UniCABA: estado de situación

El 22 de noviembre de 2017 las comunidades de los Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires nos enteramos, por los medios, que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta enviaría a la Legislatura porteña un proyecto de ley para cerrarlos. Los primeros argumentos para la creación de la UniCABA que los reemplazaría estaban centrados en la “falta de maestros” que tiene la ciudad –después de más de 10 años de gobierno del PRO–, atribuidos a una “profesión que debe jerarquizarse” –nuevamente, después de más de 10 años de gobierno del PRO–. Estos argumentos son fácilmente desmontables. Ante la absoluta falta de consulta y de información diagnóstica, se produjo un estado de alerta y movilización en las 29 instituciones, que generaron presión para que el proyecto no fuera tratado durante lo que quedaba de 2017. De esta manera el legislador oficialista Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, se comprometió a trabajarlo durante 2018.

El oficialismo porteño ostenta los números para aprobar el proyecto tal cual fue girado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura: mayoría en la Comisión de Educación, mayoría absoluta en la Legislatura. Sin embargo, debido a la fuerte resistencia con que se encontró, el gobierno porteño evitó dar ese paso.

Ya en 2018 se fue configurando un bloque de resistencia al proyecto UniCABA: toda la oposición en la legislatura, los estudiantes de los IFD, los sindicatos UTE y ADEMyS, y el Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), que reúne a las 21 conducciones de los IFD en un único cuerpo. Por su parte, desde el mes de febrero se vienen organizando charlas que incluyen a docentes, estudiantes, especialistas y legisladores sobre el proyecto, fundamentalmente en los distintos Institutos de Formación Docente pero también en espacios como la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. En ese marco, se destacan las intervenciones de especialistas como Axel Rivas (Director de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés), Mariano Narodowski (Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella y ex Ministro de Educación porteño de Mauricio Macri), Jason Beech (Director del Doctorado en Educación de la Universidad de San Andrés) en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña el 24 de abril, y Mario Giannoni (Secretario de Educación de Fernando De la Rúa en su gestión como Jefe de Gobierno porteño). Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, también solicitó el retiro del proyecto.

Adicionalmente, también se manifestaron en contra del proyecto Adriana Puiggrós  e investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires.

Al momento en que se redacta este artículo, el Gobierno de la Ciudad no presentó a un solo especialista que defienda el proyecto de creación de la UniCABA. Por el contrario, las reuniones en la Comisión de Educación de la legislatura porteña (los días 20 y 27 de marzo, 10, 17 y 24 de abril, y 15 de mayo) consisten en exposiciones contundentes por parte de miembros de las comunidades de los IFD y especialistas en educación, mientras los legisladores del oficialismo (Lía Rueda, José Luis Acevedo, Daniel Del Sol, Natalia Fidel, Diego Marías, Andrés Freire y Guillermo Suárez) miran el celular, hacen silencio o directamente ni siquiera asisten a las reuniones.

A medida que, durante 2018, se fueron sumando las más diversas voces en contra del proyecto, muy lentamente el conflicto iba adquiriendo visibilidad. Aquí podemos establecer cuatro momentos clave: la marcha del 12 de abril, el corte de la avenida 9 de Julio el 24 de abril, la manifestación en la apertura de la Feria del Libro el 26 de abril (que llegó, incluso, al diario El País de España y derivó en una aberrante tapa del diario La Nación) y una nueva marcha el 9 de mayo.

La visibilización del conflicto obligó a Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña (Ministra de Educación) a hablar del tema en los espacios mediáticos que les son amigables, repitiendo lo que hasta ahora venían sosteniendo: que la universidad per se jerarquiza la carrera docente, que hace falta innovación e inclusión de nuevas tecnologías y más inserción de los estudiantes en el aula desde el principio de la carrera. Este tipo de afirmaciones demuestran que los funcionarios desconocen por completo los planes actualmente vigentes, las lógicas de la formación docente porteña e, incluso, parecen desconocer de qué se trató la gestión previa de su mismo partido. Un caso contundente fue la afirmación de Soledad Acuña de que “se enseña mal matemática porque los docentes aprenden mal matemática y por eso el Operativo Aprender da mal en matemática”: tres mentiras en una. Hace décadas que se enseña matemática como la Ministra dice que no se hace, así se trabaja en formación docente y, además, los resultados del Operativo Aprender muestran leves mejoras respecto de las mediciones previas. Mónica Agrasar, especialista en didáctica de la matemática, le contestó en la Legislatura.

Por otro lado, un legislador afín al macrismo, Sergio Abrevaya (GEN) firmó junto con Mario Giannoni una columna de opinión, en el diario Clarín, en la que presentaba una propuesta de “coexistencia” entre la nueva UniCABA y los IFD. Sin embargo, esta propuesta implicaría la desaparición progresiva –en vez de abrupta– de estas instituciones que tienen, en muchos casos, una trayectoria centenaria.

En este nuevo contexto, algo ha distinguido las últimas intervenciones públicas de los funcionarios: muestran, de palabra, una “predisposición al diálogo” para recibir aportes para “mejorar el proyecto”. Sin embargo, se han negado sistemáticamente a recibir al CESGE en pleno (Acuña incluso llamó “soberbias y autoritarias” a las rectoras de los IFD) y a los estudiantes de los IFD, además de no presentar un solo especialista que avale la medida. Rodríguez Larreta afirmó que “podría hacer votar el proyecto ahora mismo si quisiera” (mostrando su verdadera concepción del sistema republicano), pero prefería seguir discutiéndolo dentro de la legislatura para ampliar su consenso. Lo concreto es que en el marco de la Comisión de Educación de la Legislatura se han presentado los más contundentes argumentos en contra del proyecto en sí: el CESGE y los sindicatos reclaman lisa y llanamente su retiro como condición de entablar un debate abierto, realmente participativo y democrático sobre la formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, que efectivamente tiene muchos puntos a mejorar. Los sindicatos UTE y ADEMyS, junto con la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET), sostienen la msima línea.

La Ministra, sin embargo, citó dos veces a los 17 sindicatos docentes porteños para debatir el proyecto: el 20 de abril y el 10 de mayo. Los únicos sindicatos que manifestaron abiertamente la oposición y le necesidad de retirar el proyecto, en esas ocasiones, fueron los ya nombrados UTE y ADEMyS. La carta de Acuña es mostrar a dos sindicatos “díscolos” a los que puede acusar de “kirchneristas y de izquierda”, mientras que el resto no presenta objeciones (lo cual es una falacia, como veremos). El punto clave aquí es la representatividad de esos sindicatos: entre los dos nombrados reúnen a la amplia mayoría de los docentes sindicalizados porteños, mientras que los 15 restantes tienen una representatividad muchísimo menor (hablamos de sindicatos a los que, en algunos casos, no se le conocen afiliados). Por otro lado, el gobierno nunca citó a dialogar a las rectoras ni a los estudiantes. ¿Por qué adopta esta estrategia? Una hipótesis es que le es mediáticamente “redituable” confrontar con los sindicatos: “baradelizar” el conflicto, pero sería mucho más inconveniente hacerlo frente a las rectoras de los IFD. El duranbarbismo en su esplendor.

Otro momento clave lo constituyó la presentación de un recurso de amparo, en el Ministerio Público de la Defensa, por la falta de acceso a la información pública (violación de la ley 104 de CABA). En la reunión de la Comisión de Educación del 15 de mayo el legislador Gabriel Solano subrayó la falta de argumentos que habían sido solicitados en reiteradas oportunidades al Poder Ejecutivo, sin respuesta. Esa misma noche, en el portal web oficial, aparecieron cuatro documentos de trabajo que venían circulando de forma extraoficial por casillas de correo de estudiantes y conducciones de los IFD, que resultaron ser ciertos. No hay en ellos, sin embargo, una sola apreciación valorativa de por qué el sistema formador actual debe ser mejorado: se dan estadísticas sin conclusiones cualitativas, se diagnostica un “desfasaje”, a nivel global, de la educación respecto del mundo actual, se describe cómo sería la UniCABA, pero jamás se menciona a los IFD actuales, a su estructura ni a sus problemas concretos.

A las crecientes convocatorias de los actores mencionados se sumó, en las últimas semanas, una iniciativa de diputados nacionales opositores (Leonardo Grosso, Victoria Donda, Cecilia Moreau, Lucila De Ponti, Nathalia González, Laura Alonso, Romina del Pla, a los que se sumaron Daniel Filmus y los legisladores porteños Gabriel Solano y Roy Cortina). El 17 de mayo hubo una audiencia en la Cámara de Diputados de la Nación en la que expusieron especialistas como Jason Beech, Axel Rivas, Myriam Feldfeber, Alejandra Birgin, Graciela Morgade, Mariana Rossetti, rectoras, estudiantes, docentes y sindicatos (UTE-CTERA y ADEMyS, a los que se sumaron SADOP, que representa a los docentes que trabajan en la gestión privada, y CEA. La Unión de Docentes Argentinos, que inicialmente había aceptado la invitación, decidió bajarse a último momento por cuestiones “institucionales nuestras”). A la audiencia, que duró más de tres horas, estaban invitados los funcionarios porteños Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña, Diego Meiriño –de cuya oficina salió el proyecto original– y Marcela Pelanda –Directora General de Educación Superior, cuya posición pública sobre este tema se desconoce–, y Cecilia Veleda, Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Formación Docente. Ella es autora de “Apostar a la docencia”, uno de los documentos inspiradores de estas avanzadas de reforma –que, como señala CTERA, son a nivel nacional–, junto con “Profesores excelentes”, del Banco Mundial. Estos dos informes parecen ser un guión al que el gobierno de la Alianza Cambiemos se ciñe rigurosamente en el tratamiento de la política educativa.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con la Provincia de Buenos Aires y otras como Jujuy son los laboratorios de pruebas de la Alianza Cambiemos. El proyecto UniCABA generó una fuerte resistencia entre las comunidades educativas, pero al mismo tiempo abrió canales de diálogo y debate que estaban cerrados o adormecidos. El gobierno, por supuesto, elige positivamente no participar en ninguno de ellos, como demostraron las sillas vacías que dejaron el 17 de mayo en la Cámara de Diputados. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires sirve como caja de resonancia para advertir al resto del país sobre esta avanzada sobre comunidades articuladas y con largas décadas de debate sobre la formación docente.

El escenario está abierto, pero lo cierto es que a Rodríguez Larreta se le ha abierto un conflicto que se suma a la brutal caída en las encuestas del gobierno nacional (que afecta al bonaerense y al porteño), en el marco de las dificultades económicas y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que acelerará el ajuste. Tal vez vengan tiempos interesantes.

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