#UnGritoGlobal – Aborto El debate de todos los días

La aprobación de una ley del aborto en base a tres causales en Chile, y la Cátedra sobre la interrupción del embarazo en la Facultad de Medicina de Rosario pusieron otra vez bajo la lupa la problemática. América Latina es una de las regiones más atrasadas respecto al tema, aunque existen excepciones, como Uruguay. Las cifras de mortalidad materna son alarmantes y la intervención de ciertas instituciones, el conservadurismo de gran parte de la sociedad y, en gran medida, de los partidos políticos gobernantes obstaculizan el desarrollo de las leyes.

Con la organización y el empoderamiento feminista, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito se multiplicó. En Chile, se aprobó una histórica ley, impulsada por la presidenta Bachelet, que contempla el aborto legal por tres posibles causales: violación, inviabilidad del feto o riesgo de vida materno, similar a la ley que rige en nuestro país. Si bien solo es aplicable a casos específicos, es un gran avance en la materia para el país, que era uno de los pocos que tenía totalmente prohibido el aborto, prohibición que nació mediante un decreto en 1989 del gobierno militar de Pinochet. Además, teniendo en cuenta el conservadurismo de la sociedad chilena, esta medida constituye una gran conquista luego de la fuerte oposición que se plantó.

En la Argentina, la situación no varía demasiado. Si bien, decenas de organismos, organizaciones y movimientos feministas reclaman a diario y en cada lucha multitudinaria por una ley que regule la interrupción del embarazo de forma gratuita y segura. Desde el ámbito académico, también existen avances respecto a dicha problemática. En Rosario (ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe), el Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Rosario decidió incorporar en la Facultad de Medicina una materia optativa sobre “el aborto como problema de salud”. El contenido se enfoca en la interrupción legal del embarazo; el cuidado de la mujer durante todo el proceso; los métodos a utilizar y todo lo que requiere un o una profesional para estar preparado o preparada. Cabe destacar que la provincia de Santa Fe es una de las más instruidas en el tema y, desde el 2012, cuenta con un protocolo en los hospitales públicos para facilitar el acceso al aborto en los casos amparados por la ley. Una excepción frente a muchas provincias argentinas que se oponen a esta práctica, sin importar las contemplaciones del código penal y avasallando los derechos de las mujeres.

Por otro lado, en Uruguay, se destaca un desarrollo en materia de políticas públicas relacionadas al aborto legal. Desde el año 2012, la interrupción del embarazo es legal y segura. Según la norma, el aborto es completamente legal en un plazo de 12 semanas a partir de la concepción, que se extiende hasta 14 meses si la mujer en cuestión, fue víctima de una violación. A su vez, no existe ningún tipo de plazo cuando hay riesgo para la salud de la madre o el feto es inviable. En estos casos, las mujeres deben pasar antes por la consulta de un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. Luego, deben atravesar un plazo de cinco días “de reflexión”. Además, la ley reconoce el derecho a la objeción de conciencia para los ginecólogos que no quieran realizar abortos. La implementación de esa política de legalización y de salud sexual redujo considerablemente la tasa de mortalidad materna, ubicando a éste país en el segundo puesto del continente (debajo de Canadá). En Latinoamérica, los únicos países con aborto legal son Cuba, Guyana y Uruguay. En México solo es legal en el Distrito Federal.

Pequeños son los avances que se registran y los datos resultan alarmantes. Según varias Organizaciones de Salud, se realizan cerca de 4,4 millones de abortos al año y el 90% se hacen en condiciones inseguras. Es decir, de forma clandestina, con métodos “artesanales”, lo que implica un alto riesgo y posibles secuelas. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que aproximadamente el 12% del total de las muertes maternas en esta parte del continente son por abortos mal realizados, sin contar a los miles de mujeres que terminan en hospitales desangrándose, con infecciones u órganos pinchados que luego corren el riesgo de ser denunciadas e ir presas. Otro dato importante es que en la mayoría de los casos las mujeres son menores de 30 años y de clases sociales bajas, que no tienen los recursos para proveerse mejores métodos.

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina

En nuestro país, el aborto se encuentra regulado en los artículos 85 al 88 del Código Penal. El artículo 86 establece causales excepcionales en las que el aborto no es punible. En este, se puntualiza que no se penan los abortos que se practiquen cuando la vida o la salud de la mujer están en riesgo, o cuando el embarazo es resultado de violencia sexual. En el 2012, la Suprema Corte de Justicia pronunció un fallo sin precedentes en el cual se aclararon las múltiples obligaciones del Estado para garantizar el acceso al aborto legal en las circunstancias excepcionales contempladas por la ley. Algunos de los puntos que pronunció el fallo explicita que: “El Estado, como garante de la administración de la salud pública, es el que tiene la obligación, siempre que concurran las circunstancias que habilitan un aborto no punible, de poner a disposición, de quien solicita la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura”. Como respuesta, el Ministerio de Salud creó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a Interrumpir legalmente un Embarazo, determinando de manera clara los derechos de las mujeres que como pacientes solicitan los servicios de salud para la práctica del aborto; las obligaciones del personal de salud; las responsabilidades de las instituciones sanitarias y las alternativas de atención en todos los casos.

Desde al año 2007, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito -iniciativa que integra a más de trescientas agrupaciones, organizaciones y personas que promueven la legalización del aborto en el país– ha venido presentando ante el Congreso de la Nación un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene como premisa “Educación Sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto Legal para no morir”. El tratamiento en las Cámaras del proyecto fue una deuda pendiente durante el gobierno de Cristina Kirchner y, aún, continúa en los dos años que lleva Mauricio Macri en el poder. En esta linea, el presidente, incluso, ya se ha pronunciado en contra con frases como: “Hay que defender la vida”. También el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires de Cambiemos, Esteban Bullrich, expresó su postura -y su ignorancia- cuando rechazo al aborto y consideró que interrumpir un embarazo de una “beba” también se calificaría dentro del reclamo de #NiUnaMenos, dando cuenta de su poco conocimiento sobre la gestación y exhibiendo grandes niveles de hipocresía porque el partido que él representa redujo el presupuesto políticas contra la violencia de género.

Según un informe del FEIM -Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer-, en Argentina se practican entre 460.000 y 600.000 abortos clandestinos cada año. En los hospitales públicos de todo el país se registran 53.000 internaciones por aborto anuales. Del total, alrededor del 15% corresponden a adolescentes y niñas menores de 20 años, y alrededor del 50% a mujeres de entre 20 y 29 años. Durante los últimos 30 años, las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de riesgo han sido la primera causa de mortalidad materna y han representado un tercio del total de esas muertes.

En su mayoria, los paises latinoamericanos han asumido compromisos internacionales ante organismos de derechos humanos para garantizar los derechos sexuales, reproductivos y de salud. Pero la ilegalidad del aborto y la falta de educación sexual provocan una brecha de acceso a esos derechos según la clase social, ya que las principales afectadas son las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza. La violación al derecho de decidir sobre nuestro cuerpo ejerce violencia simbólica e institucional porque #VivasNosQueremos y gritamos por el ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO.

Fuente CLV – 11/09/2017 – http://corriendolavoz.com.ar

Foto por  VANE SPACCAVENTO

Florencia Bueno es de Campana (Bs As), Estudiante de Comunicación Social

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