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Apuntes sobre socialismo desde abajo y poder popular

Los buitres que tu crías

La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de rechazar involucrarse en el juicio entre el gobierno argentino y uno de los llamados fondos buitres, ha puesto a la economía de nuestro país frente a una situación de elevado riesgo. Un pequeño fondo de inversión (llamado NML) que en 2008 invirtió un puñado de dólares en comprar deuda argentina en default, se convierte hoy en la espada de Damocles de la estrategia kirchnerista de “(des)endeudamiento”.

En efecto, desde sus inicios en 2003 toda la propuesta oficial apuntó a dos objetivos. Primero, intentó recomponer las condiciones de acceso al crédito internacional para la economía argentina. Se buscaba permitir que tanto el Estado como los actores privados (las grandes empresas) pudieran recuperar cierta capacidad de endeudamiento en el exterior a los fines de que el primero pueda acceder al crédito de los organismos internacionales y que los segundos puedan financiar sus operaciones. En segundo lugar, se buscó reubicar al capital financiero en una posición más coherente con un proceso de valorización y acumulación de capital productivo, reduciendo el peso del pago de intereses en el valor total generado.
Para ello se aplicó una estrategia de reestructuración de la deuda que permitió, en varias etapas, regularizar la relación deudor-acreedor con el FMI (pago total de las acreencias por 9810 millones de dólares), con los acreedores privados (renegociación en 2005 y 2010) y más recientemente con los gobiernos de los países centrales (acuerdo con el Club de Paris por 9700 millones de dólares). Sólo una porción menor de los acreedores privados (7%, con reclamos equivalentes a los 15 mil millones de dólares) quedaron por fuera de estos acuerdos. En paralelo, la reestructuración de la deuda supuso un progresivo cambio en su composición a favor de un creciente peso de los acreedores estatales (Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSES, Banco Central de la República Argentina – BCRA, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI, Banco de la Nación Argentina y otros organismos públicos, quienes tienen el 59% de la deuda pública), siendo la deuda con organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, etc.) cercana a 25 mil millones de dólares y la deuda con acreedores privados 56 mil millones de dólares (29% del total).
Esta estrategia tenía como sustento dos presupuestos esenciales. En primer lugar, el kirchnerismo aceptó, sin discutirlo, el endeudamiento acumulado desde la dictadura militar y a través de los gobiernos democráticos posteriores. Aun cuando numerosas investigaciones y hasta un fallo judicial, ponen en tela de juicio la legalidad y legitimidad de una porción no menor de la deuda aparente, el gobierno inició la reestructuración sin siquiera realizar una mínima auditoría de la misma (como, por ejemplo, si hizo el gobierno ecuatoriano). Un juez argentino, Ballesteros, en el año 2000 falló señalando el carácter ilegal, usurero e ilegítimo del proceso de endeudamiento y solicitó al Congreso tomar cartas en el asunto, sin que este actuara en consecuencia. De esa manera, al igual que lo habían hecho gobiernos anteriores, el kirchnerismo aceptó la deuda contraída por un gobierno de facto e ilegal (1976-1983), el endeudamiento amañado de grandes empresas que aprovecharon el seguro de cambio (en esa misma dictadura, y el implícito en la Convertibilidad) para luego fugar esos dólares, la deuda surgida de estafas evidentes en el mega-canje y el blindaje, y la deuda creada por el gobierno de Duhalde para salvaguardar los intereses del capital bancario y de las grandes corporaciones. Esta deuda odiosa, contraída en condiciones de extrema vulnerabilidad para el país, y por lo tanto de carácter usurario y consecuentemente ilegítimo, fue re-legitimada por un nuevo gobierno constitucional a partir de 2003.
Para colmo, aceptando una reforma legal impuesta en la dictadura en el código de procedimientos civil y comercial, el gobierno decidió continuar avalando una burda cesión de soberanía en las sucesivas renegociaciones. Toda la nueva deuda post-default fue emitida bajo la jurisdicción de los tribunales extranjeros, en su mayor parte de los tribunales de Nueva York. Por ello, el fondo buitre NML pudo presentarse ante la justicia de otro país y reclamar para sí el derecho de cobrar la totalidad de una serie de papeles de deuda que había comprado por centavos, convirtiendo unos 50 millones de dólares de inversión en casi 1500 millones en pocos años!
Claro está, no hay por qué sorprenderse del reclamo de los buitres y del subsiguiente fallo del juez Griesa de Nueva York (a favor del fondo NML) y la Corte Suprema de los Estados Unidos (de no intervenir en el asunto). Estos últimos son la representación jurídica del Estado de la potencia hegemónica que defiende, en última instancia, el interés del capital imperialista en su forma más perversa y parasitaria: el capital ficticio, en su materialización como fondo buitre. El impacto de esa decisión sobre nuestro país y eventualmente sobre el conjunto de la naciones periféricas endeudadas es de segundo orden de importancia para Estados Unidos frente al pretendido ‘derecho universal’ del capital por sobre todas las personas, los pueblos y la naturaleza.
El gobierno de nuestro país erró de entrada la estrategia al pensar que convirtiéndose en ‘pagador serial’, como afirmó la presidenta, seduciría al capital financiero internacional para que financiara la acumulación de capital en una país periférico como la Argentina. El planteo fue tan equivocado que luego de pagar más de 173 mil de millones de dólares a los acreedores y de haber llevado el endeudamiento externo total a más de 200 mil millones de dólares (en 2013, en comparación con los 143 mil millones que debíamos en 2001), un pequeño número de actores financieros (los ‘buitres’) aparecen en condiciones de poner en jaque toda la estrategia. La equivocación fue tan grosera, que a pesar de los millones de dólares gastados, el costo del endeudamiento internacional para el Estado argentino sigue siendo muy superior al de países como Bolivia.
La situación es tal que, en este momento, el gobierno argentino no puede siquiera hacer frente al pago de los próximos vencimientos de la deuda renegociada. Los fondos depositados por el gobierno argentino el 30 de Junio en cuentas bancarias en bancos norteamericanos en Nueva York para pagar esa deuda “reestructurada”, han quedo congelados por la decisión de un juez del Estado imperial norteamericano; los propios activos del Estado argentino en el exterior podrían ser embargados para hacer frente a tal obligación. Todo ello ocurre por la injustificada cesión de soberanía en la que se continúa incurriendo y la impunidad que todavía cubre a los gestores y beneficiarios del endeudamiento público en nuestro país.
¿Por qué obedecer a un juez extranjero y no tomar en consideración el fallo del juez Ballesteros? En lugar de ello, negociar con los ‘extorsionadores’ es la única salida que cabe en el limitado proyecto de ‘capitalismo (en) serio’ que ha impulsado el kirchnerismo desde sus inicios. En ese marco de negociación, los llamados ‘fondos buitres’ presionan con el fin último de cobrar lo más posible o acceder a derechos futuros sobre recursos estratégicos de la Argentina, como puede ser el yacimiento de Vaca Muerta. Ellos saben del valor potencial de las exportaciones de hidrocarburos y por lo tanto, tiran de la cuerda pero intentando no ahorcar al deudor.
Parámetro de la gravedad de la situación es que todo el arco político sistémico (desde el PRO hasta el Massismo y UNEN, pasando por las distintas versiones del kirchnerismo) apoyan al gobierno en su desesperado intento de acordar una fórmula con el fondo de inversión NML que permita aceptar la imposición de un juez extranjero, sin desatar la ira, presiones y renovadas demandas judiciales del resto de los buitres y los acreedores que aceptaron el canje. El espanto los junta para evitar que la crisis de la deuda externa ponga a la Argentina nuevamente frente a la cesación de pagos, lo que profundizaría la recesión, pondría en riesgo el proyecto neodesarrollista y podría hacer volar por los aires la posibilidad de una transición política sin grandes sobresaltos, que es lo que todos ellos desean.
Frente al callejón sin salida al que el gobierno ha conducido al país, sólo queda convocar al conjunto del pueblo para poner en debate abierta y democráticamente la necesidad de desarticular el círculo vicioso de la deuda (eterna) externa. Ello requiere depurarla de sus mayoritarios componentes ilegales e ilegítimos, recuperado para todos/as la autonomía nacional. Paradójicamente, la cesación de pagos podría ser la mejor salida, nuevamente. Sería la oportunidad para poner en discusión el conjunto de la ‘arquitectura financiera internacional’, aprovechando la situación para intentar transformar los apoyos de palabra por parte de distintos foros internacionales (incluidos UNASUR y los BRICS) en acciones concretas que contribuyan a desarmar un marco internacional donde sus actores más perversos (el capital ficticio, especulativo por excelencia) se han colocado en su punto más alto.
Para Argentina, ello significa, por supuesto, simultáneamente abandonar el proyecto de desarrollo que hoy es defendido por el conjunto de las fuerzas políticas del “partido del orden” -parafraseando a Marx- de una Argentina neodesarrollista, de tendencia extractivista y bajo el dominio estructural del capital trasnacionalizado en sus expresiones productivas y financieras. Salir de ese proyecto requiere, ni más ni menos, que la organización y participación popular activa para garantizar el derecho soberano a la autodeterminación y la posibilidad de iniciar un camino hacia el buenvivir.

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10 de Julio de 2014.

Mariano Féliz es Doctor en Economía. Investigador CIG-IdIHCS/CONICET-UNLP. Profesor UNLP. Militante del Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional. Miembro del Centro de Estudios para el Cambio Social (CECSO).

 

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