Convocados por Contrahegemonía para analizar la actual coyuntura nacional y latinoamericana, el Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL) respondió el cuestionario propuesto para este Dossier: "¿Hay un nuvo ciclo de luchas en la Argentina?".

En próximas entregas, las respuestas de otros/as referentes sobre la situación de nuestro país y el continente.    

1) ¿Evalúa que es posible el inicio de un ciclo de luchas sociales de mayor intensidad en los próximos años? ¿Cuáles serían los elementos que permiten contestar afirmativamente esa pregunta y cuáles refutarían esa hipótesis? ¿Alrededor de que temáticas se concentrarían las mayores posibilidades de intensificación de las luchas populares en los próximos años?  

En primer lugar, entendemos que la consideración sobre la naturaleza y diversidad de los conflictos sociales del último año en la Argentina y de la complejidad del escenario político que se plantea hacia adelante para las luchas populares y las clases subalternas requiere comenzar por una sintética pero necesaria referencia a los cambios operados en la conflictividad social en Nuestra América y las distintas fases, modalidades y efectos que tuvo y tiene la crisis internacional en nuestra región. Crisis que más allá de su expresión económica se configura como una crisis multidimensional que se expresa en sus facetas climática, ambiental, social, alimentaria y energética. Es por ello que, trascendiendo las visiones economicistas de la misma, coincidimos con distintos movimientos sociales e intelectuales-activistas en caracterizarla como una crisis de civilización de dominante o crisis del patrón civilizatorio del capital. Alejados de visiones deterministas de los procesos históricos hemos señalado y enfatizado la importancia de entender que esta crisis tiene un desarrollo heterogéneo, diverso pero articulado, y de largo plazo que no puede comprenderse si la consideramos, como muchas veces suele hacerse, como una maquinaria autónoma que funciona por su propia cuenta por fuera del juego de las fuerzas sociales. La evolución de la crisis sólo puede entenderse como un territorio resultado de las luchas y conflictos sociales; entre los diferentes grupos y fracciones de los poderosos -del bloque imperial mundial- y respecto de los distintos grupos y bloques de las clases y sectores subalternos en los espacios nacionales y regionales. En el caso de América Latina, a diferencia de lo ocurrido en décadas anteriores, el impacto inicial del reciente capítulo económico de esta crisis (2008-2011) no se tradujo en recesión y generalización de políticas de ajuste ortodoxo, sino que la relativa continuidad del crecimiento se expresó bajo la forma de una profundización y extensión del modelo extractivo exportador. Esta situación fue el resultado de la afluencia de capitales especulativos que en asociación con capitales locales buscaron recuperar en la región una parte de la rentabilidad erosionada por el estallido de las burbujas en el mundo “desarrollado”. Esta combinación particular de factores configuró un escenario de recuperación del crecimiento (luego de la disminución del PBI regional en 2009) que permitió morigerar las consecuencias sociales más agudas de la crisis y otorgó credibilidad a ciertos discursos oficiales que enfatizaban la capacidad de América Latina para permanecer a resguardo de los avatares de la crisis. En este sentido, se trató y aún se trata, como la denominamos y analizamos oportunamente, de una verdadera “ofensiva extractivista” caracterizada por la promoción de la creciente mercantilización de los comúnmente llamados “recursos naturales” para su valorización en el mercado mundial a manos del gran capital transnacional y de sus socios locales. Este proceso, que abarca una diversidad de actividades económicas, acentúa la dependencia histórico-estructural de las sociedades latinoamericanas y erosiona las soberanías nacionales y populares configurando un verdadero proceso de recolonización de nuestros países. En forma simultánea y como consecuencia de esta ofensiva a lo largo y a lo ancho de las geografías latinoamericanas se desplegaron distintos conflictos y, en general, un proceso regional de resistencia social contra este extractivismo exportador. Estas luchas tuvieron una particular intensidad en los territorios donde se lleva a cabo la primera fase del saqueo de los bienes naturales, siendo dispar su repercusión y efecto movilizador en los grandes centros urbanos. Pese a ello la difusión geográfica regional, la intensidad y recurrencia de estos conflictos, su capacidad de recrear procesos de convergencia popular a escala regional y sobre todo su incidencia en la crítica al modelo productivista de crecimiento económico nos convocan a interpretarlos como un nuevo ciclo de la protesta social característico de la conflictividad social en nuestra región. Por otra parte, desde fines de 2011 e inicios de 2012 un nuevo momento del procesamiento de esta crisis internacional vino a amplificar y variar sus efectos en América Latina redoblando, por un lado, la presión por trasladar de forma creciente los costos de la crisis hacia el Sur global; e introduciendo, por otra parte en algunos casos, una significativa y prolongada desaceleración de la economía. En este sentido, la caída de los precios internacionales de algunos commodities con fuerte incidencia en las economías latinoamericanas influyó negativamente en los términos de intercambio de estos países y en el ciclo de crecimiento mostrando la dependencia y fragilidad del modelo extractivo exportador. A esto debe añadirse la capacidad de los países del bloque imperial de limitar o sofocar temporalmente el impacto de las protestas y/o rebeliones populares en los países del norte de África, Medio Oriente y los países del sur europeo. Distintos países latinoamericanos se vieron afectados por fugas de capitales hacia el norte que afectaron sensiblemente los niveles de reservas de divisas de los bancos centrales (por el efecto combinado de remisiones de utilidades al exterior, cancelaciones de deuda, pago de importaciones, turismo y giros externos para atesoramiento Argentina perdió 23.500 millones de dólares que fueron fugados del país). Las reservas nacionales se vieron también menguadas por el aumento de los déficits comerciales y/o la disminución de los superávits de los años precedentes (en particular Argentina y Brasil). La perdurabilidad de esquemas de desarrollo fuertemente dependientes del ingreso de divisas externas (en un contexto de creciente extranjerización económica) y las disputas entre las distintas fracciones del bloque dominante incidieron en las orientaciones de política económica de diferentes gobiernos que adoptaron medidas de “control” o reducción del gasto público y políticas de devaluación tendientes a garantizar la competitividad de las exportaciones, a limitar las importaciones y que afectaron los niveles de ingresos de los sectores asalariados y de las clases populares. Este nuevo escenario económico regional permite contextualizar y explicar parcialmente la actual reemergencia de conflictos sociales en el ámbito urbano, incluso en el terreno de los trabajadores ocupados, contra los efectos de esta crisis y ajuste en distintos países latinoamericanos. Por ejemplo, entre otros, el movimiento de protesta urbana en Brasil en 2013 y sus réplicas aún presentes en 2014 constituyen una expresión de esta realidad (aún sin dejar de reconocer la diversidad de factores convergentes en estos conflictos ni el sentido unívoco de los mismos ya que estas legítimas protestas estuvieron también marcadas por las tentativas de sectores conservadores de recuperar y resignificar las reivindicaciones democráticas en una perspectiva restauradora y autoritaria). En el caso argentino el anuncio de la “sintonía fina” realizado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner tras su reelección presidencial en 2011 resulta un punto de referencia emblemático en la modificación de las condiciones socioeconómicas más favorables de los años anteriores. A partir de ese momento la conflictividad social entra en un nuevo ciclo en el cual tenderán a incrementarse y cobrar una renovada visibilidad ciertos conflictos laborales y protestas urbanas vinculadas a la agudización de las condiciones de existencia social de las clases subalternas. Expresión de ello en el ámbito laboral en los dos últimos años son el paro nacional de fines del 2012 convocado por la CGT Moyano y la CTA Micheli y los distintos conflictos laborales de trabajadores públicos provinciales por retrasos salariales en 2013. En 2014, luego de la devaluación promovida por sectores del establishment, la exitosa huelga docente de Provincia de Buenos Aires constituye una referencia emblemática del reciente ciclo de conflictos paritarios. Por otra parte, las suspensiones y/o despidos decididos por diferentes empresas industriales –particularmente del complejo automotriz- provocaron distintos conflictos por empresas que ganaron visibilidad y suscitaron la solidaridad de distintas organizaciones populares. En otro sentido, lxs trabajadorxs precarizados e “informales”, incluso aquellxs cuya reproducción social está estrechamente asociada a la percepción de los planes sociales promovidos por el gobierno nacional y distintos gobiernos provinciales, también han sido protagonistas de numerosas acciones contra el recorte de los mismos (en particular en Provincia de Buenos Aires). También en referencia a las luchas de los sectores populares urbanos es preciso mencionar las diferentes luchas por vivienda y hábitat que recurrentemente emergen en la región metropolitana de Buenos Aires y de otras grandes ciudades del país. Por otra parte no podemos dejar de mencionar la persistencia de distintos conflictos contra los efectos rurales y urbanos del modelo neoextractivista que adquieren (como en el caso de la emblemática lucha contra Monsanto en Córdoba) proyección más allá del espacio local y/o provincial. La mención a estas experiencias permite visualizar una coyuntura caracterizada por un incremento e intensificación relativa de la conflictividad social en relación a los años precedentes. Estos conflictos expresan las resistencias en las actuales circunstancias de las clases subalternas a la renovada ofensiva del capital tendiente a la creciente mercantilización de ámbitos de la existencia social. En la perspectiva dominante esto no solo supone un nuevo ajuste regresivo sobre las condiciones sociolaborales, sobre los derechos sociales y sobre las políticas de contención social desplegadas en la última década en nuestro país sino también la necesidad de garantizar las condiciones políticas que legitimen un nuevo impulso mercantilizador sobre el conjunto de los bienes comunes (en particular del suelo urbano y de la tierra).  Esta realidad plantea nuevos desafíos a los movimientos sociales del campo popular y a las distintas expresiones de la izquierda independiente. En particular la necesidad de articular en el cotidiano y en las luchas formas de sociabilidad alternativas a la mercantilización de la vida como única alternativa a la crisis y en una concepción y utilización del trabajo colectivo para el bien común que permitan revertir la degradación creciente provocada por el capital de los recursos del trabajo y de la tierra. El reconocimiento de las potencialidades que el nuevo escenario plantea a las fuerzas y movimientos populares que luchan contra el estrechamiento de la esfera democrática y la ofensiva del capital no debe sin embargo hacernos perder de vista los obstáculos y dificultades que enfrentamos actualmente, al riesgo de caer en una lectura impresionista e ingenuamente reduccionista del conflicto social. En este sentido es preciso reconocer las estrategias desplegadas por los representantes partidarios, mediáticos y sindicales de las fracciones más conservadoras del bloque dominante que intentan manipular legítimas reivindicaciones populares e intervenir resignificando el malestar social con el objetivo de desgastar políticamente al gobierno y dotar a la salida conservadora de cierto consenso social. Estas manipulaciones oportunistas de los conflictos sociales se conjugan con discursos que promueven un abordaje punitivo y represivo de la cuestión social no solo a través de la legitimación político-mediática de la “lucha contra el narcotráfico” y la “inseguridad” sino también en la invocación de la intervención represiva estatal del conflicto social. Nos referimos a estas cuestiones con más detenimiento en ocasión de la respuesta a la tercera y última pregunta.  

2) ¿Qué fortalezas y debilidades tienen las organizaciones populares en la actualidad para situarse, con capacidad de interpelación social, en un escenario de mayor conflictividad y qué tareas deberían priorizar las organizaciones populares y las corrientes emancipatorias ante ese escenario? 

El ciclo de conflictividad al que nos referimos anteriormente no tuvo hasta el momento la capacidad y fuerza suficientes de construir la convergencia de un amplio espectro de fuerzas populares y de izquierda capaces de incidir en la coyuntura a favor de un abordaje y configuración diferentes de las políticas públicas  de tratamiento de la crisis. El debate político aparece dominado por la coyuntura preelectoral donde la consolidación de candidaturas cuya retórica y/o práctica de gestión pública expresan la pretensión de distintas fracciones del bloque de clases dominante de consolidar un tratamiento de la crisis de sesgo claramente más conservador. Resulta aventurado avizorar un cambio sustantivo de esta situación en el corto plazo. Somos más bien proclives a pensar que esto requerirá de un proceso de maduración y convergencia de mayor aliento. Consideramos que las posibilidades de avanzar colectivamente en la construcción de alternativas societales antisistémicas nos obliga a comprender y asumir los enormes desafíos que plantea la dimensión epocal y civilizatoria de la crisis en curso. Permítasenos entonces someter al debate colectivo algunas cuestiones, en un listado no exhaustivo, que consideramos relevantes en relación con estos desafíos que plantea la construcción de un nuevo bloque histórico popular con capacidad de materializar un nuevo horizonte de democratización social y política ante los signos de agotamiento que se hacen palpables en la actual coyuntura.

• La defensa y recreación permanente de los bienes comunes frente a las pulsiones privatizadoras y mercantilizadoras del capital constituye a nuestro modesto entender una cuestión decisiva en la construcción de un horizonte emancipatorio que reclama incorporar al mismo con pleno derecho la temática de la ecología política, el ecosocialismo y la reflexión crítica sobre la relación sociedad-naturaleza. Consideramos que esta cuestión, entre otras que se mencionan posteriormente, constituye un desafío particular para la tradición de la izquierda independiente y alternativa que marca su propia identidad y su contribución específica a la necesaria renovación y radicalidad de la perspectiva del cambio social y las alternativas populares. Ello adquiere una dimensión especialmente significativa en la construcción de un camino de salida del modelo extractivo exportador donde se asientan las fracciones más conservadoras del bloque dominantes y que supone la articulación de las múltiples resistencias sociales contra el extractivismo desplegadas en los diferentes territorios a nivel nacional en los últimos años. Esta dimensión supone también otorgar una particular relevancia a la capacidad de consolidar las convergencias de las luchas rurales-territoriales y las urbanas en torno a la defensa de la soberanía alimentaria y territorial, en la lucha contra las soluciones sistémicas a la crisis climática, e incluso contra la inflación, la especulación y deterioro de la alimentación popular con una programática que va de la creación de redes populares de producción y consumo y la promoción de la agroecología al control público-estatal del comercio exterior, orientadas a la satisfacción de las necesidades de las comunidades, la defensa de la vida y la naturaleza; y no a la demanda inagotable del mercado mundial.

• La incorporación al debate y a la militancia política en una perspectiva democrática y transformadora de una nueva generación de jóvenes es uno de los activos más importantes de la última década. La evolución actual del escenario político y los riesgos latentes de una desdemocratización de las relaciones sociales y políticas constituyen una amenaza sobre esta acumulación colectiva. Es por ello que resulta decisivo consolidar las prácticas deliberativas democráticas y los procesos formativos. La recreación de las experiencias de formación política debe no solo recuperar el análisis y estudio histórico de las experiencias emancipatorias del siglo pasado sino que enfrenta el enorme desafío de incorporar las novedosas contribuciones del pensamiento propio latinoamericano, su capacidad de interpelar las perspectivas eurocéntricas aún subyacentes en la producción y reproducción de muchos imaginarios políticos emancipatorios. Ello también apunta a unificar esfuerzos para contrarrestar los procesos de militarización social, criminalización de la juventud, la pobreza y la protesta, expansión sistémica del narcotráfico asociado a las mafias del poder y restricción de la vida democrática que promueven las salidas conservadoras a la crisis.

• Por otra parte, esta intensificación de la militarización y criminalización social así como la promoción de un nuevo ciclo de liberalización comercial a escala mundial constituyen también dos vectores centrales en las estrategias imperiales de superación de la actual crisis capitalista y de la relegitimación autoritaria de la gobernabilidad neoliberal. En ese sentido, el destino de los movimientos populares y los proyectos emancipatorios en nuestro país no están desvinculados de la suerte que corran los pueblos y los procesos de cambio en Nuestra América acosados por una ofensiva global multidimensional. Esta ofensiva está asociada, en parte, a la creciente presión del capital para aumentar la externalización de sus costos productivos a expensas del ambiente y del mundo del trabajo y cobra en la promoción de nuevos y amplios tratados de “libre comercio” entre bloques regionales un renovado impulso. En este contexto y bajo el decidido impulso del gobierno brasileño los países del Mercosur se aprestan a concluir las negociaciones con la Unión Europea para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos bloques, cuyo contenido aún resulta secreto. La construcción de las resistencias a este acuerdo plantea simultáneamente la promoción de una efectiva integración regional desde los pueblos de Nuestra América bajo el ideario del ALBA y la defensa de los procesos revolucionarios frente a las tentativas desestabilizadoras y golpistas, particularmente de la Venezuela bolivariana.

• Por último, pero tal vez más importante, la emergencia de un nuevo periodo de luchas, y particularmente aquellas asociadas a los trabajadores ocupados (formales y precarios) no resuelven, por sí mismas como lo  hemos mencionado, la constitución de un sujeto colectivo con potencialidad transformadora; o, para decirlo más precisamente, capaz de incidir en la transición abierta en un sentido popular y emancipatorio. Este desafío, el más complejo que entendemos afrontamos, apunta en una doble dirección. Por una parte, en la superación de la fragmentación sectorial, organizacional, regional-local, social que ha caracterizado y caracteriza las formas tradicionales de la gobernabilidad social. Se trata de afrontar el conjunto de dispositivos e iniciativas tendientes a desorganizar, enfrentar, aislar y cortocircuitar las luchas y las organizaciones y de su propia inscripción en las diferentes dimensiones del sectarismo. Esta resolución de la fragmentación se orienta también a promover la convergencia en la acción contra las tentativas de estrechamiento de las conquistas sociales y políticas con los sujetos sociales identificados con el kirchnerismo y que se dispongan a defender efectivamente el llamado “nunca menos”. Por otra parte, el desafío de constitución de un sujeto colectivo transformador también implica confrontar y resolver las diferentes estrategias dominantes que colonizan y orientan la subjetividad y acción colectiva de los sectores subalternos. En ese sentido, no es suficiente la conflictividad social para la constitución de los sujetos del cambio social, pues la propia dinámica de la conflictividad ha sido y pretende ser interpelada y constituida por los sectores dominantes o sus diferentes fracciones. Por otra parte, las luchas abren efectivamente un momento central de prácticas y organización colectiva necesario para el aprendizaje y construcción de una práctica, un programa, un proyecto de salida popular y de izquierda de la crisis.

  3) ¿Qué dinámica vemos para el gobierno y sus aliados? ¿Constituye un fin de ciclo? Entendemos que la caracterización de “fin de ciclo”, por las ambigüedades sobre el sujeto al que refiere y los usos políticos que ha merecido, puede suscitar alguna confusión y no ser útil para las perspectivas de los movimientos populares y el cambio social sin la mediación de una reflexión crítica. Por una parte, porque si se lo refiere al “kirchnerismo” como modelo de gobierno dificulta entender que el  mismo ha atravesado por diferentes etapas desde 2003; por lo menos tres en estos 11 años. Y, porque entendido como movimiento político, más allá del control del aparato del Estado, no es posible afirmar que éste no se prolongue como corriente política tras el 2015. Por otra parte, la idea de que estamos ante un ciclo que concluye surge –o se refuerza- a partir de los resultados de las elecciones de octubre de 2013 y la imposibilidad de garantizar la reelección presidencial. En este sentido, se vincula con las dificultades de asegurar la reproducción del modelo en el terreno político estatal, de prolongar el control de los puestos fundamentales del aparato del Estado. Ciertamente, desde esta perspectiva, estamos ante el final de un ciclo iniciado en 2003. Pero esta visión resulta tan correcta como simultáneamente sesgada, si pretende concentrar nuestra mirada exclusivamente en la escena política. Para nosotros, y ciertamente sin caer en determinismos superfluos, se trata de proponer una reflexión más amplia, vinculada a la dinámica de las relaciones y conflictos entre sectores, fracciones y clases sociales. En ese sentido, las novedades e implicaciones de los resultados electorales del 2013 se inscriben en un proceso más extendido donde las limitaciones y tensiones presentes y acumuladas en el régimen socioeconómico constituido en la última década y que podemos llamar “neodesarrollista” o como lo bautizó el propio gobierno “desarrollo con inclusión social” se acentúan y agravan bajo los efectos de la nueva etapa de la crisis económica global capitalista que reseñamos en parte anteriormente. En este sentido, los cambios en el procesamiento regional de la crisis económica global a partir de 2012 –disminución del crecimiento de la economía china, recuperación aunque leve de la economía estadounidense; con sus efectos de caída de los precios de la mayoría de los commodities y relativa reversión en los flujos especulativos, de inversiones y crédito a nivel internacional-  implicó que en los últimos años el núcleo del proyecto neodesarrollista en América del Sur (Brasil y Argentina) disminuyera sensiblemente su crecimiento económico. Esta nueva situación ha intensificado las tensiones, conflictos y límites que había ya experimentado y venían desarrollándose al interior del proyecto neodesarrollista. En ese sentido, por ejemplo, se evidenció tanto la dependencia exportadora, el carácter limitado, trasnacionalizado y dependiente de la industrialización, el peso del agronegocio y las consecuencias económicas y políticas de la profundización del extractivismo promovido en las últimas décadas así como la precariedad y provisoriedad de las condiciones laborales y sociales alcanzadas. Aspectos que han sido caracterizados tanto como los signos del agotamiento de un modelo de acumulación o como el nudo gordiano del modelo que es necesario cortar. Por otra parte, y consecuentemente, esta nueva situación exasperó los conflictos en y entre el bloque dominante, las corporaciones, el gobierno y el Estado, y los sectores subalternos en un sentido que tiende a transformar estas tensiones en contradicciones. Desde esta perspectiva, nos parece más útil considerar este nuevo período como la apertura de una transición cuya dirección y sentidos están en disputa. En este camino, el debate más significativo para una perspectiva de cambio social refiere a la caracterización de las fuerzas, proyectos y dinámicas que asume esta disputa y la disposición de los sectores subalternos en la misma. En relación a ello, se destacan importantes fracciones del bloque dominante (el agronegocio de la Mesa de la Enlace, parte de los grupos económicos locales y transnacionales que orientan AEA y con influencia en la UIA) que vienen constituyendo un bloque común que impulsa la salida más conservadora-liberal que intenta agrupar la demanda de ajuste del capital en general y convertirse en el programa único de la transición. En este sentido, la propuesta de modificación del tipo de cambio (devaluación), recorte del gasto fiscal (subsidios, políticas sociales), eliminación o reducción de impuestos (retenciones, cargas sociales), y reducción salarial y desmantelamiento de la capacidad de resistencia de los sectores subalternos (criminalización) adopta la forma de iniciativas hacia la construcción de un consenso del conjunto del bloque dominante (por ejemplo, con el llamado Foro de Convergencia Empresarial) y la elite política (no sólo en la llamada “oposición” sino también en las filas del “oficialismo”) como se expresa bajo  la forma del golpe de mercado como el de principios de año forzando la devaluación y la escalada inflacionaria. No se trata estrictamente de una acometida “destituyente”; sino por el contrario “constituyente” del rumbo que debe tomar la transición. Por otra parte, esta acometida coincide y tiende puentes con un proceso más general a nivel continental de ofensiva conservadora que tiene su dimensión también en parte de la estrategia imperial desplegada en la región desde, por lo menos, el golpe de estado en Honduras del 2009. La actitud del gobierno, en el período abierto tras las elecciones del pasado año, ha sido la de aceptar ciertas condiciones del ajuste pero planteándolo, como se ha dicho, en términos heterodoxos; es decir, progresivo, similar a la llamada “sintonía fina” planteada en los años pasados. En ese sentido, la estrategia gubernamental parece orientarse a asegurar las condiciones que le garanticen la gobernabilidad hasta el fin del mandato –lo que en sus términos supone incorporar los condicionamientos y demandas de parte del bloque dominante buscando afectar lo menos posible su base electoral popular y las fracciones del bloque dominante más próximas al enfoque “neodesarrollista”- con el objetivo de guardar la mayor incidencia posible en la renovación del mandato presidencial en 2015. Es un camino muy distinto de la respuesta gubernamental en 2009 frente a una situación ciertamente similar. Los riesgos de esta dirección –además de los efectos ya reseñados- son evidentes. Las concesiones al poder económico lejos de aminorar sus demandas no contribuyen más que incrementar su poder. La orientación hacia la reinserción de la economía argentina en el sistema financiero mundial en búsqueda de inversiones y créditos sumará nuevos condicionamientos y dependencias, incluso en la aceleración del Tratado de libre comercio entre el MERCOSUR y la Unión Europea actualmente en negociación que reactualiza similares consecuencias que las previstas del ALCA. La trágica parábola de este llamado “ajuste heterodoxo” aparece incluso en su potencial culminación en la candidatura de Daniel Scioli -coronado como sucesor para el mandato próximo- y la consolidación del giro conservador. En términos de los sectores subalternos la nueva situación de desaceleración económica y ajuste (impuesto particularmente bajo la combinación de inflación y bajo crecimiento-caída del empleo) ha generado un creciente malestar social y, como ya señalamos, un nuevo ciclo de conflictos sociales. En este terreno, el propio bloque dominante y sus fracciones más conservadoras vienen desplegando una serie de estrategias para orientar y capitalizar esta situación y la pérdida de hegemonía gubernamental sobre los sectores populares con el objetivo de proveer a su proyecto de la base popular y mayoritaria de la que aún carece. Se inscriben en ese sentido,  la recreación de movilizaciones “ciudadanas” en 2012 hasta la estrategia de la “inseguridad” que pretende construir un escenario de guerra interna y fractura al interior de los sectores subalternos y justificar la intervención estatal penal y represiva así como la criminalización y militarización social. Por otra parte, el deterioro de la situación económica y el ajuste por “golpes de mercado” es atribuido al desmanejo económico gubernamental y, en un sentido amplio, al fracaso de la intervención estatal sobre la economía tipificado bajo el rótulo de populismo. Se pretende construir así, como ya se hizo a fines de los ´80 bajo la hiperinflación, un consenso popular para las recetas liberalizadoras. Pero, como lo demuestra la experiencia latinoamericana de fines de los ´90, estas propuestas tienen sus riesgos, la crisis económica puede deparar un nuevo ciclo de movilización y organización popular. Por otra parte, el propio gobierno desarrolla su propia estrategia de contención de  sus bases de apoyo en los sectores populares que combina la renovación de sus políticas sociales con la criminalización de los sectores más radicales, el reforzamiento del control de las direcciones burocrático-tradicionales y del Estado, y la anatematización de toda referencia a izquierda. Para los sectores subalternos y las organizaciones que, comprometidas con el cambio social, confrontan contra cualquier retroceso se plantea el enorme desafío de construir una fuerza que pueda incidir efectivamente en las disputas de la transición hacia la construcción de una alternativa propia. El apoyo que despertó la izquierda –singularmente el FIT y las buenas experiencias locales realizadas por la izquierda independiente- en las pasadas elecciones son una muestra de que es posible intervenir en este proceso de disputa por la hegemonía. Es cierto también que se requerirá mucho más que un buen resultado electoral –aún modesto en su dimensión nacional- en la disputa de una transición que incluso se plantea por ahora, lejos de la escena electoral, en el terreno de la lucha social tal como la libran y con los diferentes instrumentos y formas que ésta adopta según las diferentes clases sociales. Por otra parte, como ya lo hemos señalado, se requerirá la constitución de un bloque sociopolítico más amplio que las propias fuerzas de izquierda capaz de articular un frente común con aquellas bases y organizaciones que inscribiéndose en la experiencia kirchnerista se dispongan a resistir la transición conservadora venga de donde venga. Ciertamente, la construcción de un bloque alternativo que articule una diversidad de sujetos sociales y tradiciones político ideológicas no resultará de acuerdos palaciegos sino de la propia experiencia de unidad en la conflictividad social y del carácter de resistencia que signa el contexto actual de las luchas populares. Un escenario que plantea el desafío de construir en y desde la multiplicidad de la resistencia una alternativa.