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Violencia es vetar: de protocolos y cuerpos que no esperan

27 Nov,2019

por Antonella Alvarez

“El cuerpo de la mujer es tratado cada vez más como una máquina”

Silvia Federicci

 

La interrupción legal del embarazo (ILE) ya es derecho

El día internacional contra las violencias hacia las Mujeres, Lesbianas, Trans, Bisexuales y No Binaries llega este año en el marco del debate por el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En la última semana se puso en discusión, una vez más, un derecho ya conquistado hace casi 100 años por las personas gestantes y el movimiento feminista. El conocimiento público de un protocolo que actualizaba y especificaba cómo debe operar el Estado al momento de garantizar el acceso a una interrupción legal del embarazo suscitó un debate cuando, luego de su publicación en el Boletín Oficial, empezó a circular la noticia que anticipaba que el Gobierno Nacional vetaría el protocolo. El veto llegó un día después por decreto.

El cambio de signo político que se avecina, y los gestos que Alberto Fernández viene teniendo en relación a la legalización del aborto en Argentina, nos podría hacer suponer que luego del 10 de Diciembre tendremos Protocolo actualizado. Pero es importante tomar nota del debate que se habilitó, y cuáles son los discursos de quienes se manifiestan en contra de garantizar un derecho que es legal hace casi 100 años.

¿Por qué vetar un protocolo que sistematiza lo que es legal desde 1921, cuando se incorporaron las causales por las que se puede acceder a una interrupción legal del embarazo, confirmadas y ampliadas con el Fallo FAL en 2012? Tal vez una de las claves sea el hecho de que, al ser actualizado mediante una resolución ministerial, su cumplimiento debía ser de carácter nacional. Mientras que el ahora nuevamente vigente es de 2015 y no tiene ese rango, por lo que cada provincia, a pesar de tener la obligación de garantizar el acceso a la ILE, hace lo que le parece, y es acá donde opera con más fuerza el entramado de poderes médico-judicial-eclesiástico para negar lo que Estado se supone debe estar garantizando: quien sufra una violación o tenga un embarazo que ponga en riesgo su salud puede acceder a una interrupción legal del embarazo.

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Ese entramado de poderes, sumado a la falta de legislación clara, concreta y de cumplimiento nacional,  es lo que habilita que en pleno 2019 se sucedan historias como la de Lucía en Tucumán, que con 13 años y con un embarazo producto de una violación fue obligada a gestar y a parir, luego de atravesar un sin fin de violencias, que también son de urgente tratamiento.

Actualmente Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán no cuentan con protocolo para la ILE, lo que da lugar a dilaciones y violaciones sistemáticas de los derechos de quienes desean, en esos territorios, acceder a esta práctica. La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Neuquén y Río Negro tienen protocolos más restrictivos que el de 2015 y en el resto de las provincias existen protocolos que están de acuerdo, en general, con el Fallo FAL de 2012. Allí se específica que el Estado, como garante de la administración de la salud, tiene la obligación “de poner a disposición de quien solicite la práctica, las condiciones médicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, accesible y segura. Rápida, por cuanto debe tenerse en cuenta que en este tipo de intervenciones médicas cualquier demora puede epilogar en serios riesgos para la vida o la salud de la embarazada. Accesible y segura pues, aun cuando legal en tanto despenalizado, no deben existir obstáculos médico-burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación que pongan en riesgo la salud o la propia vida de quien la reclama” (CSJN, 2012: considerando 25).

 

El “Estado” en el Protocolo se traduce en los sistemas de salud, tanto público como privado, y por ende en los profesionales de la salud que ejercen su profesión en los hospitales, salitas, y demás instituciones que conforman el sistema de salud. Y también en el Poder Judicial. Cuándo debe, pero sobre todo cuándo no debe intervenir el Poder Judicial es un punto claro del Protocolo, que también avanza en especificaciones respecto del de 2015 “en los casos de niñas y adolescentes víctimas de violación, la justicia sólo debe intervenir para proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del victimario. No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para la decisión de realizar ILE ya que la práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la niña o adolescente”.

La cuestión de la autonomía es otro punto clave que el protocolo anterior ya expresaba, pero que la actualización que fue derogada aclaraba y ampliaba, en consonancia con los cambios en la legislación penal, los rangos de edad en los que se puede solicitar una ILE informando el consentimiento: “Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando esta práctica no implique un riesgo grave para su salud o su vida”.

Alegando cuestiones de forma sobre cómo se construyó la actualización, Cambiemos derogó el Protocolo que seguramente sea actualizado luego del 10 de diciembre. Y aunque parezca un juego burocrático, en esta burocracia se juegan las dilaciones que sufren quienes necesitan acceder a una ILE en gran parte del territorio nacional donde no hay o existen protocolos más restrictivos. Es en esos territorios donde es posible que, una niña de 13 años, víctima de violación, sea obligada a gestar y a parir, y el Estado es responsable, el veto no quita responsabilidad estatal, la ILE ya es derecho y la deben garantizar.

 

Romper la espera y la pedagogía de la crueldad

Históricamente por mujeres y por pobres nos han querido someter a la espera. Esa que se vuelve práctica de la dominación cotidiana de quien hace esperar sobre la que espera (las que esperamos). Esa que sucede cuando parece que nada sucede. El Estado nos hace esperar cuando veta el Protocolo de ILE, cuando no garantiza el derecho a una educación sexual integral. Cuando no garantiza el acceso a una salud integral, cuando asume las posiciones de la Iglesia. Nos hace esperar en los pasillos de los palacios de la injusticia, en las puertas de cualquier hospital.

La espera a la que a diario son (somos) sometidas las clases y los sectores subalternos (que se vuelve más compleja si intentamos analizar o mirar desde una perspectiva de la interseccionalidad), encarna una relación de dominación(es), donde el Estado (nunca pensado como monolítico, sino como entramado contradictorio y asimétrico de relaciones) opera tratando de educar(nos) en la sumisión. La espera lleva consigo, al decir de Javier Auyero, incertidumbre y arbitrariedad pero a la vez, violencia sobre los cuerpos, a partir del ejercicio de lo que Rita Segato denomina una pedagogía de la crueldad  que convierte a la vida en cosa, y que consideramos es ejercida cuando se nos “niega la libertad de decidir sobre un embarazo, entendiendo que nuestro cuerpo es colonia de un colectivo que controla los mecanismos y procedimientos de un Estado, entre ellos los mecanismos legislativos y judiciales”. Y esto se agudiza cuando la decisión sobre nuestros cuerpos sucede en contextos de extrema violencia, cuando los embarazos son el producto de una violación y no garantizan nuestro derecho a decidir.

Recuperar la soberanía implica romper con esa colonización a la que intentaron ser/son sometidos nuestros cuerpos y que dejen de estar “tutelados” en el marco del Estado. De ahí la importancia de que ese mismo Estado garantice el acceso a la ILE y también a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Que dejen de ser los jueces, los médicos, los legisladores quienes definan sobre nuestros cuerpos. Se trata de que nuestro cuerpo deje de ser entendido como objeto/cosa sobre el que otros pueden definir, actuar, prohibir, criminalizar. Y se garantice nuestro derecho a decidir.

En romper la espera y esa pedagogía de la crueldad, se escribe la historia de lucha del movimiento feminista, y allí enmarcada, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En esa historia de lucha, en ese no esperar, se gesta lo que María Alicia Gutiérrez llama la despenalización social del aborto, entendida como la consecuencia de las múltiples acciones que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene desarrollando desde su existencia; acciones estas que generan un amplio consenso en enormes sectores de la sociedad a favor de la legalización del aborto. Independientemente de que los poderes de turno intenten, en palabras de Claudia Korol, una pedagogía disciplinadora, ordenadora, conservadora, domesticadora y reproductora de lo existente. En ese no esperar se explica que haya cientos/as que a nivel nacional se organizan en “Profesionales por el derecho a decidir” para garantizar el acceso a la ILE. Los derechos no se derogan por decreto, y mal que les pese, de lo que nunca se trató para nosotras, es de sentarnos a esperar.

 

Protocolo actualizado que fue vetado

Protocolo 2015/2016 (vigente) sin alcance nacional 

 

 

Fuente: revoluciones.net

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