de la cicatriz y las hormonas alborotadas.

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En junio se vota en Tucuman. Seis de siete candidatos a la gobernación se manifestaron públicamente en contra del aborto: el actual gobernador Juan Manzur, del partido Justicialista, el senador nacional José Alperovich de Hagamos Juntos Tucumán, y los candidatos de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, Alfonso Prat Gay, José Cano, Domingo Amaya. A traves de Ariel Osatinsky, el FIT será el único partido político que tendrá un candidato que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de los cuerpos gestantes.

El caso de Lucía demostró que el poder político, es quien garantiza el retroceso de los derechos conquistados de mujeres, niñas y adolescentes en materia de salud sexual. ¿Y las promesas de progreso?

No es solo la edad, ni es solo la objeción de conciencia. El caso de Lucía tiene que ver también con el lugar al que pertenece. Sobre la vida de niñas, adolescentes y adultas de los pueblos del interior del interior, deciden unilateralmente algunos profesionales de la salud desinformando, ocultando información y transmitiendo miedo.
Es por ello que ni siquiera fue resguardada su privacidad. Los niños y las niñas pobres están a merced de un mundo adulto que quiere usarlos como ejemplos de una moral antiderechos.

Esto no es una derrota. El feminismo actúa reforzando sus redes de contactos, articulando con aliados que ocupan espacios de toma de decisiones en la cúpula política de la provincia. En definitiva, el poder del feminismo radica en parte a su capacidad de tejer redes, de contención, de afecto, de conocimientos y de estrategias.

El próximo 8 de marzo la marcha comenzará en la puerta del SIPROSA, desde donde se digitaron todas las maniobras para evitar que Lucía acceda a su derecho. En la tensión permanente y con un claro reclamo de que las niñas no son madres, una multitud feminista mostrará la fortaleza de un movimiento que no para de crecer.

Fuente: Anfibia

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