Un CEO preside la Corte de cohortes Rozenkrantz reemplaza a Lorenzetti

En Septiembre de 2016 el Senado aprobó la propuesta de Mauricio Macri, los candidatos de  Hector Magnetto, para  la designación como jueces de la Corte Suprema de Justicia a  Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y asi cubrir las vacantes dejadas por  Raul Zaffaroni y  Carlos Fayt

Designados por decreto, el  republicano presidente Macri  tuvo que  corregir su desprolijidad anticonstitucional e ir al senado,  donde se aprobaron los pliegos de ambos. De los 59 que votaron a favor,  28 eran  del PJ/FPV,  en contra votaron 10 del  PJ/FPV y Pino Solanas

Además  de la obvia lista de senadores de  Cambiemos, votaron a favor entre otros   Abal Medina, Pichietto, Luna, Espinola, Fellner, Alperovich, Persico y  Rodolfo Urtubey, quien expresó: “venimos a realizar un acto de gobierno, a cumplir con una tarea institucional”.

Rosenkrantz no tiene antecedentes en el poder judicial, fue rector de la Universidad de San Andres y  hasta su nombramiento fue titular del estudio jurídico asesor de corporaciones: Rosenkrantz y Asociados. Uno de sus clientes más conocidos es sin dudas el Grupo Clarín, al que representó en la audiencia pública por la Ley de Medios, pero también litigó a favor de Cablevisión, YPF, Musimundo, América TV, Ávila Inversora, La Nación, La Rural , Carbap, McDonald’s, y las cerveceras Anheuser-Busch InBev, Quilmes y Grupo Modelo. También representó a Panamerican Energy  (Bulgueroni) Central Térmica Patagónica SA. Bouzat declaró haber asesorado a los Fondos de inversión GP (Petersen), Aconcagua Ventures, HWF Capital     (grupo financiero ingles) y Pegasus. En la presentación del estudio en su página web, asumen con total desparpajo su metodología: “Nuestros  socios fundadores se han desempeñado en distintos cargos de responsabilidad en el sector público, lo que les ha otorgado una amplia experiencia en procedimientos y reclamos administrativos ante dependencias nacionales, provinciales y municipales”. No es difícil imaginar los servicios que podrán prestar ahora que están en la cúspide del poder judicial. ¿Será una de las formas porosas de la mentada participación público-privada?

En uno de sus primeros fallos como jueces de la  Corte Suprema, el 3 de mayo de 2017, deciden que la Ley 24.390 o “ley del 2×1” que se promulgó en 1994 debía aplicarse en el caso del  represor Luis Muiña, integrante  del autodenominado grupo SWAT, quien durante la dictadura (1976-1983) secuestró, torturó y asesinó a trabajadores del hospital Posadas. Un año después ante  el repudio que genero el fallo y  la indignación que  llenó las calles en su contra, debieron dar marcha atrás  y rechazaron el pedido  de “2 x1” de Jorge Appiani secuestrador de Haroldo Conti.

La politización de la justicia no es un fenómeno nuevo,  casi siempre ha sido afín al poder político, es propio de su perfil  elitista y  aristocratizante. Aunque lo declame nunca será imparcial, como tampoco cumplirá con el principio según el cual: todos somos iguales ante la ley, otra de las ficciones de la democracia burguesa. Menos aún en la actualidad, cuando profundiza su  tendencia servil, lacaya y genuflexa  ante la fusión del poder político-empresarial.

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