Violencia política en Brasil

Esta nota es previa a la ilegalización de la candidatura de Lula y los últimos acontecimientos políticos en Brasil pero es sumamente actual en su descripción de procesos profundos represivos, racistas y filo-fascistas que tienen lugar en  conjunto de la sociedad brasileña y en particular a nivel rural, de allí su publicación en nuestro sitio.

Sacudido por una ola de violencia, Brasil multiplica las rupturas con el orden institucional. Al punto de que algunos derechos conseguidos tras el final de la dictadura, en 1985, parecen ahora amenazados. Empezando por la libertad de expresión y la de elegir a los gobernantes.

Desde 2016 y la destitución de Dilma Rousseff por el Congreso −una operación que la izquierda califica de “golpe de Estado parlamentario”–, Brasil parece restablecer sus lazos con un pasado que muchos esperaban enterrado: el de una tierra regida por los “Coroneles” y los “Bandeirantes”, esos caciques locales que empleaban la violencia para deshacerse de los molestos. Los molestos son la izquierda y los necesitados, especialmente los “sin tierra” que ocupan tierras improductivas que, según la Constitución, deberían ser redistribuidas en el marco de la reforma agraria.

Mientras que el país se prepara para conmemorar el 13 de mayo los 130 años de la abolición de la esclavitud, uno de los símbolos más detestados de ese triste período ha vuelto a hacer su aparición en las pantallas de televisión: la fusta de cuero. Grandes terratenientes la usaron para pegarles a campesinos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) que esperaban el paso de la caravana del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el sur del país, el 22 de marzo. La senadora Ana Amélia Lemos, del Partido Progresista (PP, derecha), felicitó sin complejos a esos “verdaderos gaúchos que alzaron sus fustas”.

A lo largo de una carrera política de más de cincuenta años, el ex presidente Lula −encarcelado desde el 7 de abril– pudo recorrer el país sin exponerse a ningún peligro. Pero, sólo durante el mes de marzo, tuvo que enfrentarse con una serie de bloqueos organizados por milicias armadas con tractores, piedras e incluso fusiles. Su objetivo: dificultar la gira que llevaba a cabo el candidato a la presidencia para movilizar a la población en contra de su condena a doce años de prisión por corrupción pasiva. Una condena que denunció la izquierda, pero también 122 juristas brasileños que, en una recopilación de artículos, expusieron la parcialidad de una acusación basada más en la convicción del juez que en pruebas (1).

La investigación policial, que tiene que identificar a los autores de los disparos contra la caravana el 27 de marzo, ya reveló su procedencia: la fazenda (gran explotación agrícola) de Leandro Bonotto. Desde los años 1990 Bonotto se opone violentamente al MST y a las recuperaciones de tierras dirigidas por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). No es una sorpresa: todos los ataques perpetrados contra la caravana de Lula da Silva fueron preparados por las asociaciones de grandes terratenientes que pregonan abiertamente la violencia contra el MST. Uno de ellos, Gedeão Ferreira, presidente de la Federación de Agricultura de Rio Grande do Sul, ya había declarado al asumir su cargo: “Vamos a enfrentar al MST y al INCRA. Sus ocupaciones tienen como único objetivo privar de sus propiedades a los productores rurales” (2). Condenado en 2002 por “desobediencia a la justicia” e “incitación al crimen” después de haberles negado a técnicos del INCRA el acceso a sus propiedades, Ferreira fue puesto en libertad al año siguiente por el tribunal regional de la región VI, la misma instancia que condenó en juicio de apelación al ex presidente Lula.

Ocupaciones fatales

“Brasil es un país muy violento, con una cantidad récord de homicidios; pero, tradicionalmente, no conocíamos este fenómeno en la política, a diferencia de Colombia o México −analiza Mauricio Santoro, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Río de Janeiro–. El mes en el que le dispararon a la caravana de Lula, fue asesinada una consejera municipal de izquierda de Río, Marielle Franco. Estos hechos trágicos son inéditos en nuestra historia contemporánea.” La violencia alcanza por primera vez a personalidades políticas de primera línea. Para los movimientos sociales no es nueva, pero está en franco aumento. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada durante la dictadura por la Conferencia de Obispos de Brasil, 70 militantes fueron asesinados en 2017, es decir, más que en 2016, que ya había marcado un récord con 61 víctimas. Entre los 70 muertos del año pasado, 52 estaban ligados a conflictos por la tierra.

“El fin de los gobiernos del Partido de los Trabajadores [PT] llevó a que la violencia se agravara fuertemente −confirma José Batista Afonso, abogado de la CPT en el estado de Pará–. Se observa una reorganización de las asociaciones de grandes terratenientes y un acercamiento de los mismos con las fuerzas del orden. Esto es particularmente claro en el estado de Pará, con 21 asesinatos el año pasado. Hacía mucho tiempo que no se veía algo así.” Entre estos muertos, diez campesinos que pertenecían a la Liga de Campesinos Pobres, torturados y luego ejecutados durante una ocupación del establecimiento de Santa Lúcia el 24 de mayo de 2017. Esta masacre en Pau d’Arco es la peor desde la de Eldorado dos Carajás, en 1996, cuando 19 campesinos del MST fueron ejecutados por policías. La investigación llevada a cabo en Pau d’Arco acaba de concluir en la inculpación de 29 policías. El peritaje mostró que además de heridas mortales los cuerpos presentaban fracturas múltiples, comprobando las torturas relatadas por otras víctimas.

En sus declaraciones, los policías afirmaron que habían entrado a la fazenda con órdenes de arresto contra algunos campesinos y que les habían disparado. Dos de ellos sin embargo confesaron para obtener una reducción de pena y confirmaron la versión de los sobrevivientes. “El peritaje confirmó también que los campesinos no habían disparado. La versión de los policías por lo tanto no se sostiene”, nos precisó el procurador, Leonardo Caldas. El conflicto es clásico en este estado de la Amazonia: la fazenda Santa Lúcia es propiedad de la familia Babinski, que cuenta con once, es decir, un total de 40.000 hectáreas, casi cuatro veces el tamaño de París.

Según los movimientos sociales, estas tierras estuvieron bien utilizadas hasta la muerte del patriarca, Honorato Babinski. Las ocupaciones de Santa Lúcia empezaron a partir de 2013, con 5.694 hectáreas que ya no eran cultivadas. El heredero, Honorato Babinski hijo, de 25 años, vive en Río de Janeiro y se describe como “actor” en las redes sociales, en las que no esconde una agitada vida nocturna. Le exigió sin embargo a la justicia que expulsara a los ocupantes. A la jueza que le pidió que demostrara la actividad de la fazenda, le presentó documentación (la compra de 1.700 vacas y un certificado de vacunación de 75 animales), pero con fecha de un mes posterior a la petición de la justicia. Obtuvo no obstante la expulsión de los campesinos, que volvieron tres veces a ocupar el lugar. La última ocupación les resultó fatal: “La investigación ahora debe determinar quién ordenó el crimen. Pero, como sucede a menudo en el Pará, los policías hacen horas extras como agentes de seguridad para los fazendeiros”, agregó el procurador, reflejando su pesimismo en cuanto a las revelaciones que puedan esperarse de la investigación.

Connivencia

Los policías del Pará también les venden sus servicios a empresas mineras. En Barcarena, la asociación Cainquiama denunció en múltiples oportunidades que la multinacional minera Norsk Hydro, presente en cuarenta países y en un 34,3% propiedad del Estado noruego, arroja residuos tóxicos. Norsk Hydro posee en Barcarena “la refinería de aluminio más grande del mundo”, según la empresa. El 23 de febrero, la asociación volvió a notificarles a las autoridades acerca de desechos clandestinos, negados por la mina, pero confirmados por las autoridades sanitarias locales. Les mostró a las autoridades las canalizaciones de los desechos clandestinos, forzando a la refinería a que redujera su producción en un 50%. Dos semanas más tarde, uno de los dirigentes de la asociación, Paulo Sérgio, era asesinado −el segundo en tres meses–.

Desde enero, la asociación venía denunciando las amenazas de muerte que recibían por parte de miembros de la Policía Militar, uno de los cuerpos policiales de Brasil. “Contacté inmediatamente al secretario de Seguridad del estado de Pará para que pusiera protección −nos contó Armando Brasil, procurador de Justicia Militar de Pará–. Me respondió que no era su función, y agregó que los dirigentes de la asociación habían invadido tierras. Como si eso tuviera algo que ver… Sin contar que eso nunca se demostró. En cambio, el asesinato sí que ocurrió.” Según él, “todo el mundo sabe que hay policías que trabajan para la refinería. La investigación deberá demostrarlo, pero yo no les veo otra explicación a estos asesinatos”. Desde entonces, al menos tres mujeres de la asociación denunciaron a su vez amenazas de muerte, siempre sin obtener ni la menor medida de seguridad. Existe un programa de protección de los militantes, pero es ineficaz: las 683 personas que se benefician del mismo en su mayoría no reciben más que un seguimiento telefónico. Sólo 14 de entre ellas han sido puestas bajo protección policial. “Estamos recibiendo ataques sin precedentes −nos dijo Ney Strozake, abogado del MST–. En marzo, una de nuestras ocupaciones fue nuevamente rociada con productos tóxicos por los aviones de grandes terratenientes de Bahía. En el sur, varios de nuestros militantes son encarcelados con pretextos falaces. Hacer que los liberen resulta muy complicado.”

El 27 de marzo, siempre en el estado de Pará, fue arrestado el padre José Amaro. La policía lo acusa de una serie de crímenes que van del acoso sexual al lavado de dinero, pasando por la invasión de tierras. Este cura luchó junto a la religiosa Dorothy Sang, asesinada en 2005 por grandes terratenientes. Su arresto fue denunciado por todos aquellos que conocen sus acciones junto a los más pobres de la región. “Se trata de una nueva táctica que apunta a impedir el trabajo de estos religiosos −comentó el director de la Comisión Pastoral de la Tierra, Ruben Siqueira–. El asesinato de Dorothy Sang había detenido la acción de los grandes terratenientes debido a la atención internacional que recibió. Pero destruir la reputación de un hombre puede ser más eficaz para bloquear su acción militante que matarlo.”

A pesar de que todas las acusaciones provienen de grandes terratenientes, la Justicia confirmó la detención provisoria del padre Amaro, que los combatía. Amenazado de muerte en múltiples ocasiones, el religioso ahora se encuentra en la misma prisión que el asesino de Dorothy Sang, en el estado de Brasil más peligroso para los militantes. La Justicia no ve allí ningún inconveniente.

  1. Carol Proner, Gisele Cittadino, Gisele Ricobom y João Ricardo W. Dornelles, Comentários a uma sentença anunciada, o processo Lula,Canal 6 Editora, Bauru, SP, 2017.
  2. Diário do Centro do Mundo,25-3-18, www.diariodocentrodomundo.com.br

Poderoso lobby agroindustrial

Terratenientes bien cuidados

Su gran reunión tiene lugar todos los martes en una bella quinta de un barrio selecto de Brasilia. “Es un almuerzo y el menú cambia todas las semanas”, explicó el encargado de comunicación del “grupo parlamentario ruralista”. Por “menú” no hay que entender una sucesión de platos sino de los temas que este lobby de los grandes terratenientes en el Parlamento discute en mesa chica para luego llevarlos al Congreso o al Planalto, el palacio presidencial.

“Es exactamente eso: conversar para decidir con qué salsas se van a comer los derechos de los indios o la reforma agraria”, ironiza Alceu Castilho, responsable de “Una mirada atenta a los ruralistas”, el observatorio de la industria agroalimentaria de Brasil. Desde la llegada a la presidencia de Michel Temer, en 2016, este grupo parlamentario adquirió una influencia inédita. ¿Su virtud? Haber contribuido con la mitad de los votos del Congreso que aprobó la destitución de Dilma Rousseff. Enfrentado a una impopularidad abismal (menos del 5% de los brasileños se declara satisfecho con él), Temer no se podría mantener en el poder sin semejante apoyo. Por otra parte, fue varias veces invitado a los almuerzos de los martes.

Hoja de ruta

En dos años, “el presidente nos satisfizo plenamente, es cierto. Pero todavía quedan bloqueos que hay que superar”, estima João Henrique Hummel, director del Instituto Pensar Agro, el huésped de los almuerzos. Pensar Agro es un “think tank sin fines de lucro” que reagrupa a las cuarenta principales organizaciones agrícolas de Brasil, también ellas desprovistas de “intenciones lucrativas”, nos aclara Hummel. El instituto financia las actividades del grupo parlamentario ruralista, elabora propuestas y analiza los proyectos de ley. En el capítulo de los “bloqueos”, Hummel recuerda “dos reculadas de Michel Temer” en dos años. La primera, cuando desistió de abolir la calificación de “trabajo esclavo”, como reclaman los ruralistas −en nombre de esta noción, en 2017, el Ministerio de Trabajo liberó a 2.264 trabajadores de 165 empresas que los retenían en “condiciones análogas a la esclavitud”, especialmente en las fazendas–. Y la segunda, cuando intentó abrir a la explotación minera una de las más importantes reservas naturales de la Amazonia, la Renca. Las dos veces, la presión internacional lo obligó a dar marcha atrás. Una pena para los amigos de Hummel, que no obstante se consuelan constatando que el presidente los satisfizo en trece de los diecisiete “temas prioritarios” de su hoja de ruta.

Esta lista de reclamos incluye en primer lugar las restricciones a la expansión territorial de la industria agroalimentaria, particularmente en Amazonia. La palabra clave de los ruralistas, en este campo, es “flexibilización”: la de los análisis preliminares en la atribución de los permisos de explotación (ya sean mineros o agrícolas); pero también la de la obligación de llevar a cabo estudios de impacto en el medioambiente.

También reclamaban una ley que les permitiera a las empresas extranjeras adquirir tierras sin ningún tipo de límite: hecho. Querían que se levantaran las “trabas históricas” a sus negocios −entiéndase: los derechos de los indios, de las comunidades quilombolas (descendientes de esclavos) y la obligación del Estado de llevar a cabo una reforma agraria ante la desigualdad de la propiedad de tierras en Brasil–. Victoria: no sólo el gobierno de Temer propuso una reforma constitucional que apunta a cambiar las reglas de otorgamiento de las tierras de los indios y de las comunidades quilombolas sino que también amputó el presupuesto de dos organismos públicos esenciales, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

En cuanto llegó a la presidencia, Temer suprimió el Ministerio de Desarrollo Rural, que llevaba a cabo políticas que favorecían a los pequeños agricultores. Una nueva ley limita la reforma agraria y prevé la regularización de las tierras adquiridas de manera ilegal a un precio mucho más bajo que el del mercado, una práctica histórica de los fazendeiros. “Esta ley es la mayor derrota para la democratización de la propiedad de la tierra −resume Juliana Malerba, profesora de derecho medioambiental en la Universidad de Río de Janeiro–. Cambia completamente las reglas y va a ocasionar una concentración aun más fuerte. A lo que hay que agregarle todas las desgravaciones fiscales y las reducciones de deuda destinadas a los grandes terratenientes.”

Desde hace dos años, el ministro de Agricultura es “el primero de los ruralistas”: Blairo Maggi, más conocido en Brasil por el sobrenombre de “rey de la soja”, ya que es propietario del Grupo Amaggi, primer productor mundial, citado en los “Paradise Papers” por haber armado con el Grupo Louis-Dreyfus una sociedad muy rentable en las Islas Caimán. “Este gobierno suprimió toda la reglamentación medioambiental para la agricultura, ya sea para las semillas transgénicas o para los fertilizantes químicos −explica Carlos Federico Marés de Souza Filho, profesor de Derecho Agrario en la Universidad Pontificia Católica de Paraná–. El marco legal sin embargo ya era muy limitado. Ahora la ley permite el uso de pesticidas que están prohibidos en sus países de origen.”

Con 235 diputados de 513 en total y 27 senadores de 81 en conjunto, el grupo parlamentario ruralista se muestra muy proactivo. Ha impulsado iniciativas que aumentarían la violencia si fueran aprobadas: un proyecto de ley para legalizar la portación de armas entre los productores rurales; otro que propone la inscripción del Movimiento de los Sin Tierra y el Movimiento de Trabajadores Sin Techo en la lista de “organizaciones terroristas”…

Los ruralistas también dirigieron dos comisiones de investigación parlamentarias sobre el INCRA y la FUNAI. Estas comisiones le piden a la justicia que investigue a 96 personas (antropólogos, responsables de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, procuradores, ministros de Justicia, etc.), para ellos culpables “de fraudes en la demarcación y la homologación de las tierras”. Las investigaciones judiciales por el momento no han avanzado, pero la amenaza sigue ahí. Tanto más cuanto que “el Poder Judicial carga con una pesada responsabilidad en el proceso de criminalización de los movimientos sociales”, se preocupa Layza Queiroz Santos, abogada del Comité Brasileño de Defensa de los Derechos Humanos. “Si la relación de fuerzas entre progresistas y conservadores no se equilibra en el Congreso que será elegido este año, podemos temer que se reanuden estos ataques”, señala.

Mientras que el gobierno Temer trabaja para la agroindustria, en Brasil sigue habiendo cerca de 4 millones de campesinos sin tierra, y cerca de 66.000 fazendasimproductivas, que representan alrededor de 175 millones de hectáreas. “Y estas cifras son subestimaciones −destaca Marés de Souza Filho–. Los criterios que permiten medir la productividad son de 1980. Si no se toma en cuenta la miseria de los campesinos, los conflictos se van a radicalizar.” La cantidad de brasileños que viven en la extrema pobreza aumentó 11,2% entre 2016 y 2017, pasando de 13,34 millones a 14,83 millones de personas. Un tema que no figura nunca en el menú de los almuerzos de los martes.

Por Anne Vigna*

 

* Periodista (Río de Janeiro).

Traducción: Aldo Giacometti

 

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