Una ola de inseguridad alimentaria

Tres de cada diez jóvenes no comen bien por razones económicas o por falta de información.

La pibada se mueve en un terreno pantanoso donde la leche no es leche, la comida se imprime y las farmacias venden golosinas.

                                  ¿Somos lo que comemos, lo que nos dejan que comamos o los compradores que a las empresas les conviene tener?

A mediados de mes, dos hermanas fueron internadas en la terapia intensiva de un hospital porteño por haber comido el hummus que vendía la firma Tsuki Macro Vegan, una organización precaria con local en Palermo que no tenía los permisos sanitarios correspondientes. Así lo informó una fiscalía después de secuestrar y confiscar todo su “stock”: unos 120 kilos. Las pericias confirmaron la presencia de toxinas de botulismo en sus productos y sus dueños fueron procesados a la espera de que la justicia llegue a la misma hora de siempre: tarde.

Es injusto e impreciso cuestionar solo por este hecho a todo el universo de alimentación self-vegan que se expande por “el mercado” de manera necesaria pero jabonosa. Sin embargo, es un síntoma de una foto mucho más amplia en la que los paradigmas vigentes sobre alimentos, alimentación e industria alimentaria empiezan a verse borrosos y sin límites definidos. Acá y en el mundo entero. Donde entran el juego el especismo, la agricultura orgánica, las industrias químicas, el capital, menos tiempo, más publicidad, comidas rápidas y digestión lenta, precios descuidados, roscas políticas y juegos por el trono, que termina siendo la góndola en la que comprás tu comida.

A esta altura es claro que no “somos lo que comemos” sino en todo caso lo que nos dejan comer. Un menú en el que abundan productos procesados como cara de una revolución alimenticio-industrial pero invertida: mientras mayor es la cantidad de bocas que demandan comida –en Argentina, en el mundo–, menor es la calidad de la oferta. Por ejemplo, aunque ya pululaban algunas góndolas desde 2017, muchos recién descubrieron en marzo pasado la existencia del “alimento lácteo a base de leche”. Fue cuando los mercados quedaron desabastecidos de leches a 25 pesos y, de golpe, una marca copó todos los estantes con el litro a 45.

Recién en ese contexto indignó la existencia de un engañoso lácteo low-cost que obligó a cambiar algunas reglas: el Gobierno exigió retirar esos productos para sentarse a negociar de qué nueva forma debería “venderse” esa leche que no es tal. Una pulseada –por así decirlo– en la que las mismas empresas que duplicaron el precio del producto reclaman el derecho a ofrecerle otro más barato a aquellos que no puedan pagarlo. Suena perverso y lo es. La solución sería empezar a denominarlo “bebida láctea”, tal como se comercializan este tipo de productos en Estados Unidos o en Brasil, y dejar de destacar exageradamente la palabra “leche” en el etiquetado frontal.

La nebulosa burocrática no es casual: el Estado es un jugador fuerte en el entramado de producción-circulación-publicidad sobre el que se edifica la industria alimenticia. Es quien puede definir –según sus capacidades e interlocutores– reglas sensibles para que un alimento se produzca, llegue a la góndola y además sea promocionado según sus posiciones de fuerza comercial por medios, redes y vía pública. El actual escenario muestra un desapego estatal por intervenir en esta dinámica donde no sólo se incluye la –no menor– batalla de los precios sino también cuestiones de salud pública que inciden en la mayoría de la población e impactan como nunca entre los deciles jóvenes.

Argentina es, por empezar, el país con mayor porcentaje de obesidad en América Latina. La cifra alcanza el 28,2 por ciento: al menos una de cada cuatro personas. En las mujeres, la tasa se duplicó en las últimas tres décadas y emparda ahora a los varones. Entre las principales causas figuran las económicas pero también la expansión y proliferación de alimentos procesados que combinan sabor y calorías. En especial esos ricos en azúcares refinadas: las golosinas que hoy vemos hasta en las farmacias. O que compramos en el tren para engañar la languidez de la vuelta a casa. Solo un ejemplo entre yogures, pastiches símil carne o galletitas engomadas. Por todos estos méritos, Argentina es el tercer país latinoamericano en consumo de productos procesados y con conservantes. Un tridente de ataque temible: sodio, grasas y azúcares.

La contracara de todo esto es la precocidad con la que empiezan a manifestarse cuadros de cáncer, diabetes, hipertensión y accidentes cerebrovasculares: a medida que crece la mala alimentación, bajan los promedios de edad a la que cunden estos problemas de salud. El cambio es incluso cultural: este tipo de enfermedades históricamente asociadas a edades madurativas, por motivos biológicos del desgaste del organismo, hoy son diagnósticos habituales entre la adolescencia y la juventud.

Ya la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2013 advertía que casi el 35 por ciento de la población argentina era hipertensa y que la ingesta de sal duplicaba el límite sugerido por la OMS. En marzo pasado, la ONG argentina FIC difundió un informe después de analizar 3674 productos procesados: uno de cada cinco incumplen las metas fijadas por la ley 26.905 para reducir anualmente el porcentaje de sodio en alimentos. Al tope del ranking estaban los productos cárnicos y derivados, particularmente hamburguesas y embutidos. Y también los panes para hamburguesas, panchos y hasta uno que el marketing no sugería tan dañino: el lactal.

Uno de los constantes reclamos de distintos organismos es que el Estado obligue a las empresas a mostrar con claridad la calidad nutricional de los productos con los que promete saciarnos el hambre. La información muchas veces es incompleta: no todo lo “light” o “bajo en calorías” es específicamente bueno per se. Es una pelea difícil en la cual las marcas luchan en nombre de la “belleza estética” de las etiquetas a costa de confusiones o arteras engañifas.

Los índices de hambre son más escandalosos: según la mayoría de las estimaciones, el 30 por ciento de la población argentina sub-18 padeció durante el año pasado lo que se considera “inseguridad alimentaria”. Se trata de la incapacidad para acceder a alimentos en cantidad y en calidad por problemas económicos, aunque de este inciso también se deriva tácitamente la mala información suministrada para poder elegir los más saludables. Argentina produce alimentos para 440 millones de personas pero no puede abastecer su población, que es un décimo de esa cantidad: un problema en el que converge la poca intervención estatal y la necesidad de las empresas por aumentar sus beneficios recortando gastos y calidad.

Mientras tanto… avanza la “producción digital” de alimentos a partir de la impresión 3D. El rango es muy amplio y tiene en su extremo ridículo a Food Ink, un “restaurant itinerante” que lleva esa tecnología por Las Vegas, Tokyo o Barcelona para imprimir no sólo la comida sino también la vajilla. La función del cheff es llenar los cartuchos con pastas de alimentos procesados. Pero debajo de esta frikiada hay algo mucho más sensible y tiene que ver con la silenciosa expansión de la llamada “agricultura celular”, que no es otra cosa que la producción de alimentos a partir de distintos componentes combinados por los algoritmos de la Inteligencia Artificial en impresión 3D.

La estrategia comercial de estos desarrolladores es vincularse con los grandes jugadores de la producción mundial de alimentos: las empresas que deciden el stock y los precios de las góndolas más allá de todo y de todes. El panorama parece conducir a las pizzas que la película Volver al futuro II (filmada en 1989) presagiaba para 2015. Mientras tanto hay una pelea paralela: definir los estándares legales con los que serán (son) producidos estos pastones que hacen un plato con una combinación no siempre precisa entre vegetales y químicos. Una pelea sigilosa de la humanidad para no terminar dominados por cyborgs e impresoras 3D que nos digan qué comer.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/197144-una-ola-de-inseguridad-alimentaria

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